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  • Afectados COSAVI piden por tercera vez al FMI incluya su caso como criterio de transparencia en acuerdo con gobierno salvadoreño

    Afectados COSAVI piden por tercera vez al FMI incluya su caso como criterio de transparencia en acuerdo con gobierno salvadoreño

    Un grupo de afectados del desfalco millonario en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R.L. (Cosavi de R.L.) han decidido enviar una tercera carta al Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar, nuevamente, que la entidad tome en cuenta su caso como criterio de cumplimiento dentro del acuerdo de $1,400 millones con el gobierno salvadoreño.

    Esta es la tercera carta que los afectados Cosavi envían al FMI y específicamente solicitan “la inclusión de criterios de desempeño para transparencia y medidas anticorrupción en la administración financiera de Cosavi en la próxima revisión del acuerdo stand-by con El Salvador”.

    “Es nuestra tercera nota al Fondo, para que considere el caso Cosavi como un caso de corrupción, un caso de manejo oscuro desde la gestión pública, dado que la Superintendencia del Sistema Financiero tiene secuestrados nuestros ahorros; es el Estado salvadoreño a través de la SSF, y reiterarle al Fondo nuestra solicitud para que el caso Cosavi sea incluido como un indicador de cumplimiento, es decir, que si el Fondo finalmente decide incluirlo, entonces el gobierno tendrá que resolver el caso si quiere seguir recibiendo las erogaciones de los $137 millones que se han anunciado”, explicó Juan José Ortiz, vocero de los afectados.

    Los socios defraudados también reiteraron que el mecanismo de entregar el dinero por capas no funciona, en primer lugar, porque a penas van en la capa de $45,000, que fue anunciada el 30 de abril pasado, según dijo el presidente de la Junta Directiva de Afectados Cosavi, Julio Flores.

    “Lastimosamente, la información que fluye de la SSF para con nosotros los afectados Cosavi es mínima, por no decir nula, por tanto ni tenemos un dato exacto del número de beneficiados con esas famosas capas, ese sistema de capas no nos beneficia en nada. La cooperativa mantenía un margen arriba de los $50,000 en ahorros por socio. Exigimos a la SSF, al gobierno, a la Fiscalía información de qué pasó con nuestros ahorros, ya pasaron tres meses que la señora Evelyn Gracias anunciara esa capa de los $45,000, ¿cuántos han sido beneficiados? No lo sabemos”.
    Presidente de la Junta Directiva de Afectados Cosavi, Julio Flores

    El afectado también criticó que aunque la persona esté dentro de las capas, entre $1,000 y $45,000, no le entregan su dinero si no se le ha vencido el plazo, “peor si es certificado de aportación”, el otro cuestionamiento que hacen es que desde hace más de un año no están recibiendo intereses, cuando Cosavi sigue cobrando intereses “entonces ¿dónde está todo ese dinero”, pregunta Flores.

    ¿Qué piden al FMI?

    Dentro de esta solicitud específicamente le piden al Fondo que le condicione al gobierno, para la segunda revisión del acuerdo stand-by que haga una publicación periódica y transparente del avance en la resolución del caso Cosavi, garantizando la devolución efectiva de fondos a los ahorrantes.

    También la creación de un fideicomiso independiente para asegurar el pago rápido y efectivo a socios y tenedores de certificados de aportación, y que el gobierno quite la reserva de información por siete años, que han impuesto en el caso Cosavi.

    Como cuarto criterio, piden que el gobierno acceda al diálogo con los afectados, para que estos sean escuchados por la Superintendente del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, que a un año y dos meses de haberse revelado el desfalco nunca ha accedido a una reunión con los socios de la cooperativa.

    La carta será enviada este martes por la tarde, dirigida al señor José Torres, quien se encarga de políticas macroeconómicas y del sector fiscal del FMI.

    Los afectados tienen la “esperanza” de “convencer al fondo” que acepte incluirlos como criterio de cumplimiento dentro del acuerdo con el gobierno, sin embargo, aseguran que agotarán todas las instancias posibles para hacerse escuchar y lograr que el gobierno les devuelva su dinero “nosotros no vamos a desistir, vamos a seguir luchando por nuestros ahorros, no somos delincuentes, ni opositores, solo exigimos que nos devuelva nuestro dinero, es dinero lícito y es producto de una vida de trabajo de miles de personas”, recalcó Ortiz.

  • Esto respondió el FMI sobre el aumento de reservas de bitcoin pese a que programa condiciona compras

    Esto respondió el FMI sobre el aumento de reservas de bitcoin pese a que programa condiciona compras

    Para el Fondo Monetario Internacional (FMI), el aumento en la reserva de bitcoin se relaciona con los movimientos de varias billeteras gubernamentales y no estrictamente a nuevas compras, según declaraciones de Julie Kozack, portavoz del FMI.

    Kozack fue interrogada el 24 de julio, en una conferencia con prensa internacional, sobre cómo el FMI evaluaba que continuará la acumulación de bitcoin, pese a que el acuerdo de $1,400 millones establece condiciones claras de que el gobierno limitará la compras y su intervención en el ecosistema de criptomonedas.

    La portavoz señaló que sobre este tema no tenía “mucho qué añadir de nuevo”, salvo que “la cantidad total de bitcoin en las billeteras gubernamentales se mantiene sin cambios”.

    “La acumulación de bitcoin por parte del Fondo de Reserva Estratégica de Bitcoin es coherente con la condicionalidad del programa. Y los aumentos en el Fondo de Reserva de Bitcoin se relacionan con los movimientos en varias billeteras gubernamentales”, añadió.

    La Oficina del Bitcoin, creada como una dependencia de Casa Presidencial, reporta las constantes compras de criptomoneda realizadas para la reserva de El Salvador, que hasta la fecha suma 6,252.18 monedas.

    Este tema ha generado dudas sobre el argumento del gobierno ante el FMI para sustentar estas adquisiciones sin sobrepasar el acuerdo, mientras el Fondo ha asegurado en diferentes momentos que la Administración Bukele cumple con las condiciones del programa en cuanto al bitcoin.

    Para finales de julio se tiene prevista la salida definitiva del gobierno del monedero Chivo, así como la liquidación del fondo fiduciario (Fidebitcoin) creado en 2021 para garantizar la liquidez con dinero estatal en la conversión de bitcoin a dólares. Además, se publicarán los estados financieros de Chivo auditados por un experto independiente.

    Kozack insistió en que el “desempeño del programa ha sido sólido en El Salvador”.

    “La economía ha continuado su expansión a medida que se abordan los desequilibrios macroeconómicos. Los objetivos fiscales y de reservas clave se cumplieron con margen al momento de la revisión. Se sigue avanzando sustancialmente con la ambiciosa agenda de reformas en materia de gobernanza, transparencia y resiliencia financiera”, sostuvo.

    Con el desembolso inmediato de $113 millones cuando se aprobó el programa en febrero pasado y el aval de $118 millones tras la aprobación de la primera revisión, el FMI ha entregado al gobierno salvadoreño $231 millones.

  • Gobierno prepara reforma integral a la administración pública

    Gobierno prepara reforma integral a la administración pública

    El gobierno está preparando una reforma integral de la administración pública en El Salvador como parte del calendario de reformas acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    Según el memorando actualizado de políticas económicas y financieras, el acuerdo con el FMI proyecta que la reforma a la administración pública en El Salvador reduzca la masa salarial en alrededor de 1.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) para 2027.

    La propuesta de reforma integral del servicio civil será publicada en septiembre de 2025 y su proyecto sería presentado ante la Asamblea Legislativa en el año 2026.

    Actualmente, se está elaborando una «estrategia amplia de reforma de la administración pública» con asistencia técnica del Banco Mundial. El documento «que ilustre los principales objetivos y el programa de trabajo para preparar dichas reformas» será publicado a «finales de septiembre de 2025».

    El proyecto de ley será presentado «a más tardar a mediados de 2026».

    El objetivo de la reforma sería «armonizar el sistema de compensación para garantizar que los salarios públicos estén relacionados con la productividad y las calificaciones de los funcionarios públicos», así como «aplicar criterios más estrictos para la contratación», y que se eviten «expansiones innecesarias del empleo público».

    Los esfuerzos para fortalecer las finanzas públicas deben continuar especialmente a través de una mayor racionalización de la masa salarial y otros gastos corrientes». Nigel Clarke, director gerente adjunto, presidente interino del FMI.

    La masa salarial estatal ascendió a $885 millones a finales de marzo, «muy por debajo» de la proyección de $918 millones. Para el primer trimestre de 2026, la meta de masa salarial es $924 millones.

    A diciembre de 2025, se ha proyectado una masa salarial de $3,964 millones, como «criterio cuantitativo de desempeño» (QPC) acumulado.

    Según el FMI la reforma a realizarse en el servicio civil debe ser «integral», ya que es uno de los elementos, junto a la reforma de pensiones, que apuntalarían el ajuste fiscal «más allá de 2025».

    El Fondo reconoció que el plan de consolidación fiscal se ha visto respaldado por «las restricciones a la contratación» y registró una reducción de «más del 20 por ciento en la masa salaria en el primer trimestre de 2020», un 0.7 % del Producto Interno Bruto (PIB).

  • Gobierno presentará nueva ley antilavado en agosto y publicará declaraciones patrimoniales de altos funcionarios según acuerdo con FMI

    Gobierno presentará nueva ley antilavado en agosto y publicará declaraciones patrimoniales de altos funcionarios según acuerdo con FMI

    El acuerdo del gobierno salvadoreño con el Fondo Monetario Internacional (FMI) adelantó el compromiso para la presentación de una nueva Ley de prevención contra el lavado de dinero y de activos ante la Asamblea Legislativa para agosto de 2025 y establece la publicación de las declaraciones de bienes de los altos funcionarios públicos a finales de 2026.

    Según el informe del FMI 25/190, publicado el 15 de julio, el gobierno presentará ante la Asamblea Legislativa, antes de agosto de 2025, una nueva Ley de prevención contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML/CFT por sus siglas en inglés), así como las reformas necesarias para que el sistema antilavado para los proveedores de servicios de activos virtuales cumpla con la recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La fecha prevista anteriormente era diciembre de 2025.

    La recomendación 15 del GAFI sugiere a países e instituciones identificar riesgos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo por “nuevos productos y nuevas prácticas comerciales, incluyendo nuevos mecanismos de envío, y el uso de nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo”, incluidos activos virtuales, cuyos proveedores deben estar regulados para prevenir el lavado y tener licencia o registro.

    La nueva ley antilavado promete someter “a abogados, notarios, contadores y auditores a un marco de monitoreo basado en riesgos” y “exigirá la presentación y actualización según sea necesario de información sobre el beneficio final” de “todas las personas jurídicas y estructuras registradas en El Salvador”.

    Además de la ley antilavado, el acuerdo incluye la aprobación de una ley para fortalecer la regulación y supervisión de las criptomonedas a mediados de diciembre de 2025.

    En su más reciente informe, luego de la primera revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), sobre la consulta del artículo IV de 2025, el FMI indica que los resultados de los programas en El Salvador han sido sólidos, que la economía ha “seguido expandiéndose”, se siguen “corrigiendo desequilibrios macroeconómicos” y que “las reformas de la gobernanza y transparencia se están llevando a cabo en consonancia con los compromisos del programa”.

    Pero, según el director gerente adjunto y presidente interno del FMI, Nigel Clarke, “deben continuar las medidas para fortalecer al gobernanza y la transparencia” y debe haber “una aplicación coherente e imparcial de la nueva Ley Anticorrupción«, que fue aprobada el 7 de febrero pasado por la Asamblea Legislativa, «junto con los esfuerzos para reforzar el marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en consonancia con las mejores prácticas internacionales”.

    Clarke, según el comunicado del FMI, señala que también falta “elevar los estándares de información fiscal y transparencia sobre los contratos públicos y mejorar el acceso a la información pública”.

    En el informe El FMI insta a “seguir mitigando” los riesgos del bitcoin, a una “pronta reversión de la participación del sector público en la billetera electrónica del gobierno” y a “mejorar la supervisión de los criptoactivos para mejorar la protección de los consumidores e inversores”.