Estados Unidos destruyó este lunes una nueva lancha supuestamente ligada al narcotráfico, matando a una persona que iba a bordo, en una ruta del Pacífico Oriental.
La embarcación fue calificada por el Comando Sur de Estados Unidos como «de bajo perfil» y fue destruida en aguas internacionales, al tiempo que informó sobre la muerte de una persona producto del ataque.
El operativo sucedió el mismo día en que Trump sugirió que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, «sería inteligente» si dejara el poder y de arremeter contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, calificándolo de «alborotador».
Ambos mandatarios suramericanos han rechazado en diversas ocasiones las destrucciones de lanchas tanto en el Pacífico Oriental como en el Caribe, calificando los actos como «ejecuciones extrajudiciales» y uno de los casos fue elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que se asesinó a un pescador en uno de los operativos ejecutados en septiembre.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a quien calificó como “un alborotador” y le recomendó “andarse con cuidado”, durante un evento celebrado este lunes 22 de diciembre en su residencia privada de Mar-a-Lago, Florida.
“Amo al pueblo de Colombia. Son geniales, energéticos, inteligentes, pero su nuevo líder es un alborotador, y más le vale andarse con cuidado”, afirmó Trump, en declaraciones que elevan aún más la tensión diplomática entre ambos mandatarios.
El republicano se refirió a Petro como el “nuevo líder de Colombia”, pese a que fue elegido en 2022 y le restan solo ocho meses para concluir su mandato. En su intervención, Trump reiteró acusaciones pasadas, sin aportar pruebas, sobre el supuesto vínculo del mandatario colombiano con el narcotráfico.
“Que cierren esas fábricas de cocaína. Tienen al menos tres importantes fábricas de cocaína, mejor que las cierren rápido”, exigió el presidente estadounidense, insistiendo en que desde Colombia se produce y envía droga hacia EE.UU.
Trump ya había calificado anteriormente a Petro como un “líder del narcotráfico” y lo ha acusado de fomentar la producción de estupefacientes. Estas declaraciones se produjeron durante un acto oficial donde el mandatario anunció la construcción de nuevos buques de guerra que serán bautizados como la “Clase Trump”, en alusión a su nombre.
Este anuncio se enmarca en la estrategia del presidente para intensificar la presión regional, una semana después de ordenar la confiscación de todos los buques sancionados que entren o salgan de Venezuela, como parte de un bloqueo a la llamada “flota fantasma” que transporta petróleo.
Desde el 10 de diciembre, con el respaldo de un amplio despliegue militar en el Caribe, Estados Unidos ha detenido dos petroleros vinculados al régimen venezolano, en un intento por asfixiar la industria del crudo y forzar la salida del presidente Nicolás Maduro, a quien Trump también ha acusado de encabezar el narcotráfico en la región.
El escándalo por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sigue sacudiendo al gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, tras la orden de prisión preventiva emitida esta semana contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco.
La investigación, iniciada en 2024, reveló una red de compra de votos legislativos a cambio de contratos públicos adjudicados desde la UNGRD, salpicando a funcionarios de alto nivel, congresistas, operadores políticos y excolaboradores cercanos al mandatario.
Bonilla y Velasco se convierten así en los dos exfuncionarios de más alto rango del presidente Gustavo Petro que van a la cárcel por este escándalo, tras ser acusados de liderar una «organización criminal» que, entre 2023 y 2024, supuestamente destinó más de 612.000 millones de pesos (unos 163 millones de dólares) para pagar a congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.
La orden judicial contra los dos exministros es una medida de aseguramiento mientras se define su proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos que la Fiscalía les imputó a principios de mes.
El presidente Gustavo Petro, defendió el jueves a su exministro Bonilla y aseguró que, según su «conciencia», es inocente.
«Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión. Lo conozco desde hace años y sé que es inocente en mi conciencia», escribió el mandatario en X, después de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara la reclusión del exministro como medida preventiva.
En el mismo mensaje, Petro afirmó que Bonilla ha sido «extorsionado» y convertido en un «chivo expiatorio», y atribuyó su situación judicial a lo que calificó como una «ingenuidad» por haberse apoyado en sectores opositores del uribismo durante su paso por el Ministerio de Hacienda.
Foto de archivo del presidente colombiano Gustavo Petro. EFE
Los protagonistas del caso:
1. Ricardo Bonilla.
Exministro de Hacienda y uno de los hombres más cercanos a Petro desde su gestión en la alcaldía de Bogotá. Bonilla enfrenta cargos por presuntamente liderar la red de corrupción a través de contratos por más de $23 millones. El Tribunal Superior de Bogotá ordenó su detención preventiva por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido. El presidente Petro aseguró el jueves que, en su “conciencia”, Bonilla es inocente.
2. Luis Fernando Velasco.
Exministro del Interior y antiguo director de la UNGRD, Velasco también fue enviado a prisión preventiva. Según la Fiscalía, participó desde una posición de liderazgo para asegurar mayorías legislativas con dinero público.
3. Iván Name.
Presidió el Senado entre 2023 y 2024. La Corte Suprema ordenó su captura en mayo por recibir presuntamente sobornos por $770,000 a cambio de respaldar iniciativas del Ejecutivo. Está acusado de cohecho impropio y peculado por apropiación.
4. Andrés Calle.
Expresidente de la Cámara de Representantes, capturado también en mayo. Se le acusa de recibir pagos ilícitos desde la UNGRD en 2023. Se encuentra detenido en la cárcel La Picota y enfrenta los mismos cargos que Name.
5. Olmedo López.
Exdirector de la UNGRD y hombre de confianza de Petro, López fue condenado a seis años de prisión tras renunciar al cargo en febrero de 2024. Fue director de campaña de Petro en 2010.
6. Sneyder Pinilla.
Exsubdirector de la UNGRD, se convirtió en testigo clave tras aceptar un preacuerdo con la Fiscalía. Fue condenado a cinco años, ocho meses y un día de prisión. Admitió haber participado en la manipulación de contratos y devolvió cerca de $160,000 en fondos públicos.
7. Carlos Ramón González.
Antiguo director del Departamento Administrativo de la Presidencia y exguerrillero del M-19, fue imputado por cohecho, peculado y lavado de activos. Tiene orden de captura desde mediados de 2025, pero se encuentra prófugo en Nicaragua bajo asilo político. Su aparición en una fiesta en ese país desató una nueva ola de críticas.
8. Sandra Ortiz.
Excongresista y consejera presidencial para las Regiones desde mayo de 2023. Está detenida y señalada como intermediaria para canalizar sobornos a legisladores. Ha negado los cargos y afirma tener “una historia que contar”, sugiriendo la implicación de más personas.
El caso, considerado el más grave de la administración Petro, ha generado un terremoto político en Colombia, reavivando los cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para fines partidarios. Las investigaciones continúan y se espera que en los próximos meses se revelen nuevos implicados.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó este miércoles como “dictador” a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, aunque rechazó la acusación de que tenga vínculos con el narcotráfico. El pronunciamiento marca un giro en el discurso del mandatario colombiano, quien había evitado previamente ese tipo de calificativos hacia el líder chavista.
“Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia de que sea narco. Esa es narrativa de Estados Unidos”, escribió Petro en su cuenta de X (antes Twitter), en respuesta a una periodista que le reprochó su dureza hacia líderes como José Antonio Kast en Chile, mientras evitaba llamar “narcotraficante” a Maduro.
Petro ha sido uno de los pocos mandatarios latinoamericanos que ha mantenido una relación diplomática activa con el gobierno de Venezuela. Sin embargo, su comentario representa la primera vez que se refiere públicamente a Maduro como dictador, una expresión que tradicionalmente ha evitado en foros oficiales.
En su mensaje, Petro también reiteró sus críticas contra el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, a quien tildó de nazi. Justificó su acusación señalando que “Kast es hijo y creyente de los nazis” y afirmó que pertenece a una generación alemana que emigró tras la derrota del Tercer Reich, no para huir de Hitler, sino de su caída.
Las relaciones entre Petro y Maduro se han tensado en los últimos meses, principalmente por el proceso electoral venezolano de julio de 2024, marcado por la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado y el rechazo internacional a los resultados. Petro ha cuestionado la falta de garantías democráticas, aunque también ha rechazado las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el régimen chavista.
A pesar de las fricciones recientes, el gobierno de Colombia no ha reconocido oficialmente el resultado de las elecciones venezolanas. Petro, al igual que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ha mostrado una postura crítica hacia el proceso, sin llegar a romper los lazos diplomáticos con Caracas.
El presidente colombiano ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de una salida negociada a la crisis venezolana, y ha propuesto el diálogo como única vía para lograr una transición democrática en ese país. Sin embargo, su nuevo lenguaje sugiere un posible endurecimiento de su postura ante el estancamiento político y los señalamientos internacionales contra Maduro.
La declaración de Petro también evidencia una creciente presión política interna y externa para que el mandatario colombiano adopte una posición más firme ante las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, tema que ha generado divisiones entre los gobiernos progresistas de América Latina.
El Gobierno colombiano aseguró este jueves que no tendría motivos para rechazar una eventual solicitud de asilo por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en caso de que abandone el poder, mientras persisten las tensiones regionales por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe desde agosto.
“En el momento de tensión que existe, hay que negociar, y seguramente si Estados Unidos exige una transición o un cambio, es algo que deben valorar. Si esa salida implica que él (Maduro) deba vivir en otro país o pedir protección, Colombia no tendría por qué negarse”, declaró la canciller colombiana Rosa Villavicencio en una entrevista con Caracol Radio.
No obstante, Villavicencio consideró poco probable que el presidente venezolano elija Colombia como país de refugio. “Pienso que elegiría algún sitio más distante y más tranquilo”, opinó.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, también se refirió a la situación en Venezuela el miércoles, asegurando que ese país necesita una “revolución democrática” y no “represiones ineficientes”, al comentar la reciente retención y anulación del pasaporte del cardenal Baltazar Porras en el aeropuerto de Caracas.
“El Gobierno de Maduro debe entender que la respuesta a una agresión externa no es solo un alistamiento militar, sino una revolución democrática. Es con más democracia como se defiende un país, no con más represiones ineficientes”, escribió Petro en su cuenta de X (antes Twitter), en un inusual mensaje crítico hacia el mandatario venezolano.
Petro también sugirió la aprobación de una amnistía general para los opositores políticos y reiteró su llamado a conformar un gobierno amplio de transición como vía para resolver la prolongada crisis venezolana.
Desde septiembre, las fuerzas militares de Estados Unidos han destruido más de 20 embarcaciones presuntamente cargadas con droga en aguas del Caribe y del Pacífico, cerca de las costas de Venezuela y Colombia, con un saldo de más de 80 personas fallecidas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido en reiteradas ocasiones que “pronto” comenzarán ataques dentro de Venezuela, mientras que Nicolás Maduro ha instado a la población venezolana a prepararse ante lo que califica como amenazas de Washington, llamando incluso a alistarse en las milicias ciudadanas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles una advertencia directa al mandatario colombiano Gustavo Petro, al señalar que será “el siguiente” en su estrategia de presión contra gobiernos que, según su administración, están vinculados al narcotráfico en la región.
“Espero que me esté escuchando. Será el siguiente”, declaró Trump al ser consultado por periodistas en la Casa Blanca sobre un posible acercamiento con el presidente de Colombia. El mandatario estadounidense descartó cualquier diálogo con Petro y lo calificó como “bastante hostil con Estados Unidos”.
Trump acusó a Colombia de ser un país productor de droga que abastece directamente al mercado estadounidense.
“Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos”, afirmó.
En septiembre, el gobierno estadounidense retiró a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha contra las drogas y luego impuso sanciones contra Petro, a quien acusó de ser un “líder del narcotráfico”. El jefe de Estado colombiano rechazó dichas acusaciones y defendió la política antidrogas implementada bajo su administración.
Colombia se convierte así en el nuevo foco de la “Operación Lanza del Sur”, una estrategia militar y de seguridad impulsada por Trump para combatir el narcotráfico en América Latina. Dicha operación ya ha incrementado las tensiones con Venezuela, cuyo gobierno ha sido blanco de múltiples acciones.
Desde septiembre, las fuerzas armadas de Estados Unidos han destruido más de 20 embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y el Pacífico, especialmente en áreas cercanas a las costas de Venezuela y Colombia. Según reportes, las operaciones han dejado más de 80 personas muertas de forma extrajudicial.
Trump también reiteró que “pronto” iniciarán ataques directos dentro del territorio venezolano. En respuesta, el presidente Nicolás Maduro llamó a su población a integrarse en milicias ciudadanas para defenderse de las amenazas externas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reiteró este miércoles su propuesta a Nicolás Maduro de impulsar una amnistía general y conformar un gobierno de transición incluyente, como salida a la crisis que atraviesa Venezuela tras las cuestionadas elecciones de 2024.
La petición fue lanzada a través de la red social X, en un momento en que crecen las tensiones políticas en el país sudamericano, especialmente luego de que Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora María Corina Machado, recibiera en nombre de su madre el Premio Nobel de la Paz 2025.
Petro, quien en ocasiones anteriores ha reconocido que las últimas elecciones venezolanas no fueron libres, hizo un llamado a construir un “gran pacto histórico y social” para superar la crisis y evitar una intervención extranjera en territorio venezolano.
“La patria de Bolívar no debe ser invadida ni por extranjeros ni por retóricas vacías ni por cárceles del alma. La patria de Bolívar se defiende con más democracia y soberanía”, escribió el mandatario colombiano, en reacción a la noticia sobre la retención del pasaporte del cardenal Baltasar Porras.
El cardenal venezolano fue impedido de viajar a España desde Caracas, tras hacer escala en Colombia, según denunció el coordinador general de la ONG Provea, Oscar Murillo. La denuncia también fue confirmada por el propio Petro en sus redes sociales.
Petro advirtió que la respuesta ante una posible agresión externa “no es solo un alistamiento militar sino una revolución democrática”. Añadió que “es con más democracia como se defiende un país, no con más represiones ineficientes”.
El cardenal Porras ha sido blanco de críticas por parte del gobierno chavista en el pasado. Tanto el presidente Maduro como el influyente dirigente oficialista Diosdado Cabello lo han acusado públicamente de conspirar junto a la líder opositora María Corina Machado.
El abogado colombiano Abelardo de la Espriella oficializó su aspiración a la Presidencia en 2026, respaldado por el movimiento Defensores de la Patria y con el apoyo del partido Movimiento de Salvación Nacional.
Con 47 años y sin trayectoria política, De la Espriella entregó esta semana 4.7 millones de firmas ante la Registraduría Nacional de Colombia para validar su candidatura. El penalista, conocido como “El Tigre” por sus seguidores, encabeza las preferencias dentro de la derecha colombiana según una encuesta reciente, donde alcanzó un 18.2 % de intención de voto, solo superado por el izquierdista Iván Cepeda con 31.9 %.
“Tengo perfectamente claro que tengo el fervor del pueblo colombiano que me impulsa a seguir adelante para hacer lo que corresponde y direccionar el destino de esta patria que se merece estar en un sitial de grandeza”, manifestó el candidato.
De la Espriella plantea su campaña como una cruzada contra el proyecto de izquierda del presidente Gustavo Petro y de su posible sucesor, Iván Cepeda. Asegura que dejará su vida empresarial “idílica” para “construir una Colombia libre de tiranos, de odios, de divisiones y de esas fantasías ideológicas que tanto dolor causan”.
Inspirado en el modelo de seguridad del presidente salvadoreño Nayib Bukele, con quien comparte similitudes ideológicas y de imagen, promete aplicar “mano de hierro” contra el crimen, la corrupción y la impunidad, al tiempo que promete proteger a los “colombianos buenos y trabajadores”.
Abelardo de la Espriella ha construido una imagen pública poderosa como abogado mediático. Defendió a personajes como Álex Saab y David Murcia Guzmán, pero también llevó casos de alto impacto social, como el de Rosa Elvira Cely y Natalia Ponce de León, por los cuales logró condenas ejemplares y la creación de nuevas leyes.
Fuera de los tribunales, ha capitalizado su fama con una marca personal que incluye una línea de ropa, vinos, ron y sombreros, todos bajo su sello “De la Espriella Style”. Además, ha grabado dos discos como tenor, con clásicos italianos y canciones internacionales, reafirmando su pasión por Italia, país del que también es ciudadano junto a Estados Unidos.
Casado y padre de cuatro hijos, reparte su vida entre Florencia y Miami, mientras se prepara para una campaña electoral que podría convertirlo en el nuevo rostro de la derecha radical colombiana.
Las fuerzas armadas de Estados Unidos publicaron este jueves un vídeo de un nuevo ataque contra una lancha supuestamente ligada al narcotráfico en el Pacífico Oriental, en medio de la controversia en el Senado por legalidad de estas operaciones militares de la Administración Trump contra buques de este tipo y sus tripulantes.
El ataque, que habría sucedido hoy mismo, fue anunciado por el Comando Sur en su cuenta oficial de X y presentado como parte de las operaciones de la ofensiva ‘Lanza del Sur’ y provocó la muerte de cuatro tripulantes, descritos como «narcoterroristas» por el Ejército.
La publicación afirma que la orden del ataque fue dada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien se encuentra en el ojo del huracán mediático luego de que el Washington Post revelara que en septiembre las fuerzas estadounidenses ordenaron un segundo ataque contra una embarcación en el Caribe para eliminar a dos sobrevivientes de un prime disparo.
Las fuerzas armadas no han dado detalles de la organización criminal que supuestamente operaba el bote en esta ocasión.
Este mismo jueves, el almirante Frank Bradley compareció en una reunión a puerta cerrada con el comité de fuerzas armadas del Senado que investigan la legalidad de las acciones militares de la campaña antinarcóticos del presidente, Donald Trump.
Trump aseguró esta semana que se preparan para iniciar operaciones en territorio venezolano para eliminar objetivos ligados al narcotráfico.
La campaña de Trump cerca de Venezuela y Colombia ha dejado al menos 80 muertos y levantado acciones legales por posibles violaciones a derechos humanos, como la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el abogado del presidente colombiano, Gustavo Petro, presentó por la posible ejecución extrajudicial de un pescador en el Pacífico durante una de las operaciones estadounidenses.
El político colombiano Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, confirmó este martes su salida de la carrera presidencial de cara a los comicios de 2026, luego de que el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) informara de su exclusión de la contienda interna del Centro Democrático.
«Me veo obligado a renunciar a la militancia irrevocablemente. Esta sí es mi renuncia. Ayer solicité una rectificación al Centro Democrático que nunca ocurrió. Hoy les digo que ya no estoy interesado», afirmó Uribe Londoño en una rueda de prensa en Bogotá, en la que respondió a la controversia que estalló el lunes en esa fuerza política opositora, fundada y liderada por el expresidente Uribe.
La dirección del Centro Democrático dijo el lunes en un comunicado que la selección de su candidato presidencial continuará únicamente con las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, excluyendo a Uribe Londoño, de 73 años, que en las últimas encuestas aparecía como el aspirante del uribismo mejor posicionado.
El partido justificó su decisión luego de que el precandidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella llamara al exmandatario Uribe para informarle que Uribe Londoño le había expresado su intención de renunciar al Centro Democrático para apoyarlo.
Sin embargo, Uribe Londoño rechazó que hubiera existido un «acuerdo político» con De la Espriella y defendió su derecho a sostener diálogos con distintos sectores para promover un «frente común» contra el Gobierno del izquierdista Gustavo Petro.
«¿De qué se me acusa? Se me acusa de celebrar una reunión con otro candidato para dialogar y llegar a acuerdos, cosa que es cierta», dijo.
El hasta hoy precandidato afirmó que, desde el asesinato de su hijo, quien falleció el pasado 11 de agosto luego de permanecer dos meses en estado grave tras recibir varios disparos en un atentado en Bogotá, ha buscado «servir a la causa de la unidad nacional» y «honrar su legado».
Aseguró que su campaña, que duró 98 días, se guiaba por «la transparencia, la honestidad y la convicción de que Colombia necesita con urgencia una gran unidad nacional».
Uribe Londoño, quien tomó el lugar de su hijo en el proceso del Centro Democrático para elegir candidato presidencial, acusó a la dirección del partido de anunciar su renuncia sin consultarlo: «No escucharon mis argumentos, no se me respetó el sagrado y legítimo derecho a la defensa», afirmó.
Añadió que su exclusión obedecía a que «estaba ganando esa competencia interna (del Centro Democrático) de manera amplia y contundente» y criticó que «se cambiaron las reglas de juego múltiples veces en apenas tres meses».
«Colombia debe unirse (…) Sin unión quedamos a merced de quienes quieren consolidar un proyecto de destrucción institucional», señaló el político, quien también expresó su «respeto y aprecio» al expresidente Uribe.
El episodio profundiza las tensiones dentro del uribismo para definir su candidatura a las elecciones presidenciales que celebrará Colombia el 31 de mayo de 2026.
De ser necesaria una segunda vuelta, se realizará el 21 de junio y el ganador de los comicios asumirá la jefatura de Estado el 7 de agosto del próximo año.
