La sanción del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña que llevó al presidente colombiano, Gustavo Petro, al poder en 2022 desató este jueves una oleada de reacciones políticas que profundizó la tensión institucional en vísperas del comienzo del ciclo electoral de 2026.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, quien fue la primera figura del Gobierno en reaccionar, acusó al organismo electoral de actuar con «animadversión» contra el mandatario.
Benedetti consideró «muy sospechoso» que la decisión se haya tomado «ad portas de las elecciones del 2026» en las que se elegirá Senado y Cámara de Representantes el 9 de marzo, mientras que la primera vuelta de las presidenciales será el 31 de mayo.
El fallo del CNE determinó que la campaña superó los límites de financiación y omitió reportar aportes de sindicatos y partidos, lo que llevó al organismo a imponer multas al entonces gerente de campaña de Petro y actual presidente de la estatal Ecopetrol, Ricardo Roa, a otros dos funcionarios, y a dos partidos de la coalición oficialista.
En el caso de Roa, al igual que la auditora María Lucy Soto y la tesorera Lucy Aydée Mogollón, deberán pagar solidariamente una multa superior a 5.900 millones de pesos (unos 1,5 millones de dólares).
Por otra parte, Colombia Humana, el partido de Petro, y la Unión Patriótica (UP) fueron sancionadas «de manera individual y con multa equivalente a 583 millones» de pesos (unos 155.000 dólares).
«Un acto contra la democracia»
La UP rechazó con dureza el fallo, que calificó como «un acto político contra la democracia».
En un comunicado, el partido argumentó que las cuentas de la campaña habían sido aprobadas mediante resoluciones del propio CNE y que cualquier intento posterior de invalidarlas tendría que hacerse por vía de lesividad, «el único procedimiento legalmente previsto».
Las irregularidades en la campaña de Petro fueron denunciadas en febrero de 2023 mediante una queja anónima, lo que llevó al CNE a abrir la investigación, algo que criticó ese partido pues «fue presentada fuera del plazo legal de 30 días posteriores a la elección presidencial», lo que, aseguraron, dejaría al CNE sin competencia para abrir un proceso sancionatorio de este tipo.
Además, cuestionó la solidez de las pruebas aportadas y afirmó que las sanciones desconocen precedentes administrativos.
La UP anunció que acudirá a instancias judiciales e internacionales para revertir la decisión, que considera un intento por «deslegitimar la voluntad popular» expresada por los ciudadanos colombianos en las elecciones de 2022.
Por su parte, la presidenta de Colombia Humana, Gloria Flórez, se sumó a las críticas de la UP en un video difundido en X en el que expresó que el CNE busca «atacar al presidente y afectar al Pacto Histórico (coalición oficialista) en plena época electoral».
Críticas de la oposición
Por su parte, la precandidata presidencial y periodista Vicky Dávila, una de las voces más críticas del Gobierno, dijo en X que «violar topes de una campaña es corrupción» y aseguró que «Petro llegó así a la presidencia» y «así ha gobernado».
La también precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, expresó que confía en que «de una vez por todas las autoridades competentes tomen cartas en el asunto».
Petro todavía no se ha pronunciado y por este caso está siendo investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, debido a su fuero presidencial.
