El Gobierno del presidente Donald Trump acumula múltiples demandas de ciudadanos estadounidenses detenidos en las redadas migratorias, entre los que se cuenta un trabajador de la construcción arrestado dos veces y un anciano golpeado y mantenido bajo custodia a pesar de que se recuperaba de una cirugía de corazón.
Las querellas legales, que piden indemnizaciones de hasta $50 millones contra el Ejecutivo estadounidense por violaciones a los derechos constitucionales de sus ciudadanos, se están convirtiendo en el pan de cada día.
El pasado lunes, el estadounidense Leonardo García Venegas demandó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) por detenerlo en dos ocasiones en obras de construcción, que se han convertido en uno de los blancos favoritos de los agentes migratorios.
El trabajador, representado por el Institute for Justice, alega que las detenciones que sufrió en Alabama, estado donde reside y trabaja, fueron «irrazonables» y violaron la Cuarta Enmienda, que le protege contra registros y detenciones sin causa probable.
El hispano, de padres mexicanos, fue detenido por primera vez en mayo cuando agentes enmascarados ingresaron a una construcción. El trabajador fue derribado al suelo y esposado aunque les dijo que era ciudadano estadounidense, según quedó registrado en un video.
Incluso después de presentar su identificación REAL ID (que Alabama solo emite a residentes legales), los agentes lo mantuvieron esposado durante una hora.
En junio, el latino fue detenido nuevamente en una casa donde trabajaba, y aunque una vez más mostró su identificación los agentes se negaron a aceptarla, lo sacaron de la construcción y lo detuvieron junto con otros detenidos, liberándolo, junto a otros residentes legales, veinte minutos después.
La demanda, planteada como una querella colectiva de trabajadores de la construcción, incluye 19 ejemplos de ciudadanos y residentes legales que presuntamente habían sido detenidos «en circunstancias» similares a las de García Venegas.
«Como demuestra la experiencia de Leo García Venegas, estas políticas ilegales tienen consecuencias reales para los estadounidenses inocentes y trabajadores», afirma la demanda, que busca una indemnización para el trabajador hispano.
El arresto y ataque a un recién operado
El Gobierno Trump también enfrenta una demanda presentada por Rafie Ollah Shouhed, de 79 años y dueño de un lavadero de autos en Los Ángeles que alega que sufrió fracturas, lesiones graves, y traumatismo craneoencefálico, tras ser detenido en una redada migratoria el pasado 9 de septiembre.
Videos de las cámaras de seguridad muestran a agentes enmascarados irrumpiendo sin autorización en el negocio empujando a Shouhed al suelo en un pasillo.
A pesar de la primera agresión, el dueño salió para hablar con los agentes sobre sus empleados. Pero estos lo insultaron y arrojaron violentamente al pavimento para echársele encima. Uno de ellos le presionó el cuello con la rodilla mientras otro le torcía los brazos por detrás, a pesar de que él les dijo que recientemente se había sometido a una cirugía de corazón, no podía respirar y necesitaba una ambulancia.
La querella, que busca una indemnización de 50 millones de dólares, advierte que los agentes ignoraron sus súplicas y lo trasladaron esposado al centro de detención de Los Ángeles, donde permaneció retenido casi 12 horas sin atención médica y le negaron las llamadas telefónicas.
Además de las lesiones físicas, e infligir intencionalmente angustia, la demanda alega la violación a la Ley Bane de California, que prohíbe interferir en los derechos constitucionales de una persona mediante la fuerza o la amenaza de violencia.
Contra el uso excesivo de la fuerza
En agosto pasado, cinco ciudadanos y residentes permanentes anunciaron demandas por separado contra el DHS al considerar que fueron detenidos arbitrariamente en las redadas.
Una de las demandantes es Cary López Alvarado, detenida cuando estaba embarazada, quien asegura que su bebé nació prematuro debido a esto.
Luis Carrillo, abogado que representa a los cinco demandantes y busca al menos una indemnización de un millón de dólares en cada caso, dijo a EFE que las acciones de los agentes migratorios «fueron brutales» y que esperan que estas querellas judiciales detengan el uso excesivo de la fuerza.
La situación es tan grave, según Carrillo, que se ha unido a la congresista Maxine Waters y la activista Dolores Huerta para presentar una petición ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para pedir una investigación sobre los abusos a ciudadanos e inmigrantes.
