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  • Bolsonaro sale de la prisión domiciliaria tras condena para un procedimiento ambulatorio

    Bolsonaro sale de la prisión domiciliaria tras condena para un procedimiento ambulatorio

    El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abandonó temporalmente este domingo la residencia donde cumple una orden de prisión domiciliaria para realizarse un procedimiento médico ambulatorio, en la que fue su primera salida tras ser condenado a 27 años y tres meses de prisión por golpismo.

    Tres días después de que fuera dictada la condena y bajo un fuerte esquema de seguridad, el líder ultraderechista salió de su residencia donde permanece recluido desde el 4 de agosto por temores de fuga y por incumplir medidas cautelares impuestas por el Supremo.

    El ex jefe de Estado partió escoltado por una caravana de carros y motos de la Policía Federal y llegó a un hospital privado en Brasilia hacia donde era esperado por un grupo de seguidores.

    El magistrado Alexandre de Moraes, juez instructor del caso de Bolsonaro, otorgó la semana pasada el permiso de salida para el exmandatario quien tendrá que permanecer bajo custodia policial permanente durante la salida, por riesgo de fuga, y presentar un parte médico máximo 48 horas después de realizado el procedimiento.

    De acuerdo con la solicitud enviada por los abogados del líder ultraderechista a la Corte, Bolsonaro tendrá que ingresar a un hospital particular en Brasilia para retirar dos lesiones cutáneas.

    Los médicos le extraerán un «nevo melanocítico en el torso» que es una especie de lunar, benigno, y piel de una «neoplasia de comportamiento incierto o desconocido», un crecimiento anormal en el tejido cutáneo que requiere de biopsia.

    El procedimiento es considerado sencillo y de carácter ambulatorio.

    Esta fue la segunda salida médica del expresidente (2019-2022) desde que está en prisión domiciliaria. El 16 de agosto abandonó su residencia para realizarse una batería de exámenes tras ser diagnosticado con «síntomas de reflujo e hipo» crónicos, secuelas de una puñalada que recibió en 2018, cuando era candidato.

    El jueves pasado, por cuatro votos a uno, la Sala Primera del Supremo Tribunal de Brasil condenó a Bolsonaro a 27 años y 3 meses de cárcel por «liderar» un complot golpista para «perpetuarse en el poder», tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

    Es la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por intento de golpe de Estado.

    En el juicio la Corte Suprema también declaró la culpabilidad de otros siete reos, entre ellos exministros y antiguos jefes militares.

  • Reprograman veredicto del segundo juicio del caso Santa Marta para el 24 de septiembre

    Reprograman veredicto del segundo juicio del caso Santa Marta para el 24 de septiembre

    La resolución del segundo juicio contra los cinco exguerrilleros del FMLN, acusados del asesinato de María Inés Alvarenga en 1989, durante el conflicto armado salvadoreño, en el caso conocido como Santa Marta, prevista originalmente para hoy, fue reprogramada para el 24 de septiembre, informaron fuentes de la defensa.

    La resolución habría sido pospuesta debido a que uno de los abogados defensores tiene prevista una audiencia de otro caso que coincidía con la del proceso de Santa Marta.

    Los procesados son Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco y Saúl Rivas, quienes ya habían sido absueltos en 2024 junto a otros tres excomandantes por delitos de asesinato y agrupaciones ilícitas. En este nuevo proceso también fueron señalados en ausencia Fidel Recinos, Eduardo Sancho (alias Fermán Cienfuegos, firmante de los Acuerdos de Paz de 1992) y Arturo Serrano Ascencio.

    De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados, vinculados a la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), habrían ordenado y ejecutado el secuestro de Alvarenga en su vivienda del cantón Santa Marta, en Cabañas, para trasladarla a un campamento donde fue torturada y asesinada. Según la acusación, todos tenían algún grado de mando en la estructura insurgente.

    María Inés Alvarenga, asesinada en 1989.

    La defensa de los acusados y organizaciones sociales sostienen que ellos son cinco líderes comunitarios ambientalistas de la remota comunidad de Santa Marta, en  Cabañas, perseguidos injustamente por su oposición a la minería metálica.

    Los señalados fueron capturados el 11 de enero de 2023, pero pasaron a arresto domiciliario en agosto de ese año. En octubre de 2024 enfrentaron un primer juicio que concluyó con un sobreseimiento definitivo, decisión que fue revertida en noviembre por una corte de apelaciones, que ordenó repetir la vista pública.

    El nuevo proceso se realizó entre el 29 y el 31 de julio de 2025, aunque los acusados no se presentaron y fueron declarados rebeldes, por lo que fueron juzgados en ausencia. El Tribunal de Sentencia de San Vicente ordenó su captura, aunque la medida no se ha ejecutado.

    En un comunicado, los líderes comunitarios aseguraron que no asistieron porque “no existen garantías de un juicio justo” y denunciaron que el caso es “una maniobra política para silenciar sus voces”.

     

  • Costa Rica ofrece refugio a salvadoreño Kilmar Ábrego tras juicio en EE.UU.

    Costa Rica ofrece refugio a salvadoreño Kilmar Ábrego tras juicio en EE.UU.

    El Gobierno de Costa Rica manifestó su disposición de recibir al salvadoreño Kilmar Ábrego García, acusado en Estados Unidos por presunto tráfico de personas, una vez concluya cualquier condena penal en ese país, según informó la cadena ABC News este viernes.

    La decisión fue comunicada en una carta enviada por el ministro costarricense de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, a la Embajada de Estados Unidos en San José. 

    En el documento, Costa Rica se compromete a otorgarle residencia o estatus de refugiado y a no trasladarlo a un tercer país, incluyendo El Salvador.

    “El Gobierno de Costa Rica (…) desea expresar su disposición a aceptar la transferencia desde Estados Unidos del señor Kilmar Armando Ábrego García al concluir cualquier condena penal que pueda cumplir”, indicó Zamora en la carta citada.

    El ministro también aseguró que, en línea con los convenios internacionales de protección de refugiados, Costa Rica no someterá a Ábrego a tortura ni persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social o por opinión política.

    La medida abre la puerta a que el salvadoreño, de 30 años, pueda permanecer en territorio costarricense bajo protección humanitaria al término de su proceso judicial en Estados Unidos.

    Juicio en EE.UU. y liberación en Tennessee

    Ábrego fue liberado el viernes de una cárcel en Tennessee y viajó a Maryland, donde reside su familia. Actualmente enfrenta un proceso en Estados Unidos por presunto tráfico de personas, cuyo juicio está programado para el 27 de enero de 2027.

    La libertad condicional de Ábrego García marca un nuevo capítulo en la saga que comenzó en marzo pasado cuando el Gobierno del presidente Donald Trump lo deportó a pesar de que un juez de inmigración le había permitido quedarse en el país, mientras revisaba su caso.

    El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) presentó cargos de tráfico humano contra Ábrego García, luego de que una orden judicial obligara a su regreso al país. Por su parte, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) había amenazado con detenerlo nuevamente para deportarlo si se le concedía la libertad condicional mientras enfrenta su proceso penal.

    En el caso penal por tráfico de indocumentados, los abogados de Ábrego García solicitaron a principios de esta semana a un tribunal de Tennessee que desestimara la acusación, alegando que su defendido está siendo objeto de persecución por parte del Departamento de Justicia.

    Los abogados han incorporado una denuncia presentada por el exfiscal del Departamento de Justicia, Erez Reuveni, quien afirma haber sido despedido tras negarse a presentar un escrito engañoso en el caso.

    “Este caso es el resultado del esfuerzo concertado del gobierno para castigarlo por tener la audacia de defenderse, en lugar de aceptar una brutal injusticia”, escribió su equipo en la moción citada por la televisora WUSA9.

    La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha dicho sobre el salvadoreño: “Tiene un historial de toda una vida de tráfico de personas y de aprovecharse de menores, solicitándoles pornografía, fotos de ellos desnudos, abusando de su esposa, abusando de otros inmigrantes ilegales, extranjeros que estaban en este país, mujeres que estaban bajo su cuidado mientras él las traficaba”. 

    «Es un ser humano horrible y un monstruo, y nunca debería ser liberado», añadió la secretaria.

    Otros funcionarios de la Administración también han tachado al inmigrante salvadoreño de “criminal peligroso”.
    Los abogados de Abrego García en el caso penal afirmaron que esos comentarios tenían el potencial de “manchar el jurado” y poner en peligro a Abrego García y a su familia.

     

  • Abogado de empresario periodístico defiende libertad de expresión en juicio en Hong Kong

    Abogado de empresario periodístico defiende libertad de expresión en juicio en Hong Kong

    Robert Pang, abogado del empresario y opositor hongkonés Jimmy Lai, defendió este miércoles la libertad de expresión durante los alegatos finales de su juicio por presunta conspiración con fuerzas extranjeras y publicación de material sedicioso.

    Ante el tribunal de West Kowloon, Pang afirmó que “no se puede obligar a nadie a pensar de una forma u otra” y subrayó que tampoco es un error llamar a un gobierno a cambiar sus políticas, ya sea desde dentro o fuera del territorio. Su declaración se enmarca en un proceso judicial que ha sido duramente cuestionado por organizaciones internacionales de derechos humanos.

    El fiscal Anthony Chau citó como prueba un editorial del desaparecido periódico Apple Daily, fundado por Lai, en el que se pedían sanciones contra Pekín y las autoridades de Hong Kong. Chau aseguró que este tipo de publicaciones exceden la crítica política y constituyen conductas “sediciosas”.

    No obstante, la jueza del Tribunal Superior, Esther Toh, mostró reservas sobre la acusación y cuestionó: “¿Se puede escribir un artículo crítico sobre el problema del agua, pero hay que aventurarse a ofrecer soluciones?”.

    Durante el juicio, Lai reconoció que en julio de 2019 se reunió con el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para solicitar apoyo a Hong Kong en el contexto de las protestas prodemocráticas. Sin embargo, recalcó que “nunca” pidió represalias directas contra China ni contra las autoridades locales.

    Los fiscales aseguran que el empresario mantuvo un “enfoque calculado y estratégico” para promover sanciones internacionales, lo que justificaría su acusación bajo la ley de seguridad nacional que Pekín impuso en 2020.

    Un símbolo de las protestas prodemocráticas de 2019

    Jimmy Lai, considerado uno de los principales opositores a la creciente influencia de China sobre la autonomía de Hong Kong, fue uno de los organizadores de las multitudinarias protestas de 2019. Permanece bajo custodia desde diciembre de 2020 y cumple otra condena por un caso de fraude que denuncia como persecución política.

    El proceso judicial contra Lai es visto como un caso emblemático de la represión en Hong Kong y ha encendido las alarmas sobre el futuro de la libertad de prensa y la disidencia política en el territorio.

  • Corte Suprema de Brasil afirma que hay «indicios graves» contra Bolsonaro y garantiza un «juicio justo»

    Corte Suprema de Brasil afirma que hay «indicios graves» contra Bolsonaro y garantiza un «juicio justo»

    La Corte Suprema de Brasil reafirmó el miércoles que el expresidente Jair Bolsonaro enfrentará un juicio justo, luego de confirmar la existencia de «indicios graves» en su contra por su presunta participación en un intento de golpe de Estado. La declaración llega en respuesta a las recientes sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidoscontra el magistrado Alexandre de Moraes, quien lidera el proceso judicial.

    “El Supremo Tribunal Federal no se apartará de su papel de cumplir la Constitución y las leyes del país, que garantizan a todos los implicados el debido proceso legal y un juicio justo”, señaló el alto tribunal en un comunicado oficial.

    El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó la Ley Magnitsky al magistrado De Moraes, acusándolo de liderar una campaña de censura, detenciones arbitrarias y procesos judiciales politizados, según el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Entre los supuestos afectados se encuentra el propio Bolsonaro, uno de los líderes de derecha más influyentes de América Latina.

    Sin embargo, el Supremo brasileño respondió que los delitos imputados —como la conspiración para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva— deben ser juzgados exclusivamente por las autoridades nacionales. El tribunal recordó que la Fiscalía brasileña ha acusado a Bolsonaro y a 33 personas más, basándose en audios, documentos y testimonios, donde incluso se menciona un plan para asesinar autoridades públicas.

    Las medidas adoptadas por De Moraes contra Bolsonaro, como la imposición de una tobillera electrónica y la prohibición de usar redes sociales, han sido confirmadas por decisión colegiada del Supremo Tribunal Federal. La Corte recalcó que estas acciones se ajustan al marco legal brasileño y no constituyen persecución política.

    EE. UU. congela bienes del magistrado, pero sin impacto aparente

    Las sanciones impuestas por EE. UU. bloquean cualquier activo que De Moraes pudiera tener en territorio estadounidense y prohíben transacciones con ciudadanos norteamericanos. Aun así, medios brasileños reportaron que el magistrado no posee cuentas ni propiedades en Estados Unidos. La semana pasada, también se le revocó la visa a él y a sus familiares cercanos.

    Este nuevo roce diplomático entre Brasil y Estados Unidos ocurre mientras se intensifica la presión internacional sobre el proceso judicial contra Bolsonaro. El caso se ha convertido en uno de los más relevantes del continente, al implicar temas como democracia, Estado de derecho y relaciones bilaterales. Observadores regionales, incluidos sectores en Panamá, El Salvador y Costa Rica, siguen con atención su desarrollo, dada la influencia política y económica que Brasil ejerce en América Latina.

     

     

     

  • Condena a Álvaro Uribe agita política colombiana a meses de elecciones

    Condena a Álvaro Uribe agita política colombiana a meses de elecciones

    La condena en primera instancia al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, remeció el escenario político colombiano justo en vísperas de un año electoral clave, en el que se renovará el Congreso y se elegirá al nuevo presidente del país.

    La sentencia, leída por la jueza Sandra Heredia, convierte a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, y podría representar un golpe significativo para su partido, el Centro Democrático, aunque también podría reavivar su base de apoyo más fiel. Figuras como la senadora Paloma Valencia aseguraron que esta es “una batalla que ganaremos en 2026 con la ayuda de los colombianos y de Dios”.

    Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y las presidenciales el 31 de mayo. En caso de ser necesaria, la segunda vuelta se desarrollará el 21 de junio.

    Según el analista político Yann Basset, el impacto electoral de la condena será limitado. A pesar de su relevancia histórica y simbólica, Uribe ya no ocupa el centro del debate público como lo hacía en décadas anteriores, y la derecha colombiana ha diversificado sus liderazgos más allá del Centro Democrático.

    Uribe enfrenta una posible sentencia de entre cuatro y ocho años de prisión, probablemente en modalidad de detención domiciliaria, aunque la fiscal del caso, Marlenne Orjuela, ha solicitado que la pena sea mayor: nueve años. La defensa apelará el fallo el próximo 11 de agosto y el Tribunal Superior de Bogotá tiene hasta el 16 de octubre para pronunciarse en segunda instancia.

    Por otro lado, la condena ha puesto en el foco al senador de izquierda Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso y señalado como posible aspirante presidencial por sectores que celebran la decisión judicial. Cepeda, sin embargo, afirmó que una eventual candidatura suya sería independiente del fallo: “El juicio fue una decisión en derecho y debe analizarse como tal”, indicó en entrevista.

    El proceso judicial contra Uribe se remonta a 2012, cuando él mismo denunció a Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, el caso se volvió en su contra, en un efecto búmeran que terminó por involucrarlo en delitos relacionados con el intento de manipulación de testigos y el uso indebido del sistema judicial.

  • Fiscalía francesa confirma petición de juicio a Depardieu por violación a una actriz

    Fiscalía francesa confirma petición de juicio a Depardieu por violación a una actriz

    La Fiscalía de París confirmó su solicitud de un juicio contra el actor francés Gérard Depardieu, de 76 años, por agresiones sexuales y violación a la actriz Charlotte Arnauld, después de haberla solicitado inicialmente en 2024.

    La Fiscalía envío una petición el martes para que el famoso intérprete -ya condenado en otro proceso de agresiones sexuales en mayo de este año- sea juzgado por un tribunal criminal de la capital por estas acusaciones por hechos supuestamente ocurridos entre el 7 y el 13 de agosto de 2018, según indicó este miércoles a EFE.

    La primera solicitud ya había sido realizada en agosto de 2024, pero posteriormente la Fiscalía reabrió la investigación en el marco de la polémica generada por los comentarios sexistas realizados por Depardieu a una niña durante el rodaje de un documental en Corea del Norte.

    Esas imágenes, difundidas por un programa de la televisión pública en diciembre de 2023, fueron cuestionadas por el actor y su entorno, que inicialmente dijeron que habían sido manipuladas para luego argumentar que se produjeron en un escenario de ficción.

    El canal público France 2 certificó en su momento con funcionarios judiciales las tomas en bruto del documental, que guarda archivadas, y que demostrarían que las imágenes son auténticas y no fueron manipuladas, igual que el sonido.

    La abogada de Arnauld solicitó que ese fragmento del documental se incorporara al caso y la defensa de Depardieu ha solicitado una nueva verificación por expertos, y todo ello será objeto de una audiencia judicial en el futuro.

    La decisión final sobre si Depardieu será juzgado corresponde a la juez instructora que sigue el sumario abierto tras la denuncia de Arnauld.

    Gérard Depardieu, de 76 años, ya fue condenado el pasado 13 de mayo a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento por agresiones sexuales a dos trabajadoras de un rodaje en París durante 2021.

    El intérprete acumula una veintena de denuncias similares por abusos y agresiones de carácter sexual o violación, aunque algunas fueron desechadas por prescripción de los presuntos hechos.

  • Corte Suprema brasileña le impone tobillera y limita redes sociales a Bolsonaro por caso de golpismo

    Corte Suprema brasileña le impone tobillera y limita redes sociales a Bolsonaro por caso de golpismo

    La Corte Suprema de Brasil dictó este viernes 18 de julio nuevas medidas cautelares contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien es procesado por su presunta participación en un complot golpista. Entre las disposiciones figuran el uso obligatorio de tobillera electrónica y la prohibición de acceder a sus redes sociales, según reportaron medios locales.

    Además, el tribunal le prohibió a Bolsonaro acercarse a embajadas, mantener contacto con diplomáticos extranjeros y comunicarse con otros involucrados en la causa por intento de golpe de Estado, que busca esclarecer las acciones posteriores a su derrota en las elecciones presidenciales de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

    Las medidas fueron adoptadas en el marco de diligencias realizadas por la Policía Federal, que ejecutó allanamientos en dos ubicaciones clave: la residencia del exmandatario en Brasilia y la sede del Partido Liberal (PL), formación política que lidera el excapitán del Ejército.

    En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo al líder brasileño y calificó el proceso judicial como “una caza de brujas”. La semana pasada, Trump anunció además un arancel del 50 % a las importaciones brasileñas, en aparente represalia por el juicio contra Bolsonaro y supuestas restricciones del Supremo brasileño a perfiles en redes sociales dedicados a difundir contenidos contra las instituciones democráticas.

    Este gesto generó una grave crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos. El presidente Lula exigió respeto para el sistema judicial brasileño y calificó las declaraciones del mandatario estadounidense como un “chantaje inaceptable”.

    La Fiscalía brasileña acusa a Jair Bolsonaro de cinco delitos, incluyendo golpe de Estado y abolición violenta del Estado democrático de derecho, cargos por los que podría enfrentar hasta 40 años de prisión. Las autoridades afirman que el exmandatario coordinó la conspiración junto con exministros y oficiales militares de alto rango para mantenerse en el poder pese a su derrota electoral.

    Este jueves, Trump también envió una carta de apoyo a Bolsonaro, en la que afirmó confiar en un “pronto cambio de rumbo” en el Gobierno brasileño y pidió el fin de lo que calificó como un “régimen de censura”.