Etiqueta: lavado de activos

  • Juan Orlando Hernández regresa a Honduras para enfrentar juicio, simpatizantes lo reciben

    Juan Orlando Hernández regresa a Honduras para enfrentar juicio, simpatizantes lo reciben

    El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández regresó este domingo a su país para enfrentar un proceso judicial por los delitos de fraude y lavado de activos, casi ocho meses después de recibir un indulto total del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anuló la condena de 45 años de prisión que cumplía por narcotráfico.

    Hernández, de 57 años, arribó al Aeropuerto Internacional Palmerola, ubicado en Comayagua, alrededor de las 8:30 a.m., a bordo de un vuelo privado procedente de Miami, Estados Unidos.

    El exmandatario deberá comparecer ante la justicia hondureña en una audiencia inicial programada para el próximo 3 de agosto, dentro de un proceso relacionado con un presunto caso de fraude y lavado de activos.

    A su llegada fue recibido por su esposa, la exprimera dama Ana García; su madre, Elvira Alvarado; y tres de sus cuatro hijos, con quienes protagonizó un emotivo reencuentro después de más de cuatro años de separación, desde que fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2022.

    Tras descender del avión, Hernández y sus familiares se arrodillaron junto a la pista para realizar una oración. El exgobernante también llegó acompañado por un grupo de allegados, entre ellos los generales Willy Oseguera, Tulio Romero y Javier Barrientos, quienes declararon a su favor durante el juicio celebrado en Nueva York, además de su abogado en Estados Unidos, Renato Stabile.

    Después de cumplir con los trámites migratorios, Hernández se trasladó a una finca cercana para participar en un acto de bienvenida organizado por amigos. Más tarde, su familia programó otra actividad en el aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, donde su esposa tenía previsto devolverle el anillo de matrimonio que le entregó antes de ser recluido en una cárcel hondureña previo a su extradición.

    El regreso del exmandatario reavivó la polarización política en Honduras. Mientras sus simpatizantes sostienen que demostrará su inocencia ante los tribunales, sectores opositores cuestionan el indulto concedido por Estados Unidos y exigen que responda por las acusaciones pendientes en la justicia hondureña.

    Las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de seguridad en los alrededores del aeropuerto y en las principales vías de acceso, mientras cientos de simpatizantes y decenas de periodistas nacionales e internacionales se concentraron para seguir el retorno del exgobernante, quien anunció su regreso a principios de julio luego de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura y la alerta roja internacional que pesaban en su contra.

     

  • Juan Orlando Hernández confía en enfrentar proceso judicial en libertad a su regreso a Honduras

    Juan Orlando Hernández confía en enfrentar proceso judicial en libertad a su regreso a Honduras

    El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández afirmó este lunes que espera enfrentar en libertad el proceso judicial que mantiene abierto en su contra por presuntos delitos de fraude y lavado de activos, y aseguró que el Estado le brindará las garantías de seguridad necesarias para su regreso al país.

    En una entrevista concedida a EFE desde Florida, Estados Unidos, el exmandatario informó que viajará el próximo domingo en un vuelo privado desde Miami con destino al Aeropuerto Internacional Palmerola, en Comayagua, donde iniciará el proceso para comparecer ante la justicia hondureña.

    Hernández explicó que hace seis meses solicitó enfrentar el proceso en libertad y, aunque aún no ha recibido una respuesta oficial, considera que su situación debería recibir el mismo tratamiento que otros implicados en el caso.

    «Todos los demás involucrados en ese proceso se presentaron voluntariamente; la mayoría de ellos ya fueron liberados de sus cargos, están en libertad y los demás siguen un proceso común y corriente», declaró.

    El exgobernante sostuvo que no encuentra motivos para permanecer detenido. «No veo ningún inconveniente en lo absoluto (para estar en libertad)», afirmó. Además, recordó que el expresidente Porfirio Lobo enfrentó un proceso similar y que los cargos en su contra fueron desestimados durante la audiencia inicial.

     

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    Hernández aseguró que regresar a Honduras representa una decisión personal que nunca estuvo en duda.

    «Soy alguien nacido en el sector rural de Honduras. Cuando uno nace como decimos en Honduras tierra adentro, el sentimiento es diferente a alguien que ha nacido en una ciudad. Uno es muy apegado a la tierra. Y para mí regresar a mi tierra no es negociable», expresó.

    El exmandatario fue extraditado a Estados Unidos en 2022 y, posteriormente, condenado a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico y armas. Sin embargo, a finales de 2025 recibió un indulto otorgado por el presidente estadounidense Donald Trump, lo que le permitió recuperar su libertad.

    Respecto al proceso judicial que enfrentará en Honduras, Hernández indicó que la información generada durante su juicio en Estados Unidos podría favorecer su defensa. Según explicó, solicitó que esos documentos fueran desclasificados porque considera que respaldan su versión de los hechos. Asimismo, adelantó que su audiencia de imputación de cargos está programada para el próximo 3 de agosto.

    El expresidente también manifestó que confía en la protección que le corresponde por ley como exjefe de Estado.

    «Estoy en una ‘categoría uno’ de protección y estoy convencido de que el Estado está con sus instituciones dando esas garantías de protección», señaló.

    Agregó que su familia ha coordinado con las autoridades de seguridad los detalles de su retorno y reiteró que su estrategia de defensa demostrará que, durante su gestión al frente del Congreso Nacional, no administraba los fondos vinculados al caso, por lo que insistió en que la acusación responde a una «persecución política».

     

  • Defensa de Juan Orlando Hernández pedirá enfrentar juicio en libertad

    Defensa de Juan Orlando Hernández pedirá enfrentar juicio en libertad

    La defensa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández anunció el martes que solicitará a la justicia que el exmandatario afronte en libertad el proceso penal por presunto fraude y lavado de activos, al considerar que su retorno voluntario al país demuestra que no existe riesgo de fuga.

    La abogada Angie Colindres, integrante del equipo jurídico de Hernández, informó que la defensa prepara su estrategia para la audiencia de declaración de imputado programada para el próximo 3 de agosto, pocos días después del regreso del exgobernante a Honduras, previsto para el 26 de julio.

    Durante esa audiencia, Hernández conocerá formalmente los delitos que le atribuye el Ministerio Público, sus derechos constitucionales y la medida cautelar que determine el juez encargado del caso.

    «El expresidente Juan Orlando Hernández quiere estar en el país, quiere estar con su familia, quiere enfrentar este proceso, pero lo quiere enfrentar también en libertad», afirmó Colindres en declaraciones al canal Hable Como Habla (HCH).

    La defensora explicó que uno de los principales argumentos será que Hernández solicitó regresar voluntariamente a Honduras tras recuperar su libertad en Estados Unidos, por lo que considera que no existe fundamento para alegar peligro de fuga.

    El expresidente fue indultado a finales de 2025 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión que una corte de Nueva York le impuso en junio de 2024 por delitos relacionados con narcotráfico y armas.

    En Honduras, Hernández deberá responder por un proceso relacionado con el presunto desvío de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013, dentro del caso de corrupción conocido como «Pandora II», en el que también figuran como acusados el expresidente Porfirio Lobo, exdiputados, empresarios y particulares.

    La defensa adelantó además que solicitará un «sobreseimiento definitivo» durante la etapa procesal correspondiente. «Creemos en la inocencia de nuestro representado y lo vamos a demostrar en los órganos de justicia», enfatizó Colindres. Según la Fiscalía hondureña, la investigación señala que entre 2010 y 2013 operó una red de corrupción que habría facilitado el desembolso de más de 288 millones de lempiras, equivalentes a unos $10.8 millones, a favor de dos fundaciones.

     

     

  • El FBI investiga operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos, según diario

    El FBI investiga operaciones financieras de la AFA en Estados Unidos, según diario

    Las autoridades federales de Estados Unidos, junto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), desarrollan una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense, según publicó el diario argentino La Nación. La pesquisa busca determinar si algunas de las transacciones realizadas por la entidad deportiva constituyen delitos financieros.

    De acuerdo con la publicación, la investigación inició en 2025 y salió a la luz mientras la selección argentina disputa el Mundial, donde ya aseguró su clasificación a los cuartos de final y enfrentará a Suiza este sábado. Los investigadores analizan si las operaciones ejecutadas por la AFA en Estados Unidos incumplen la legislación federal.

    Uno de los principales ejes de la investigación es el mecanismo utilizado para cobrar contratos valorados en cientos de millones de dólares con patrocinadores y otras empresas mediante la sociedad TourProdEnter LLC. Según el informe periodístico, la justicia estadounidense evalúa si esas operaciones podrían encuadrarse en delitos como lavado de activos o fraude a través del sistema bancario de ese país.

    Como parte de las diligencias, los investigadores sostuvieron recientemente un encuentro con el empresario Guillermo Tofoni, quien presentó denuncias por presuntos actos de corrupción contra la AFA. Además, las autoridades estadounidenses estudian citar a exfuncionarios del Gobierno del presidente Javier Milei, cuya administración mantiene un prolongado conflicto con la dirigencia del fútbol argentino.

    Las diferencias entre el Gobierno argentino y la AFA se mantienen desde hace más de un año y surgieron a raíz del impulso del Ejecutivo para implementar un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol profesional. La propuesta fue rechazada por la AFA y por la mayoría de los clubes del país.

    La entidad también enfrenta un proceso judicial en Argentina. El pasado 26 de junio, un tribunal de apelaciones confirmó el procesamiento de la AFA, de su presidente Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino, dentro de una causa que investiga un presunto fraude fiscal. La resolución acerca el expediente a una eventual etapa de juicio oral.

    Los procesamientos fueron dictados inicialmente el 30 de marzo por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19,000 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos $13 millones. Actualmente, Tapia permanece en Estados Unidos con motivo del Mundial, viaje que realizó tras obtener autorización judicial.

    La investigación en Argentina comenzó luego de una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En marzo de este año, la AFA aseguró en un comunicado haber presentado «todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia».

  • Fiscalía colombiana pide arresto contra hijo de Petro por desacato judicial

    Fiscalía colombiana pide arresto contra hijo de Petro por desacato judicial

    La Fiscalía de Colombia solicitó este lunes imponer una medida de arresto contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntamente incumplir órdenes judiciales en el proceso que enfrenta por corrupción.

    La petición fue presentada por la fiscal Lucy Marcela Laborde ante el juez del caso, luego de que el acusado no asistiera de forma presencial a varias audiencias.

    “Su señoría, esta delegada solicita sancionar con arresto hasta por cinco días al señor Nicolás Fernando Petro Burgos por haber desobedecido órdenes impartidas por su despacho en ejercicio de sus atribuciones legales”, expresó la fiscal durante la diligencia.

    Petro Burgos enfrenta cargos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, relacionados con presuntas irregularidades cometidas cuando se desempeñaba como diputado de la Asamblea del Atlántico.

    Según la investigación, los hechos incluyen el supuesto direccionamiento de contratos y la apropiación de 111 millones de pesos, equivalentes a unos $29,000.

    La Fiscalía señaló que el acusado no se presentó a audiencias realizadas los días 4 y 5 de noviembre de 2025, ni a otras diligencias posteriores, argumentando problemas para movilizarse.

    No obstante, la fiscal indicó que existen elementos que contradicen esa versión, ya que el imputado habría estado de vacaciones en ciudades como Santa Marta y Cartagena durante ese periodo.

    A juicio del ente acusador, esta situación evidenciaría un incumplimiento deliberado de las órdenes judiciales.

    El juez deberá decidir si impone la medida de arresto solicitada, mientras el proceso continúa en curso.

    Además, se prevé que los días 7 y 8 de mayo se realicen nuevas audiencias, que inicialmente serían virtuales, aunque la Fiscalía insiste en que se desarrollen de manera presencial.

    El caso mantiene atención pública en Colombia por tratarse del hijo del mandatario y por la gravedad de los señalamientos en su contra.

     

  • Detienen a un salvadoreño en Honduras por transportar 89.000 dólares en un vehículo

    Detienen a un salvadoreño en Honduras por transportar 89.000 dólares en un vehículo

    Las autoridades de Honduras detuvieron este lunes a un ciudadano salvadoreño que transportaba $89,000 en efectivo ocultos en un vehículo, por lo que enfrentará un proceso judicial por el presunto delito de lavado de activos.

    La captura ocurrió durante una inspección en el punto de control La Corteza, ubicado en el municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, zona fronteriza con Nicaragua. El operativo fue ejecutado por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la Dirección Nacional Policial Antidrogas, según informó la Policía Nacional de Honduras en un comunicado oficial.

    El detenido, un hombre de 37 años, conducía un vehículo tipo pick up procedente de El Salvador y tenía como destino final el municipio de El Triunfo. Tras una revisión minuciosa, los agentes encontraron el dinero distribuido en tres fardos: dos contenían $30,000 cada uno y un tercero $29,000, sumando un total de $89,000.

    La institución policial indicó que el ciudadano fue requerido “en flagrancia por suponerlo responsable del delito de lavado de activos, en perjuicio del orden socioeconómico y del Estado de Honduras”. Posteriormente, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para iniciar el proceso conforme a la legislación hondureña.

    En Honduras, la ley permite portar hasta $10,000 sin necesidad de declararlos, siempre que se justifique su origen. El Código Penal establece penas de hasta 13 años de prisión por el delito de lavado de activos, una figura que busca combatir el crimen organizado y el flujo ilícito de capitales en la región.

  • Fiscalía de Honduras pide captura internacional de Juan Orlando Hernández pese a indulto

    Fiscalía de Honduras pide captura internacional de Juan Orlando Hernández pese a indulto

    El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, instó este lunes a los cuerpos de seguridad nacional y a la Interpol a ejecutar una orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue indultado el pasado 28 de noviembre por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Zelaya informó que la petición busca hacer efectiva la detención del exmandatario por delitos de lavado de activos y fraude, vinculados al desvío de fondos públicos durante la campaña presidencial de 2013.

    “He instruido a la ATIC y exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional”, publicó el fiscal en su cuenta oficial en la red social X.

    El jefe del Ministerio Público aseguró que los señalamientos contra Hernández corresponden a una investigación que involucra también a exdiputados, empresarios y particulares.

    “Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país”, afirmó.

    Zelaya hizo el anuncio en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, que se conmemora cada 9 de diciembre. A la vez, informó la captura de Dulce María Villanueva Sánchez, exdirectora del DINAF, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión. “Nuestro compromiso es con la verdad y con la justicia”, reiteró el fiscal.

    El expresidente hondureño fue detenido en febrero de 2022 en Tegucigalpa, pocas semanas después de concluir su mandato. En abril de ese año fue extraditado a Estados Unidos, donde en junio de 2024 fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y tráfico ilegal de armas. Sin embargo, el 1 de diciembre fue liberado gracias a un indulto presidencial firmado por Trump dos días antes de las elecciones generales en Estados Unidos.

    Tras recibir el perdón, Hernández agradeció públicamente al presidente Trump. Previo a otorgar el indulto, el mandatario estadounidense también expresó su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional de Honduras, y pidió el voto para él en los comicios celebrados el 30 de noviembre.

    Asfura lidera el conteo preliminar de votos con 1,274,997 sufragios (40.52 %), seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,232,804 (39.18 %). En tercer lugar se ubica la candidata del oficialista Partido Libre, Rixi Moncada, con 608,139 votos (19.32 %), con el 97.46 % de las actas escrutadas.

     

  • Tribunal Constitucional de Perú archiva proceso penal contra Keiko Fujimori

    Tribunal Constitucional de Perú archiva proceso penal contra Keiko Fujimori

    El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó este lunes dejar sin efecto la acusación fiscal contra Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular, por presunta financiación ilícita de sus campañas de 2011 y 2016, al considerar que el proceso “carece de sustento jurídico”.

    Con cinco votos a favor de siete magistrados, el TC declaró fundada la demanda presentada por la defensa de la líder opositora, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y ordenó el archivo definitivo del caso, conocido como el ‘caso cócteles’.

    La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, argumentó que antes de noviembre de 2016 no existía una interpretación jurídica que considerara delito de lavado de activos el financiamiento electoral privado. Además, denunció que el Ministerio Público incorporó nuevos elementos en 2018 sin respetar el derecho a la defensa de su clienta.

    El fallo ordena al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolver “dentro del más breve término” la situación jurídica de Fujimori, teniendo en cuenta las consideraciones de la sentencia.

    El TC enfatizó que “no se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria”, sino que se constata la “inviabilidad de una imputación carente de sustento jurídico”.

    No obstante, la presidenta del TC, Luz Pacheco, emitió un voto disidente en el que calificó la demanda de “improcedente”, al sostener que no es función de un juez constitucional clasificar delitos o valorar la tipicidad penal de una conducta imputada.

    El llamado ‘caso cócteles’ investigaba a Fujimori y a miembros de su partido por recibir presuntamente dinero de grandes empresas privadas, como Odebrecht, para sus campañas presidenciales. La Fiscalía sostenía que ese financiamiento formaba parte de una estructura de “organización criminal”, y había solicitado incluso la disolución de Fuerza Popular.

    El pasado 2 de julio, el equipo fiscal del caso Lava Jato en Perú había ampliado la petición de pena a 35 años de prisión para Fujimori. Esta nueva acusación fue presentada tras la anulación del juicio oral que comenzó el 1 de julio de 2024, y que fue devuelto a etapa de acusación tras una resolución del mismo TC.

     

  • Expresidente peruano Toledo recibe segunda condena: 13 años y 4 meses de cárcel por lavado

    Expresidente peruano Toledo recibe segunda condena: 13 años y 4 meses de cárcel por lavado

    El expresidente de Perú, Alejandro Toledo (2001-2006), fue condenado este miércoles a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de lavado de activos en el denominado caso Ecoteva, la segunda sentencia en su contra por actos de corrupción cometidos durante su gobierno.

    La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima determinó que Toledo utilizó la empresa Ecoteva, constituida en Costa Rica por su suegra Eva Fernenbug, para adquirir propiedades en Lima y Tumbes con dinero ilícito transferido por las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa en forma de sobornos.

    La condena alcanza también a su esposa, Eliane Karp, su exjefe de seguridad Avraham Dan On, Shai Da On y Fernenbug, aunque en el caso de Karp y Fernenbug se reservó el proceso al ser consideradas reos en rebeldía, al encontrarse fuera del país. Además, David Esquenazi recibió 11 años de prisión como cómplice, mientras que Dan On fue sentenciado a 13 años y 4 meses.

    Actualmente, Toledo, de 79 años, cumple una primera condena de 20 años en la prisión de Barbadillo, donde también están recluidos otros expresidentes peruanos. Ese proceso está relacionado con los sobornos que recibió de Odebrecht a cambio de adjudicar tramos de la carretera Interoceánica.

    Durante la audiencia virtual, Toledo se declaró “desilusionado” con el sistema judicial, expresó su desacuerdo con la sentencia y anunció que presentará un recurso de nulidad.

    El tribunal, sin embargo, señaló que estaba probado que los fondos ilícitos sirvieron para cancelar hipotecas en sus residencias y que no existe justificación lícita para dichos recursos.

    La sala concluyó que Toledo, junto a su testaferro Josef Maiman y Avraham Dan On, se valió de empresas en Costa Rica y transferencias desde cuentas en Suiza para dar apariencia de legalidad a los sobornos. Entre 2006 y 2010, las operaciones simuladas confirmaron el acuerdo ilícito con Odebrecht y Camargo Correa.

    Según la legislación peruana, Toledo podría solicitar arresto domiciliario en marzo de 2026, cuando cumpla 80 años, en virtud de la ley humanitaria aprobada en 2023.