La defensa del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández anunció el martes que solicitará a la justicia que el exmandatario afronte en libertad el proceso penal por presunto fraude y lavado de activos, al considerar que su retorno voluntario al país demuestra que no existe riesgo de fuga.
La abogada Angie Colindres, integrante del equipo jurídico de Hernández, informó que la defensa prepara su estrategia para la audiencia de declaración de imputado programada para el próximo 3 de agosto, pocos días después del regreso del exgobernante a Honduras, previsto para el 26 de julio.
Durante esa audiencia, Hernández conocerá formalmente los delitos que le atribuye el Ministerio Público, sus derechos constitucionales y la medida cautelar que determine el juez encargado del caso.
«El expresidente Juan Orlando Hernández quiere estar en el país, quiere estar con su familia, quiere enfrentar este proceso, pero lo quiere enfrentar también en libertad», afirmó Colindres en declaraciones al canal Hable Como Habla (HCH).
La defensora explicó que uno de los principales argumentos será que Hernández solicitó regresar voluntariamente a Honduras tras recuperar su libertad en Estados Unidos, por lo que considera que no existe fundamento para alegar peligro de fuga.
El expresidente fue indultado a finales de 2025 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión que una corte de Nueva York le impuso en junio de 2024 por delitos relacionados con narcotráfico y armas.
En Honduras, Hernández deberá responder por un proceso relacionado con el presunto desvío de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013, dentro del caso de corrupción conocido como «Pandora II», en el que también figuran como acusados el expresidente Porfirio Lobo, exdiputados, empresarios y particulares.
La defensa adelantó además que solicitará un «sobreseimiento definitivo» durante la etapa procesal correspondiente. «Creemos en la inocencia de nuestro representado y lo vamos a demostrar en los órganos de justicia», enfatizó Colindres. Según la Fiscalía hondureña, la investigación señala que entre 2010 y 2013 operó una red de corrupción que habría facilitado el desembolso de más de 288 millones de lempiras, equivalentes a unos $10.8 millones, a favor de dos fundaciones.
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