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Etiqueta: Ministerio de Hacienda

  • La inversión pública ejecutada en 2025 creció 36 % y superó los $1,500 millones

    La inversión pública ejecutada en 2025 creció 36 % y superó los $1,500 millones

    La inversión pública ejecutada en 2025 registró un crecimiento de 36.4 % tras superar los $1,500 millones, según el informe de ejecución publicado por el Ministerio de Hacienda.

    De acuerdo con el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP), vigente al cierre de 2025, el monto programado ascendió a $3,100.99 millones, equivalente al 8.5 % del producto interno bruto (PIB).

    Del PAIP 2025, Hacienda reporta que se ejecutaron $1,538.61 millones, al menos $411.27 millones adicionales frente a los $1,127.34 millones registrados en 2024.

    Pese al aumento, el registro de Hacienda señala que el monto ejecutado en 2025 aún no supera el récord de 2023, cuando se alcanzaron $1,579.31 millones. Además, representó el 49.6 % del monto programado del PAIP 2025.

    Hacienda señala que el PAIP 2025 estaba conformado por 315 proyectos a cargo de 44 entidades estatales e incluía asignaciones financieras provenientes de aprobaciones de 2024 y 2025.

    Por actividad, el desarrollo social representó la mayor suma ejecutada en 2025, con $1,010.5 millones, equivalente al 65.6 % del total. Le siguen los proyectos vinculados al ámbito económico, con $488.36 millones (31.7 %), y seguridad pública y justicia, con $40.20 millones (2.6 %).

    Mayores ejecutores

    El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) tuvo el mayor monto asignado, con $643.66 millones correspondientes a 207 proyectos, de los cuales ejecutó $223 millones al cierre del año, equivalente al 34.6 %.

    El segundo monto más alto corresponde al Ministerio de Educación, con $601.70 millones distribuidos en 18 proyectos. Hacienda reporta que se ejecutaron $218.5 millones, un 36.3 %.

    Por proyectos, el mayor monto programado anual fue de $326.27 millones bajo la tutela de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) para infraestructura diversa, el cual se ejecutó casi por completo con $326.24 millones al cierre del año pasado.

    Caso contrario fue el proyecto de construcción del viaducto y ampliación del tramo de Los Chorros, en el cual el MOPT ejecutó $55.96 millones (24.5 %) de los $228.33 millones contemplados en el PAIP 2025.

    El Ministerio de Educación ejecutó $30.53 millones de los $200 millones programados para el proyecto Crecer y Aprender Juntos, así como $27.08 millones de los $183.27 millones del programa Mi Nueva Escuela.

    La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) cerró con una ejecución de $64.89 millones de los $155.14 millones que contemplaba la construcción y el equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico.

    La DOM también cerró con una ejecución casi completa de los $144.39 millones asignados para el programa de obras municipales de infraestructura vial.

    El Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) tenía dos proyectos: uno de $100.54 millones para inversiones adicionales al mantenimiento, de los cuales ejecutó $81.38 millones, y otro de $80.80 millones para mantenimiento rutinario de las vías pavimentadas, de los que ejecutó $63.55 millones.

    El programa de reducción de la brecha digital en los centros escolares, a cargo del Ministerio de Educación, cerró con $92.87 millones ejecutados de los $94.39 millones programados.

    Hacienda reporta también que el Ministerio de Salud tenía programados $80.02 millones para el proyecto Creciendo Saludables Juntos, pero solo ejecutó $23.4 millones.

    Estos 10 proyectos representan $1,593.15 millones, con una participación del 51.45 % del PAIP 2025, de los cuales se ejecutaron $910.26 millones.

  • Alertan estafas con falsas devoluciones de renta en El Salvador

    Alertan estafas con falsas devoluciones de renta en El Salvador

    Ciberdelincuentes están enviando falsos correos electrónicos sobre supuestas devoluciones aprobadas para estafar a los contribuyentes salvadoreños, advirtió la empresa de seguridad informática ESET.

    La modalidad consiste en mensajes que informan de manera engañosa sobre una devolución disponible y contienen enlaces para “consultar” o “reclamar” el dinero. Sin embargo, estos vínculos redirigen a sitios web fraudulentos diseñados para capturar información confidencial como contraseñas, números de tarjetas de crédito o datos personales, utilizando técnicas de ingeniería social para generar confianza o urgencia.

    “Mediante estrategias de camuflaje y aprovechando estrategias de ingeniería social, estos sitios logran que el usuario ingrese datos sensibles o privados como números de tarjetas de créditos, de teléfono o direcciones con el objetivo final de estafar”, advirtió Benjamín Carpio, country Manager de ESET El Salvador.

    De acuerdo con el ESET Security Report (ESR) 2025, El Salvador ocupa el cuarto lugar en América Latina con mayor tasa de detecciones de malware por usuario con acceso a internet, con más del 15 %. Además, un 27 % de las empresas consultadas afirmó haber sufrido un ciberataque en el último año. El informe también señala que los organismos gubernamentales continúan entre los principales sectores atacados en la región.

    Ante esta situación, el Ministerio de Hacienda reiteró que la única forma oficial para consultar el estado de la declaración o devolución de renta es a través del portal http://mh.gob.sv o llamando al 2299-9999.

    Especialistas de ESET recomiendan verificar la URL antes de ingresar datos, confirmar que el sitio utilice conexión segura (HTTPS), no proporcionar información personal en páginas desconocidas, mantener actualizado el antivirus y denunciar cualquier sitio sospechoso.

    Las autoridades advierten que cualquier usuario puede ser víctima, especialmente personas mayores, usuarios con poca experiencia digital o quienes navegan con prisa.

     

     

  • El pago de intereses por la deuda rompió récord en 2025 tras superar los $1,755 millones

    El pago de intereses por la deuda rompió récord en 2025 tras superar los $1,755 millones

    El presupuesto que destinó el Ministerio de Hacienda para pagar los intereses por el servicio de la deuda marcó una cifra récord en 2025, luego de superar los $1,755.9 millones, según estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR).

    El monto devengado aumentó en $135.2 millones respecto a los $1,620.7 millones reportados en 2024, equivalente a un crecimiento del 8.3 %.

    De acuerdo con el BCR, que retoma estadísticas del Ministerio de Hacienda, cada año aumenta el presupuesto asignado para el pago de intereses. Estas obligaciones rompieron por primera vez la barrera de los mil millones en 2020, cuando alcanzaron los $1,081.4 millones, en medio de una crisis fiscal derivada de la contracción económica de ese año por la pandemia de covid-19.

    El pago de los intereses es uno de los mayores compromisos del gobierno, derivado de la contratación de más deuda en condiciones menos favorables. En repetidas ocasiones, economistas han advertido que esto significa un sacrificio fiscal, ya que el Ejecutivo debe destinar más recursos a esta obligación en detrimento de proyectos de inversión pública.


    En ese sentido, el Banco Central registra que el pago de intereses representó un 18.07 % de los ingresos y donaciones que obtuvo el gobierno al término de 2025, cuando alcanzaron los $9,716 millones. Si solo se consideran los ingresos tributarios netos —un reflejo de la dinámica económica—, significaron un 21.8 %.

    El pago de intereses también superó a la inversión bruta ejecutada por el gobierno, que alcanzó los $1,569.7 millones, la mayor cifra registrada hasta la fecha en el registro del BCR que data de 1990.

    Advertencia de Moody’s Ratings

    En la última revisión a la calificación de Moody’s Ratings a El Salvador, la agencia modificó de estable a positiva la perspectiva de riesgo, pero mantuvo la nota en B3, bajo el argumento de que el gobierno aún enfrenta una alta carga de deuda y baja asequibilidad, lo que limita su fortaleza fiscal, aun con las mejoras experimentadas gracias al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    En su análisis, publicado el 6 de febrero, Moody’s señala que la relación entre intereses e ingresos fue del 18.4 % en 2025, mientras que la deuda pública representó un 88.3 % del producto interno bruto (PIB). “Están muy por encima de los pares calificados de manera similar”, indicó.

    “Incluso bajo nuestra línea de base, que incorpora la consolidación fiscal continua, estas métricas mejorarán solo gradualmente. Esperamos que la relación de deuda disminuya en el horizonte del programa hasta el 84.2 % para 2028 y que la asequibilidad de la deuda se deteriore un poco hasta el 19.5 %, a pesar de un acceso a los mercados más predecible”, advirtió.

    De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, un 24 % de la deuda pública está contratada a tasas mayores al 9 %, mientras que un 19 % tiene cupones entre 8 % y 9 %. Por un 34 % de los títulos se paga entre 6 % y 8 %, y el restante 23 % tiene intereses menores al 6 %.

  • Ventas de cervezas y alcohol dejaron menos ingresos de lo previsto por Hacienda en 2025

    Ventas de cervezas y alcohol dejaron menos ingresos de lo previsto por Hacienda en 2025

    El Ministerio de Hacienda recibió en 2025 menos ingresos tributarios de los previstos en el presupuesto por la venta de cervezas y productos alcohólicos, según el último informe publicado en el portal de Transparencia Fiscal.

    La comercialización de estos productos está gravada con el impuesto selectivo al consumo, que se aplica a bienes que afectan la salud de las personas o el medioambiente. En El Salvador, este tributo también incluye cigarrillos, gaseosas y bebidas no carbonatadas, armas y municiones, así como combustibles.

    En conjunto, esta categoría generó ingresos por $245.1 millones en 2025. Aunque representó un aumento de $9.2 millones (3.9 %) respecto a 2024, el monto quedó $7 millones (2.8 %) por debajo de la proyección presupuestaria.

    Estos ingresos apenas representaron un 3 % de los más de $7,986.1 millones que recibió el fisco al cierre de 2025.

    Tal como se anticipaba, los ingresos por la venta de cervezas y bebidas alcohólicas no alcanzaron la meta establecida por Hacienda, en un año marcado por la implementación de la política de tolerancia cero al alcohol, tras una reforma aprobada en diciembre de 2024. Empresarios del sector restaurantero y distribuidores habían advertido una menor demanda debido al temor a detenciones inmediatas.

    De acuerdo con Hacienda, la recaudación por productos alcohólicos superó los $32.5 millones, pero fue $1.9 millones inferior a la proyección, equivalente a un 5.6 %. En comparación con 2024, el crecimiento fue marginal, de apenas $200,000 (0.7 %).

    En el caso de las cervezas, que suelen registrar un mayor consumo, la recaudación alcanzó los $103.5 millones. Sin embargo, esta cifra fue $8.4 millones (7.5 %) menor a lo presupuestado y $500,000 (0.5 %) inferior a la obtenida en 2024.

    Menores ingresos en cigarrillos y gaseosas

    La venta de cigarrillos también dejó ingresos por debajo de lo previsto, con una recaudación de $28.4 millones, un 2.5 % menos que la meta. No obstante, en comparación con 2024, este rubro creció un 4.2 %.

    Por su parte, Hacienda obtuvo $72 millones por la venta de gaseosas y otras bebidas no carbonatadas, un 4.5 % menos frente a la proyección presupuestaria, aunque un 2.4 % más que en 2024.

    En cuanto a la venta de armas, municiones, explosivos y productos similares, el fisco recaudó $900,000, lo que representó una caída de 27.8 % respecto al presupuesto y de 20.3 % en relación con el año anterior.

    Los ingresos ad valorem sobre combustibles sumaron $7.9 millones, una cifra superior al $1 millón registrado en 2024. En este caso, Hacienda no había establecido una proyección presupuestaria.

  • Hacienda prevé bajar el déficit fiscal a 2.6 % del PIB en 2029

    Hacienda prevé bajar el déficit fiscal a 2.6 % del PIB en 2029

    El Ministerio de Hacienda prevé que el déficit fiscal se reduzca a un 2.6 % del producto interno bruto (PIB) en 2029, como parte de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    Esta meta está contenida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2029, publicado en el portal de Transparencia Fiscal a finales del año pasado, donde se detallan los ajustes previstos en las finanzas públicas para contener el elevado nivel de deuda, en el contexto de un ajuste fiscal equivalente a 3.5 puntos porcentuales del PIB, acompañado por el FMI.

    Hacienda identifica como uno de los principales indicadores fiscales del sector público no financiero (SPNF) la reducción del déficit fiscal, con pensiones, el cual pasaría de un 3 % del PIB al cierre de 2025 a un 2.6 % en 2029.

    El déficit fiscal, en términos sencillos, ocurre cuando el gobierno gasta más de lo que recauda, principalmente por impuestos. Esta brecha suele financiarse con deuda, que en muchos casos se contrata en condiciones poco favorables y con tasas de interés elevadas.

    Este fenómeno genera un efecto acumulativo, ya que el aumento de la deuda y de los intereses obliga al Estado a destinar una mayor proporción del presupuesto al servicio de estas obligaciones, en detrimento, en algunos casos, de la inversión pública. Frente a ello, el programa con el FMI contempla medidas orientadas a dos frentes: el aumento de ingresos y la contención del gasto.

    En el informe, Hacienda señala que las metas previstas permitirán incrementar los “ingresos fiscales mediante los esfuerzos de la administración tributaria y aduanera, mejorando la gestión administrativa; así como una serie de acciones para contener el gasto, que contribuirán a reducir el déficit fiscal”, con lo cual se busca colocar la trayectoria de la deuda pública en relación con el PIB en una senda descendente y asegurar su sostenibilidad.

     

    Trayectoria del déficit

    El déficit fiscal se disparó en 2020 hasta un 10 % del PIB, desde un 3.1 % en 2019, como resultado del aumento del gasto público durante la crisis económica provocada por la pandemia de covid-19. En 2021 se redujo a un 5.5 %, y en 2022 descendió a un 2.7 %.

    En 2023 volvió a incrementarse a un 4.7 % y se mantuvo en un 4.5 % en 2024. Hacienda proyecta que el déficit se reduzca a un 3 % en 2025 y continúe a la baja hasta un 2.3 % en 2026 y un 2.4 % en 2027.


    Para 2028 se anticipa un repunte a un 3 %, mientras que en 2029 se ubicaría nuevamente en un 2.6 %, siempre que en los próximos años no ocurra un evento que distorsione esta trayectoria.

    Aunque el déficit disminuya como proporción del PIB, su valor monetario puede aumentar. De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR), entre enero y noviembre se acumuló una brecha de $1,058.5 millones, $20.1 millones más que en igual período de 2024.

    Si esta tendencia se mantuvo en diciembre, el déficit fiscal cerraría en una cifra inferior a los $1,608.9 millones registrados al cierre de 2024. A noviembre, el saldo del déficit representó un 2.8 % del PIB estimado para 2025, que, según Hacienda, rondaría los $36,602 millones.

  • Los desastres ambientales amenazan las metas para reducir la deuda en El Salvador

    Los desastres ambientales amenazan las metas para reducir la deuda en El Salvador

    Los desastres medioambientales son los mayores riesgos para que el fisco salvadoreño logre cumplir las metas de reducir el peso de la deuda a un 89 % del producto interno bruto (PIB) en 2029, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2029, publicado en Transparencia Fiscal.

    El documento fue elaborado por el Ministerio de Hacienda en el marco del programa de $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el cual se define la hoja de trabajo para realizar un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del PIB que ordene las finanzas públicas.

    Una de las principales metas es reducir en 5.4 puntos porcentuales del PIB la deuda, que pasaría de un 87.4 % en 2024 a un 82 % en 2029.

    ¿Qué podría frenar este objetivo?

    El documento plantea que se utilizó una herramienta del FMI para evaluar los riesgos fiscales (FRAT, por sus siglas en inglés), la cual encontró que los “asociados a los desastres medioambientales” son los de mayor importancia, porque “podrían generar un impacto fiscal alto y tienen una probabilidad de materialización alta”.

    El documento expone que la ubicación geográfica y las características socioeconómicas convierten a El Salvador en un territorio altamente vulnerable al cambio climático y a la ocurrencia de desastres medioambientales, cuya materialización se traduce en daños y pérdidas que impactan las finanzas públicas.

    “Los riesgos del cambio climático y los desastres naturales impactan las finanzas públicas a través de daños a la infraestructura pública, pérdidas en la producción, aumento del gasto público, reducción de los ingresos fiscales, disminución de la recaudación tributaria por contracción económica y aumento de la deuda pública”, sostiene.

    El cóctel de crisis está conformado así: el 88.7 % del territorio salvadoreño es considerado “zona de riesgo”, mientras que un 63 % presenta amenaza sísmica alta y muy alta; un 38 % es susceptible a deslizamientos; un 35 % a sequías y un 15 % a inundaciones.

    Según la evaluación, un sismo de gran magnitud generaría desviaciones que se traducirían en una reducción de 1.5 puntos porcentuales del PIB, así como un aumento de 2 % del déficit fiscal y un 3.9 % de la deuda pública.

    Ante esto, Hacienda estima que los pasivos contingentes por la ocurrencia de terremotos, sequías y exceso de lluvias costarían $665 millones en los próximos cinco años, un 1.81 % del PIB.

    Otros riesgos

    Hacienda también advierte de riesgos específicos como los derivados de empresas públicas, gobiernos locales, garantías soberanas y asocios público-privados (APP).

    El documento señala que la deuda municipal ha representado un promedio de un 2.1 % del PIB en los últimos 14 años. En 2024, el saldo sumó $766.5 millones, de los cuales Hacienda asume $473.2 millones, mientras que $293.3 millones son responsabilidad directa de las municipalidades.

    Además, recuerda que la gestión financiera de las empresas públicas no financieras (EPNF) puede convertirse en ingresos al fisco o en una carga, si requiere subsidios, rescates o afecta la calificación crediticia.

    Actualmente, El Salvador solo tiene un APP en ejecución con la terminal de carga del Aeropuerto Internacional. La figura de un APP permite que un privado administre un bien o servicio público por un tiempo, con el compromiso de inversión.

    Según el análisis de Hacienda, este proyecto es autosostenible y no requiere garantías ni pagos firmes del gobierno.

  • Hacienda prevé inversión de $1,543 millones anuales en obra pública entre 2025 y 2029

    Hacienda prevé inversión de $1,543 millones anuales en obra pública entre 2025 y 2029

    El Ministerio de Hacienda proyecta una ejecución de inversión pública anual de $1,542.2 millones en los próximos cuatro años, de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2029, publicado en el marco del programa de asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).

    Dicho documento plantea las metas como parte del ajuste fiscal de 3.5 % del producto interno bruto (PIB) para contener el alto nivel de endeudamiento público y el déficit fiscal, sin comprometer la inversión pública, que, según analistas, es clave para el desarrollo económico.

    “En términos de valores devengados, la inversión pública para el período 2025-2029 se proyecta que se ejecutará a un promedio anual del orden de $1,542.2 millones, lo que representa el 68.7 % del total programado”, señala el informe disponible en Transparencia Fiscal.

    Hacienda estima que la inversión pública representará un promedio de 4.2 % del PIB hasta 2029, por arriba del 3.7 % registrado en 2024, cuando sumó $1,300 millones.

     

    Proyectos para los próximos cuatro años

    El documento detalla los 12 proyectos más importantes que, según el gobierno, se ejecutarán en los próximos años. Algunos comienzan en 2025 o concluyen antes del período de consolidación fiscal.

    Hacienda detalla que la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) mantendrá tres proyectos, enfocados en infraestructura diversa a nivel nacional, red vial y equipamiento de centros educativos.

    Según el documento, el gobierno tiene una inversión prevista de $1,002.6 millones en infraestructura diversa a nivel nacional de 2025 a 2029, mientras que para la red vial destinará $704.9 millones, en este caso de 2026 a 2029.

    Para los centros educativos intervenidos por la DOM se tiene prevista una inversión de $373.8 millones de 2026 a 2029.

    La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) dispondrá de $309 millones para la construcción y equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico, en La Unión, entre 2025 y 2029.

    Por su parte, el Ministerio de Educación recibiría $305.9 millones de 2025 a 2028 para el programa Crecer y Aprender Juntos. Para 2029 no se tiene monto programado.

    De 2025 a 2028, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) administrará $293.1 millones para la construcción del viaducto y la ampliación de la carretera CA01W, en el tramo de Los Chorros, mientras que Educación tendrá, en igual período, $231.8 millones para el programa Mi Nueva Escuela.

    El documento detalla que el Fovial dispondrá de $225.4 millones, monto que abarca de 2027 a 2029, para el mantenimiento rutinario de las vías a nivel nacional, así como $161 millones para mantenimiento periódico.

    El Ministerio de Salud tiene dos proyectos: uno de $183.7 millones para Creciendo Saludables Juntos y otro de $173.3 millones para el programa de Salud Inteligente e Integral (Prosint).

    En 2026 comenzará la programación de $160.4 millones que tendrá el MOP hasta 2029 para la construcción del bypass de Apopa.

    En estos 12 proyectos se ejecutará una inversión de $4,124.9 millones entre 2025 y 2029.

  • Partidos políticos han recibido al menos $174.7 millones en financiamiento desde 2014

    Partidos políticos han recibido al menos $174.7 millones en financiamiento desde 2014

    Los partidos políticos salvadoreños recibieron al menos $174,794,833.76 en financiamiento desde 2014 hasta 2024 según los datos del último «Informe sobre financiamiento 2024 y la transparencia de los partidos políticos en 2024» de la organización Acción Ciudadana (AC).

    En 11 años de datos, los institutos políticos salvadoreños registran un financiamiento público de al menos $89,907,601.57 o deuda política y otros $84,887,232.19 en financiamiento privado, es decir, donaciones de personas naturales y jurídicas.

    Los datos indican que, si bien el financiamiento público ha sido ligeramente predominante, también el apoyo privado ha tenido un papel relevante, especialmente durante los años electorales en los que los partidos aumentan sus gastos.

    Los registros muestran que una mayor cantidad de dinero fue reportada en 2014 con $42,275,027.11  y 2018, con $29,373,729.29.

    Acción Ciudadana consideró en el informe que los «datos evidencian una dependencia del financiamiento respecto al ciclo electoral» y la capacidad de hacer fluir recursos en esos períodos.

    La AC recalcó que los montos de financiamiento podrían incluso ser mayores a los reportados en el informe, porque «no todos los partidos han presentado información completa» sobre sus donantes y los montos recibidos de financiamiento.

    Los años con más financiamiento según reportes de Acción Ciudadana fueron:

    • $42,275,027.11 en 2014.
    • $29,373,729.29 en 2018.
    • $23,470,857.85 en 2021.
    • $19,883,611.80 en 2015.
    • $19,572,763.98 en 2019.

    Los partidos Nuevas Ideas, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) y el Partido de Concertación Nacional (PCN) no entregaron la información de sus estados financieros a AC para el estudio.

    Mientras, el Ministerio de Hacienda no ha divulgado el detalle completo de los montos exactos que recibió cada partido como deuda política en los años 2021 y 2024, por lo que el total reportado podría ser superior al registrado por Acción Ciudadana.

    ¿Quiénes han recibido mayor financiamiento?

    Acción Ciudadana enfatizó que los datos no incluyen los montos individuales recibidos por los partidos, porque desde 20214 el Ministerio de Hacienda no desglosa la cantidad que recibió cada instituto.

    Según las estimaciones de Acción Ciudadana, solo Nuevas Ideas por la cantidad de votos reportada debió recibir al menos $39,730,771.77 en deuda política.

    Sin embargo, los datos disponibles muestran que cuatro partidos concentrarían la mayor cantidad de fondos.

    El informe señala que desde 2014, el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) recibió $74,501,266.13 en financiamiento público y privado. Le sigue el FMLN con $40,586,219.60. Luego, se reporta deuda política no especificada a su destinatario por un monto de $30,459,208.20.

    Después, se encuentra Gana con $12,405,821.25 de fondos privados y públicos. Le sigue el PCN con $7,380,370.42 y Democracia Salvadoreña con $3,360,522.69. Aún más abajo se encuentra Nuevas Ideas con $1,407,297.57; y Vamos, con $231,376.13.

    A partir de 2027, los partidos ya no recibirán la deuda política porque fue eliminada por la Asamblea Legislativa.

  • Ingresos del fisco crecen $554 millones en los primeros 10 meses del año

    Ingresos del fisco crecen $554 millones en los primeros 10 meses del año

    El fisco salvadoreño recibió $554.7 millones adicionales en los primeros 10 meses del año en comparación con 2024, según el Ministerio de Hacienda.

    De enero a noviembre, los ingresos tributarios y contribuciones —reflejo de la dinámica económica— rebasaron los $7,352.4 millones, equivalente a un crecimiento interanual de 8.2 % frente a los $6,797.7 millones registrados en igual período de 2024.

    Frente a la proyección presupuestaria, Hacienda reporta un incremento de $226.9 millones, un 3.2 %.

    Un 89.5 % de los ingresos tributarios procedió del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto sobre la Renta (ISR), uno cargado al consumo y otro a los ingresos de asalariados y a las ganancias de las empresas.

    De acuerdo con Hacienda, el IVA dejó al tesoro salvadoreño $3,480.8 millones, equivalente a $288.8 millones (9 %) más en comparación con los resultados de 2024, mientras que, frente al presupuesto, el crecimiento fue más moderado, de $91 millones (2.7 %).

    Los ingresos por renta, en tanto, experimentaron un crecimiento interanual de 6.7 % luego de sumar $3,104.1 millones, al menos $194.7 millones adicionales respecto a 2024, o $94.1 millones (3.1 %) en relación con la proyección presupuestaria.

    Rubros de mayor crecimiento

    Hacienda reporta que los ingresos por derechos arancelarios a la importación mostraron un fuerte crecimiento interanual de 14.1 %, mientras que el rubro de otros impuestos y gravámenes diversos repuntó 16.9 %.

    Los derechos arancelarios sumaron $351.5 millones y otros impuestos representaron $117.7 millones. En esta última categoría se incluyen los ingresos por transferencias de bienes raíces, impuesto por la primera matrícula, primas de seguros y transferencias (Ley de Agentes Extranjeros).

    Entretanto, los impuestos selectivos al consumo crecieron 3.4 %. De enero a noviembre, el fisco salvadoreño recaudó $221.8 millones por la venta de productos alcohólicos, cervezas, cigarrillos, gaseosas y armas.

    Las contribuciones especiales totalizaron $76.5 millones, un crecimiento de 4.7 % frente a 2024.

    De acuerdo con Hacienda, los ingresos tributarios más los no tributarios —tasas y derechos— superaron los $7,638.4 millones, lo que significó $581.4 millones (8.2 %) más que en 2024; sin embargo, en relación con el presupuesto se redujeron $21.6 millones (0.3 %).

  • Hacienda proyecta reducción gradual de la deuda pública hasta 82 % del PIB en 2029

    Hacienda proyecta reducción gradual de la deuda pública hasta 82 % del PIB en 2029

    El Ministerio de Hacienda prevé un descenso de la deuda a partir de 2026 hasta que llegue a un 82 % del producto interno bruto (PIB) en 2029, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2029, publicado en Transparencia Fiscal.

    Este informe es uno de los compromisos asumidos por el gobierno salvadoreño ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte del acuerdo por $1,400 millones, cuyo principal fin es ordenar las cuentas fiscales. Además, se enmarca en los parámetros definidos en la Ley de Sostenibilidad Fiscal para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

    De acuerdo con las proyecciones, la deuda del sector público no financiero (SPNF) se mantendrá con una “trayectoria estable y decreciente” entre 2025 y 2029, a través de la implementación de medidas de corrección fiscal que implicarán un ajuste de 3.5 puntos porcentuales del PIB.

    El documento plantea como meta una reducción de 5.4 puntos porcentuales en relación con el PIB entre 2024 y 2029, que pasaría de un 87.4 % a 82 %.

    Con dicha reducción se cumpliría la meta establecida en la Ley de Sostenibilidad Fiscal, aprobada en junio de 2025, que fija un límite de endeudamiento no mayor del 80 % del PIB para 2030.


    Hacienda propone esa reducción del peso de la deuda mediante un ajuste en el superávit primario —más ingresos que gastos— y un crecimiento económico sostenido.

    Para este período se prevé un superávit primario promedio de 3.3 % del PIB, menor en relación con la tasa de 4.2 % registrada al cierre de 2024, mientras que el déficit fiscal —más gastos que ingresos— llegaría a 2.6 % en 2029.

    En cuanto al crecimiento económico, Hacienda considera que las medidas económicas y fiscales permitirán “mejorar la capacidad estructural de la economía, logrando crecer sin crear presiones inflacionarias, aumentando en el mediano plazo el crecimiento del PIB potencial y una mayor resiliencia ante choques externos”.

     

    Indicadores fiscales 2025-2029:
    – Reducción de 5.4 puntos porcentuales de la relación de la deuda con el PIB entre 2024 y 2029, que pasaría de 87.4 % a 82 %.
    – El déficit fiscal se reduciría gradualmente hasta llegar a 2.9 % en 2029.
    – El balance primario —más ingresos que gastos sin incluir intereses— sería de 1.9 % en 2025 y aumentaría hasta 3.7 % en 2027 y 4.2 % en 2029.
    – La inversión pública alcanzaría un promedio de 4.2 % del PIB.
    – El gasto público total pasaría de 29.4 % del PIB en 2025 a 29.2 % en 2029. El gasto corriente llegaría a 25.2 % del PIB en 2029.

     

    Riesgos: ¿qué podría frenar el cumplimiento de esta meta?

    Sin embargo, el informe advierte que el costo de la deuda es el principal “factor de presión al alza”. Si bien el superávit fiscal reduciría la deuda en 16.6 % del PIB y el crecimiento económico en 12 %, las altas tasas de interés la incrementarían en 24 %.

    También señala los riesgos asociados a los desastres medioambientales como uno de los mayores obstáculos, según una medición realizada con la herramienta para la evaluación de riesgos fiscales (FRAT), desarrollada por el FMI.

    “Estos podrían generar un impacto fiscal alto y tienen una probabilidad de materialización alta”, agrega, al ejemplificar que la ocurrencia de dos desastres —como un sismo o exceso de lluvias— podría reducir el crecimiento del PIB en 2 %, aumentar el déficit fiscal en 4.2 % y elevar la deuda en 6.6 %.

    Además, menciona “riesgos específicos” derivados de las empresas públicas, los asocios público-privados (APP), los gobiernos locales y las garantías soberanas, aunque aclara que generarían un “impacto fiscal bajo y una probabilidad de materialización media o baja”.

    En el informe, Hacienda también destaca “incrementos sostenidos” de la recaudación tributaria —al menos $2,858 millones entre 2020 y 2024— debido a medidas administrativas para mejorar y modernizar la administración tributaria, ampliar la base de contribuyentes y promover la equidad del sistema, sin aumentar impuestos.