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  • El 45 % de los estudiantes de la escuela estatal ESIT busca empleo

    El 45 % de los estudiantes de la escuela estatal ESIT busca empleo

    Un 45.4 % de los estudiantes inscritos en la Escuela Superior de Innovación y Tecnología (ESIT) busca empleo, según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en conjunto con la Secretaría de Innovación de la Presidencia.

    El documento diseña un perfil de los estudiantes activos en diferentes programas de educación superior.

    Según el informe, hasta junio de 2025, el ESIT contó con 3,720 estudiantes activos distribuidos en las carreras de ciberseguridad, desarrollo de software en código abierto, operación de centros de datos y servicios en la nube.

    El PNUD destaca un 37.9 % de los alumnos son empleados del sector privado que tomaron la decisión de continuar formándose en el área de innovación y tecnología.

    El ESIT también registra que un 16.7 % de sus estudiantes son empleados del sector público.

    El perfil de los alumnos refleja que un 69.2 % son hombres y un 30.8 % son mujeres.

    La oficina de las Naciones Unidas considera un “logro” de los más “significativos” la ESIT para el fortalecimiento del talento digital de la mano con la oferta educativa especializada.

    “La institución ha ampliado su alcance a la diáspora salvadoreña, con más de 1,000 personas formándose desde el exterior”, añadió el PNUD.

     

    Estudiantes

    En el documento se aseguró que la ESIT ha formado a más de 38,000 estudiantes en cursos especializados y gratuitos.

    La Escuela Superior tiene habilitados 21 webinars sobre temáticas relacionadas con inteligencia artificial, seguridad en la nube, realidad virtual y automatización, los cuales son ejecutados en asocio con las empresas Google Cloud, Fortinet, Cisco, GBM Academia y Huawei.

    También se suman 188 cursos activos en ciencias de datos e inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad, redes, tecnologías emergentes, alfabetización digital, gobernanza y metodologías ágiles.

    El PNUD recordó que los programas y la oferta educativa de la ESIT son gratuitos, y que las personas pueden acceder a los mismos desde cualquier parte del mundo.

     

    Otros programas

    Tanto los organismos internacionales como los empresarios han recalcado la importancia de formar al talento humano en competencias más especializadas como el ámbito digital.

    Según el PNUD, un 40 % de los hogares en el país no cuentan con una computadora, por lo que se destaca que en el país existen desigualdades estructurales que limitan el desarrollo de competencias.

    La oficina de la ONU ve positiva la implementación del proyecto Lamarr, financiado por la Unión Europea (UE), con el que se apoya a mujeres y niñas en los rubros de las ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas (Steam, por sus siglas en inglés).

    Un grupo de expertos, entre miembros del gobierno, academia, organizaciones sin fines de lucro (ONG) y negocios aseguró que el país posee las competencias digitales básicas de estudio en las escuelas públicas.

    Por su parte, un 30 % de estos encuestados aseguró que solo en algunas instituciones se tienen este tipo de pláticas en rubros como robótica, tecnologías interactivas y ciudades digitales.

    Dentro del rubro formativo también mencionan los programas gubernamentales en alianza con empresas privadas de Talento Tech, Expand Academy, Habilidades técnicas en la nube y English to Connect.

  • Relatora de la ONU señala “alarmante erosión del Estado de derecho” por caso Ruth López

    Relatora de la ONU señala “alarmante erosión del Estado de derecho” por caso Ruth López

    La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, informó este miércoles que escribió al gobierno de El Salvador porque está “profundamente preocupada por el caso de Ruth Eleonora López Alfaro”, capturada en El Salvador desde el 18 de mayo de 2025, trasladada a un centro penitenciario y contra quien Probidad «habría iniciado una revisión patrimonial» nueve años después.

    “La detención prolongada de Ruth López refleja una alarmante erosión del Estado de derecho en El Salvador”, señaló.

    En un hilo publicado en X, la representante señaló que López Alfaro está bajo detención en un “régimen de incomunicación” y que parece que se están violando “los principios más básicos del debido proceso y la independencia judicial”.

    Indicó que la detención sin orden judicial y el incumplimiento del plazo constitucional de 72 horas para presentar cargos es “detención arbitraria conforme al derecho internacional”, y señaló la reserva total del caso.

    “Me alarma saber que el 6 de julio fue trasladada al penal de máxima seguridad de Izalco, nuevamente incomunicada y a pesar de una orden judicial que citaba preocupaciones médicas”, indicó.

    La relatora señaló que es preocupante que el 21 de julio la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia “habría iniciado una revisión patrimonial de sus declaraciones de 2016”, “nueve años después de haberse presentado”.

    “Parece ser una táctica para fabricar legitimidad administrativa a fin de sustentar cargos penales, lo cual podría constituir una violación del principio de legalidad”, reclamó.

    La relatora manifestó el pasado 6 de junio su preocupación por la captura de la jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la asociación Cristosal. En esa ocasión, manifestó que las normas internacionales exigen que los juicios sean públicos como garantía contra el abuso, la represalia y la instrumentalización del sistema judicial. “Seguiré de cerca este caso”, indicó.

    López fue acusada formalmente el 2 de junio del delito de enriquecimiento ilícito, aunque las autoridades informaron en X que la acusarían del delito de peculado. Fue trasladada de la delegación de Tránsito a la granja penitenciaria de Izalco, en Sonsonate, el 4 de julio.

  • Cancillería lanza programa de protección a migrantes salvadoreños retornados

    Cancillería lanza programa de protección a migrantes salvadoreños retornados

    El Ministerio de Relaciones Exteriores lanzó el martes el «Proyecto para la protección de personas en movilidad» que busca ampliar la asistencia, programas de protección y servicios para los migrantes salvadoreños. Expertos migratorios han pedido la implementación de un plan integral que aborde el área psicosocial de los retornados.

    La Cancillería salvadoreña afirmó que el proyecto será implementado durante dos años y contará un con financiamiento de $3.4 millones, proveídos por el Fondo Multidonante para la Migración y será ejecutado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

    La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Cindy Portal, aseguró durante la presentación del proyecto que el proyecto busca:

    • Fortalecer la capacidad institucional para brindar asistencia diferenciada y humanitaria.
    • Implementar estrategias de comunicación y sensibilización sobre derechos humanos y migración irregular.
    • Fortalecer los mecanismos de reintegración económica a través del empleo, formación, certificación profesional y fomento de emprendimientos.

    El proyecto será implementado en San Salvador, San Miguel y Santa Ana, por haber sido identificados como territorios «con alta presencia de personas en condiciones de movilidad» y que requieren de «atención prioritaria».

    “Este nuevo esfuerzo también busca generar conciencia sobre los riesgos asociados a la migración irregular en municipios priorizados, mediante un enfoque intersectorial e inclusivo. Con un enfoque basado en derechos humanos y sostenibilidad, el proyecto contará con un presupuesto de 3.4 millones de dólares y se desarrollará durante un período de 24 meses». Cindy Portal, viceministra de Diáspora y Movilidad Humana.

    Portal aseguró durante su discurso que el proyecto contempla también «un enfoque multifactor» que incorporará a gobiernos locales, organizaciones de sociedad civil, asociaciones de migrantes retornados y sector privado. «Esta articulación permitirá ofrecer una respuesta contextualizada, cercana y efectiva en los territorios priorizados», indicó.

    Le puede interesar: Expertos urgen plan integral de atención para salvadoreños deportados desde Estados Unidos

    Por otro lado, el jefe de misión para El Salvador de la OIM, Nicola Graviano, aseguró que este proyecto será muy importante para el «fortalecimiento de las capacidades institucionales» para atender a los migrantes deportados y así brindar respuestas para que estos «puedan tomar decisiones acertadas» en cuanto a movilidad.

    En el evento participó el representante adjunto y oficial a cargo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFA), Mario Iraheta; la director junta del Programa Mundial de Alimentos en El Salvador, Carolina Barreto; representantes del cuerpo diplomático en El Salvador y funcionarios del gobierno salvadoreño.

    La viceministra de Diáspora, Cindy Portal, aseguró que el proyecto contempla el apoyo de organizaciones de sociedad civil, gobiernos locales y asociaciones de migrantes. / Cancillería de El Salvador.

    Los expertos migratorios César Ríos de Agenda Migrante y Celia Medrano han urgido al gobierno salvadoreño la implementación de un plan integral para atender a los salvadoreños que están siendo deportados desde Estados Unidos.

    Medrano aseguró que la atención brindada a los migrantes debe ser diferenciada en cuanto a género y derechos humanos, además, de considerar atención psicosocial y facilitar «medios de vida» para los deportados que en su mayoría son hombres adultos, de baja escolaridad.

    Desde enero hasta junio de 2025, Estados Unidos ha enviado a El Salvador 85 vuelos con deportados según los datos del informe de la organización Witness at the Border, que recolecta la información del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

  • Estas son las herramientas de ciberseguridad que utiliza el gobierno salvadoreño

    Estas son las herramientas de ciberseguridad que utiliza el gobierno salvadoreño

    El gobierno salvadoreño ha ejecutado diferentes estrategias de ciberseguridad en los últimos dos años, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

    El documento, elaborado en conjunto con la Secretaría de Innovación de la Presidencia, señaló que el país tiene un equipo de respuestas a incidentes (SalCERT). La estrategia apunta a que el gobierno cuenta con una gobernanza definida y lineamientos actualizados de ciberseguridad.

    Según una publicación de 2020 del gobierno salvadoreño, el proyecto se ampara en el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), relacionado con la reducción de las desigualdades y la paz.

    Para 2024, se incorporó la plataforma de CrowdStrike, con la que se monitorean los servidores denominados como “críticos” en el gobierno.

    El informe planteó que esta herramienta permite detectar y mitigar amenazas antes de que ocurra un ciberataque a instituciones estatales. El portal de CrowdStrike señala que ofrecen servicios de consultoría, así como de plataforma, este último enfocado en proteger los datos de las empresas.

    Un año después, en 2025, el gobierno desplegó Cloudflare en las entidades estatales, para protegerse contra los ataques de denegación de servicio distribuida (DDoS), los cuales buscan ralentizar los servicios de los servidores, según la misma empresa.

    El portal de Cloudflare indica que la plataforma detiene dichos ataques sin volver lento el rendimiento de los clientes.

    La oficina de las Naciones Unidas dijo que la contratación de Cloudflare también busca proteger ante la vulnerabilidad en sitios públicos.

    “Todos los correos institucionales del gobierno fueron migrados a Google Workspace para mejorar la seguridad, trazabilidad y control de accesos”, añadió el informe.

    Según el PNUD, el reforzamiento de los correos institucionales se complementa con un acuerdo estratégico con Google LLC, con el que el país accede a servicios de Google Cloud Platform como una “infraestructura confiable” para operar de forma digital.

     

    Formación

    A nivel formativo, la Escuela Superior de Innovación y Tecnología (ESIT) dispone la carrera de Técnico en Seguridad Informática, así como otros programas de capacitación.

    El PNUD indicó que la aprobación de la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información, aprobada en 2024, establece lineamientos para proteger la infraestructura y gestionar riesgos digitales.

    En sintonía, destacó las reformas a la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos de junio de 2025, donde se busca reforzar riesgos por el uso indebido de tecnologías de la información.

    La oficina de las Naciones Unidas aseveró que este tipo de modificaciones legales “refuerzan” el compromiso del país con la protección de los derechos digitales, integridad de datos y “confianza” en el mundo digital.

     

    Ciberataques

    Los ataques de ciberseguridad es un tema que también atañe a las empresas. En marzo de este año el Comité de Tecnología de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) aseguró que cada 30 segundos se reporta un intento de vulneración a nivel mundial.

    De esta porción, alrededor de un 50 % le sucede a pequeñas empresas, provocando altos costos que pueden implicar pérdidas de información valiosa.

    El problema también perjudica al gobierno, en abril pasado el Ministerio de Hacienda confirmó que recibe ciberataques a diario por personas “malintencionadas” que intentan ingresar al sistema de la institución.

    La Dirección Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda dijo en ese momento que se encontraban a la “vanguardia” con actualizaciones para evitar que los atacantes ingresen a la rama tecnológica.

  • CIDH, relatora de la ONU y Amnistía Internacional lamentan salida de Cristosal de El Salvador

    CIDH, relatora de la ONU y Amnistía Internacional lamentan salida de Cristosal de El Salvador

    Los relatores de libertad de asociación de las Naciones Unidas y de libertad de expresión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como la CIDH y las organizaciones internacionales Amnistía Internacional, Human Right Watch y la Fundación Kennedy Human Rights mostraron preocupación por la salida de Cristosal de El Salvador.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indicó este viernes que “las organizaciones defensoras de derechos humanos son un pilar de toda democracia y los Estados deben garantizar que realicen sus actividades sin temor ni represalias y libres de restricciones”. La CIDH advirtió en X que Cristosal argumentó la criminalización de personas defensoras y la imposición de la Ley de Agentes Extranjeros como obstáculos a su labor.

    También, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la libertad de asociación y asamblea, Gina Romero, se solidarizó el jueves con Cristosal y consideró su salida de El Salvador de “inaceptable” como protección ante la “persecución sistemática”.

    “Es inaceptable que la estigmatización, criminalización y persecusión sistemática de organizaciones de la sociedad civil genere cierre de sus actividades como método de protección. Mi solidaridad con Cristosal”, indicó Romero.

    El relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, publicó el jueves en X su “preocupación” por la suspensión de operaciones de Cristosal y el exilio de su personal.

    “Cristosal es una voz trascendental para la defensa de los derechos humanos en el país. El Salvador debe tener más, y no menos, ojos y voces que registren lo que está pasando”, indicó.

    La organización Amnistía Internacional Américas también manifestó su solidaridad por el cierre de la sede de Cristosal en El Salvador y exhortó a “la comunidad internacional» a «hoy más que nunca respaldar las voces que no se callan, que mantienen viva la defensa de los derechos humanos y la rendición de cuentas”.

    También, las organizaciones Human Rights Watch (HRW), la fundación Robert F. Kennedy Human Rights lamentaron el jueves la salida de Cristosal de El Salvador.

    “Lo que está ocurriendo en El Salvador es devastador. Expreso toda mi solidaridad con Noah Bullock y el valiente equipo de Cristosal, forzados al exilio por defender los derechos humanos”. Kerry Kennedy, presidente de la Fundación Kennedy Human Rights.

    “El destacado grupo de derechos humanos Cristosal ha errado sus oficinas en El Salvador en medio de una intensificación de la represión contra la sociedad civil por parte del gobierno de Bukele. El costo: menos justicia para las víctimas, menos supervisión de los abusos y menos espacios para el disenso”. Juanita Gobertus, directora de la división de las Américas HRW.

    La organización Cristosal anunció el cierre de su oficina instalada en El Salvador ante una “situación insostenible de acoso estatal”, al señalar que han sido objeto de acoso legal, vigilancia, espionaje, difamación, amenazas directas contra su personal y la captura de una de sus integrantes, Ruth López. Mientras, el presidente salvadoreño Nayib Bukele