Etiqueta: Nicaragua

  • Lula critica a Nicaragua por impedir participación de opositores en elecciones

    Lula critica a Nicaragua por impedir participación de opositores en elecciones

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió este martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que Nicaragua “no resolverá sus problemas impidiendo a la oposición que se presente a elecciones”, en una crítica al Gobierno de Daniel Ortega. La intervención ocurrió durante el debate general de la ONU en Nueva York.

    El señalamiento de Lula ocurre en medio de cuestionamientos internacionales por la situación política nicaragüense. Expertos de Naciones Unidas denunciaron este martes desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias de opositores, mientras que las relaciones diplomáticas entre Brasil y Nicaragua se mantienen reducidas a mínimos.

    El mandatario brasileño también cuestionó «la división del mundo en zonas de influencias» y las «investidas neocoloniales por recursos estratégicos», las cuales, según el, «constituyen gestos anacrónicos».

    En ese contexto, Lula afirmó que el pueblo venezolano «merece definir su propio destino», después de la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero en Caracas que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Lula también cuestionó esta semana la intervención de Estados Unidos y sostuvo que Venezuela debe recuperar plenamente su soberanía.

    Desde la captura de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez estrechó la cooperación con Washington, mientras su Gobierno avanzó en medidas de apertura política, como contactos con sectores opositores y liberaciones de presos políticos. Sin embargo, todavía no se ha establecido un calendario para nuevas elecciones.

    Lula ya había planteado que Rodríguez debería convocar comicios para permitir que los venezolanos decidan quién debe ocupar la Presidencia. El gobernante brasileño ha insistido en rechazar la intervención extranjera y defender la autodeterminación de los países latinoamericanos.

    Durante su intervención ante Naciones Unidas, Lula también pidió una respuesta internacional frente a la crisis humanitaria de Haití al señalar que existen «límites a la indiferencia». Además, abordó la situación de Cuba y condenó las medidas económicas estadounidenses contra la isla.

    El presidente brasileño calificó esas medidas como un «castigo colectivo impuesto a 10 millones de personas por un embargo económico y un cerco energético ilegal», en momentos de fuertes tensiones entre Washington y La Habana. La Administración Trump mantiene una política de presión sobre el Gobierno cubano, mientras la isla atraviesa una profunda crisis económica y energética.

     

  • Denuncian en la ONU represión transnacional contra opositores y críticos nicaragüenses

    Denuncian en la ONU represión transnacional contra opositores y críticos nicaragüenses

    El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un incremento de la persecución contra opositores y críticos nicaragüenses, tanto dentro como fuera del país, y pidió fortalecer los mecanismos internacionales de protección.

    “Denunciamos el incremento de la persecución en Nicaragua y fuera de sus fronteras contra defensores de derechos humanos, periodistas y toda persona considerada disidente, persecución con graves repercusiones en la vida de las víctimas”, señaló el abogado y defensor nicaragüense exiliado Juan Carlos Arce durante su intervención.

    Arce presentó como uno de los ejemplos el ataque ocurrido el 14 de septiembre en Costa Rica contra Reinaldo Picado Miranda, exintegrante de la Contra conocido como “comandante Omar”, quien recibió tres impactos de bala.

    Los atacantes no han sido identificados públicamente y organizaciones de derechos humanos han pedido investigar si el episodio está relacionado con un patrón de represión transnacional.

    “Esta persecución no se limita solo a Costa Rica. El 26 de julio en Trojes, Honduras, el exiliado nicaragüense Marvin Gámez recibió siete impactos de bala y dos impactos a su pareja. Ambos sobrevivieron”, sostuvo Arce.

    El Colectivo asegura haber documentado centenares de nicaragüenses afectados por distintas formas de persecución fuera del país.

    El defensor también mencionó la eliminación de más de 2,000 abogados del registro de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, entre ellos cuatro integrantes de la organización que permanecen en el exilio y continúan documentando denuncias sobre violaciones de derechos humanos.

    Arce advirtió además sobre un aumento de las desapariciones forzadas registradas por la organización desde la sesión anterior del Consejo.

    “Actualmente 23 personas se encuentran en esta condición, entre ellos indígenas mayagnas y familiares del líder indígena Brooklyn Rivera, fallecido bajo custodia policial”, indicó.

    El representante de la organización calificó también de “alarmante” la situación de las personas consideradas presas políticas y recordó que Nicaragua figura en la categoría de riesgo muy alto de tortura del Índice Global de Tortura 2026 de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).

    Ante este escenario, Arce solicitó a la comunidad internacional adoptar medidas para proteger a las víctimas y fortalecer los mandatos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La denuncia se presentó durante el 63.º período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

  • La ONU alerta sobre profundo deterioro de derechos humanos en Nicaragua

    La ONU alerta sobre profundo deterioro de derechos humanos en Nicaragua

    Ocho años después del inicio de la crisis política derivada de las protestas de 2018, la situación de los derechos humanos en Nicaragua es “cada vez más preocupante” y la represión “ha alcanzado todos los sectores”, afirmó este lunes la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Comunicaciones recientes de expertos de la ONU también documentaron denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, censura y restricciones religiosas.

    El organismo presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe que analiza la situación de las libertades fundamentales entre junio de 2025 y junio de 2026. Una de sus principales conclusiones sostiene que “ya no existe el pluralismo político en las instituciones nacionales ni en el ámbito local”.

    La directora de Operaciones Globales de la oficina, Maarit Kohonen, señaló como ejemplo que ninguna de las 185 votaciones realizadas en la Asamblea Nacional durante el período analizado registró un voto disidente.

    “Esa misma realidad se reproduce a nivel local, donde el partido gobernante controla las 153 municipalidades del país”, agregó.

    Kohonen vinculó esta situación con el silenciamiento de opositores y críticos y con modificaciones institucionales impulsadas durante los últimos años.

    “La última reforma constitucional propuesta y aprobada el 1 de septiembre profundiza esta tendencia”, advirtió, al señalar que la modificación incorpora amplias restricciones para la participación política.

    La funcionaria también denunció el cierre “prácticamente total” del espacio cívico y señaló que 56 medios de comunicación fueron cerrados y 5,539 organizaciones canceladas desde 2018 por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    Los mecanismos de Naciones Unidas han documentado anteriormente el colapso del espacio cívico nicaragüense y la salida del país de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y dirigentes opositores.

    Las restricciones también alcanzan el ámbito religioso, según el informe presentado por Kohonen, que recoge incidentes de hostigamiento contra integrantes de la Iglesia católica.

    “Más de la mitad de las diócesis católicas permanecen sin obispo debido al exilio de sus titulares”, subrayó.

    Expertos de Naciones Unidas reportaron en marzo de 2026 denuncias relacionadas con discriminación contra comunidades religiosas, censura y represión de expresiones religiosas pacíficas.

    La Oficina de la ONU documentó además al menos 35 casos de detenciones arbitrarias durante los 12 meses analizados y calificó de “especialmente alarmante” el incremento de muertes de personas bajo custodia estatal.

    El informe contabilizó al menos cuatro casos entre junio de 2025 y junio de 2026, incluido el del líder indígena miskito Brooklyn Rivera.

    “La oficina reitera su llamamiento a Nicaragua para que libere a todas las personas detenidas arbitrariamente, ponga fin a las prácticas de represión y reanude su cooperación con los mecanismos regionales y de Naciones Unidas en materia de derechos humanos”, concluyó Kohonen.

     

  • La ONU considera la situación de los derechos humanos en Nicaragua «totalmente indefendible»

    La ONU considera la situación de los derechos humanos en Nicaragua «totalmente indefendible»

    El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió este miércoles sobre una creciente concentración del poder en el Ejecutivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo y en el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua, al presentar las conclusiones de un informe de su oficina sobre la situación del país. Türk calificó el escenario de «totalmente indefendible».

    El funcionario de Naciones Unidas sostuvo que el documento «describe el secuestro casi total de las instituciones del Estado por parte del partido gobernante y el abuso sistemático del poder».

    El señalamiento forma parte de las conclusiones difundidas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

    Según el informe, la concentración de poder «ha debilitado los mecanismos institucionales de control y contrapeso, dejando a la mayoría de los nicaragüenses sin recursos ante las violaciones o abusos de los derechos humanos», en palabras de Türk.

    Ante las conclusiones del documento, el alto comisionado austríaco instó a las autoridades de Nicaragua a liberar inmediatamente a todas las personas que, de acuerdo con Naciones Unidas, permanecen detenidas arbitrariamente.

    La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también puso el foco en el cierre de organizaciones de la sociedad civil. Cuatro entidades fueron clausuradas durante este año, según el organismo internacional, elevando a 5,539 el número de organizaciones disueltas arbitrariamente durante los últimos ocho años.

    Las restricciones también alcanzaron a medios de comunicación, de acuerdo con el informe. Las autoridades nicaragüenses ordenaron el cierre de otro medio durante los últimos 12 meses, con lo que al menos 56 fueron clausurados en un período de ocho años.

    «Ya casi no queda nada que cerrar», lamentó Türk al referirse a la cantidad de organizaciones y medios que, según la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dejaron de funcionar en Nicaragua durante ese período.

    El organismo de la ONU tomó como referencia los ocho años transcurridos desde las protestas a gran escala registradas en Nicaragua en 2018. El nuevo informe vuelve a situar la concentración del poder político, el debilitamiento de los contrapesos institucionales y las restricciones a organizaciones civiles y medios entre sus principales preocupaciones sobre el país centroamericano.

     

  • La OEA celebrará «lo antes posible» reunión de cancilleres sobre la crisis en Nicaragua

    La OEA celebrará «lo antes posible» reunión de cancilleres sobre la crisis en Nicaragua

    El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, expresó este jueves su confianza en que la reunión de cancilleres convocada para abordar la situación política de Nicaragua se realice después de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para finales de septiembre.

    «En términos de la fecha, esperamos tener esta reunión lo antes posible, poco después de la Asamblea General de Naciones Unidas (de finales de septiembre)», declaró Ramdin durante un encuentro con agencias internacionales de noticias.

    El funcionario explicó que continúan las conversaciones entre Estados Unidos, anfitrión del encuentro, y los demás miembros de la OEA para «materializar una fecha aceptable para todos».

    Ramdin sostuvo que la reunión debe contar con un «número óptimo» de ministros de Exteriores y consideró que el encuentro no debería limitarse a emitir una condena contra el régimen nicaragüense, sino avanzar hacia la adopción de acciones concretas.

    «Lo que está ocurriendo en Nicaragua es absolutamente inaceptable. Pero una simple condena no es suficiente. Si nos reunimos tiene que ser para tomar medidas», afirmó.

    Entre las posibles acciones mencionó sanciones financieras y prohibiciones de viaje contra determinadas personas.

    El Consejo Permanente de la OEA aprobó el pasado 19 de agosto convocar una reunión extraordinaria de ministros de Exteriores para analizar la situación de Nicaragua, después de que el presidente Daniel Ortega amenazara con cancelar las elecciones. La convocatoria recibió el respaldo de 26 países, mientras Brasil votó en contra y México se abstuvo.

    La reunión de cancilleres constituye un mecanismo extraordinario que la OEA utiliza excepcionalmente para tratar asuntos considerados de especial relevancia regional. Nicaragua abandonó formalmente el organismo en 2023 después de años de críticas de la organización al dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y a su reelección.

    La Asamblea Nacional de Nicaragua inició el pasado 4 de septiembre el proceso para reformar la Constitución e impedir que opositores considerados «traidores a la patria» participen en los comicios. La medida se produce bajo el régimen de Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo.

    Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007. Su administración enfrenta acusaciones de fraude electoral y persecución política contra sus adversarios, mientras la OEA busca definir una fecha para que los cancilleres discutan posibles medidas frente a la situación del país centroamericano.

     

  • El retorno de migrantes al mundo rural acentúa crisis por sequía en parte de Centroamérica

    El retorno de migrantes al mundo rural acentúa crisis por sequía en parte de Centroamérica

    El mundo rural del Corredor Seco en el Triángulo Norte centroamericano, que conforman Honduras, El Salvador y Guatemala, enfrenta una nueva fase de crisis climática y alimentaria a causa del fenómeno El Niño, con pérdida masiva de cultivos y fuentes de agua, a lo que se suma un factor emergente: el regreso de migrantes sin recursos, alertó la ONG global Oxfam.

    El Corredor Seco Centroamericano es una franja que atraviesa Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y llega al sur de México (Chiapas). Lo habitan unas 11,5 millones de personas, de las cuales la mitad depende de la agricultura de subsistencia.

    El 80 % de los pequeños productores viven en pobreza y muchas personas se ven obligadas a migrar del Corredor Seco, donde se registran largos periodos de sequía seguidos de lluvias intensas.

    En un comunicado enviado este miércoles a EFE, Oxfam alertó que el Corredor Seco en Guatemala, Honduras y El Salvador registra pérdidas generalizadas de cultivos, reducción del acceso al agua, deterioro de los ingresos familiares y una creciente inseguridad alimentaria en algunas de las comunidades rurales más vulnerables de la región. Así lo reveló una evaluación realizada por Oxfam, organizaciones socias y Acción contra el Hambre, que involucró a 354 grupos focales en 58 municipios de los tres países, con la participación de 4.260 personas, y cuyos resultados «reflejan la situación de más de 91.000 hogares rurales afectados por la combinación de sequía, pérdida de cosechas y vulnerabilidades acumuladas».

    La ONG detalló que el 78,6 % de más de 70.000 hogares productores de maíz reportaron pérdidas de entre el 75 % y el 100 % de su cosecha. En el caso del frijol, esos porcentajes se repitieron en un tercio de igual número de hogares. El 64,2 % de los hogares que aún conservan reservas de maíz estima que estas alcanzarán para tres semanas o menos. Esta fuerte reducción de las cosechas y el agotamiento de las reservas alimentarias coinciden con el aumento de los precios de productos básicos y la disminución de oportunidades de empleo temporal rural, afirmó Oxfam.

    Al mismo tiempo, el Corredor Seco del Triángulo Norte muestra una crisis hídrica cada vez más severa, con más de 23.000 hogares reportando una reducción en el acceso a agua a través de su fuente principal de abastecimiento, mientras que numerosas comunidades enfrentan disminuciones significativas en caudales y sistemas comunitarios de distribución. En este contexto aparece un elemento emergente que agudiza la crisis: el retorno de migrantes a estas sin remesas ni otros recursos.

    La investigación documentó más de 6.200 movimientos migratorios durante los tres meses previos a la evaluación y detectó, particularmente en Honduras, «un fenómeno que preocupa a las organizaciones humanitarias: el retorno de personas migrantes sin remesas, lo que aumenta la presión sobre hogares que ya enfrentan pérdida de cosechas, desempleo y escasez de agua», señaló la ONG global.

    «Existe una ventana de tiempo muy limitada para actuar. Sin una respuesta adecuada, la crisis podría extenderse al próximo ciclo agrícola y provocar un deterioro aún mayor de la seguridad alimentaria en la región», afirmó el gerente humanitario de Oxfam en Centroamérica, Iván Aguilar.

    Es por ello que Oxfam hizo un llamado a gobiernos, organismos internacionales y donantes para ampliar la asistencia alimentaria, fortalecer los mecanismos de apoyo económico a las familias afectadas, garantizar el acceso al agua y aumentar las inversiones en adaptación climática para las comunidades rurales del Corredor Seco.

  • La OEA advierte de que Nicaragua usa su Constitución como un instrumento más para «excluir voces disidentes»

    La OEA advierte de que Nicaragua usa su Constitución como un instrumento más para «excluir voces disidentes»

    El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, advirtió el miércoles que la reforma constitucional aprobada en primera instancia en Nicaragua profundiza las restricciones a la participación política y utiliza la Carta Magna para apartar a sectores críticos del Gobierno.

    «La propuesta de reforma constitucional aprobada en primera instancia en Nicaragua restringe aún más la participación política, prolonga los mandatos y cierra los espacios democráticos. Resulta particularmente alarmante que se impida ejercer cargos públicos a quienes sean arbitrariamente calificados de ‘traidores a la patria’. Esta reforma convierte la Constitución en un instrumento más para excluir las voces disidentes», afirmó Ramdin en redes sociales.

    El secretario general del organismo regional lamentó que quienes ejercen el poder en Nicaragua «parecen empeñados en demostrar» que la apreciación de que se está presenciando «un desastre político en Nicaragua» es «correcta, con consecuencias terribles para el pueblo nicaragüense».

    Ramdin también cuestionó la compatibilidad de las modificaciones constitucionales con los compromisos democráticos asumidos dentro del sistema interamericano.

    «Estas medidas contravienen los principios de la democracia representativa, el pluralismo político y el respeto de los derechos humanos consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana», agregó Ramdin.

    El representante de la OEA defendió además el derecho de los nicaragüenses a contar con instituciones que garanticen sus libertades y permitan la competencia política. Según Ramdin, los ciudadanos de Nicaragua «merecen instituciones que protejan sus derechos, no que los restrinjan, así como la oportunidad de elegir libremente a sus dirigentes entre distintas propuestas y de decidir el futuro de su país».

    La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó de manera unánime y en primera legislatura una reforma parcial de la Constitución que excluye de los procesos electorales a las personas consideradas «traidores a la patria» o «golpistas».

    Los cambios también contemplan ampliar de seis a siete años los mandatos presidenciales, una modificación que todavía deberá superar una segunda aprobación legislativa durante 2027 antes de entrar en vigencia.

    El pronunciamiento de Ramdin aumenta los cuestionamientos internacionales contra la reforma constitucional nicaragüense, que modifica las condiciones para ejercer cargos públicos y participar en elecciones. La OEA centró sus críticas en las restricciones al pluralismo político, la participación electoral y los derechos de los ciudadanos.

     

  • Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra la dictadura de Nicaragua tras prohibir participación electoral de opositores

    Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra la dictadura de Nicaragua tras prohibir participación electoral de opositores

    Estados Unidos anunció este miércoles que aplicará nuevas medidas contra Nicaragua a nivel regional, después de que la Asamblea Nacional aprobara una reforma parcial de la Constitución que limita la participación electoral de opositores y amplía de seis a siete años el período presidencial.

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, cuestionó la reforma impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y anticipó acciones de Washington coincidiendo con una próxima reunión ministerial de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA).

    «La Asamblea Nacional de los Murillo-Ortega destripó lo que quedaba de la democracia de Nicaragua en la segunda reescritura constitucional en dos años», denunció Rubio en un mensaje publicado en redes sociales tras conocerse la aprobación de los cambios.

    El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que Washington «implementará medidas» durante la próxima reunión ministerial de la OEA «para asegurar que nuestro hemisferio deje de hacer negocios como de costumbre con esta dictadura».

    La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó de manera unánime y en primera legislatura la reforma constitucional que impide participar en procesos electorales a ciudadanos considerados «traidores a la patria» o «golpistas» por el Gobierno nicaragüense.

    Los cambios también amplían de seis a siete años el mandato presidencial, además de modificar las condiciones para acceder a cargos de elección popular. La reforma todavía necesita una segunda aprobación legislativa durante 2027 para entrar oficialmente en vigencia.

    El anuncio estadounidense eleva la presión internacional sobre la dictadura de Ortega y Murillo, mientras la OEA se prepara para abordar la situación política nicaragüense. Según las declaraciones de Rubio, las próximas acciones buscarán involucrar al resto de países del continente en la respuesta hacia Managua.

    Washington no detalló en la información divulgada cuáles serán las medidas específicas ni contra quiénes estarán dirigidas. Su implementación, de acuerdo con Rubio, coincidirá con la próxima reunión de cancilleres de la OEA y responderá directamente a las recientes modificaciones constitucionales aprobadas en Nicaragua.

     

  • La dictadura de Nicaragua prohíbe a opositores participar en elecciones

    La dictadura de Nicaragua prohíbe a opositores participar en elecciones

    La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó el martes en primera legislatura una reforma constitucional que amplía a siete años los mandatos de cargos de elección popular y excluye de las candidaturas y puestos públicos a las personas calificadas como “traidores a la patria”, en referencia a opositores y críticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    La enmienda fue respaldada por unanimidad mediante votación a mano alzada durante una sesión especial celebrada en León, al noroeste del país. El artículo 47 establece que no podrán competir por puestos de elección popular ni ejercer cargos públicos «los traidores a la patria», denominación utilizada por el Gobierno contra opositores y críticos.

    Según la información proporcionada, al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados han sido incluidos bajo esa calificación, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli. La prohibición también alcanza a quienes hayan tenido algún tipo de vinculación con la planificación, financiamiento, preparación o ejecución de un intento de golpe de Estado o uno consumado.

    La reforma también impedirá ocupar cargos públicos a quienes sean señalados de menoscabar la independencia, soberanía, autodeterminación, seguridad o paz de Nicaragua, promover una intervención extranjera, recibir financiamiento del exterior o respaldar bloqueos y sanciones contra el Estado, sus instituciones o ciudadanos.

    Las personas comprendidas en estas prohibiciones tampoco podrán integrar juntas directivas de partidos u organizaciones políticas. Para entrar en vigor, la reforma impulsada por Daniel Ortega deberá recibir una segunda aprobación durante la próxima legislatura, prevista entre el 9 de enero y el 15 de diciembre de 2027.

    La modificación constitucional establece además períodos de siete años para los «copresidentes» de la República (la pareja Ortega-Murillo), diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, así como para el fiscal general, el superintendente de bancos y los jefes del Ejército y de la Policía.

    Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y anteriormente coordinó una Junta de Gobierno entre 1979 y 1985 y presidió el país entre 1985 y 1990. Desde una reforma constitucional aprobada en 2025, dirige el Ejecutivo junto a su esposa, Rosario Murillo, bajo la figura de copresidentes.

    Nicaragua tenía previstas elecciones generales para noviembre de 2026, pero las modificaciones constitucionales ampliaron el período presidencial y trasladaron los comicios hacia noviembre de 2027. La nueva reforma fue aprobada después de que Ortega afirmara el pasado 19 de julio que en su país «no volverá a haber elecciones».

     

  • Nicaragua avanza hacia una reforma constitucional que excluye de elecciones a «traidores»

    Nicaragua avanza hacia una reforma constitucional que excluye de elecciones a «traidores»

    La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó este martes en primera legislatura, de dos necesarias, una reforma constitucional que excluye de participar a cargos de elección popular a los «traidores a la patria» y amplía a siete años el mandato presidencial.

    La enmienda, aprobada a mano alzada por unanimidad durante una sesión especial celebrada en la ciudad de León (noroeste), establece en su artículo 47 que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ejercer cargos públicos «los traidores a la patria», el término que han aplicado a al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.

    Tampoco «quienes ejerzan o hayan ejercido la dirección, liderazgo, financiamiento, participación directa o indirecta, o cualquier tipo de vinculación con la planificación, preparación o ejecución de un intento de golpe de Estado o de un golpe de Estado consumado».

    Asimismo, «los que incurran o hayan incurrido en actos que menoscaben la independencia, la soberanía, la autodeterminación de Nicaragua, la seguridad y la paz, que insisten o promuevan la injerencia extranjera, pidan intervención militar, se organicen con financiamiento proveniente del extranjero, propongan, gestionen o respalden bloqueos económicos, comerciales o financieros, y sanciones contra el Estado de Nicaragua, sus instituciones y sus ciudadanos».

    También quienes violenten o hayan violentado los principios fundamentales contemplados en la Constitución Política, según el texto.

    Además, las personas que incurran en las prohibiciones descritas no podrán integrar junta directiva de partido u organización política alguna.

    Esta nueva reforma constitucional impulsada por el copresidente Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que gobierna el país desde 2007, debe ser aprobada en dos legislaturas distintas, la actual y la próxima (9 de enero – 15 de diciembre de 2027) para entrar en vigor.

    Ortega es el hombre que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidió por primera vez el país de 1985 a 1990.

    El octogenario exguerrillero retornó al poder en 2007 gracias a un acuerdo secreto que mantuvo desde 1999 con el exjefe de Estado Arnoldo Alemán (1997-2002), que conllevó a reformar la Constitución y bajar al 35 % el mínimo para ganar unas elecciones presidenciales.

    La reforma parcial a la Constitución también establece que el período establecido para los cargos de elección popular será de siete años, lo cual aplicará para los copresidentes de la República, diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, el fiscal general, el superintendente de bancos, y al jefe del Ejército y de la Policía.

    El Parlamento de Nicaragua aprobó esas reformas luego de que Ortega afirmara, el pasado 19 de julio, que en su país «no volverá a haber elecciones».

    Desde 2017, Ortega dirige el país junto a su esposa Rosario Murillo como copresidenta gracias a una reforma constitucional de 2025.

    Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026 pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.