Etiqueta: Nicaragua

  • Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Italia por pedido de extradición

    Nicaragua rompe relaciones diplomáticas con Italia por pedido de extradición

    El Gobierno de Nicaragua notificó a Italia su decisión de romper las relaciones diplomáticas, luego de que el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, reiteró públicamente la solicitud de extradición de Alessio Casimirri, exmiembro de las Brigadas Rojas condenado por terrorismo y refugiado desde hace décadas en territorio nicaragüense.

    La decisión se conoció después de que Tajani participó este miércoles en una reunión del Partido Popular Europeo (PPE) en Madrid, donde recordó el asesinato del ex primer ministro Aldo Moro y cuestionó que las autoridades nicaragüenses continúen dando protección a Casimirri, uno de los responsables del secuestro y homicidio del dirigente de la Democracia Cristiana en 1978.

    En un comunicado difundido por la Cancillería italiana, Tajani señaló que el Gobierno de Nicaragua «se niega a atender las solicitudes de extradición presentadas por la justicia italiana», pese a las condenas impuestas contra el exintegrante de la organización terrorista.

    El funcionario italiano también afirmó:

    «El Gobierno italiano no olvida a las víctimas del terrorismo y sigue exigiendo que quienes se han hecho responsables de delitos gravísimos contra el Estado y los ciudadanos italianos respondan por sus actos. Esto se aplica también a Casimirri, un peligroso miembro de las Brigadas Rojas al que Nicaragua sigue concediendo asilo».

    La Cancillería italiana informó además que, «en respuesta a la nueva intervención del ministro Tajani sobre la extradición de Casimirri, el Gobierno de Nicaragua ha notificado al Gobierno italiano su intención de romper las relaciones diplomáticas con Italia».

    Casimirri, de 74 años, fue condenado en Italia a seis cadenas perpetuas por su participación en algunos de los atentados más graves atribuidos a las Brigadas Rojas, incluido el secuestro y asesinato de Aldo Moro. Según la justicia italiana, integró el comando que emboscó la escolta del ex primer ministro en la vía Fani, ataque en el que murieron cinco agentes de seguridad.

    Las autoridades italianas también lo responsabilizan de otros asesinatos cometidos por la organización terrorista durante los años de mayor violencia política en ese país. Tras escapar de Italia a comienzos de la década de 1980, se estableció en Nicaragua en 1983, donde posteriormente obtuvo la nacionalidad.

    Desde entonces, Casimirri reside en Nicaragua y desarrolla actividades empresariales vinculadas al sector de la restauración, mientras Italia mantiene vigente el reclamo para que responda ante la justicia por los delitos por los que fue condenado.

     

  • Informe de Reporteros sin Fronteras señala tendencia de usar seguridad nacional para criminalizar el periodismo

    Informe de Reporteros sin Fronteras señala tendencia de usar seguridad nacional para criminalizar el periodismo

    Un informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sostiene que existe una tendencia global que usa la “seguridad nacional como una herramienta para criminalizar el periodismo” por parte de regímenes autoritarios y democracias en el mundo.

    Según el informe, los gobiernos usan leyes contra el terrorismo y de espionaje para perseguir a reporteros, silenciar fuentes y expandir la vigilancia digital contra los mismos.

    El informe menciona a países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Nicaragua, Perú. Pero también mencionan a países como Afganistán, Camboya, China, Filipinas, Inda, Myanmar, Pakistán y Vietnam, así mismo, Azerbaiyán, Bielorrusia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungruía, Kirguistán, Reino Unido, Rusia, Serbia, Turquía, Ucrania, entre otros.

    En el caso de El Salvador, señala que el estado de excepción aprobado en 2022 para controlar y capturar a las pandillas ha servido para reducir el acceso a periodistas en tribunales, procedimientos legales e instituciones del sector público.

    También, sostiene que hay un clima de intimidación, vigilancia y amenazas contra la prensa independiente, y vigilancia a familiares de periodistas en el exilio, así como obstáculos para coberturas de hechos judiciales reportados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

    El informe menciona el caso de Nicaragua, en donde el 15.2 % de los periodistas nicaragüenses exiliados han perdido su ciudadanía, el régimen de Daniel Ortega ha usado la Ley 1055 para calificar a periodistas de “traidores a la patria”, ha usado la ley de “agentes extranjeros” para controlar a medios que reciben financiamiento internacional y la ley especial de ciberdelitos para criminalizar la difusión de lo que el gobierno considera “noticias falsas” o “amenazas a la estabilidad”.

    La organización señala el cierre de medios contra casi todas las redacciones independientes, que han sido clausuradas o confiscadas, así como vigilancia, amenazas de procesamiento y vigilancia digital.

  • Nicaragua devuelve a obispo Mata tras presión de Estados Unidos

    Nicaragua devuelve a obispo Mata tras presión de Estados Unidos

    El Gobierno de Nicaragua informó este sábado que el obispo emérito Juan Abelardo Mata, de 80 años, regresó a su residencia luego de permanecer retenido por las autoridades, pocas horas después de que Estados Unidos exigiera su liberación «inmediata e incondicional» y denunciara la persecución contra la Iglesia católica en ese país.

    En un comunicado, el Ministerio del Interior explicó que el religioso fue sometido a una investigación relacionada con el origen de sus bienes y vínculos familiares. «Luego de una necesaria indagación sobre origen de propiedades y vínculos familiares que no coinciden con la condición sacerdotal del señor obispo emérito Abelardo Mata, este ha retornado a su vivienda, donde permanece en perfectas condiciones», indicó la institución.

    La cartera de Estado también afirmó que el obispo proporcionó información durante las investigaciones. Según el comunicado, «ha brindado declaraciones sobre distintos episodios violatorios de las leyes nacionales, que el pueblo nicaragüense ha conocido en diferentes momentos y tiempos», aunque no precisó cuáles serían esos hechos. Además, sostuvo que «Al retornar a su lugar de residencia, el obispo Mata ha reconocido que en todo momento ha sido tratado con respeto y la consideración que caracteriza a los organismos de investigación de nuestra Nicaragua».

    Horas antes, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos había exigido la liberación del religioso y condenó «la continua y cruel persecución y represión religiosa por parte de la dictadura Murillo-Ortega». Washington también instó al Gobierno nicaragüense a poner fin a «los ataques contra la libertad religiosa».

    El obispo Mata fue detenido el lunes pasado, según fuentes religiosas y organismos humanitarios, después de celebrar una misa el 25 de junio en la iglesia Cruz del Calvario, en Estelí. Durante la homilía pidió a los fieles rezar por la Iglesia católica perseguida y mencionó al obispo Rolando Álvarez, actualmente exiliado y desnacionalizado, así como al sacerdote Frutos Valle.

    De acuerdo con esas versiones, el religioso fue trasladado inicialmente bajo el argumento de que era objeto de una investigación. Tras varias horas de interrogatorio permaneció bajo vigilancia policial en su residencia de Tisma, en el departamento de Masaya, pero posteriormente agentes regresaron al inmueble y lo condujeron nuevamente a un destino desconocido antes de que el Gobierno confirmara su retorno al hogar.

    La detención ocurre en medio del deterioro de las relaciones entre el Vaticano y Managua, suspendidas oficialmente desde marzo de 2023. Ese mismo año, el fallecido papa Francisco calificó al Gobierno de Daniel Ortega como una «dictadura grosera», luego de la condena impuesta al obispo Rolando Álvarez por el supuesto delito de «traición a la patria», sentencia que derivó en su exilio y desnacionalización.

    La confrontación entre el Ejecutivo nicaragüense y la Iglesia católica se ha intensificado en los últimos años. Ortega ordenó la disolución y expropiación de la Compañía de Jesús y ha calificado a la Iglesia de «mafia» y antidemocrática. Según el informe «Fe bajo fuego», elaborado por la organización Colectivo Nicaragua Nunca Más, al menos 261 religiosos, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, han sido expulsados del país como parte de la persecución contra la Iglesia católica.

     

  • EE.UU. exige liberar al obispo Abelardo Mata en Nicaragua

    EE.UU. exige liberar al obispo Abelardo Mata en Nicaragua

    Estados Unidos exigió este sábado la liberación «inmediata e incondicional» del obispo emérito de Nicaragua, Juan Abelardo Mata, de 80 años, quien fue detenido días después de oficiar una misa en la que pidió oraciones por la Iglesia católica perseguida en ese país.

    La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado hizo pública su postura a través de la red social X, donde responsabilizó al Gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo por la captura del religioso. «Exigimos la liberación inmediata e incondicional del obispo nicaragüense Abelardo Mata, quien ha sido detenido arbitrariamente por la dictadura Murillo-Ortega», señaló la dependencia estadounidense.

    Washington sostuvo que el obispo no representa ningún riesgo para las autoridades nicaragüenses y advirtió que su estado de salud es delicado debido a su edad. Además, reiteró su rechazo a las acciones del Gobierno contra la Iglesia católica. «Condenamos además la continua y cruel persecución y represión religiosa por parte de la dictadura Murillo-Ortega. Los ataques contra la libertad religiosa deben cesar», agregó el mensaje.

    Según fuentes religiosas, Mata fue retenido por agentes policiales el lunes pasado como represalia por una homilía celebrada el 25 de junio en la iglesia Cruz del Calvario, en Estelí. Durante esa misa pidió a los fieles orar por la Iglesia católica perseguida y mencionó de forma expresa al obispo Rolando Álvarez, quien fue encarcelado, desnacionalizado y posteriormente enviado al exilio, así como al sacerdote Frutos Valle.

    Tras varias horas bajo custodia, el religioso fue trasladado a su vivienda en Tisma, departamento de Masaya, donde permaneció bajo vigilancia policial. Sin embargo, diversas fuentes indicaron que posteriormente agentes regresaron a la residencia y lo trasladaron nuevamente hacia un destino desconocido.

    Hasta este sábado, la Policía Nacional de Nicaragua no había informado oficialmente sobre las razones de la detención, el paradero del obispo ni la existencia de un proceso judicial en su contra. El silencio de las autoridades ha incrementado la preocupación entre organizaciones religiosas y defensoras de derechos humanos.

    La detención ocurre en medio de la prolongada crisis entre el Gobierno nicaragüense y la Iglesia católica. Las relaciones diplomáticas entre Managua y el Vaticano permanecen suspendidas y, en marzo de 2023, el fallecido papa Francisco calificó al Gobierno de Ortega como una «dictadura grosera», luego de la condena impuesta al obispo Rolando Álvarez por el supuesto delito de «traición a la patria».

    Desde entonces, el Ejecutivo nicaragüense ha intensificado las medidas contra instituciones religiosas. Ortega ordenó la disolución y expropiación de la Compañía de Jesús y ha calificado a la Iglesia católica de «mafia» y antidemocrática. De acuerdo con el informe «Fe bajo fuego», elaborado por la organización Colectivo Nicaragua Nunca Más, al menos 261 religiosos, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, han sido desterrados del país como parte de la persecución contra la Iglesia.

     

  • La Policía de Nicaragua retuvo por varias horas a obispo católico Juan Abelardo Mata

    La Policía de Nicaragua retuvo por varias horas a obispo católico Juan Abelardo Mata

    El obispo emérito de Estelí, Juan Abelardo Mata, de 80 años, fue retenido durante varias horas por la Policía Nacional de Nicaragua y posteriormente liberado, luego de celebrar una misa en la que pidió orar por la Iglesia católica y por los sacerdotes que han sido desterrados del país, denunciaron este martes fuentes religiosas.

    La detención temporal fue cuestionada por el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien fue desnacionalizado y permanece fuera de Nicaragua desde 2019.

    «Me indigna profundamente y repruebo en modo absoluto la agresión cometida por la policía del régimen contra mi hermano Mons. Juan Abelardo Mata, obispo emérito de Estelí», escribió Báez en sus redes sociales.

    Báez también condenó el hecho al afirmar que «estas cobardes acciones solo demuestran la debilidad e irracionalidad de una dictadura criminal”, en referencia al régimen que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo.

    De acuerdo con medios nicaragüenses que citaron fuentes cercanas a la Iglesia católica, la retención ocurrió el lunes como represalia por una misa celebrada el pasado 25 de junio en la iglesia Cruz del Calvario, en Estelí. Durante la homilía, Mata pidió a los fieles orar por la Iglesia perseguida y mencionó al obispo Rolando Álvarez y al sacerdote Frutos Valle, ambos desterrados del país.

    Las mismas fuentes indicaron que el obispo fue trasladado bajo el argumento de que era objeto de una investigación. Horas después fue liberado, aunque quedó bajo vigilancia en su residencia ubicada en Tisma, departamento de Masaya.

    Hasta el cierre de esta información, la Policía Nacional de Nicaragua no había emitido una explicación oficial sobre la retención del religioso ni había informado sobre la apertura de un proceso judicial en su contra.

    Las relaciones entre el Gobierno nicaragüense y el Vaticano continúan marcadas por fuertes tensiones. En marzo de 2023, el fallecido papa Francisco calificó al gobierno de Daniel Ortega como una «dictadura grosera», un mes después de que el obispo Rolando Álvarez fuera condenado por traición a la patria a 26 años y cuatro meses de prisión. Posteriormente fue excarcelado, expulsado del país y despojado de su nacionalidad.

    Según el informe «Fe bajo fuego», elaborado por la organización Colectivo Nicaragua Nunca Más, al menos 261 religiosos han sido desterrados de Nicaragua, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Herrera. La dictadura de Ortega y Murillo también disolvió y confiscó los bienes de la Compañía de Jesús y ha calificado a la Iglesia católica como una «mafia» y una institución antidemocrática.

     

  • Costa Rica alerta en la OEA sobre presencia rusa y de Hamás en Nicaragua

    Costa Rica alerta en la OEA sobre presencia rusa y de Hamás en Nicaragua

    Costa Rica elevó este martes sus críticas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo al denunciar ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la presencia de fuerzas militares rusas y de organizaciones como Hamás y Hizbulá en Nicaragua.

    Durante la Asamblea General del organismo hemisférico celebrada en Ciudad de Panamá, el canciller costarricense, Manuel Tovar, expresó la preocupación de su país por la situación de seguridad en la nación vecina y por el deterioro de las libertades democráticas.

    “Costa Rica observa con enorme preocupación la persistente y reciente presencia en Nicaragua de fuerzas militares rusas y de organizaciones terroristas como Hamás y Hizbulá. Justo el día de ayer varios individuos vinculados o pertenecientes al grupo Hamás fueron detenidos por fuerzas policiales en mi país”, declaró Tovar.

    El jefe de la diplomacia costarricense respaldó además una declaración impulsada en la Asamblea General sobre la situación nicaragüense, al considerar que reafirma la defensa de la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho y las libertades fundamentales en el continente.

    Tovar destacó que la OEA manifestó su preocupación por las denuncias de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, persecución política y restricciones a las libertades fundamentales en Nicaragua, así como por el hostigamiento contra líderes religiosos y comunidades de fe.

    El canciller también se refirió al fallecimiento del dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera, quien murió bajo custodia estatal tras permanecer detenido desde septiembre de 2023. Costa Rica exigió esclarecer las circunstancias de su muerte y garantizar justicia para sus familiares.

    “Su muerte bajo custodia estatal constituye un hecho de enorme magnitud que exige el pleno esclarecimiento de los hechos, el respeto al derecho a la verdad de sus familiares y la rendición de cuentas”, sostuvo.

    Asimismo, recordó el asesinato del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, ocurrido en Costa Rica el 19 de junio de 2025, y destacó los avances de las autoridades judiciales costarricenses en la investigación del caso.

    “Costa Rica continuará actuando con firmeza para garantizar que todos los responsables comparezcan ante la justicia y que ninguna forma de violencia o intimidación encuentre su espacio en la impunidad”, afirmó el funcionario.

    El ministro señaló que la declaración de la OEA constituye una muestra de solidaridad con las víctimas de la represión y con el pueblo nicaragüense, además de un respaldo a los principios contenidos en la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

    Las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua permanecen limitadas al nivel consular desde 2018, cuando el Gobierno costarricense decidió no designar embajador en Managua debido a las denuncias internacionales sobre violaciones a los derechos humanos y la represión contra opositores.

    La crisis política en Nicaragua se profundizó tras las elecciones de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un nuevo mandato en medio de cuestionamientos de la comunidad internacional y con varios de sus principales adversarios encarcelados o posteriormente expulsados del país.

     

     

  • Más de 838,300 nicaragüenses desplazados forzados desde 2018, el mayor éxodo de su historia, según ONG

    Más de 838,300 nicaragüenses desplazados forzados desde 2018, el mayor éxodo de su historia, según ONG

    Al menos 838.363 nicaragüenses, un 11,8 % de la población calculada en 7,09 millones de habitantes, se han visto forzados a desplazarse fuera de Nicaragua desde abril de 2018, tras el estallido de una crisis sociopolítica, siendo el mayor éxodo en su historia, informó este sábado la ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más.

    «Más de 838.363 nicaragüenses se vieron obligados a abandonar el país entre abril de 2018 y diciembre de 2024», reportó ese Colectivo, integrado en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en Costa Rica, en un informe en el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas.

    Ese organismo advirtió que el exilio nicaragüense continúa siendo una de las consecuencias «más graves de la crisis de derechos humanos provocada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo» desde abril de 2018.

    Por tanto, llamó a los Estados, organismos internacionales y sociedades de acogida a asumir con urgencia la protección integral de la población nicaragüense desplazada por la represión, la persecución política y el cierre de todos los espacios cívicos en Nicaragua.

    En ese sentido, la ONG anotó que Costa Rica continúa concentrando gran parte de esa emergencia humanitaria. Según ACNUR, al 31 de octubre de 2025, Costa Rica acogía a 207.456 personas bajo protección internacional, de las cuales el 85 % eran originarias de Nicaragua.

    «Detrás de cada solicitud de refugio hay familias separadas, personas defensoras perseguidas, excarceladas políticas bajo amenaza, periodistas forzados al destierro y bajo apatridia, liderazgos campesinos, comunitarios, estudiantiles y religiosos obligados a reconstruir sus vidas lejos de su país», reflexionó ese Colectivo.

    La ONG también mencionó a los exiliados nicaragüenses que han sido asesinados o sufrido atentados en Costa Rica, como el mayor en retiro Roberto Samcam, y el activista Joao Maldonado, casos que evidencian que la protección internacional debe incluir medidas reales de seguridad, prevención, investigación y acompañamiento.

    Ese organismo demandó a Costa Rica y a los países que acogen población nicaragüense refugiada a fortalecer los mecanismos de protección para personas nicaragüenses en riesgo, agilizar los procesos de refugio, regularización y documentación, garantizar el acceso efectivo a salud, educación, trabajo, vivienda y justicia.

    Además, investigar con debida diligencia los ataques contra personas exiliadas, reconocer la dimensión transnacional de la persecución ejercida por la «dictadura nicaragüense» y aumentar la cooperación internacional para que los países de acogida no enfrenten solos esta crisis.

    También llamaron a Acnur, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a Naciones Unidas y a la comunidad internacional a mantener a Nicaragua como una prioridad en la agenda global de protección, refugio y derechos humanos.

    Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

    Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria».

  • Costa Rica teme llegada masiva de mineros ilegales por concesiones de Nicaragua a China

    Costa Rica teme llegada masiva de mineros ilegales por concesiones de Nicaragua a China

    La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, manifestó este viernes su preocupación por una eventual llegada masiva de mineros ilegales procedentes de Nicaragua, como consecuencia de las concesiones mineras que el gobierno nicaragüense ha entregado a empresas chinas en zonas cercanas a la frontera entre ambos países.

    Las declaraciones fueron brindadas tras una gira de inspección en Las Crucitas, una localidad del norte costarricense afectada por la extracción ilegal de oro. Según la mandataria, la situación podría agravarse en los próximos meses debido a la actividad minera que se desarrolla en territorio nicaragüense.

    “Me preocupa enormemente lo que va a pasar con Indio Maíz en Nicaragua. Indio Maíz ya se concesionó a empresas chinas y se estima que ahí hay 1,500 o 1,800 coligalleros. Cuando esa empresa tome control de esa minera en Nicaragua ¿Para dónde creen que se van a venir esos coligalleros?”, cuestionó Fernández.

    La gobernante advirtió que Costa Rica podría enfrentar una presión migratoria vinculada a la minería ilegal y calificó el escenario como una amenaza que requiere acciones urgentes. “Esto es una bomba de tiempo para Costa Rica que urge de una solución de manera inmediata”, sostuvo.

    Fernández señaló que el auge de la extracción aurífera ilegal continúa atrayendo personas y recursos ligados al crimen organizado. “Esto es una fiebre del oro. El oro no se va a ir de aquí y se van a seguir metiendo cada vez más personas, mejor financiadas por el crimen organizado para seguir explotando irracionalmente”, afirmó.

    De acuerdo con datos citados por la ONG ambientalista Fundación del Río, entre 2021 y 2026 Nicaragua otorgó concesiones mineras en 84 lotes a 19 empresas chinas, abarcando 1,274,908.33 hectáreas, equivalentes a más del 8.5 % del territorio nicaragüense. El informe indica que varias de estas áreas incluyen territorios protegidos y comunidades indígenas o afrodescendientes.

    La preocupación del Gobierno costarricense coincide con las sanciones impuestas en abril por Estados Unidos contra dos hijos de los copresidentes nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como contra funcionarios y empresas vinculadas a la extracción y comercialización de oro en Nicaragua.

    Paralelamente, la administración de Fernández impulsa en el Congreso un proyecto de ley para reactivar la minería legal de oro en Las Crucitas mediante concesiones a empresas privadas. El Ejecutivo considera que esta medida permitiría reducir la actividad ilegal, disminuir los daños ambientales y fortalecer el control estatal en la zona fronteriza.

    La presidenta también anunció que promoverá reformas legales para endurecer las sanciones contra quienes ingresen de manera irregular a explotar oro en el país. Según explicó, existen registros de mineros ilegales nicaragüenses que han sido deportados más de 35 veces, mientras que autoridades costarricenses sostienen que gran parte del oro extraído en Las Crucitas termina siendo trasladado hacia Nicaragua.

     

     

  • Fuertes críticas a presidenta de Costa Rica por declaraciones sobre situación de Nicaragua

    Fuertes críticas a presidenta de Costa Rica por declaraciones sobre situación de Nicaragua

    La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, enfrenta una ola de críticas tras afirmar que los nicaragüenses tienen “la forma de Gobierno que han elegido tener”, una declaración que generó rechazo entre dirigentes políticos, exmandatarios y organizaciones defensoras de derechos humanos.

    Las declaraciones fueron brindadas el pasado 13 de junio al medio internacional NTN24 y contrastan con las posiciones sostenidas por organismos internacionales y diversos gobiernos que han denunciado al Ejecutivo de Daniel Ortega por presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos y por la realización de procesos electorales cuestionados.

    El expresidente costarricense Luis Guillermo Solís calificó este martes las palabras de Fernández como “desafortunadas”, “muy graves” e “insólitas”, al considerar que desconocen la situación política que atraviesa Nicaragua. Según afirmó, las denuncias sobre abusos y restricciones a las libertades fundamentales han sido ampliamente documentadas por organismos independientes y por Naciones Unidas.

    “Pareciera desconocer o por lo menos minusvalorar las condiciones del régimen político que impera en Nicaragua. Pasa por encima de la dictadura sin reconocer la naturaleza despótica, violenta, violatoria de todos los derechos humanos; que ha perseguido, matado y torturado, en fin, todas las barbaridades imaginables incluidas las desapariciones y la eliminación de la ciudadanía”, dijo Solís a EFE.

    El exmandatario agregó que “Pretender que el Gobierno actual de Nicaragua es un Gobierno escogido por los nicaragüenses, como ella lo dice, no es de recibo” y sostuvo que las elecciones realizadas bajo la administración de Ortega han sido señaladas reiteradamente por presuntas irregularidades y falta de garantías democráticas.

    Las declaraciones también fueron rechazadas por el Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica, que emitió un comunicado en el que señaló que las palabras de Fernández contradicen la realidad documentada por organismos internacionales y la experiencia de miles de personas que han abandonado Nicaragua en los últimos años.

    “Rechazamos que se relativice o legitime la crisis vigente en Nicaragua y el autoritarismo que sigue empujando a las personas al desplazamiento forzado”, expresó la organización. Además, sostuvo que “minimizar la crisis nicaragüense no es neutralidad ni pragmatismo” y representa una contradicción con los principios democráticos que históricamente ha promovido Costa Rica.

    Por su parte, el abogado Salvador Marenco, representante del Colectivo Nicaragua Nunca Más, afirmó que desde el regreso de Daniel Ortega al poder en 2007 se han registrado restricciones constantes a los derechos humanos y denunció que los procesos electorales celebrados desde 2008 han sido cuestionados por falta de transparencia. También señaló que, tras las protestas de 2018, las violaciones a derechos humanos se agravaron y derivaron en un amplio éxodo de ciudadanos nicaragüenses.

    Las críticas también fueron respaldadas por la expresidenta costarricense Laura Chinchilla, quien recordó que la administración de Ortega ha sido señalada por la muerte de centenares de personas durante la crisis política, miles de detenciones, cierres masivos de organizaciones civiles y universidades, así como por acciones de persecución contra opositores dentro y fuera de Nicaragua.

     

  • La Selecta conocerá en julio a sus rivales de la Liga de Naciones 2026/27

    La Selecta conocerá en julio a sus rivales de la Liga de Naciones 2026/27

    La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) oficializó el jueves la estructura de la Liga de Naciones 2026/27, competición que volverá a reunir a las 41 asociaciones miembro de la región y que también funcionará como ruta de clasificación hacia la Copa Oro de 2027.

    Según detalló la confederación, el certamen se disputará durante las fechas FIFA de septiembre-octubre y noviembre de 2026. La fase definitiva se celebrará en marzo de 2027.

    El sorteo de la competencia, que definirá la composición de los grupos en las Ligas A, B y C, está programado para el 23 de julio de 2026.

    Liga A tendrá 16 selecciones

    La máxima categoría estará integrada por Canadá, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Surinam y Trinidad y Tobago.

    Concacaf explicó que la Liga A contará con una fase de grupos y una ronda de cuartos de final. Las 12 selecciones con menor clasificación en el ranking regional serán distribuidas en dos grupos de seis equipos bajo un sistema suizo.

    Cada selección disputará cuatro partidos durante la fase inicial, con dos encuentros en condición de local y dos como visitante.Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, instancia en la que se sumarán las cuatro selecciones mejor posicionadas de la Liga A, que recibirán un pase directo.

    Las eliminatorias de cuartos de final se jugarán a doble partido entre el 9 y el 17 de noviembre de 2026. Los vencedores obtendrán su boleto a las Finales de la Liga de Naciones, informó la Concacaf a través de su sitio web.

    El cierre del torneo se realizará del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, sede de las semifinales, el duelo por el tercer lugar y la final.

    Calendario de competencia

    Fase de grupos: 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026.

    Cuartos de final: 9 al 17 de noviembre de 2026.

    Finales de la Liga de Naciones: 25 al 28 de marzo de 2027.