Etiqueta: política migratoria

  • Jueza analiza los argumentos contra el despliegue «sin precedentes» del ICE en Minnesota

    Jueza analiza los argumentos contra el despliegue «sin precedentes» del ICE en Minnesota

    La jueza federal Kate M. Menéndez, que presidió este lunes una vista para decidir la legalidad o no del despliegue del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minnesota, aseguró que «es evidente que nos encontramos en unos tiempos sorprendentemente inusuales» en relación a la muerte de Alex Pretti el pasado sábado por los disparos de agentes federales.

    La jueza, que ya dictaminó el pasado 16 de enero que los agentes federales no pueden detener a los manifestantes pacíficos que no obstruyan a las autoridades, señaló ayer que Minnesota «tiene un conjunto de valores en torno a la aplicación de la ley migratoria, y la Administración Trump, otros».

    Aunque la audiencia en la corte federal terminó este mismo lunes, la jueza no emitió ningún fallo después de escuchar a los abogados del estado de Minnesota, las Ciudades Gemelas (Saint Paul y Mineápolis) y el Gobierno de Trump y se desconoce cuando se hará público.

    En la vista de este lunes, uno de los abogados del estado de Minnesota aseguró que «esta situación no tiene precedentes en los 250 años de historia de nuestro país».

    Y afirmó que el despliegue de agentes de inmigración, al que llamó «esencialmente un ejército», tenía la intención de «agitar las aguas con una conducta generalizada de violencia».

    Por su parte, el abogado del Gobierno de Trump, declaró ante la juez federal que los agentes de inmigración están en Minnesota «para hacer cumplir la ley federal de inmigración» y añadió que «no hay nada que respalde esta afirmación de que estamos aquí por otra razón».

    En una conferencia de prensa después de la audiencia sobre el aumento de la inmigración en ICE, el fiscal general de Minesota, Keith Ellison, dijo que una vez que el Gobierno federal decidió que la operación en las Ciudades Gemelas se trataba de «represalia, cruzaron la línea».

    En medio de estas posiciones cruzadas, la jueza federal deberá decidir sobre el despliegue de unos 3.000 agentes de inmigración, que genera una situación de extrema tensión tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos de agentes federales en menos de veinte días.

    Las redadas contra inmigrantes se han multiplicado y lo que antes eran controles migratorios se han convertido, según denuncian vecinos y organizaciones, en auténticas cazas y detenciones aleatorias en cualquier punto del estado.

    La decisión que adopte la jueza también tiene implicaciones para otros estados que han sido o podrían ser objeto de otras operaciones federales migratorias. Los fiscales generales de 19 estados más el Distrito de Columbia han presentado escritos apoyando a Minnesota.

    Otro tribunal federal celebrará este lunes por la tarde una vista para evitar que las pruebas de la muerte de Pretti pueden ser «destruidas o alteradas».

  • Detenciones de latinos sin delitos se multiplican bajo Trump

    Detenciones de latinos sin delitos se multiplican bajo Trump

    La detención de inmigrantes latinos sin historial criminal se sextuplicó en Estados Unidos desde el comienzo de la segunda presidencia de Donald Trump, mientras la de venezolanos se multiplicó por catorce y la de mexicanos por ocho, reveló un informe de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).

    El reporte, disponible en línea este viernes, documentó un promedio mensual de 6.000 inmigrantes latinos sin antecedentes penales que entraron a centros de detención de febrero a septiembre de 2025, en comparación con cerca de 900 al mes en el mismo lapso de 2024, durante la Administración de Joe Biden (2021-2025).

    Con ello, subió la proporción de migrantes detenidos sin historial criminal, que ahora representan más de uno de cada tres del total, frente a menos de un octavo en 2024, detalló la investigación, con base en datos oficiales obtenidos por la Ley de Libertad de Información (FOIA, en inglés).

    El estudio encontró que, bajo la gestión de Trump, cinco nacionalidades concentran tres cuartas partes de todos los latinos aprehendidos sin récord criminal: México, Guatemala, Honduras, Venezuela y Ecuador.

    Los investigadores resaltaron que la detención de mexicanos se incrementó casi ocho veces, al pasar de 1.500 a 13.300, con lo que representa más de una cuarta parte de los detenidos, mientras que la venezolanos se multiplicó por 14 a 5.600.

    También documentaron 8.600 guatemaltecos arrestados, casi ocho veces más que el periodo anterior, y 6.000 hondureños, una cifra que se elevó casi 10 veces, mientras que la de ecuatorianos incrementó a 2.800, más del doble.

    La Administración de Trump deportó a casi nueve de cada 10 latinos detenidos sin antecedentes penales y «solo soltó a una pequeña fracción de vuelta a sus comunidades».

    «No son lo peor de lo peor»

    «Nos enfocamos en este grupo porque, inequívocamente, no son ‘lo peor de lo peor’, sino miembros de la sociedad que se apegan a la ley y contribuyen», escribieron los autores Paul Ong, Jonathan Ong, y Sonja Díaz.

    La investigación también encontró que la mayoría de latinos no criminales que están detenidos tienen de 18 a 54 años, es decir, en edad de trabajar.

    Además, casi siete de cada 10 estuvieron detenidos 15 días o más y al 60 % de ellos los transfirieron fuera del estado en el que vivían.

    El documento recordó que la meta de la Administración de Trump es tener un promedio diario de 100.000 inmigrantes en centros de detención, casi el doble del récord de 50.200 personas de gobiernos anteriores.

    «Los resultados indican una trayectoria problemática para lo que resta de la actual Administración de Trump. Las detenciones, junto a las aprehensiones y deportaciones, probablemente incrementarán, con mucho del crecimiento proveniente de no criminales», concluyeron los investigadores.

  • El primer año de Trump marcado por récord de detenciones y políticas migratorias más severas

    El primer año de Trump marcado por récord de detenciones y políticas migratorias más severas

    El primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump ha estado marcado por un endurecimiento sin precedentes de la política migratoria en Estados Unidos. Con más de 622,000 deportaciones, niveles récord de detenciones y una ofensiva legal contra los programas humanitarios, el Gobierno ha sido señalado por organismos internacionales por el deterioro de las condiciones humanitarias y el uso intensivo de la acción ejecutiva para imponer restricciones.

    Si bien la cifra de deportaciones está por debajo de las 778,000 registradas en el último año fiscal completo del gobierno de Joe Biden, expertos advierten que las consecuencias humanas y legales de las nuevas políticas migratorias podrían sentirse durante años.

    Para aumentar las cifras de repatriaciones, la Administración expulsó a cientos de migrantes a al menos 14 países distintos al de su origen, entre ellos Camerún, El Salvador, Polonia, Ruanda y Sudán del Sur, una estrategia que ha sido duramente cuestionada en tribunales.

    Detenciones históricas y denuncias de abusos

    Las detenciones alcanzaron un promedio de más de 73,000 personas bajo custodia, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2001. Según el American Immigration Council, “el Gobierno está encarcelando a cientos de miles de personas —la mayoría sin antecedentes penales— en un sistema de detención severo que hace casi imposible pelear sus casos o lograr la libertad”.

    Organismos como Amnistía Internacional y la ACLU han denunciado condiciones inhumanas, hacinamiento y abusos físicos y psicológicos en los centros de detención. El año 2025 fue el más mortífero en al menos dos décadas, con más de 30 fallecidos bajo custodia del ICE.

    Fotografía de archivo de agentes de inmigración. EFE
    Fotografía de archivo de agentes de inmigración en una redada. EFE

    ICE duplicó su fuerza y cambió tácticas

    El número de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aumentó de 10,000 a 22,000 efectivos, muchos desplegados en ciudades demócratas como Chicago y Mineápolis, donde han sido señalados por tácticas violentas y operativos sin identificación.

    Desde que Trump regresó al poder, ICE ha realizado al menos 30 redadas con uso de armas de fuego, según el portal especializado The Trace. Además, agentes comenzaron a ocultar su rostro con pasamontañas y utilizar vehículos sin distintivos.

    Organizaciones civiles también alertan sobre el arresto de más de 170 ciudadanos estadounidenses detenidos por error en redadas migratorias. ICE ha extendido las detenciones a cortes de inmigración y oficinas del USCIS, afectando incluso a personas que acudían a trámites de naturalización o eran cónyuges de ciudadanos.

    Fin de programas humanitarios y amenaza al TPS

    El Gobierno lanzó una ofensiva para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de 11 países, incluyendo Venezuela, Haití y Honduras, así como para anular el programa de ‘parole’ humanitario implementado por la administración Biden.

    Como resultado, más de un millón de personas que ingresaron legalmente al país han quedado en riesgo de deportación.

    “Inconscientemente están premiando al que fue ilegal y nunca intentó legalizar su estatus; esa gente tiene más beneficios que la persona que trató de hacerlo de la manera correcta”, lamentó el abogado de inmigración Juan Molina, con sede en Houston.

    La frontera sur estadounidense reporta menos encuentros de migrantes este año. / archivo.

    Frontera más cerrada y caída en los cruces

    La eliminación del derecho a solicitar asilo —tanto en puertos como tras cruces irregulares— provocó un desplome en los cruces fronterizos, con un promedio de apenas 9,700 ingresos mensuales, la cifra más baja en cinco décadas.

    Las restricciones también alcanzaron la migración legal: se suspendieron visados en 75 países, se paralizó el programa de refugiados y se eliminó la lotería de visas de diversidad y mecanismos de reunificación familiar.

    Molina también criticó el lenguaje utilizado por las autoridades: “Cuando entras a la página de USCIS o sus redes sociales, hay un énfasis en ‘defender la nación’, en la idea de invasión y de una cultura homogénea, como si esa fuera la realidad del país”.

    El Migration Policy Institute (MPI) registró 38 órdenes ejecutivas firmadas por Trump relacionadas con migración hasta el 7 de enero de este año, lo que representa el 17 % del total emitido en su primer año. En total, el Gobierno ha ejecutado más de 500 acciones migratorias, la mayoría sin pasar por el Congreso.

    “El Gobierno impulsó cambios radicales en la política migratoria, sin precedentes por su amplitud y alcance, que han vuelto a EE.UU. más hostil no solo con los indocumentados, sino con migrantes de todos los estatus legales”, concluyó el MPI.

  • Renee Good, la mujer muerta por disparos de agentes migratorios, según The New York Times

    Renee Good, la mujer muerta por disparos de agentes migratorios, según The New York Times

    La mujer que murió tras recibir disparos de agentes federales de inmigración durante un operativo en Mineápolis fue identificada como Renee Nicole Good, según funcionarios locales citados por The New York Times.

    De acuerdo con los funcionarios que hablaron con el NYT bajo condición de anonimato, la mujer fue identificada mientras las investigaciones federales y estatales sobre el suceso siguen en marcha.

    Cientos de ciudadanos escalaron sus manifestaciones en Minéapolis, la mayor ciudad de Minnesota, tras la muerte de la mujer de 37 años, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó de ser una «agitadora profesional» por «agresivamente atropellar a un oficial de ICE» que disparó «en defensa propia».

    Pero congresistas demócratas denunciaron que ICE «asesinó» a la mujer, mientras el alcalde de Minéapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señalaron que las imágenes muestran que la abatida conducía su auto lejos de los oficiales y fueron ellos quienes se acercaron a agredirla.

    Renee Good conducía una camioneta Honda Pilot color negro en la avenida Portland, cuando sucedió el incidente que le costó la vida.

    En videos compartidos en redes sociales se ve como Good fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo y no se observa que el vehículo atropelle a alguno de los agentes, como aseguró el mandatario.

    Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y, segundos después, el auto choca contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

    La muerte de esta mujer en Minnesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EE.UU.

  • Florida detuvo a 10,400 migrantes de Centroamérica, México y Venezuela en ocho meses

    Florida detuvo a 10,400 migrantes de Centroamérica, México y Venezuela en ocho meses

    El operativo ‘Tidal Wave’ (Maremoto) de Florida suma 10.400 migrantes detenidos, en su mayoría de México, Centroamérica y Venezuela, desde que comenzó hace ocho meses para cooperar con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes el gobernador del estado, Ron DeSantis.

    «Esta es la mayor operación conjunta de aplicación de la ley de inmigración en la historia del ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), y estamos orgullosos de que continuará aquí en Florida», señaló el mandatario estatal, del Partido Republicano, en una conferencia en Sanderson, norte del estado.

    Guatemala es el origen del mayor número de detenidos (3.435), seguido de México (3.331), Honduras (1.353), El Salvador (312) y Venezuela (también 312), precisaron las autoridades de Florida, que no detallaron el origen del resto.

    Casi dos tercios de los arrestados, el 63 %, tenían una sentencia criminal o una detención previa, incluyendo agresores violentos, pandilleros, delincuentes sexuales, fugitivos e individuos que «representan una amenaza pública seria», según una infografía compartida por DeSantis.

    Además, Florida envió a 1.916 de los detenidos a ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz de los Caimanes), el sitio de detención migratoria que el Gobierno floridano abrió en julio pasado en medio de los Everglades, una zona natural al oeste de Miami rodeada de cocodrilos, serpientes y otros animales.

    «Mucho de los más de 10.000 individuos arrestados en la operación estaban intentando asediar a nuestros niños. Quédense tranquilos, nuestros fiscales estatales se asegurarán de que estos criminales pasen un buen tiempo tras las rejas antes de devolverlos al lugar del que vinieron», dijo el fiscal general floridano, James Uthmeier.

    Los funcionarios destacaron que Florida se ha convertido en emblema de la política migratoria de la segunda Administración de Trump, pues el estado lidera en la cantidad de acuerdos ‘287(g)’, que establecen la cooperación entre autoridades locales y el ICE.

    El Gobierno de Trump ha deportado a más de 600.000 migrantes desde que comenzó el 20 de enero de 2025 hasta el 10 de diciembre pasado, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

  • ¿Realmente pudo Trump sacar a más de 2,5 millones de extranjeros de EE.UU. en 2025?

    ¿Realmente pudo Trump sacar a más de 2,5 millones de extranjeros de EE.UU. en 2025?

    Las agencias encargadas de la inmigración en EE.UU. han dejado de publicar datos específicos sobre sus operaciones, lo que ha sembrado la duda sobre si más de 2,5 millones de indocumentados han salido del país gracias a la política migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump, como reclama la Casa Blanca.

    El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) destacó que 2025 ha sido “un año de logros sin precedentes” con la salida de 605.000 personas que han sido deportadas y 1,9 millones de indocumentados que salieron voluntariamente del país desde el pasado 20 de enero.

    La mayoría de los interrogantes se concentran en los 1,9 millones de indocumentados que supuestamente habrían abandonado el país por su propia cuenta.

    La Casa Blanca no ha aportado datos que respalden esta cifra ni a la prensa ni a las organizaciones.

    El analista del Instituto de Política de Migración (MPI), Ariel Ruiz Soto, dijo a EFE que el problema radica en que el Gobierno de Trump se basó en el Current Population Survey (CPS), un sondeo que realiza mensualmente la Oficina del Censo para determinar cuántos indocumentados se han marchado del país.

    La encuesta CPS ha sufrido varios cambios desde finales de 2024, incluida la reducción de la muestra de personas que contestan las preguntas.

    A esto se suma que la campaña de deportaciones masivas impuesta por el presidente Donald Trump probablemente ha hecho que los indocumentados dejen de contestar el sondeo.

    “Este dato de 1,9 millones es mucho más difícil de verificar y va mucho más allá de lo que hemos visto en otras áreas de la misma encuesta”, explicó Ruiz Soto.

    El analista insiste en que aunque se haya reportado una disminución en el número de inmigrantes que contestaron la encuesta, no significa que esto sea una prueba real de que se están yendo voluntariamente, algo en lo que coinciden los mismos inmigrantes.

    “Eso son exageraciones del Gobierno para meterle a uno miedo”, afirmó a EFE R. Hernández, un mexicano radicado en Los Ángeles desde hace más de 20 años.

    El inmigrante asegura que si en el futuro es deportado, buscaría la forma de regresar con su esposa y sus tres hijos ciudadanos estadounidenses.

    “En vez de estar amenazando con sacarnos, debería ver cómo nos da papeles”, agregó.

    La campaña de la autodeportación

    Lejos de probar los datos, el Gobierno de Trump prefiere celebrar el éxito de su política migratoria.

    La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, dijo recientemente que los indocumentados “están recibiendo nuestro mensaje de que deben irse ahora”.

    El DHS destinó 200 millones de dólares en una campaña para impulsar la “autodeportación” de extranjeros, a los que les prometen un pago de 1.000 dólares y la posibilidad de que regresen de forma legal, si registran su salida en la aplicación CBP Home.

    Unas 35.000 personas han notificado su salida en la promocionada aplicación, según dijeron dos funcionarios que supervisan el programa a The Atlantic, un registró muy alejado de los 1,9 millones de indocumentados que supuestamente se han marchado por cuenta propia.

    Menos deportaciones que Biden

    El DHS también ha dejado de publicar el desglose de las cifras de deportación, lo que ha hecho más complicado para organizaciones como MPI hacer un seguimiento.

    Según las últimas cifras, bajo el segundo mandato de Trump se ha deportado a 605.000 extranjeros, un número que se encuentra dentro de un rango que la Casa Blanca podría probar, según Ruiz Soto.

    No obstante, entre estos “deportados” están contabilizados aquellos extranjeros que fueron regresados en los aeropuertos sin haber ingresado a EE.UU. También se encuentran los inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que optan por una salida voluntaria.

    Esta cifra es menor que los 685.000 deportados del último año del Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025).
    “Creo que el Gobierno Trump se quedará corto para alcanzar ese número”, pronosticó el analista.

    Pero seguramente la Casa Blanca seguirá promocionando que ha sacado a cientos de miles de “los peores de los peores

    criminales” del país, con datos que también han sido puestos en duda.

    El más reciente informe del Instituto Cato encontró que el 73% de personas detenidas por el ICE no tenía antecedentes penales ni cargos penales pendientes. La mayoría de los condenados tenían sentencias por delitos menores, infracciones de inmigración o de tránsito.

  • Migrantes en EEUU viven una Navidad con miedo y rogando ser «invisibles» a la Migra

    Migrantes en EEUU viven una Navidad con miedo y rogando ser «invisibles» a la Migra

    Familias inmigrantes en Estados Unidos enfrentan una Navidad marcada por el miedo, la separación y la incertidumbre, ante el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha incrementado las redadas y detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintos puntos del país.

    En la ciudad de Tucson, Arizona, la inmigrante mexicana María Ramos pasará las fiestas sin su esposo y su hijo mayor, ambos arrestados por agentes migratorios cuando salieron a trabajar en jardinería. “Sabíamos que de un momento a otro podrían ser detenidos, pero tenían que salir a trabajar, para pagar los gastos”, relató a EFE.

    “Mi esposo y mi hijo no son criminales, nunca han hecho nada a nadie, ahora están en un centro de detenciones”, agregó Ramos, quien vive con temor de que la situación empeore para su familia.

    Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, más de 220,000 migrantes han sido arrestados por ICE, según datos del Deportation Data Project. El inicio de su segundo mandato estuvo acompañado de redadas masivas y despliegues federales en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Washington.

    Aunque Arizona, gobernada por la demócrata Katie Hobbs, no ha recibido grandes contingentes militares, los operativos migratorios son constantes. “Estas fiestas serán muy tristes, estoy pensando inclusive en quitar todos los adornos antes del día de Navidad”, confesó Ramos, quien se enteró del arresto de sus familiares cuando un amigo le dijo: “Se los llevaron”.

    La familia llevaba 25 años viviendo de forma irregular en EE.UU. y tiene dos hijos ciudadanos estadounidenses, quienes ahora temen que la detención del padre derive en el arresto de su madre.

    Una situación similar enfrenta la venezolana Ana Moran, de 29 años, residente en Arizona, cuyo esposo permanece detenido desde agosto en la cárcel del condado de Pima, acusado sin pruebas de un robo mientras realizaba entregas de comida. “No entiendo en qué momento dicen que mi esposo cometió este delito si yo siempre iba con él”, afirmó.

    La pareja ingresó a Estados Unidos hace dos años y medio tras solicitar asilo mediante la aplicación CBP One, implementada durante la administración de Joe Biden. Actualmente, esa misma plataforma es promovida por el Gobierno Trump para incentivar la autodeportación, ofreciendo $1,000 y la promesa de un eventual retorno legal.

    Ante el riesgo de que su esposo sea deportado, Moran admite que contempla salir voluntariamente del país, pese a tener permiso de trabajo y una solicitud de asilo en trámite. La falta de relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas agrava su situación. “No tenemos un consulado donde pedir ayuda, si ICE nos deporta no sabemos a qué país nos mandarían”, dijo.

    Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), desde el 20 de enero casi dos millones de migrantes se han autodeportado, mientras que más de 600,000 han sido expulsados por la fuerza.

    Moran y su familia deben presentarse ante una corte migratoria en mayo, pero teme que los problemas legales de su esposo afecten su caso. “Cuando salgo a la calle le pido a Dios: hazme invisible, hazme invisible, para regresar con mis hijos”, concluyó.

     

  • Trump abre su discurso a la nación atacando a los migrantes y al sistema político anterior

    Trump abre su discurso a la nación atacando a los migrantes y al sistema político anterior

    El presidente estadounidense, Donald Trump, abrió este miércoles el esperado discurso a la nación atacando a los inmigrantes y al sistema político que le precedió y aseguró que en unos pocos meses «hemos ido de lo peor a lo mejor», gracias a sus deportaciones y a 11 meses que han traído los mayores «cambios positivos» de la historia.

    «Nuestro país era motivo de burla en todo el mundo, pero ya no se ríen. En los últimos 11 meses hemos logrado más cambios positivos en Washington que cualquier Administración en la historia de Estados Unidos. Nunca ha habido nada igual», dijo Trump en el arranque de su discurso de logros en la Casa Blanca.

    Trump contrastó su política migratoria con la de la Administración anterior, a la que acusó de haber «inundado» ciudades y pueblos con inmigrantes en situación irregular y de haber liberado a delincuentes violentos que, dijo, pusieron en riesgo a personas inocentes.

    Según el presidente, su gestión prioriza a los ciudadanos «respetuosos de la ley y trabajadores» y representa un cambio radical frente a lo que describió como años de descontrol migratorio.

    Sin ningún tipo de pruebas, Trump aseguró que ha cerrado la frontera sur con México y que en siete meses no se registra el ingreso de ningún inmigrante ilegal.

    Posteriormente, el republicano se enfocó en citar algunos de los logros económicos de su Administración asegurando que «los salarios están subiendo más rápido que la inflación» y que los precios de muchos servicios y productos se han reducido, mencionando ejemplos como: un «22 % en automóviles» y la gasolina en 2,50 dólares por galón.

  • Troy Edgar, de ejecutivo corporativo a subsecretario de Seguridad, la trayectoria del futuro embajador de EEUU en El Salvador

    Troy Edgar, de ejecutivo corporativo a subsecretario de Seguridad, la trayectoria del futuro embajador de EEUU en El Salvador

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto nombrar al actual subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Troy Edgar, como nuevo embajador estadounidense en El Salvador, según revelaron medios estadounidenses el martes

    La designación representaría un movimiento estratégico en el liderazgo diplomático estadounidense en Centroamérica, y destaca por el perfil técnico y ejecutivo del funcionario, quien cuenta con más de 35 años de experiencia en la Marina, el sector empresarial y el servicio público.

    Edgar es el noveno subsecretario del DHS y uno de los principales colaboradores de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, con quien mantiene una buena relación de trabajo, según señalaron fuentes oficiales.

    Durante el primer mandato de Trump, Edgar también se desempeñó como director financiero del DHS, supervisando un presupuesto de 90 mil millones de dólares y participando en la gestión de proyectos migratorios y del muro fronterizo.

    Actualmente, como subsecretario, actúa como director de operaciones del DHS, con responsabilidad sobre 260,000 empleados y un presupuesto operativo anual que asciende a 100 mil millones de dólares.

    Trayectoria política y empresarial

    Antes de incorporarse al Gobierno federal, Edgar fue alcalde y concejal de Los Alamitos, California, durante 12 años, y presidió el Distrito de Saneamiento del Condado de Orange. Además, ha formado parte de diversas juntas estatales, filantrópicas y corporativas.

    En el ámbito empresarial, ha trabajado como consultor senior y emprendedor, asesorando a más de 40 empresas Fortune 500 en sectores como defensa aeroespacial, automotriz, logística, tecnología y administración pública.

    Veterano de la Marina de los Estados Unidos, Edgar posee una licenciatura en Ciencias y una Maestría en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles. Está casado con Betty Edgar y es padre de tres hijos. 

    El posible nombramiento de Edgar ocurre en un contexto de alta tensión en la política migratoria entre Estados Unidos y El Salvador, país que ha sido un actor clave en los acuerdos migratorios durante el gobierno de Trump.

    Aunque no se ha confirmado la fecha de inicio en el cargo, fuentes indicaron que su asignación podría concretarse próximamente sin necesidad de nueva aprobación en el Senado, dado que ya fue confirmado previamente para su actual cargo.

     

  • La Administración Trump revoca 85,000 visas, incluidas 8,000 de estudiantes

    La Administración Trump revoca 85,000 visas, incluidas 8,000 de estudiantes

    La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revocado en lo que va del año un total de 85,000 visas a ciudadanos extranjeros, entre ellas 8,000 que pertenecían a estudiantes internacionales, informó este lunes el Departamento de Estado.

    Un funcionario de esa dependencia explicó que la cifra representa más del doble de las anulaciones efectuadas durante el último año del gobierno de Joe Biden, aunque no precisó el número exacto registrado en 2024.

    Las revocaciones incluyen casos relacionados con delitos como conducción bajo los efectos del alcohol, agresiones físicas y robos, que en conjunto representan cerca del 50 % de las cancelaciones realizadas durante el año anterior.

    “Estas personas representan una amenaza directa para la seguridad de nuestras comunidades y no queremos que permanezcan en nuestro país”, declaró el funcionario, quien además subrayó que una de las prioridades del presidente Trump desde que asumió su segundo mandato en enero ha sido reducir de forma significativa la inmigración.

    La política migratoria también ha impactado a estudiantes internacionales. El Departamento de Estado confirmó que retiró visados a cientos de estudiantes que participaron en protestas universitarias contra la ofensiva militar israelí en Gaza, realizadas el año pasado en diversas universidades del país.

    Además, se han implementado nuevos filtros en los procesos de solicitud de visas, incluyendo la revisión de la actividad en redes sociales. De acuerdo con el funcionario, haber trabajado en plataformas digitales dedicadas a la verificación de información o moderación de contenido puede ser motivo suficiente para negar una visa.

    Esta política obedece a una instrucción emitida en mayo pasado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ordenó vetar el ingreso de extranjeros que participen en labores que, a juicio del Gobierno, impliquen “censura” a ciudadanos estadounidenses.

    “Al determinar si un solicitante califica para una visa, los funcionarios consulares no solo consideran un factor, sino la totalidad de sus circunstancias”, agregó el vocero del Departamento de Estado.