La administración de Donald Trump ha intensificado en las últimas semanas su estrategia de mano dura, combinando operativos militares, lenguaje agresivo y decisiones unilaterales que han marcado un nuevo rumbo en la política exterior e interna de Estados Unidos.
“Los mataremos a todos”, declaró Trump al referirse a las operaciones militares contra embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico.
Esta afirmación se enmarca en una campaña que, según analistas, difumina la línea entre el control criminal y la guerra abierta, al ordenar ataques marítimos que han dejado muertos y sin pruebas presentadas públicamente.
Las operaciones, lideradas por el Ejército en aguas cercanas a Venezuela y Colombia, han resultado en la destrucción de embarcaciones y la muerte de sus tripulantes, a quienes el Gobierno califica de «narcoterroristas».
Organismos como Human Rights Watch (HRW) han denunciado que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, mientras expertos como el politólogo Salvador Santino Regilme advierten que se trata de «actos legalmente insostenibles».
La retórica también escaló hacia los gobiernos de la región. Trump llamó “matón” al presidente colombiano Gustavo Petro, amenazando con intervenir directamente en “campos de muerte” relacionados al narcotráfico si el mandatario no actúa con mayor contundencia.
Migración: redadas y militarización
En el plano interno, la administración Trump ha reactivado su política migratoria más estricta. Desde enero, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha llevado a cabo redadas masivas en ciudades como Chicago y Nueva York, utilizando incluso tácticas militares y granadas aturdidoras.
“Estamos deteniendo a criminales muy peligrosos”, justificó el mandatario ante la prensa. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha respaldado estas acciones con campañas que etiquetan a los migrantes como “monstruos” o “lo peor de lo peor”.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) calificó estos operativos como desproporcionados y violatorios de derechos humanos.
Política comercial: aranceles como castigo
Trump también ha utilizado su política comercial como herramienta de presión. Esta semana impuso nuevos aranceles del 50 % a Brasil e India, en represalia por casos judiciales y acuerdos energéticos con Rusia, respectivamente.
Además, suspendió conversaciones con Canadá tras acusar al gobierno de difundir publicidad “engañosa” que tergiversa mensajes históricos de Ronald Reagan. También denunció un intento de “interferencia” canadiense en una próxima resolución de la Corte Suprema sobre sus políticas arancelarias.
Transformaciones en la Casa Blanca
A nivel simbólico, el mandatario busca dejar huella en la sede del poder. Esta semana inició la demolición del Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile valorado en 300 millones de dólares, financiado por donantes cercanos a su campaña.
El proyecto fue aprobado sin consenso institucional y ha generado controversia por su financiamiento privado y propósito personalista.
