El entusiasmo con el que más de tres millones de hondureños acudieron a votar el 30 de noviembre se ha desvanecido entre la frustración y la incertidumbre, debido a la falta de resultados oficiales. A dos semanas del proceso, el escrutinio avanza lentamente en medio de denuncias de irregularidades y fallas en el sistema, mientras se revisan 2,773 actas con inconsistencias como parte de una segunda fase.
Aunque el país se mantiene en relativa calma, el oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) llamó a sus bases a las calles para respaldar a sus candidatos, quienes exigen anular las elecciones. Las protestas han sido menores, pero algunos seguidores de Libre quemaron llantas en Tegucigalpa y otras ciudades frente a sedes vinculadas al proceso electoral.
“La población quiere saber quién ganó para pasar una Navidad tranquila, sin pensar que van a quemar llantas”, dijo Dixon Norales, vendedor ambulante en la capital, reflejando el sentimiento generalizado.
Norales también criticó el “comunismo” de la candidata oficialista Rixi Moncada, ubicada en tercer lugar con 618,448 votos (19.29 %), según el 99.40 % del escrutinio.
El nacionalista Nasry “Tito” Asfura lidera los resultados preliminares con 1,298,835 votos (40.52 %), seguido de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,256,428 sufragios (39.20 %). Nasralla denunció “fraude”, mientras Moncada calificó el proceso como “un golpe electoral”, respaldada por el expresidente Manuel Zelaya y su esposa, la actual mandataria Xiomara Castro. El Consejo Nacional Electoral tiene hasta el 30 de diciembre para oficializar los resultados.
Ciudadanos como Evangelina Mejía y Juan Godoy han pedido mejoras tecnológicas para futuros comicios.
“Votamos como corresponde y no se nos ha dado el resultado en el tiempo adecuado”, reclamó Mejía. Por su parte, Estephanie Soto sugirió: “Si es necesario, que cuenten voto por voto, aunque tarde hasta el 30 de diciembre”.
Las Misiones de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) y de la Unión Europea (MOE UE) hicieron el miércoles un llamado urgente a los actores políticos de Honduras para que respeten la voluntad expresada en las urnas el pasado 30 de noviembre y se abstengan de incitar a alteraciones del orden público mientras concluye el escrutinio.
Ambas misiones instaron a candidatos, partidos y autoridades a actuar con responsabilidad y a mantener una “vigilancia activa” sobre el proceso de conteo de votos, en lugar de promover protestas que puedan escalar en violencia.
“La MOE-OEA recuerda que las autoridades electorales son las únicas facultadas para validar los comicios y reitera su rechazo a cualquier llamado a alterar el orden público”, señaló el organismo en un comunicado oficial.
Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha procesado el 99.4 % de las actas, pero aún quedan 2,773 con inconsistencias, lo que representa más de 500,000 votos sin confirmar. El organismo no ha fijado una fecha para el escrutinio especial, aunque podría iniciar esta semana.
Con los datos preliminares, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry «Tito» Asfura, lidera con 1,298,835 votos (40.52 %). Le sigue el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1,256,428 sufragios (39.48 %). En tercer lugar aparece Rixi Moncada, candidata del oficialista Partido Libre, con 618,448 votos (19.29 %).
El conteo se ha visto entorpecido por constantes fallas técnicas en el sistema, según admitió la presidenta del CNE, Ana Paola Hall. El plazo legal para anunciar los resultados oficiales vence 30 días después de las elecciones.
Combo de fotografías de archivo que muestra a los candidatos a la Presidencia de Honduras, la oficialista de izquierda Rixi Moncada (i) y los derechistas Salvador Nasralla (c) y Nasry Asfura en actos de campaña en Tegucigalpa, Honduras. EFE
Llamados a la movilización y tensión política
Las declaraciones de los observadores internacionales se produjeron tras nuevas manifestaciones convocadas por líderes del Partido Libre. El martes, el expresidente y actual coordinador del partido, Manuel Zelaya, instó a simpatizantes a protestar en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), centro logístico del CNE. Este miércoles, empleados del SANAA quemaron neumáticos frente a la sede institucional en Tegucigalpa, mientras otras protestas se reportaron en la carretera entre El Progreso y Tela.
El Partido Nacional ha advertido que responderá “voto por voto, acta por acta y urna por urna” ante los señalamientos de fraude por parte de Nasralla y Moncada.
“Los liderazgos políticos deben actuar responsablemente para preservar la convivencia social”, reiteró la MOE/OEA, al tiempo que exhortó al CNE a “agilizar” el conteo y garantizar la “máxima transparencia” del proceso.
Contexto electoral y transición
En los comicios generales, los hondureños eligieron al sucesor de Xiomara Castro, cuya gestión finaliza el próximo 27 de enero de 2026, así como a tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
Pese a las denuncias cruzadas entre partidos, la Misión de Observación de la Unión Europea reiteró que el proceso electoral fue “pacífico y bien organizado” el día de la votación, aunque remarcó que está marcado por “graves crisis institucionales”.
El sistema de divulgación de los resultados preliminares de las elecciones de Honduras volvió este miércoles a detenerse por motivos de «mantenimiento» de la empresa privada contratada, desencadenando la indignación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en un momento en el que, con casi el 80% de los votos escrutados, se mantiene la ajustada carrera a la presidencia entre los dos candidatos conservadores.
«Ante el mantenimiento que la empresa ASD (contratada para ser la responsable del sistema) realiza sin consulta ni visto bueno del Pleno de consejeros y que ha provocado que se detenga la divulgación de resultados, manifiesto mi absoluto desacuerdo y anuncio que los he convocado a reunión urgente», escribió en X la consejera presidenta del ente electoral, Ana Paola Hall.
Esta es la segunda ocasión que se detiene de forma abrupta el recuento, que en esta ocasión lleva toda la jornada con alrededor del 79% del escrutinio, paralizado ahora en el 79,60 %.
Cossette López-Osorio, una de los tres consejeras del pleno del ente electoral, también se dirigió a X para tachar de «inexcusable que nuevamente se detenga la divulgación por acciones de mantenimiento en el sistema sin notificar al Pleno, en horas cruciales para el conteo de votos y publicidad de las actas».
Ante los problemas técnicos, el ente electoral hondureño habilitó el pasado martes una sala en un céntrico hotel para proyectar en pantallas los resultados preliminares, que desde entonces habían avanzado con lentitud.
En este recuento, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, suma 1.023.359 votos (40,27 %) frente a los 1.007.528 (39,64 %) de Nasry ‘Tito’ Asfura, aspirante del también conservador Partido Nacional y quien goza del respaldo del presidente de EE.UU., Donald Trump.
Mientras tanto, decenas de policías, algunos de ellos antimotines con un camión blindado y otro lanza-agua, fueron desplegados en los alrededores del céntrico hotel.
El refuerzo policial tiene lugar después de que en la noche del martes un grupo de apoyo a Nasralla llegara hasta los predios de ese hotel portando antorchas y las rojiblancas banderas del Partido Liberal en una manifestación pacífica.
Además frente al hotel se ha instalado un militante del izquierdista gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), cuya candidata, Rixi Moncada, permanece relegada en un tercer puesto con apenas un 19 % de los votos, donde inició un ayuno dentro de un ataúd en señal de protesta por los resultados preliminares, que considera manipulados.
En Tegucigalpa, algunos comercios han comenzado a proteger sus escaparates con tablas de madera o metal, según pudo presenciar EFE, una medida que han hecho en el pasado ante la posibilidad de brotes de violencia o manifestaciones.
Las sedes y búnkers del Partido Liberal y Nacional se mantienen en una aparente tranquilidad. Mientras que la formación política de Nasralla mantiene montada una tarima, la de Asfura proyecta unos conteos propios que le dan por ganador en una ajustada ventaja frente a su contrincante.
Miles de ciudadanos salieron este sábado a las calles de Estados Unidos para manifestarse en contra del presidente Donald Trump, en una jornada nacional de protestas convocada bajo el lema “No Kings” (“No queremos reyes”), que busca denunciar lo que consideran una deriva autoritaria del mandatario.
Las manifestaciones, de carácter pacífico, se realizaron de forma simultánea en más de 2,500 ciudades de los 50 estados del país, incluidas urbes emblemáticas como Nueva York, Washington, Miami, Chicago y San Francisco. En la costa este, Times Square y el Capitolio fueron epicentros de las concentraciones, mientras que en Europa se registraron actos de solidaridad en París, Berlín y Roma.
La movilización fue organizada por una coalición de 200 organizaciones sociales, que aseguran haber reunido millones de participantes, superando la cifra estimada en la primera edición de “No Kings”, celebrada el pasado 14 de junio, fecha del cumpleaños del presidente.
Tensión política y despliegue militar
El contexto de las protestas se enmarca en una creciente tensión política en EE. UU., especialmente tras la decisión de Trump de desplegar tropas federales en varias ciudades gobernadas por demócratas, alegando la necesidad de combatir el crimen y apoyar operativos migratorios.
En Texas, el gobernador Gregg Abbott ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Austin, anticipando posibles disturbios. No obstante, los organizadores reiteraron el carácter pacífico de la convocatoria y prohibieron portar armas durante las marchas. Muchos de los asistentes vistieron de amarillo, en referencia a los movimientos de protesta no violenta como los de Hong Kong en 2019.
Las demandas de los manifestantes fueron diversas: desde la oposición a la militarización de las ciudades y a las redadas migratorias, hasta el rechazo a los recortes en sanidad y la manipulación de distritos electorales.
Críticas y polémicas desde el oficialismo
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, calificó las protestas como “una muestra de odio contra Estados Unidos” y vinculó a sus organizadores con el movimiento Antifa y simpatizantes de Hamás, a quienes el Gobierno ha señalado como “enemigos del orden”.
Por su parte, Trump, que pasó el día en su residencia privada en Mar-a-Lago sin agenda oficial, rechazó las acusaciones de autoritarismo. “Dicen que me comporto como un rey. No soy un rey”, declaró el viernes en una entrevista a Fox Business. También acusó a los demócratas de bloquear las negociaciones presupuestarias para incentivar las manifestaciones.
Defensa de la libertad de expresión
Desde el Partido Demócrata, se ha denunciado que el presidente estaría atentando contra la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al intentar silenciar las críticas públicas. Una muestra de ello fue el intento de la Casa Blanca por cancelar temporalmente el programa del comediante Jimmy Kimmel, tras sus críticas al oficialismo por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.
Kimmel, que regresó al aire esta semana, respaldó las protestas y comparó la movilización con los orígenes del país.
“No hay nada más estadounidense que una protesta política. La Revolución estadounidense fue una protesta. ¡No Kings!”, expresó en su monólogo.
Millones de ciudadanos saldrán este sábado a las calles de más de 2,500 ciudades de Estados Unidos en la segunda edición de la marcha “Sin Reyes”, una protesta masiva contra lo que organizadores y sectores progresistas describen como una peligrosa deriva autoritaria de la segunda Administración del presidente Donald Trump. La manifestación se presenta como la más multitudinaria desde el retorno de Trump al poder y ocurre en pleno cierre del Gobierno federal.
Desde la Casa Blanca, la portavoz Abigail Jackson minimizó el impacto del evento con un escueto “a quién le importa”, mientras que altos líderes republicanos tacharon la movilización como un acto de “odio contra América”.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, acusó a los demócratas de bloquear las negociaciones para reabrir el Gobierno y denunció que “no son capaces de enfrentarse a sus rabiosas bases”. También vinculó la protesta con “simpatizantes de Hamás y del grupo terrorista antifa”.
El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al tema en una entrevista con Fox News, donde responsabilizó al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, del estancamiento legislativo.
“No le queda otra cosa que hacer. Todo el mundo le está dando palos”, afirmó el mandatario.
Los organizadores, una coalición de líderes demócratas y más de 200 colectivos civiles y sindicales, argumentan que la negativa republicana a reabrir el Gobierno es un síntoma claro del autoritarismo que pretenden denunciar.
“Johnson ha decidido atacar a millones de estadounidenses que van a reunirse en paz para decir que América pertenece al pueblo, no a reyes”, declaró la organización en un comunicado.
La protesta principal se desarrollará en Washington D.C., que desde hace semanas se encuentra bajo vigilancia reforzada de la Guardia Nacional, oficialmente para contener la criminalidad. Sin embargo, los convocantes aseguran que este despliegue busca intimidar y silenciar a la disidencia.
Los manifestantes han sido llamados a vestir de amarillo, en alusión al movimiento prodemocrático de Hong Kong en 2019.
“Con este color nos alineamos con un contexto histórico (…) y recordamos que el poder debe emanar del pueblo, no de las coronas”, afirman los organizadores en su sitio web.
Además de la capital, habrá marchas masivas en ciudades como Nueva York, San Francisco, Boston, Atlanta, Chicago, Kansas y Honolulu. También están previstas concentraciones en el extranjero, incluyendo Londres, París, Frankfurt y varias ciudades de España: Madrid (Puerta del Sol), Barcelona (Plaza Sant Jaume), Sevilla (Plaza Nueva) y Málaga (Plaza de la Marina). En la edición anterior, celebrada en junio, la movilización reunió a unos cinco millones de personas, cifra que esperan superar este fin de semana.
El Congreso de Perú destituyó la noche del jueves a la presidenta Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”, en medio de una creciente ola de violencia criminal y con apenas seis meses para las elecciones generales programadas para abril de 2026.
La decisión fue aprobada por 122 votos de un total de 130 congresistas, superando ampliamente los 87 requeridos para proceder con la vacancia. La mandataria no acudió al hemiciclo a ejercer su derecho de defensa, lo que precipitó el proceso parlamentario.
Boluarte, quien asumió el poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, se convirtió en la presidenta más impopular de América Latina con apenas un 3 % de aprobación, según encuestas recientes. Su salida fue impulsada por agrupaciones que anteriormente la respaldaron, como Fuerza Popular y Renovación Popular, cuyos líderes tienen aspiraciones presidenciales.
El Congreso aprobó en bloque cuatro mociones de vacancia, alegando su incapacidad para enfrentar la crisis de inseguridad que azota al país. La situación se agravó tras un ataque armado contra la agrupación musical Agua Marina, que dejó varios heridos durante un concierto en Lima.
En reemplazo de Boluarte, asumió como presidente interino el titular del Congreso, José Jerí, quien juró “con humildad, empatía y reconciliación nacional”, comprometiéndose a declarar la guerra a las bandas criminales y garantizar un proceso electoral limpio.
Jerí, de 38 años, se convierte así en el séptimo presidente del país desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y la propia Boluarte.
Investigaciones en su contra
Durante su mandato, Boluarte enfrentó múltiples investigaciones por presuntos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y abuso de poder. Entre ellas, destaca el caso “Rolexgate”, por el uso de relojes y joyas no declaradas, así como el presunto favorecimiento en la fuga del exlíder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
Además, fue señalada por haberse sometido en secreto a cirugías estéticas mientras no informaba su inhabilitación al Congreso. También es investigada por reuniones irregulares con la exfiscal Patricia Benavides, acusada de liderar una red de corrupción dentro del Ministerio Público.
A pesar de que el Tribunal Constitucional había suspendido temporalmente las investigaciones por su fuero presidencial, su destitución reactiva todos los procesos penales pendientes.
Una gestión sin respaldo popular
Sin bancada propia ni partido político, Boluarte sobrevivió políticamente gracias al respaldo de partidos conservadores que le permitieron gobernar durante casi tres años. Sin embargo, las más de 50 muertes en protestas sociales tras su llegada al poder, y su falta de respuesta efectiva ante la violencia criminal, terminaron por erosionar ese apoyo.
La ahora expresidenta asumió en 2022 tras el fallido intento de autogolpe de Pedro Castillo, de quien fue vicepresidenta y ministra. Su salida marca otro capítulo de inestabilidad institucional en Perú, donde siete presidentes han sido removidos o reemplazados en menos de una década.
Una jueza federal de Illinois rechazó este lunes bloquear de manera inmediata el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, tras la solicitud del Gobierno de Illinois de frenar las protestas contra las redadas migratorias en el estado.
La jueza April M. Perry tomó la decisión en una audiencia celebrada en Chicago después de que el Gobierno de Illinois demandara al presidente de EE.UU., Donald Trump, por la movilización de 400 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad. En la demanda, el Gobierno de Illinois y la ciudad de Chicago pidieron a Perry que emitiera una orden de restricción temporal para evitar el despliegue de estas tropas en el estado.
Según los medios locales, Perry expresó en el tribunal que necesita más tiempo para revisar el caso antes de tomar una decisión final sobre si bloquear o no el despliegue. La jueza fijó para este jueves una nueva audiencia para abordar el tema.
Las tropas, que provienen de Texas, se desplegarán entre este martes y miércoles en Illinois, y recibirán entrenamiento antes de iniciar sus operaciones, según confirmó un abogado del Gobierno de EE.UU. durante la audiencia.
En una rueda de prensa también celebrada este lunes, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, subrayó que los miembros de la Guardia Nacional están «entrenados como soldados», pero que, al ser reclutados para este tipo de operaciones, «se convierten en agentes de policía sin la formación adecuada». Pritzker calificó el despliegue como «una invasión anticonstitucional de Illinois por parte del gobierno federal».
El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, también criticó las acciones de Trump durante la conferencia de prensa, asegurando que «son ilegales» y que «ningún presidente puede saltarse la Constitución». En la demanda, Raoul argumentó que el Gobierno de Trump había «excedido su autoridad» y señaló que no hay «ningún requerimiento legal que justifique la federalización y el despliegue de la Guardia Nacional».
Este despliegue de tropas ordenado por Trump ocurre en medio de crecientes protestas contra las redadas migratorias en Chicago, especialmente después de que agentes de la Patrulla Fronteriza dispararan en South Side el sábado, hiriendo a una ciudadana estadounidense.
Además, en otro fallo federal del día, una jueza impidió al presidente Trump desplegar 300 efectivos de la Guardia Nacional en California, en el estado vecino de Oregón, donde se busca combatir las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland.
La Corte Constitucional de Ecuador suspendió la noche del viernes, de forma cautelar, el referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa para iniciar un proceso hacia una Asamblea Constituyente, con la que busca redactar una nueva Constitución. La decisión fue tomada tras admitir cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas luego de que el mandatario lanzara la convocatoria sin el dictamen previo del alto tribunal.
El tribunal explicó que la medida busca evitar “efectos irreversibles” que puedan comprometer la democracia, el Estado de derecho y los derechos de participación de los ciudadanos. La Constitución ecuatoriana establece que cualquier consulta popular debe contar con un dictamen favorable de la Corte Constitucional sobre la legalidad de las preguntas antes de su convocatoria.
La propuesta de Noboa, una de sus principales promesas de campaña para el período 2025-2029, se produce en un ambiente de confrontación abierta con la Corte Constitucional, a la que ha acusado de “activismo político” por frenar varias de sus medidas, incluidos estados de excepción y proyectos de ley que han sido señalados por posibles violaciones a derechos fundamentales.
En las últimas semanas, el presidente encabezó manifestaciones contra los magistrados, acusándolos de entorpecer sus planes para combatir el crimen organizado. Entre sus propuestas más polémicas se encuentra otorgar “indultos anticipados” a policías y militares involucrados en acciones contra estructuras criminales.
La suspensión del referéndum llega además en medio de un clima social tenso por la eliminación del subsidio al diésel, que elevó su precio de $1.80 a $2.80 por galón, desatando protestas lideradas por el movimiento indígena. Ante ello, el Gobierno decretó estado de excepción en ocho provincias e impuso toque de queda en cuatro de ellas, advirtiendo que se procesará por terrorismo a quienes bloqueen carreteras.
Más de 3.1 millones de personas en Cuba, lo que representa cerca del 30 % de la población, enfrentan una falta total o parcial de suministro de agua potable, según reportes divulgados este miércoles por medios oficiales.
Las causas de la crisis son múltiples y convergentes. Las autoridades del sector hidráulico atribuyen el problema a la persistente sequía, la crisis energética que afecta a todo el país, las averías en equipos de bombeo, así como el deterioro generalizado de las redes de distribución.
En Santiago de Cuba, la segunda provincia más importante del país, más de 400,000 personas —equivalente al 40 % de su población— están directamente afectadas por la sequía extrema, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).
Los embalses locales están al límite de su capacidad, lo que ha obligado a implementar estrategias de emergencia y sostenibilidad para enfrentar el colapso del sistema.
La crisis energética ha profundizado el problema. Apagones que superan las 20 horas diarias paralizan las bombas de agua. Una vez restablecida la corriente, los sistemas tardan horas en reactivarse y, en muchos casos, sufren daños por los constantes vaivenes del flujo eléctrico, lo que retrasa aún más la distribución del agua.
La situación ha generado malestar social. En los últimos meses se han registrado protestas ciudadanas en barrios de La Habana y Santiago de Cuba, donde residentes reclaman por la falta de agua, sumándose a los reclamos por los apagones constantes.
Las autoridades del sector insisten en que se están ejecutando obras de emergencia y que se mantienen en marcha acciones para mitigar los efectos de la escasez hídrica, pero admiten que el contexto es crítico y complejo.
“¿Hasta cuándo es esto? No podemos más”, explota indignada Zoila. Tras más de 20 días sin agua corriente en la casa, con apagones diarios y la basura acumulándose en su calle, esta madre habanera de 44 años pone voz a la desesperación social por la grave crisis que devora a Cuba.
Zoila, que no habla a cámara y pide no publicar su apellido por miedo a represalias, reclama una solución para ella y las decenas de miles de vecinos de Centro Habana y La Habana vieja sumidos en un profundo deterioro.
“Llevamos 23 días exactos sin que entre el agua. No podemos más”, repite a EFE custodiada por una montaña de basura y un hedor que se siente desde una calle antes. Allí mismo protestaron la semana previa varios vecinos por la falta de agua corriente.
“No hay agua porque dicen (las autoridades) que está roto algo. Pero, entonces, si entra, no se puede poner el motor (de bombeo a las casas) porque no hay luz (corriente)”, resume irritada.
Ella lamenta que no tiene 30.000 pesos cubanos (250 dólares) para pagar una pipa (camión cisterna con agua potable), una solución al margen de la ley por la que muchas personas optan ante la falta de abastecimiento.
La mujer agrega que tampoco ha podido dormir por los apagones. “Toda la noche dando cartón”, dice en referencia al pedazo de papel duro que usa de abanico para refrescarse y espantar mosquitos.
Un grupo de personas recolectan agua en La Habana. Cuba, un país de 9,7 millones de habitantes, cuenta con más de 3,9 millones de viviendas de las que el 37 % se encuentran en regular o mal estado técnico, de acuerdo con cifras oficiales. EFE
Desesperanza en bucle
La desesperanza en bucle también marca la vida de Adolfo, vecino de Zoila, que muestra a EFE unas cubetas pequeñas plásticas apoyadas en la entrada de su edificio. Él vive en lo que una vez fue una imponente construcción de los años cincuenta del siglo pasado, que ahora resiste con dificultades el paso del tiempo y los derrumbes.
“Aquí el agua viene cada siete u ocho días normalmente. Tengo que esperar a que el vecino de abajo coja agua para llenar las cubetas y subirlas hasta un cuarto piso”, cuenta Adolfo mientras enciende un cigarro.
Según datos oficiales, unas 248.000 personas en La Habana, más del 10 % de sus pobladores, no tiene actualmente acceso a agua corriente. En el país, con algo menos de diez millones de personas, la tasa es similar.
Este jubilado -quien también pide ocultar su apellido- tampoco tiene fluido eléctrico y su pensión (unos 12 dólares al mes) no le alcanza, por lo que hace “trabajitos” como plomero. “No es fácil”, resume con una frase hecha cubana que conjuga resignación y eufemismo.
Desde hace más de cinco años, Cuba se ha precipitado por una crisis que ha contraído un 11 % sy producto interno bruto (PIB) y diezmado el poder adquisitivo nacional, además de generalizar los cortes eléctricos y la escasez de productos básicos como alimentos, medicinas y combustible.
Una persona bota escombros en una calle del centro de La Habana, Cuba. EFE
Efecto dominó
La vida en la céntrica calle Águila de la capital cubana transcurre, como en el resto del país, entre una acumulación de problemas de años que conforman una cadena de desgracias.
Por un lado, la profunda crisis energética -agravada desde el año pasado- provoca apagones de unas diez horas al día en La Habana (unas veinte o más en casi todo el resto del país), lo que paraliza la menguada vida económica de la isla y obstaculiza el día a día de los cubanos.
Esos constantes apagones interrumpen a su vez el bombeo de agua corriente, ya de por sí problemático por la sequía y las averías. Cuando vuelve la electricidad, los equipos tardan horas en volver a operar y a veces se dañan por las oscilaciones del flujo eléctrico.
Los problemas con el suministro de agua han llegado a provocar pequeñas protestas en Centro Habana y La habana Vieja, en el corazón de la capital, pero también en la periferia, como en San Miguel del Padrón.
Otro factor es la recogida irregular de basura, porque gran parte de los camiones están averiados o no tienen combustible. Los desechos se amontonan y son un foco de infecciones, como se ha reconocido desde el Ministerio de Salud Pública.
El panorama se complica aún más por el fuerte deterioro de muchas construcciones en el centro de la capital, viviendas con décadas de uso y sin mantenimientos en un clima hostil por las altas temperaturas, las intensas lluvias y el salitre del mar.
Con las tormentas del verano, el agua se filtra por las paredes en mal estado, las hincha y, cuando vuelve a salir el sol, los muros se rajan y se producen derrumbes, a veces decenas de ellos después de un par de días de fuertes lluvias. Por estos desplomes, en los últimos años han muerto varias personas.
Cuba, un país de 9,7 millones de habitantes, cuenta con más de 3,9 millones de viviendas de las que el 37 % se encuentran en regular o mal estado técnico, de acuerdo con cifras oficiales.
