Más de 3.1 millones de personas en Cuba, lo que representa cerca del 30 % de la población, enfrentan una falta total o parcial de suministro de agua potable, según reportes divulgados este miércoles por medios oficiales.
Las causas de la crisis son múltiples y convergentes. Las autoridades del sector hidráulico atribuyen el problema a la persistente sequía, la crisis energética que afecta a todo el país, las averías en equipos de bombeo, así como el deterioro generalizado de las redes de distribución.
En Santiago de Cuba, la segunda provincia más importante del país, más de 400,000 personas —equivalente al 40 % de su población— están directamente afectadas por la sequía extrema, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).
Los embalses locales están al límite de su capacidad, lo que ha obligado a implementar estrategias de emergencia y sostenibilidad para enfrentar el colapso del sistema.
La crisis energética ha profundizado el problema. Apagones que superan las 20 horas diarias paralizan las bombas de agua. Una vez restablecida la corriente, los sistemas tardan horas en reactivarse y, en muchos casos, sufren daños por los constantes vaivenes del flujo eléctrico, lo que retrasa aún más la distribución del agua.
La situación ha generado malestar social. En los últimos meses se han registrado protestas ciudadanas en barrios de La Habana y Santiago de Cuba, donde residentes reclaman por la falta de agua, sumándose a los reclamos por los apagones constantes.
Las autoridades del sector insisten en que se están ejecutando obras de emergencia y que se mantienen en marcha acciones para mitigar los efectos de la escasez hídrica, pero admiten que el contexto es crítico y complejo.
“¿Hasta cuándo es esto? No podemos más”, explota indignada Zoila. Tras más de 20 días sin agua corriente en la casa, con apagones diarios y la basura acumulándose en su calle, esta madre habanera de 44 años pone voz a la desesperación social por la grave crisis que devora a Cuba.
Zoila, que no habla a cámara y pide no publicar su apellido por miedo a represalias, reclama una solución para ella y las decenas de miles de vecinos de Centro Habana y La Habana vieja sumidos en un profundo deterioro.
“Llevamos 23 días exactos sin que entre el agua. No podemos más”, repite a EFE custodiada por una montaña de basura y un hedor que se siente desde una calle antes. Allí mismo protestaron la semana previa varios vecinos por la falta de agua corriente.
“No hay agua porque dicen (las autoridades) que está roto algo. Pero, entonces, si entra, no se puede poner el motor (de bombeo a las casas) porque no hay luz (corriente)”, resume irritada.
Ella lamenta que no tiene 30.000 pesos cubanos (250 dólares) para pagar una pipa (camión cisterna con agua potable), una solución al margen de la ley por la que muchas personas optan ante la falta de abastecimiento.
La mujer agrega que tampoco ha podido dormir por los apagones. “Toda la noche dando cartón”, dice en referencia al pedazo de papel duro que usa de abanico para refrescarse y espantar mosquitos.
Un grupo de personas recolectan agua en La Habana. Cuba, un país de 9,7 millones de habitantes, cuenta con más de 3,9 millones de viviendas de las que el 37 % se encuentran en regular o mal estado técnico, de acuerdo con cifras oficiales. EFE
Desesperanza en bucle
La desesperanza en bucle también marca la vida de Adolfo, vecino de Zoila, que muestra a EFE unas cubetas pequeñas plásticas apoyadas en la entrada de su edificio. Él vive en lo que una vez fue una imponente construcción de los años cincuenta del siglo pasado, que ahora resiste con dificultades el paso del tiempo y los derrumbes.
“Aquí el agua viene cada siete u ocho días normalmente. Tengo que esperar a que el vecino de abajo coja agua para llenar las cubetas y subirlas hasta un cuarto piso”, cuenta Adolfo mientras enciende un cigarro.
Según datos oficiales, unas 248.000 personas en La Habana, más del 10 % de sus pobladores, no tiene actualmente acceso a agua corriente. En el país, con algo menos de diez millones de personas, la tasa es similar.
Este jubilado -quien también pide ocultar su apellido- tampoco tiene fluido eléctrico y su pensión (unos 12 dólares al mes) no le alcanza, por lo que hace “trabajitos” como plomero. “No es fácil”, resume con una frase hecha cubana que conjuga resignación y eufemismo.
Desde hace más de cinco años, Cuba se ha precipitado por una crisis que ha contraído un 11 % sy producto interno bruto (PIB) y diezmado el poder adquisitivo nacional, además de generalizar los cortes eléctricos y la escasez de productos básicos como alimentos, medicinas y combustible.
Una persona bota escombros en una calle del centro de La Habana, Cuba. EFE
Efecto dominó
La vida en la céntrica calle Águila de la capital cubana transcurre, como en el resto del país, entre una acumulación de problemas de años que conforman una cadena de desgracias.
Por un lado, la profunda crisis energética -agravada desde el año pasado- provoca apagones de unas diez horas al día en La Habana (unas veinte o más en casi todo el resto del país), lo que paraliza la menguada vida económica de la isla y obstaculiza el día a día de los cubanos.
Esos constantes apagones interrumpen a su vez el bombeo de agua corriente, ya de por sí problemático por la sequía y las averías. Cuando vuelve la electricidad, los equipos tardan horas en volver a operar y a veces se dañan por las oscilaciones del flujo eléctrico.
Los problemas con el suministro de agua han llegado a provocar pequeñas protestas en Centro Habana y La habana Vieja, en el corazón de la capital, pero también en la periferia, como en San Miguel del Padrón.
Otro factor es la recogida irregular de basura, porque gran parte de los camiones están averiados o no tienen combustible. Los desechos se amontonan y son un foco de infecciones, como se ha reconocido desde el Ministerio de Salud Pública.
El panorama se complica aún más por el fuerte deterioro de muchas construcciones en el centro de la capital, viviendas con décadas de uso y sin mantenimientos en un clima hostil por las altas temperaturas, las intensas lluvias y el salitre del mar.
Con las tormentas del verano, el agua se filtra por las paredes en mal estado, las hincha y, cuando vuelve a salir el sol, los muros se rajan y se producen derrumbes, a veces decenas de ellos después de un par de días de fuertes lluvias. Por estos desplomes, en los últimos años han muerto varias personas.
Cuba, un país de 9,7 millones de habitantes, cuenta con más de 3,9 millones de viviendas de las que el 37 % se encuentran en regular o mal estado técnico, de acuerdo con cifras oficiales.
Cuba vivió este miércoles un apagón nacional que dejó sin electricidad a más de 9 millones de personas, tras una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ocurrida a las 9:14 de la mañana (hora local). La estatal Unión Eléctrica (UNE) informó que la falla estaría vinculada a la salida inesperada de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas, una de las principales fuentes de generación del país.
“Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico que puede estar asociada a una salida inesperada de la CTE Guiteras. Ya comenzó el proceso de restablecimiento”, señaló el Ministerio de Energía y Minas en un comunicado en redes sociales.
Las autoridades explicaron que la reconexión del SEN inicia con fuentes de arranque rápido como energía solar, hidroeléctrica y motores de generación, para luego ir interconectando áreas y reactivar gradualmente las termoeléctricas. Este proceso puede tardar horas o incluso días, como ha ocurrido en apagones anteriores.
El corte eléctrico ocurrió apenas tres días después de que una rotura en un cable de alta tensión dejara sin suministro a cinco provincias del oriente cubano.
Apagones prolongados y crisis energética estructural
Los apagones son una constante en Cuba desde hace años, pero en los últimos meses se han intensificado. En julio y agosto, la duración promedio de los cortes fue de entre 15 y 16 horas diarias, según datos de la UNE. En los últimos dos años, el país ha registrado cinco apagones nacionales: dos por huracanes y tres por fallas graves en el SEN.
La mayoría de las centrales térmicas de Cuba están obsoletas tras décadas de explotación y falta de inversión. Además, decenas de motores de generación salen de servicio a diario por la escasez de combustible, agravada por la falta de divisas y las sanciones económicas de Estados Unidos, que el Gobierno cubano califica como una política de “asfixia energética”.
Expertos independientes señalan que se necesitarían entre $8,000 y $10,000 millones para modernizar el sistema eléctrico de la isla, una cifra inalcanzable para la actual economía cubana.
Los cortes eléctricos son un fuerte obstáculo para la economía de Cuba, que se contrajo un 1.1 % en 2024 y acumula una caída del 11 % en los últimos cinco años, de acuerdo con cifras oficiales. La CEPAL prevé un PIB negativo también en 2025, lo que refleja la gravedad de la crisis.
Además, los apagones han avivado el descontento social y han estado en el centro de varias protestas históricas, como las de julio de 2021, las manifestaciones en Nuevitas y La Habana en 2022, y las registradas en Santiago de Cuba y otras ciudades en marzo de 2024.
Un juez de Bolivia ordenó este viernes la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez, procesada por delitos de genocidio y tentativa de genocidio durante las protestas de 2019 que dejaron más de 30 muertos tras la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.
“Por el presente mandamiento, ordena a quien se encuentre en condición de director del Recinto Penitenciario de Miraflores del Departamento de La Paz, a fin de que ponga en inmediata libertad”, señala la resolución emitida por el juez Javier Chuquimia, del Tribunal de Sentencia Penal, según recogió el diario El Deber.
Pese al fallo judicial, Áñez permanecerá encarcelada en la prisión de Miraflores, en La Paz, debido a la condena de diez años que cumple por el caso ‘Golpe II’. La sentencia la responsabiliza de autoproclamarse presidenta en noviembre de 2019 en medio de la crisis política tras las elecciones que derivaron en la renuncia de Morales.
La decisión judicial llega después de que la Justicia boliviana anulara dos procesos en su contra por las masacres de Sacaba y Senkata, ordenando en su lugar juicios de responsabilidades al tratarse de hechos ocurridos durante su mandato como jefa de Estado.
Áñez, que era segunda vicepresidenta del Senado cuando asumió el cargo, tomó posesión sin consenso parlamentario mientras sectores de la Policía y el Ejército protagonizaban un motín en medio de denuncias de fraude electoral. El caso continúa generando polarización política en Bolivia y presión internacional sobre la independencia judicial.
Centenares de ciudadanos salieron el miércoles a las calles de Kiev y otras ciudades de Ucrania para rechazar una controvertida ley aprobada por el Parlamento y ratificada por el presidente Volodímir Zelenski, que debilita la independencia de las agencias anticorrupción al colocarlas bajo control del fiscal general.
Las protestas, lideradas en su mayoría por jóvenes, incluyeron consignas contra la corrupción y pancartas en las que se exigía al mandatario ucraniano revocar la nueva legislación. Imágenes difundidas por la televisión pública mostraron la amplia movilización en plazas de todo el país.
En respuesta, Zelenski aseguró en su discurso nocturno que ha escuchado el clamor popular y anunció que propondrá al Parlamento un nuevo proyecto de ley para restituir los poderes de los organismos anticorrupción y eliminar cualquier posible injerencia rusa en esas instituciones.
El presidente también se comprometió a presentar, en un plazo de dos semanas, un plan nacional de lucha contra la corrupción.
Reacción internacional
La reacción internacional no se hizo esperar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitó explicaciones directas a Zelenski por la polémica reforma. Así lo confirmó el comisario europeo de Democracia y Estado de Derecho, Michael McGrath, tras una reunión informal del Consejo de Ministros de Justicia de la UE en Copenhague.
“Von der Leyen expresó su profunda preocupación y pidió explicaciones”, dijo McGrath, quien subrayó que la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) son pilares fundamentales para el Estado de derecho en Ucrania.
Agregó que estos organismos deben preservar su autonomía para mantener la confianza ciudadana y avanzar en el proceso de adhesión a la Unión Europea.
El comisario fue tajante al afirmar que no puede haber retrocesos en los avances logrados por Ucrania en materia de transparencia, y calificó como “muy preocupante” la subordinación de las agencias al fiscal general nombrado por la Presidencia.
La ley fue aprobada con los votos del partido oficialista de Zelenski y ha sido ampliamente cuestionada por ONG nacionales e internacionales, que consideran que representa una erosión de los controles al Ejecutivo. Algunas organizaciones aseguran que esta medida podría usarse para proteger a personas cercanas al presidente de futuras investigaciones por corrupción.
La situación se agravó luego de que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ejecutara redadas contra la NABU, deteniendo a dos altos funcionarios acusados de supuesta colaboración con Rusia. Estas acciones fueron percibidas como un ataque directo a la independencia institucional.
Diversos gobiernos europeos, entre ellos Alemania y Suecia, sumaron sus críticas a las reformas. ONG proeuropeas que antes respaldaban a Zelenski ahora lo acusan de querer controlar los entes que investigan casos de corrupción, incluso dentro de su círculo cercano.
Decenas de migrantes detenidos en el recién inaugurado centro de detención ‘Alligator Alcatraz’, ubicado en pleno corazón de los Everglades de Florida, han denunciado en los últimos días condiciones infrahumanas: calor sofocante, carpas improvisadas sin ventilación adecuada, falta de agua potable y alimentos en mal estado.
Testimonios de migrantes, familiares y abogados contradicen la versión oficial que asegura que el centro “cumple con todos los estándares requeridos”.
Vladimir Miranda, migrante cubano con permiso de permanencia temporal, fue arrestado en su lugar de trabajo en Orlando tras una audiencia migratoria. Su pareja, Eveling Ortiz, relató a NBC 6 que “no ha podido bañarse, no puede usar bien el baño y no tiene acceso a un abogado”.
Según relató, los generadores eléctricos fallan con frecuencia, dejando a los detenidos sin electricidad, agua, teléfonos o aire acondicionado en temperaturas que superan los 40 grados y con 90 % de humedad.
El artista urbano cubano Leamsy “La Figura” Izquierdo, arrestado en Miami, denunció que lleva cuatro días sin poder bañarse y que la luz permanece encendida de forma permanente.
Familiares de otros migrantes reportan situaciones similares. La esposa de un guatemalteco detenido declaró a CNN que su esposo “no ha tenido acceso a un abogado, está rodeado de mosquitos y sin comida suficiente”.
Abogados de migrantes describen el trato como “ratas en un experimento”, con comida podrida, baños desbordados de excrementos, plagas de mosquitos y violaciones a derechos básicos, incluyendo la supuesta confiscación de biblias y restricciones para practicar su fe, como denunció la organización World Relief.
La abogada Gina Fraga relató que su cliente pasó cinco días sin acceso a agua potable y que los detenidos recurren a cubetas de Home Depot para asearse. Otros afirman que solo reciben “un sándwich al día” y carecen de productos de higiene y atención médica adecuada.
El abogado Phillip Arroyo, defensor de un beneficiario de DACA, afirmó al Miami Herald que su cliente estuvo incomunicado varios días, sin comida en condiciones y sin acceso a representación legal. “Esto es una violación de derechos civiles. Mi cliente tiene estatus legal y está detenido sin explicación”, aseguró.
Infraestructura y entorno inhóspito
El centro ‘Alligator Alcatraz’ fue construido en apenas dos semanas sobre un viejo aeródromo municipal, en una zona pantanosa habitada por caimanes y pitones, a 80 kilómetros de Miami.
Aunque su presupuesto original era de $450 millones, documentos filtrados de FEMA indican que el costo ya supera los $600 millones. La instalación, promovida por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, fue presentada como una “solución temporal y eficiente” para gestionar la detención de migrantes.
El complejo cuenta con una pista de aterrizaje funcional y su ubicación refuerza la sensación de aislamiento. El activista Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, visitó el sitio junto a legisladores, pero se les negó el acceso. “Los mosquitos eran una nube visible, nos picaron niguas. Es un lugar inhabitable, en una zona pantanosa y de alto riesgo por huracanes”, denunció.
En contraste, la portavoz de la División de Manejo de Emergencias de Florida, Stephanie Hartman, rechazó las denuncias como “completamente falsas” y afirmó que el centro “cumple con todos los requisitos”.
Ante la polémica, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, exigió acceso a las instalaciones, la creación de un equipo de monitoreo semanal y un plan de evacuación en caso de huracán, dado el riesgo climático del área.
