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  • Muertos por manifestaciones en Irán se eleva a casi 2,000, Trump cierra diálogo y exige frenar represión

    Muertos por manifestaciones en Irán se eleva a casi 2,000, Trump cierra diálogo y exige frenar represión

    Estados Unidos canceló toda vía diplomática con Irán y recrudeció sus amenazas de una posible intervención militar, en respuesta a la represión contra manifestantes que ha dejado cerca de 2,000 muertos, según denunció una ONG estadounidense.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la suspensión de cualquier reunión con funcionarios iraníes, mientras continúen los “asesinatos sin sentido” de manifestantes. “¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio”, escribió Trump en su red Truth Social, donde también afirmó que “la ayuda está en camino” y cerró su mensaje con el lema “Make Iran Great Again”.

    La medida ocurre tras intentos del canciller iraní, Abás Araqchi, de contactar al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, para bajar la tensión, según reveló el medio Axios. No obstante, el gobierno estadounidense endureció su postura y anunció un arancel del 25 % a países que mantengan vínculos comerciales con Teherán.

    En respuesta, el ministro de Defensa de Irán, Aziz Nasirzadeh, advirtió que enfrentarán cualquier agresión con “más decisión”, asegurando que el país está listo para defenderse “hasta la última gota de sangre” y que Estados Unidos encontrará una respuesta “atroz” si ataca. A estas declaraciones se sumó Rusia, aliada de Irán, que alertó sobre “funestas consecuencias” para la seguridad global.

    La organización Human Rights Activists (HRA), con sede en EE.UU., reportó este martes la muerte confirmada de 1,850 personas, incluidos 9 menores, durante 17 días de protestas. Además, se registran más de 16,700 detenciones, mientras que otras fuentes opositoras, como la Organización de Muyahidines del Pueblo de Irán (OMPI), elevan los fallecidos hasta 3,000 y denuncian el uso de armas de guerra contra civiles.

    Las ONG señalan que el apagón digital impuesto por el régimen —el más prolongado en la historia iraní— busca ocultar “graves violaciones de derechos humanos”.

    A pesar de una leve reducción militar en Teherán y el retorno parcial de llamadas y actividad comercial, los testigos describen algunas zonas como “auténticas áreas de guerra”.

    En medio de esta crisis, al menos una decena de países europeos, entre ellos España, Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos e Italia, convocaron a embajadores iraníes para expresar su condena. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, exigió el fin inmediato de la violencia, mientras la secretaria británica de Exteriores, Yvette Cooper, anunció sanciones a sectores clave como energía y finanzas. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la Unión Europea propondrá nuevas sanciones contra los responsables de la represión.

     

     

  • ONG denuncia 648 muertos en protestas de Irán desde diciembre

    ONG denuncia 648 muertos en protestas de Irán desde diciembre

    Un total de 648 personas han muerto desde el inicio de las protestas en Irán el pasado 27 de diciembre, según el último informe presentado este lunes por la ONG Iran Human Rights (IHRNGO), con sede en Noruega.

    La organización explicó que esta cifra corresponde únicamente a casos verificados de forma directa a través de dos fuentes independientes, entre ellas hospitales y centros donde han sido trasladados los cuerpos de las víctimas. IHRNGO advirtió que el número real de fallecidos podría superar los 6,000.

    Entre los muertos hay al menos nueve menores de 18 años y “miles” de heridos, detalló la organización. Asimismo, estimó que más de 10,000 personas han sido detenidas desde que iniciaron las manifestaciones en distintas ciudades del país.

    Desde el 8 de enero, las autoridades iraníes impusieron restricciones severas al acceso a Internet, lo que ha dificultado la verificación independiente de las cifras y el seguimiento de la represión estatal, señaló IHRNGO en su comunicado.

    Uno de los casos que más preocupa a la organización es el de Erfan Soltani, un joven de 26 años detenido el 8 de enero en la ciudad de Fardis, Karaj, quien habría sido condenado a muerte. Según sus familiares, las autoridades les informaron que la ejecución está programada para este 14 de enero.

    “El riesgo de ejecuciones extrajudiciales de manifestantes es muy serio”, advirtió Mahmud Amiri-Moghadam, director de IHRNGO, quien comparó la actual ola de represión con los crímenes cometidos por el régimen iraní durante la década de 1980.

    Por su parte, medios oficiales iraníes han reportado la muerte de al menos 121 miembros del Ejército, la Policía y el sistema judicial en el marco de las protestas, sin incluir posibles víctimas en la capital, Teherán.

    Otra organización, la Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, informó el domingo que al menos 544 personas han fallecido en las protestas, aunque señaló que existen otros 579 casos bajo investigación, lo que podría elevar el número total de víctimas mortales a más de mil.

     

  • El entusiasmo de los hondureños después de votar se convirtió en descontento

    El entusiasmo de los hondureños después de votar se convirtió en descontento

    El entusiasmo con el que más de tres millones de hondureños acudieron a votar el 30 de noviembre se ha desvanecido entre la frustración y la incertidumbre, debido a la falta de resultados oficiales. A dos semanas del proceso, el escrutinio avanza lentamente en medio de denuncias de irregularidades y fallas en el sistema, mientras se revisan 2,773 actas con inconsistencias como parte de una segunda fase.

    Aunque el país se mantiene en relativa calma, el oficialista partido Libertad y Refundación (Libre) llamó a sus bases a las calles para respaldar a sus candidatos, quienes exigen anular las elecciones. Las protestas han sido menores, pero algunos seguidores de Libre quemaron llantas en Tegucigalpa y otras ciudades frente a sedes vinculadas al proceso electoral.

    “La población quiere saber quién ganó para pasar una Navidad tranquila, sin pensar que van a quemar llantas”, dijo Dixon Norales, vendedor ambulante en la capital, reflejando el sentimiento generalizado.

    Norales también criticó el “comunismo” de la candidata oficialista Rixi Moncada, ubicada en tercer lugar con 618,448 votos (19.29 %), según el 99.40 % del escrutinio.

     

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    El nacionalista Nasry “Tito” Asfura lidera los resultados preliminares con 1,298,835 votos (40.52 %), seguido de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,256,428 sufragios (39.20 %). Nasralla denunció “fraude”, mientras Moncada calificó el proceso como “un golpe electoral”, respaldada por el expresidente Manuel Zelaya y su esposa, la actual mandataria Xiomara Castro. El Consejo Nacional Electoral tiene hasta el 30 de diciembre para oficializar los resultados.

    Ciudadanos como Evangelina Mejía y Juan Godoy han pedido mejoras tecnológicas para futuros comicios.

    “Votamos como corresponde y no se nos ha dado el resultado en el tiempo adecuado”, reclamó Mejía. Por su parte, Estephanie Soto sugirió: “Si es necesario, que cuenten voto por voto, aunque tarde hasta el 30 de diciembre”.

     

  • OEA y Unión Europea instan a Honduras a respetar resultados electorales y evitar violencia

    OEA y Unión Europea instan a Honduras a respetar resultados electorales y evitar violencia

    Las Misiones de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) y de la Unión Europea (MOE UE) hicieron el miércoles un llamado urgente a los actores políticos de Honduras para que respeten la voluntad expresada en las urnas el pasado 30 de noviembre y se abstengan de incitar a alteraciones del orden público mientras concluye el escrutinio.

    Ambas misiones instaron a candidatos, partidos y autoridades a actuar con responsabilidad y a mantener una “vigilancia activa” sobre el proceso de conteo de votos, en lugar de promover protestas que puedan escalar en violencia.

    “La MOE-OEA recuerda que las autoridades electorales son las únicas facultadas para validar los comicios y reitera su rechazo a cualquier llamado a alterar el orden público”, señaló el organismo en un comunicado oficial.

    Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha procesado el 99.4 % de las actas, pero aún quedan 2,773 con inconsistencias, lo que representa más de 500,000 votos sin confirmar. El organismo no ha fijado una fecha para el escrutinio especial, aunque podría iniciar esta semana.

    Con los datos preliminares, el candidato del conservador Partido Nacional, Nasry «Tito» Asfura, lidera con 1,298,835 votos (40.52 %). Le sigue el aspirante del Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1,256,428 sufragios (39.48 %). En tercer lugar aparece Rixi Moncada, candidata del oficialista Partido Libre, con 618,448 votos (19.29 %).

    El conteo se ha visto entorpecido por constantes fallas técnicas en el sistema, según admitió la presidenta del CNE, Ana Paola Hall. El plazo legal para anunciar los resultados oficiales vence 30 días después de las elecciones.

    Combo de fotografías de archivo que muestra a los candidatos a la Presidencia de Honduras, la oficialista de izquierda Rixi Moncada (i) y los derechistas Salvador Nasralla (c) y Nasry Asfura en actos de campaña en Tegucigalpa, Honduras. EFE

    Llamados a la movilización y tensión política

    Las declaraciones de los observadores internacionales se produjeron tras nuevas manifestaciones convocadas por líderes del Partido Libre. El martes, el expresidente y actual coordinador del partido, Manuel Zelaya, instó a simpatizantes a protestar en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), centro logístico del CNE. Este miércoles, empleados del SANAA quemaron neumáticos frente a la sede institucional en Tegucigalpa, mientras otras protestas se reportaron en la carretera entre El Progreso y Tela.

    El Partido Nacional ha advertido que responderá “voto por voto, acta por acta y urna por urna” ante los señalamientos de fraude por parte de Nasralla y Moncada.

    “Los liderazgos políticos deben actuar responsablemente para preservar la convivencia social”, reiteró la MOE/OEA, al tiempo que exhortó al CNE a “agilizar” el conteo y garantizar la “máxima transparencia” del proceso.

    Contexto electoral y transición

    En los comicios generales, los hondureños eligieron al sucesor de Xiomara Castro, cuya gestión finaliza el próximo 27 de enero de 2026, así como a tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

    Pese a las denuncias cruzadas entre partidos, la Misión de Observación de la Unión Europea reiteró que el proceso electoral fue “pacífico y bien organizado” el día de la votación, aunque remarcó que está marcado por “graves crisis institucionales”.

     

  • Detenida otra vez divulgación de resultados electorales en Honduras por motivos técnicos

    Detenida otra vez divulgación de resultados electorales en Honduras por motivos técnicos

    El sistema de divulgación de los resultados preliminares de las elecciones de Honduras volvió este miércoles a detenerse por motivos de «mantenimiento» de la empresa privada contratada, desencadenando la indignación del Consejo Nacional Electoral (CNE) en un momento en el que, con casi el 80% de los votos escrutados, se mantiene la ajustada carrera a la presidencia entre los dos candidatos conservadores.

    «Ante el mantenimiento que la empresa ASD (contratada para ser la responsable del sistema) realiza sin consulta ni visto bueno del Pleno de consejeros y que ha provocado que se detenga la divulgación de resultados, manifiesto mi absoluto desacuerdo y anuncio que los he convocado a reunión urgente», escribió en X la consejera presidenta del ente electoral, Ana Paola Hall.

    Esta es la segunda ocasión que se detiene de forma abrupta el recuento, que en esta ocasión lleva toda la jornada con alrededor del 79% del escrutinio, paralizado ahora en el 79,60 %.

    Cossette López-Osorio, una de los tres consejeras del pleno del ente electoral, también se dirigió a X para tachar de «inexcusable que nuevamente se detenga la divulgación por acciones de mantenimiento en el sistema sin notificar al Pleno, en horas cruciales para el conteo de votos y publicidad de las actas».

    Ante los problemas técnicos, el ente electoral hondureño habilitó el pasado martes una sala en un céntrico hotel para proyectar en pantallas los resultados preliminares, que desde entonces habían avanzado con lentitud.

    En este recuento, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, suma 1.023.359 votos (40,27 %) frente a los 1.007.528 (39,64 %) de Nasry ‘Tito’ Asfura, aspirante del también conservador Partido Nacional y quien goza del respaldo del presidente de EE.UU., Donald Trump.

    Mientras tanto, decenas de policías, algunos de ellos antimotines con un camión blindado y otro lanza-agua, fueron desplegados en los alrededores del céntrico hotel.

    El refuerzo policial tiene lugar después de que en la noche del martes un grupo de apoyo a Nasralla llegara hasta los predios de ese hotel portando antorchas y las rojiblancas banderas del Partido Liberal en una manifestación pacífica.

    Además frente al hotel se ha instalado un militante del izquierdista gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), cuya candidata, Rixi Moncada, permanece relegada en un tercer puesto con apenas un 19 % de los votos, donde inició un ayuno dentro de un ataúd en señal de protesta por los resultados preliminares, que considera manipulados.

    En Tegucigalpa, algunos comercios han comenzado a proteger sus escaparates con tablas de madera o metal, según pudo presenciar EFE, una medida que han hecho en el pasado ante la posibilidad de brotes de violencia o manifestaciones.

    Las sedes y búnkers del Partido Liberal y Nacional se mantienen en una aparente tranquilidad. Mientras que la formación política de Nasralla mantiene montada una tarima, la de Asfura proyecta unos conteos propios que le dan por ganador en una ajustada ventaja frente a su contrincante.

  • Miles protestan en EE. UU. contra Trump bajo el lema “No Kings”

    Miles protestan en EE. UU. contra Trump bajo el lema “No Kings”

    Miles de ciudadanos salieron este sábado a las calles de Estados Unidos para manifestarse en contra del presidente Donald Trump, en una jornada nacional de protestas convocada bajo el lema “No Kings” (“No queremos reyes”), que busca denunciar lo que consideran una deriva autoritaria del mandatario.

    Las manifestaciones, de carácter pacífico, se realizaron de forma simultánea en más de 2,500 ciudades de los 50 estados del país, incluidas urbes emblemáticas como Nueva York, Washington, Miami, Chicago y San Francisco. En la costa este, Times Square y el Capitolio fueron epicentros de las concentraciones, mientras que en Europa se registraron actos de solidaridad en París, Berlín y Roma.

    La movilización fue organizada por una coalición de 200 organizaciones sociales, que aseguran haber reunido millones de participantes, superando la cifra estimada en la primera edición de “No Kings”, celebrada el pasado 14 de junio, fecha del cumpleaños del presidente.

    Tensión política y despliegue militar

    El contexto de las protestas se enmarca en una creciente tensión política en EE. UU., especialmente tras la decisión de Trump de desplegar tropas federales en varias ciudades gobernadas por demócratas, alegando la necesidad de combatir el crimen y apoyar operativos migratorios.

    En Texas, el gobernador Gregg Abbott ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Austin, anticipando posibles disturbios. No obstante, los organizadores reiteraron el carácter pacífico de la convocatoria y prohibieron portar armas durante las marchas. Muchos de los asistentes vistieron de amarillo, en referencia a los movimientos de protesta no violenta como los de Hong Kong en 2019.

    Las demandas de los manifestantes fueron diversas: desde la oposición a la militarización de las ciudades y a las redadas migratorias, hasta el rechazo a los recortes en sanidad y la manipulación de distritos electorales.

    Críticas y polémicas desde el oficialismo

    El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, calificó las protestas como “una muestra de odio contra Estados Unidos” y vinculó a sus organizadores con el movimiento Antifa y simpatizantes de Hamás, a quienes el Gobierno ha señalado como “enemigos del orden”.

    Por su parte, Trump, que pasó el día en su residencia privada en Mar-a-Lago sin agenda oficial, rechazó las acusaciones de autoritarismo. “Dicen que me comporto como un rey. No soy un rey”, declaró el viernes en una entrevista a Fox Business. También acusó a los demócratas de bloquear las negociaciones presupuestarias para incentivar las manifestaciones.

    Defensa de la libertad de expresión

    Desde el Partido Demócrata, se ha denunciado que el presidente estaría atentando contra la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al intentar silenciar las críticas públicas. Una muestra de ello fue el intento de la Casa Blanca por cancelar temporalmente el programa del comediante Jimmy Kimmel, tras sus críticas al oficialismo por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

    Kimmel, que regresó al aire esta semana, respaldó las protestas y comparó la movilización con los orígenes del país.

    “No hay nada más estadounidense que una protesta política. La Revolución estadounidense fue una protesta. ¡No Kings!”, expresó en su monólogo.

     

  • Más de 2,500 ciudades de EE.UU. protestarán contra Trump este sábado

    Más de 2,500 ciudades de EE.UU. protestarán contra Trump este sábado

    Millones de ciudadanos saldrán este sábado a las calles de más de 2,500 ciudades de Estados Unidos en la segunda edición de la marcha “Sin Reyes”, una protesta masiva contra lo que organizadores y sectores progresistas describen como una peligrosa deriva autoritaria de la segunda Administración del presidente Donald Trump. La manifestación se presenta como la más multitudinaria desde el retorno de Trump al poder y ocurre en pleno cierre del Gobierno federal.

    Desde la Casa Blanca, la portavoz Abigail Jackson minimizó el impacto del evento con un escueto “a quién le importa”, mientras que altos líderes republicanos tacharon la movilización como un acto de “odio contra América”.

    El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, acusó a los demócratas de bloquear las negociaciones para reabrir el Gobierno y denunció que “no son capaces de enfrentarse a sus rabiosas bases”. También vinculó la protesta con “simpatizantes de Hamás y del grupo terrorista antifa”.

    El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al tema en una entrevista con Fox News, donde responsabilizó al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, del estancamiento legislativo.

    “No le queda otra cosa que hacer. Todo el mundo le está dando palos”, afirmó el mandatario.

    Los organizadores, una coalición de líderes demócratas y más de 200 colectivos civiles y sindicales, argumentan que la negativa republicana a reabrir el Gobierno es un síntoma claro del autoritarismo que pretenden denunciar.

    “Johnson ha decidido atacar a millones de estadounidenses que van a reunirse en paz para decir que América pertenece al pueblo, no a reyes”, declaró la organización en un comunicado.

    La protesta principal se desarrollará en Washington D.C., que desde hace semanas se encuentra bajo vigilancia reforzada de la Guardia Nacional, oficialmente para contener la criminalidad. Sin embargo, los convocantes aseguran que este despliegue busca intimidar y silenciar a la disidencia.

    Los manifestantes han sido llamados a vestir de amarillo, en alusión al movimiento prodemocrático de Hong Kong en 2019.

    “Con este color nos alineamos con un contexto histórico (…) y recordamos que el poder debe emanar del pueblo, no de las coronas”, afirman los organizadores en su sitio web.

    Además de la capital, habrá marchas masivas en ciudades como Nueva York, San Francisco, Boston, Atlanta, Chicago, Kansas y Honolulu. También están previstas concentraciones en el extranjero, incluyendo Londres, París, Frankfurt y varias ciudades de España: Madrid (Puerta del Sol), Barcelona (Plaza Sant Jaume), Sevilla (Plaza Nueva) y Málaga (Plaza de la Marina). En la edición anterior, celebrada en junio, la movilización reunió a unos cinco millones de personas, cifra que esperan superar este fin de semana.

     

  • El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral

    El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral

    El Congreso de Perú destituyó la noche del jueves a la presidenta Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”, en medio de una creciente ola de violencia criminal y con apenas seis meses para las elecciones generales programadas para abril de 2026.

    La decisión fue aprobada por 122 votos de un total de 130 congresistas, superando ampliamente los 87 requeridos para proceder con la vacancia. La mandataria no acudió al hemiciclo a ejercer su derecho de defensa, lo que precipitó el proceso parlamentario.

    Boluarte, quien asumió el poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, se convirtió en la presidenta más impopular de América Latina con apenas un 3 % de aprobación, según encuestas recientes. Su salida fue impulsada por agrupaciones que anteriormente la respaldaron, como Fuerza Popular y Renovación Popular, cuyos líderes tienen aspiraciones presidenciales.

    El Congreso aprobó en bloque cuatro mociones de vacancia, alegando su incapacidad para enfrentar la crisis de inseguridad que azota al país. La situación se agravó tras un ataque armado contra la agrupación musical Agua Marina, que dejó varios heridos durante un concierto en Lima.

    En reemplazo de Boluarte, asumió como presidente interino el titular del Congreso, José Jerí, quien juró “con humildad, empatía y reconciliación nacional”, comprometiéndose a declarar la guerra a las bandas criminales y garantizar un proceso electoral limpio.

    Jerí, de 38 años, se convierte así en el séptimo presidente del país desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y la propia Boluarte.

    Investigaciones en su contra

    Durante su mandato, Boluarte enfrentó múltiples investigaciones por presuntos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y abuso de poder. Entre ellas, destaca el caso “Rolexgate”, por el uso de relojes y joyas no declaradas, así como el presunto favorecimiento en la fuga del exlíder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

    Además, fue señalada por haberse sometido en secreto a cirugías estéticas mientras no informaba su inhabilitación al Congreso. También es investigada por reuniones irregulares con la exfiscal Patricia Benavides, acusada de liderar una red de corrupción dentro del Ministerio Público.

    A pesar de que el Tribunal Constitucional había suspendido temporalmente las investigaciones por su fuero presidencial, su destitución reactiva todos los procesos penales pendientes.

    Una gestión sin respaldo popular

    Sin bancada propia ni partido político, Boluarte sobrevivió políticamente gracias al respaldo de partidos conservadores que le permitieron gobernar durante casi tres años. Sin embargo, las más de 50 muertes en protestas sociales tras su llegada al poder, y su falta de respuesta efectiva ante la violencia criminal, terminaron por erosionar ese apoyo.

    La ahora expresidenta asumió en 2022 tras el fallido intento de autogolpe de Pedro Castillo, de quien fue vicepresidenta y ministra. Su salida marca otro capítulo de inestabilidad institucional en Perú, donde siete presidentes han sido removidos o reemplazados en menos de una década.

     

  • Juez de EE.UU. rechaza bloquear despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

    Juez de EE.UU. rechaza bloquear despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

    Una jueza federal de Illinois rechazó este lunes bloquear de manera inmediata el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, tras la solicitud del Gobierno de Illinois de frenar las protestas contra las redadas migratorias en el estado.

    La jueza April M. Perry tomó la decisión en una audiencia celebrada en Chicago después de que el Gobierno de Illinois demandara al presidente de EE.UU., Donald Trump, por la movilización de 400 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad. En la demanda, el Gobierno de Illinois y la ciudad de Chicago pidieron a Perry que emitiera una orden de restricción temporal para evitar el despliegue de estas tropas en el estado.

    Según los medios locales, Perry expresó en el tribunal que necesita más tiempo para revisar el caso antes de tomar una decisión final sobre si bloquear o no el despliegue. La jueza fijó para este jueves una nueva audiencia para abordar el tema.

    Las tropas, que provienen de Texas, se desplegarán entre este martes y miércoles en Illinois, y recibirán entrenamiento antes de iniciar sus operaciones, según confirmó un abogado del Gobierno de EE.UU. durante la audiencia.

    En una rueda de prensa también celebrada este lunes, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, subrayó que los miembros de la Guardia Nacional están «entrenados como soldados», pero que, al ser reclutados para este tipo de operaciones, «se convierten en agentes de policía sin la formación adecuada». Pritzker calificó el despliegue como «una invasión anticonstitucional de Illinois por parte del gobierno federal».

    El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, también criticó las acciones de Trump durante la conferencia de prensa, asegurando que «son ilegales» y que «ningún presidente puede saltarse la Constitución». En la demanda, Raoul argumentó que el Gobierno de Trump había «excedido su autoridad» y señaló que no hay «ningún requerimiento legal que justifique la federalización y el despliegue de la Guardia Nacional».

    Este despliegue de tropas ordenado por Trump ocurre en medio de crecientes protestas contra las redadas migratorias en Chicago, especialmente después de que agentes de la Patrulla Fronteriza dispararan en South Side el sábado, hiriendo a una ciudadana estadounidense.

    Además, en otro fallo federal del día, una jueza impidió al presidente Trump desplegar 300 efectivos de la Guardia Nacional en California, en el estado vecino de Oregón, donde se busca combatir las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland.

  • Corte de Ecuador suspende referéndum de Noboa sobre Asamblea Constituyente

    Corte de Ecuador suspende referéndum de Noboa sobre Asamblea Constituyente

    La Corte Constitucional de Ecuador suspendió la noche del viernes, de forma cautelar, el referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa para iniciar un proceso hacia una Asamblea Constituyente, con la que busca redactar una nueva Constitución. La decisión fue tomada tras admitir cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas luego de que el mandatario lanzara la convocatoria sin el dictamen previo del alto tribunal.

    El tribunal explicó que la medida busca evitar “efectos irreversibles” que puedan comprometer la democracia, el Estado de derecho y los derechos de participación de los ciudadanos. La Constitución ecuatoriana establece que cualquier consulta popular debe contar con un dictamen favorable de la Corte Constitucional sobre la legalidad de las preguntas antes de su convocatoria.

    La propuesta de Noboa, una de sus principales promesas de campaña para el período 2025-2029, se produce en un ambiente de confrontación abierta con la Corte Constitucional, a la que ha acusado de “activismo político” por frenar varias de sus medidas, incluidos estados de excepción y proyectos de ley que han sido señalados por posibles violaciones a derechos fundamentales.

    En las últimas semanas, el presidente encabezó manifestaciones contra los magistrados, acusándolos de entorpecer sus planes para combatir el crimen organizado. Entre sus propuestas más polémicas se encuentra otorgar “indultos anticipados” a policías y militares involucrados en acciones contra estructuras criminales.

    La suspensión del referéndum llega además en medio de un clima social tenso por la eliminación del subsidio al diésel, que elevó su precio de $1.80 a $2.80 por galón, desatando protestas lideradas por el movimiento indígena. Ante ello, el Gobierno decretó estado de excepción en ocho provincias e impuso toque de queda en cuatro de ellas, advirtiendo que se procesará por terrorismo a quienes bloqueen carreteras.