Etiqueta: Protestas

  • Miles protestan en EE. UU. contra Trump bajo el lema “No Kings”

    Miles protestan en EE. UU. contra Trump bajo el lema “No Kings”

    Miles de ciudadanos salieron este sábado a las calles de Estados Unidos para manifestarse en contra del presidente Donald Trump, en una jornada nacional de protestas convocada bajo el lema “No Kings” (“No queremos reyes”), que busca denunciar lo que consideran una deriva autoritaria del mandatario.

    Las manifestaciones, de carácter pacífico, se realizaron de forma simultánea en más de 2,500 ciudades de los 50 estados del país, incluidas urbes emblemáticas como Nueva York, Washington, Miami, Chicago y San Francisco. En la costa este, Times Square y el Capitolio fueron epicentros de las concentraciones, mientras que en Europa se registraron actos de solidaridad en París, Berlín y Roma.

    La movilización fue organizada por una coalición de 200 organizaciones sociales, que aseguran haber reunido millones de participantes, superando la cifra estimada en la primera edición de “No Kings”, celebrada el pasado 14 de junio, fecha del cumpleaños del presidente.

    Tensión política y despliegue militar

    El contexto de las protestas se enmarca en una creciente tensión política en EE. UU., especialmente tras la decisión de Trump de desplegar tropas federales en varias ciudades gobernadas por demócratas, alegando la necesidad de combatir el crimen y apoyar operativos migratorios.

    En Texas, el gobernador Gregg Abbott ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Austin, anticipando posibles disturbios. No obstante, los organizadores reiteraron el carácter pacífico de la convocatoria y prohibieron portar armas durante las marchas. Muchos de los asistentes vistieron de amarillo, en referencia a los movimientos de protesta no violenta como los de Hong Kong en 2019.

    Las demandas de los manifestantes fueron diversas: desde la oposición a la militarización de las ciudades y a las redadas migratorias, hasta el rechazo a los recortes en sanidad y la manipulación de distritos electorales.

    Críticas y polémicas desde el oficialismo

    El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, calificó las protestas como “una muestra de odio contra Estados Unidos” y vinculó a sus organizadores con el movimiento Antifa y simpatizantes de Hamás, a quienes el Gobierno ha señalado como “enemigos del orden”.

    Por su parte, Trump, que pasó el día en su residencia privada en Mar-a-Lago sin agenda oficial, rechazó las acusaciones de autoritarismo. “Dicen que me comporto como un rey. No soy un rey”, declaró el viernes en una entrevista a Fox Business. También acusó a los demócratas de bloquear las negociaciones presupuestarias para incentivar las manifestaciones.

    Defensa de la libertad de expresión

    Desde el Partido Demócrata, se ha denunciado que el presidente estaría atentando contra la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al intentar silenciar las críticas públicas. Una muestra de ello fue el intento de la Casa Blanca por cancelar temporalmente el programa del comediante Jimmy Kimmel, tras sus críticas al oficialismo por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

    Kimmel, que regresó al aire esta semana, respaldó las protestas y comparó la movilización con los orígenes del país.

    “No hay nada más estadounidense que una protesta política. La Revolución estadounidense fue una protesta. ¡No Kings!”, expresó en su monólogo.

     

  • Más de 2,500 ciudades de EE.UU. protestarán contra Trump este sábado

    Más de 2,500 ciudades de EE.UU. protestarán contra Trump este sábado

    Millones de ciudadanos saldrán este sábado a las calles de más de 2,500 ciudades de Estados Unidos en la segunda edición de la marcha “Sin Reyes”, una protesta masiva contra lo que organizadores y sectores progresistas describen como una peligrosa deriva autoritaria de la segunda Administración del presidente Donald Trump. La manifestación se presenta como la más multitudinaria desde el retorno de Trump al poder y ocurre en pleno cierre del Gobierno federal.

    Desde la Casa Blanca, la portavoz Abigail Jackson minimizó el impacto del evento con un escueto “a quién le importa”, mientras que altos líderes republicanos tacharon la movilización como un acto de “odio contra América”.

    El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, acusó a los demócratas de bloquear las negociaciones para reabrir el Gobierno y denunció que “no son capaces de enfrentarse a sus rabiosas bases”. También vinculó la protesta con “simpatizantes de Hamás y del grupo terrorista antifa”.

    El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al tema en una entrevista con Fox News, donde responsabilizó al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, del estancamiento legislativo.

    “No le queda otra cosa que hacer. Todo el mundo le está dando palos”, afirmó el mandatario.

    Los organizadores, una coalición de líderes demócratas y más de 200 colectivos civiles y sindicales, argumentan que la negativa republicana a reabrir el Gobierno es un síntoma claro del autoritarismo que pretenden denunciar.

    “Johnson ha decidido atacar a millones de estadounidenses que van a reunirse en paz para decir que América pertenece al pueblo, no a reyes”, declaró la organización en un comunicado.

    La protesta principal se desarrollará en Washington D.C., que desde hace semanas se encuentra bajo vigilancia reforzada de la Guardia Nacional, oficialmente para contener la criminalidad. Sin embargo, los convocantes aseguran que este despliegue busca intimidar y silenciar a la disidencia.

    Los manifestantes han sido llamados a vestir de amarillo, en alusión al movimiento prodemocrático de Hong Kong en 2019.

    “Con este color nos alineamos con un contexto histórico (…) y recordamos que el poder debe emanar del pueblo, no de las coronas”, afirman los organizadores en su sitio web.

    Además de la capital, habrá marchas masivas en ciudades como Nueva York, San Francisco, Boston, Atlanta, Chicago, Kansas y Honolulu. También están previstas concentraciones en el extranjero, incluyendo Londres, París, Frankfurt y varias ciudades de España: Madrid (Puerta del Sol), Barcelona (Plaza Sant Jaume), Sevilla (Plaza Nueva) y Málaga (Plaza de la Marina). En la edición anterior, celebrada en junio, la movilización reunió a unos cinco millones de personas, cifra que esperan superar este fin de semana.

     

  • El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral

    El Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral

    El Congreso de Perú destituyó la noche del jueves a la presidenta Dina Boluarte por “permanente incapacidad moral”, en medio de una creciente ola de violencia criminal y con apenas seis meses para las elecciones generales programadas para abril de 2026.

    La decisión fue aprobada por 122 votos de un total de 130 congresistas, superando ampliamente los 87 requeridos para proceder con la vacancia. La mandataria no acudió al hemiciclo a ejercer su derecho de defensa, lo que precipitó el proceso parlamentario.

    Boluarte, quien asumió el poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, se convirtió en la presidenta más impopular de América Latina con apenas un 3 % de aprobación, según encuestas recientes. Su salida fue impulsada por agrupaciones que anteriormente la respaldaron, como Fuerza Popular y Renovación Popular, cuyos líderes tienen aspiraciones presidenciales.

    El Congreso aprobó en bloque cuatro mociones de vacancia, alegando su incapacidad para enfrentar la crisis de inseguridad que azota al país. La situación se agravó tras un ataque armado contra la agrupación musical Agua Marina, que dejó varios heridos durante un concierto en Lima.

    En reemplazo de Boluarte, asumió como presidente interino el titular del Congreso, José Jerí, quien juró “con humildad, empatía y reconciliación nacional”, comprometiéndose a declarar la guerra a las bandas criminales y garantizar un proceso electoral limpio.

    Jerí, de 38 años, se convierte así en el séptimo presidente del país desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y la propia Boluarte.

    Investigaciones en su contra

    Durante su mandato, Boluarte enfrentó múltiples investigaciones por presuntos delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y abuso de poder. Entre ellas, destaca el caso “Rolexgate”, por el uso de relojes y joyas no declaradas, así como el presunto favorecimiento en la fuga del exlíder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

    Además, fue señalada por haberse sometido en secreto a cirugías estéticas mientras no informaba su inhabilitación al Congreso. También es investigada por reuniones irregulares con la exfiscal Patricia Benavides, acusada de liderar una red de corrupción dentro del Ministerio Público.

    A pesar de que el Tribunal Constitucional había suspendido temporalmente las investigaciones por su fuero presidencial, su destitución reactiva todos los procesos penales pendientes.

    Una gestión sin respaldo popular

    Sin bancada propia ni partido político, Boluarte sobrevivió políticamente gracias al respaldo de partidos conservadores que le permitieron gobernar durante casi tres años. Sin embargo, las más de 50 muertes en protestas sociales tras su llegada al poder, y su falta de respuesta efectiva ante la violencia criminal, terminaron por erosionar ese apoyo.

    La ahora expresidenta asumió en 2022 tras el fallido intento de autogolpe de Pedro Castillo, de quien fue vicepresidenta y ministra. Su salida marca otro capítulo de inestabilidad institucional en Perú, donde siete presidentes han sido removidos o reemplazados en menos de una década.

     

  • Juez de EE.UU. rechaza bloquear despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

    Juez de EE.UU. rechaza bloquear despliegue de la Guardia Nacional en Chicago

    Una jueza federal de Illinois rechazó este lunes bloquear de manera inmediata el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, tras la solicitud del Gobierno de Illinois de frenar las protestas contra las redadas migratorias en el estado.

    La jueza April M. Perry tomó la decisión en una audiencia celebrada en Chicago después de que el Gobierno de Illinois demandara al presidente de EE.UU., Donald Trump, por la movilización de 400 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad. En la demanda, el Gobierno de Illinois y la ciudad de Chicago pidieron a Perry que emitiera una orden de restricción temporal para evitar el despliegue de estas tropas en el estado.

    Según los medios locales, Perry expresó en el tribunal que necesita más tiempo para revisar el caso antes de tomar una decisión final sobre si bloquear o no el despliegue. La jueza fijó para este jueves una nueva audiencia para abordar el tema.

    Las tropas, que provienen de Texas, se desplegarán entre este martes y miércoles en Illinois, y recibirán entrenamiento antes de iniciar sus operaciones, según confirmó un abogado del Gobierno de EE.UU. durante la audiencia.

    En una rueda de prensa también celebrada este lunes, el gobernador de Illinois, JB Pritzker, subrayó que los miembros de la Guardia Nacional están «entrenados como soldados», pero que, al ser reclutados para este tipo de operaciones, «se convierten en agentes de policía sin la formación adecuada». Pritzker calificó el despliegue como «una invasión anticonstitucional de Illinois por parte del gobierno federal».

    El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, también criticó las acciones de Trump durante la conferencia de prensa, asegurando que «son ilegales» y que «ningún presidente puede saltarse la Constitución». En la demanda, Raoul argumentó que el Gobierno de Trump había «excedido su autoridad» y señaló que no hay «ningún requerimiento legal que justifique la federalización y el despliegue de la Guardia Nacional».

    Este despliegue de tropas ordenado por Trump ocurre en medio de crecientes protestas contra las redadas migratorias en Chicago, especialmente después de que agentes de la Patrulla Fronteriza dispararan en South Side el sábado, hiriendo a una ciudadana estadounidense.

    Además, en otro fallo federal del día, una jueza impidió al presidente Trump desplegar 300 efectivos de la Guardia Nacional en California, en el estado vecino de Oregón, donde se busca combatir las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Portland.

  • Corte de Ecuador suspende referéndum de Noboa sobre Asamblea Constituyente

    Corte de Ecuador suspende referéndum de Noboa sobre Asamblea Constituyente

    La Corte Constitucional de Ecuador suspendió la noche del viernes, de forma cautelar, el referéndum convocado por el presidente Daniel Noboa para iniciar un proceso hacia una Asamblea Constituyente, con la que busca redactar una nueva Constitución. La decisión fue tomada tras admitir cinco demandas de inconstitucionalidad presentadas luego de que el mandatario lanzara la convocatoria sin el dictamen previo del alto tribunal.

    El tribunal explicó que la medida busca evitar “efectos irreversibles” que puedan comprometer la democracia, el Estado de derecho y los derechos de participación de los ciudadanos. La Constitución ecuatoriana establece que cualquier consulta popular debe contar con un dictamen favorable de la Corte Constitucional sobre la legalidad de las preguntas antes de su convocatoria.

    La propuesta de Noboa, una de sus principales promesas de campaña para el período 2025-2029, se produce en un ambiente de confrontación abierta con la Corte Constitucional, a la que ha acusado de “activismo político” por frenar varias de sus medidas, incluidos estados de excepción y proyectos de ley que han sido señalados por posibles violaciones a derechos fundamentales.

    En las últimas semanas, el presidente encabezó manifestaciones contra los magistrados, acusándolos de entorpecer sus planes para combatir el crimen organizado. Entre sus propuestas más polémicas se encuentra otorgar “indultos anticipados” a policías y militares involucrados en acciones contra estructuras criminales.

    La suspensión del referéndum llega además en medio de un clima social tenso por la eliminación del subsidio al diésel, que elevó su precio de $1.80 a $2.80 por galón, desatando protestas lideradas por el movimiento indígena. Ante ello, el Gobierno decretó estado de excepción en ocho provincias e impuso toque de queda en cuatro de ellas, advirtiendo que se procesará por terrorismo a quienes bloqueen carreteras.

     

  • Un 30 % de la población en Cuba sufre escasez de agua potable

    Un 30 % de la población en Cuba sufre escasez de agua potable

    Más de 3.1 millones de personas en Cuba, lo que representa cerca del 30 % de la población, enfrentan una falta total o parcial de suministro de agua potable, según reportes divulgados este miércoles por medios oficiales.

    Las causas de la crisis son múltiples y convergentes. Las autoridades del sector hidráulico atribuyen el problema a la persistente sequía, la crisis energética que afecta a todo el país, las averías en equipos de bombeo, así como el deterioro generalizado de las redes de distribución.

    En Santiago de Cuba, la segunda provincia más importante del país, más de 400,000 personas —equivalente al 40 % de su población— están directamente afectadas por la sequía extrema, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).

    Los embalses locales están al límite de su capacidad, lo que ha obligado a implementar estrategias de emergencia y sostenibilidad para enfrentar el colapso del sistema.

    La crisis energética ha profundizado el problema. Apagones que superan las 20 horas diarias paralizan las bombas de agua. Una vez restablecida la corriente, los sistemas tardan horas en reactivarse y, en muchos casos, sufren daños por los constantes vaivenes del flujo eléctrico, lo que retrasa aún más la distribución del agua.

    La situación ha generado malestar social. En los últimos meses se han registrado protestas ciudadanas en barrios de La Habana y Santiago de Cuba, donde residentes reclaman por la falta de agua, sumándose a los reclamos por los apagones constantes.

    Las autoridades del sector insisten en que se están ejecutando obras de emergencia y que se mantienen en marcha acciones para mitigar los efectos de la escasez hídrica, pero admiten que el contexto es crítico y complejo.

     

  • Apagones, escasez de agua y basura acumulada marcan el día a día en La Habana

    Apagones, escasez de agua y basura acumulada marcan el día a día en La Habana

    “¿Hasta cuándo es esto? No podemos más”, explota indignada Zoila. Tras más de 20 días sin agua corriente en la casa, con apagones diarios y la basura acumulándose en su calle, esta madre habanera de 44 años pone voz a la desesperación social por la grave crisis que devora a Cuba.

    Zoila, que no habla a cámara y pide no publicar su apellido por miedo a represalias, reclama una solución para ella y las decenas de miles de vecinos de Centro Habana y La Habana vieja sumidos en un profundo deterioro.

    “Llevamos 23 días exactos sin que entre el agua. No podemos más”, repite a EFE custodiada por una montaña de basura y un hedor que se siente desde una calle antes. Allí mismo protestaron la semana previa varios vecinos por la falta de agua corriente.

    “No hay agua porque dicen (las autoridades) que está roto algo. Pero, entonces, si entra, no se puede poner el motor (de bombeo a las casas) porque no hay luz (corriente)”, resume irritada.

    Ella lamenta que no tiene 30.000 pesos cubanos (250 dólares) para pagar una pipa (camión cisterna con agua potable), una solución al margen de la ley por la que muchas personas optan ante la falta de abastecimiento.

    La mujer agrega que tampoco ha podido dormir por los apagones. “Toda la noche dando cartón”, dice en referencia al pedazo de papel duro que usa de abanico para refrescarse y espantar mosquitos.

    Un grupo de personas recolectan agua en La Habana. Cuba, un país de 9,7 millones de habitantes, cuenta con más de 3,9 millones de viviendas de las que el 37 % se encuentran en regular o mal estado técnico, de acuerdo con cifras oficiales. EFE

    Desesperanza en bucle

    La desesperanza en bucle también marca la vida de Adolfo, vecino de Zoila, que muestra a EFE unas cubetas pequeñas plásticas apoyadas en la entrada de su edificio. Él vive en lo que una vez fue una imponente construcción de los años cincuenta del siglo pasado, que ahora resiste con dificultades el paso del tiempo y los derrumbes.

    “Aquí el agua viene cada siete u ocho días normalmente. Tengo que esperar a que el vecino de abajo coja agua para llenar las cubetas y subirlas hasta un cuarto piso”, cuenta Adolfo mientras enciende un cigarro.

    Según datos oficiales, unas 248.000 personas en La Habana, más del 10 % de sus pobladores, no tiene actualmente acceso a agua corriente. En el país, con algo menos de diez millones de personas, la tasa es similar.

    Este jubilado -quien también pide ocultar su apellido- tampoco tiene fluido eléctrico y su pensión (unos 12 dólares al mes) no le alcanza, por lo que hace “trabajitos” como plomero. “No es fácil”, resume con una frase hecha cubana que conjuga resignación y eufemismo.

    Desde hace más de cinco años, Cuba se ha precipitado por una crisis que ha contraído un 11 % sy producto interno bruto (PIB) y diezmado el poder adquisitivo nacional, además de generalizar los cortes eléctricos y la escasez de productos básicos como alimentos, medicinas y combustible.

    Una persona bota escombros en una calle del centro de La Habana, Cuba. EFE

    Efecto dominó

    La vida en la céntrica calle Águila de la capital cubana transcurre, como en el resto del país, entre una acumulación de problemas de años que conforman una cadena de desgracias.

    Por un lado, la profunda crisis energética -agravada desde el año pasado- provoca apagones de unas diez horas al día en La Habana (unas veinte o más en casi todo el resto del país), lo que paraliza la menguada vida económica de la isla y obstaculiza el día a día de los cubanos.

    Esos constantes apagones interrumpen a su vez el bombeo de agua corriente, ya de por sí problemático por la sequía y las averías. Cuando vuelve la electricidad, los equipos tardan horas en volver a operar y a veces se dañan por las oscilaciones del flujo eléctrico.

    Los problemas con el suministro de agua han llegado a provocar pequeñas protestas en Centro Habana y La habana Vieja, en el corazón de la capital, pero también en la periferia, como en San Miguel del Padrón.

    Otro factor es la recogida irregular de basura, porque gran parte de los camiones están averiados o no tienen combustible. Los desechos se amontonan y son un foco de infecciones, como se ha reconocido desde el Ministerio de Salud Pública.

    El panorama se complica aún más por el fuerte deterioro de muchas construcciones en el centro de la capital, viviendas con décadas de uso y sin mantenimientos en un clima hostil por las altas temperaturas, las intensas lluvias y el salitre del mar.

    Con las tormentas del verano, el agua se filtra por las paredes en mal estado, las hincha y, cuando vuelve a salir el sol, los muros se rajan y se producen derrumbes, a veces decenas de ellos después de un par de días de fuertes lluvias. Por estos desplomes, en los últimos años han muerto varias personas.

    Cuba, un país de 9,7 millones de habitantes, cuenta con más de 3,9 millones de viviendas de las que el 37 % se encuentran en regular o mal estado técnico, de acuerdo con cifras oficiales.  

  • Cuba sufre nuevo apagón nacional: más de 9 millones sin luz

    Cuba sufre nuevo apagón nacional: más de 9 millones sin luz

    Cuba vivió este miércoles un apagón nacional que dejó sin electricidad a más de 9 millones de personas, tras una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ocurrida a las 9:14 de la mañana (hora local). La estatal Unión Eléctrica (UNE) informó que la falla estaría vinculada a la salida inesperada de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas, una de las principales fuentes de generación del país.

    “Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico que puede estar asociada a una salida inesperada de la CTE Guiteras. Ya comenzó el proceso de restablecimiento”, señaló el Ministerio de Energía y Minas en un comunicado en redes sociales.

    Las autoridades explicaron que la reconexión del SEN inicia con fuentes de arranque rápido como energía solar, hidroeléctrica y motores de generación, para luego ir interconectando áreas y reactivar gradualmente las termoeléctricas. Este proceso puede tardar horas o incluso días, como ha ocurrido en apagones anteriores.

    El corte eléctrico ocurrió apenas tres días después de que una rotura en un cable de alta tensión dejara sin suministro a cinco provincias del oriente cubano.

    Apagones prolongados y crisis energética estructural

    Los apagones son una constante en Cuba desde hace años, pero en los últimos meses se han intensificado. En julio y agosto, la duración promedio de los cortes fue de entre 15 y 16 horas diarias, según datos de la UNE. En los últimos dos años, el país ha registrado cinco apagones nacionales: dos por huracanes y tres por fallas graves en el SEN.

    La mayoría de las centrales térmicas de Cuba están obsoletas tras décadas de explotación y falta de inversión. Además, decenas de motores de generación salen de servicio a diario por la escasez de combustible, agravada por la falta de divisas y las sanciones económicas de Estados Unidos, que el Gobierno cubano califica como una política de “asfixia energética”.

    Expertos independientes señalan que se necesitarían entre $8,000 y $10,000 millones para modernizar el sistema eléctrico de la isla, una cifra inalcanzable para la actual economía cubana.

    Los cortes eléctricos son un fuerte obstáculo para la economía de Cuba, que se contrajo un 1.1 % en 2024 y acumula una caída del 11 % en los últimos cinco años, de acuerdo con cifras oficiales. La CEPAL prevé un PIB negativo también en 2025, lo que refleja la gravedad de la crisis.

    Además, los apagones han avivado el descontento social y han estado en el centro de varias protestas históricas, como las de julio de 2021, las manifestaciones en Nuevitas y La Habana en 2022, y las registradas en Santiago de Cuba y otras ciudades en marzo de 2024.

     

  • Juez ordena liberar a expresidenta boliviana Jeanine Áñez

    Juez ordena liberar a expresidenta boliviana Jeanine Áñez

    Un juez de Bolivia ordenó este viernes la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez, procesada por delitos de genocidio y tentativa de genocidio durante las protestas de 2019 que dejaron más de 30 muertos tras la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.

    “Por el presente mandamiento, ordena a quien se encuentre en condición de director del Recinto Penitenciario de Miraflores del Departamento de La Paz, a fin de que ponga en inmediata libertad”, señala la resolución emitida por el juez Javier Chuquimia, del Tribunal de Sentencia Penal, según recogió el diario El Deber.

    Pese al fallo judicial, Áñez permanecerá encarcelada en la prisión de Miraflores, en La Paz, debido a la condena de diez años que cumple por el caso ‘Golpe II’. La sentencia la responsabiliza de autoproclamarse presidenta en noviembre de 2019 en medio de la crisis política tras las elecciones que derivaron en la renuncia de Morales.

    La decisión judicial llega después de que la Justicia boliviana anulara dos procesos en su contra por las masacres de Sacaba y Senkata, ordenando en su lugar juicios de responsabilidades al tratarse de hechos ocurridos durante su mandato como jefa de Estado.

    Áñez, que era segunda vicepresidenta del Senado cuando asumió el cargo, tomó posesión sin consenso parlamentario mientras sectores de la Policía y el Ejército protagonizaban un motín en medio de denuncias de fraude electoral. El caso continúa generando polarización política en Bolivia y presión internacional sobre la independencia judicial.

     

  • Ucranianos protestan por ley que debilita agencias anticorrupción, la Unión Europea también reclama

    Ucranianos protestan por ley que debilita agencias anticorrupción, la Unión Europea también reclama

    Centenares de ciudadanos salieron el miércoles a las calles de Kiev y otras ciudades de Ucrania para rechazar una controvertida ley aprobada por el Parlamento y ratificada por el presidente Volodímir Zelenski, que debilita la independencia de las agencias anticorrupción al colocarlas bajo control del fiscal general.

    Las protestas, lideradas en su mayoría por jóvenes, incluyeron consignas contra la corrupción y pancartas en las que se exigía al mandatario ucraniano revocar la nueva legislación. Imágenes difundidas por la televisión pública mostraron la amplia movilización en plazas de todo el país.

    En respuesta, Zelenski aseguró en su discurso nocturno que ha escuchado el clamor popular y anunció que propondrá al Parlamento un nuevo proyecto de ley para restituir los poderes de los organismos anticorrupción y eliminar cualquier posible injerencia rusa en esas instituciones.

    El presidente también se comprometió a presentar, en un plazo de dos semanas, un plan nacional de lucha contra la corrupción.

    Reacción internacional

    La reacción internacional no se hizo esperar. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitó explicaciones directas a Zelenski por la polémica reforma. Así lo confirmó el comisario europeo de Democracia y Estado de Derecho, Michael McGrath, tras una reunión informal del Consejo de Ministros de Justicia de la UE en Copenhague.

    “Von der Leyen expresó su profunda preocupación y pidió explicaciones”, dijo McGrath, quien subrayó que la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAP) son pilares fundamentales para el Estado de derecho en Ucrania.

    Agregó que estos organismos deben preservar su autonomía para mantener la confianza ciudadana y avanzar en el proceso de adhesión a la Unión Europea.

    El comisario fue tajante al afirmar que no puede haber retrocesos en los avances logrados por Ucrania en materia de transparencia, y calificó como “muy preocupante” la subordinación de las agencias al fiscal general nombrado por la Presidencia.

    La ley fue aprobada con los votos del partido oficialista de Zelenski y ha sido ampliamente cuestionada por ONG nacionales e internacionales, que consideran que representa una erosión de los controles al Ejecutivo. Algunas organizaciones aseguran que esta medida podría usarse para proteger a personas cercanas al presidente de futuras investigaciones por corrupción.

    La situación se agravó luego de que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ejecutara redadas contra la NABU, deteniendo a dos altos funcionarios acusados de supuesta colaboración con Rusia. Estas acciones fueron percibidas como un ataque directo a la independencia institucional.

    Diversos gobiernos europeos, entre ellos Alemania y Suecia, sumaron sus críticas a las reformas. ONG proeuropeas que antes respaldaban a Zelenski ahora lo acusan de querer controlar los entes que investigan casos de corrupción, incluso dentro de su círculo cercano.