El corte global de internet en Irán alcanzó los 66 días y se ha convertido en un nuevo foco de tensión política y social, en medio de cuestionamientos por sus efectos económicos y denuncias de desigualdad en el acceso a la red.
Las autoridades iraníes mantienen la restricción alegando motivos de seguridad nacional, especialmente tras las protestas antigubernamentales registradas en enero, que dejaron miles de muertos, según organizaciones opositoras.
“Si internet se restablece por completo, algunos mercenarios, incluso armados, podrían organizar concentraciones a través de estas mismas redes”, afirmó el diputado ultraconservador Amirhosein Sabetí.
El legislador explicó que la medida fue ordenada por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional bajo un contexto de “condiciones de guerra”, las cuales, según afirmó, aún persisten.
“Esas condiciones siguen existiendo y, por el momento, no será restablecido (internet)”, aseguró.
Sin embargo, el debate en el país ha evolucionado más allá del bloqueo, centrándose ahora en la desigualdad en el acceso, tras la aparición del llamado “internet pro”, un sistema de conexión especial inicialmente destinado a empresas y servicios esenciales.
Este mecanismo ha derivado en un mercado informal donde se revenden accesos a particulares, con precios que oscilan entre 10 y 50 millones de riales, lo que ha generado indignación en amplios sectores de la población.
Diversos reportes indican que el 99 % de los ciudadanos permanece sin acceso a la red global, mientras un grupo reducido logra conectarse mediante estos canales privilegiados.
El Frente de Reformas de Irán criticó duramente la situación y aseguró que el apagón digital ha provocado el colapso de negocios, desempleo y pérdida de confianza en las instituciones.
“El corte de internet durante 60 días no ha tenido otro resultado que el colapso de los negocios digitales, desempleo generalizado y erosión de la confianza pública”, señaló la coalición.
También calificó el sistema de “internet pro” como discriminatorio y exigió restablecer un acceso “estable, libre y seguro” para toda la población.
A estas críticas se sumó la Asociación de Comercio Electrónico, que denunció el impacto devastador en la economía digital y cuestionó el argumento de la ciberseguridad.
“Las autoridades presentan la ciberseguridad como excusa para cortar internet, cuando algunos de los mayores ciberataques (…) ocurrieron precisamente durante el apagón total”, indicaron.
En un país donde millones dependen de internet para trabajar, estudiar o comunicarse, la restricción ha transformado el acceso digital en un privilegio limitado, intensificando el descontento social.
