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  • Gobierno boliviano acusa a Evo Morales de ser el jefe de un cártel del narcotráfico

    Gobierno boliviano acusa a Evo Morales de ser el jefe de un cártel del narcotráfico

    El Gobierno de Bolivia acusó este miércoles al expresidente Evo Morales de dirigir una organización vinculada al narcotráfico que operaría desde el Trópico de Cochabamba, en el centro del país, y de utilizar recursos provenientes de esa región para financiar las protestas contra el presidente Rodrigo Paz, registradas entre mayo y junio de 2026.

    El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró durante una entrevista con la radio Erbol que Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, controla la producción de drogas procedente del Trópico de Cochabamba, una de las principales regiones productoras de hoja de coca y bastión político del exmandatario.

    «¿Quién mandó a hacer los bloqueos?, ¿quién mandaba el dinero desde el Trópico? En el Trópico no se mueve ni una mosca si no lo ordena Evo Morales», afirmó Oviedo, al responsabilizar al exgobernante de la organización y el financiamiento de las movilizaciones.

    El funcionario sostuvo que durante los operativos policiales realizados en medio de los bloqueos de carreteras, las autoridades identificaron movimientos de más de ocho millones de bolivianos procedentes de esa región. Según Oviedo, esos recursos habrían sido utilizados para sostener las protestas que exigían la salida del mandatario boliviano.

    «Los bloqueos criminales y salvajes que se dieron durante 53 días venían financiados de ese sector», declaró el ministro, quien también señaló a organizaciones campesinas, entre ellas la federación Tupac Katari de La Paz, de contribuir económicamente a las manifestaciones.

    Entre mayo y junio, organizaciones campesinas, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines a Morales protagonizaron manifestaciones y bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Rodrigo Paz, a quien responsabilizaban de no resolver la crisis económica del país. Los enfrentamientos y las restricciones de circulación durante el conflicto dejaron 16 personas fallecidas, la mayoría por falta de atención médica debido al cierre de las rutas.

    Durante las movilizaciones, Morales advirtió que el presidente tenía «dos caminos»: «militarizar» el país o convocar a elecciones en noventa días «para evitar conflictos con muertos y heridos». Posteriormente, la Fiscalía abrió una investigación penal contra el exmandatario por los delitos de alzamiento armado y terrorismo, al atribuirle la conducción de las protestas. En ese proceso se emitió una orden de captura en su contra.

    Morales enfrenta otra orden de detención

    El expresidente también tiene una orden de detención relacionada con una investigación por trata agravada de personas, en la que se le acusa de haber mantenido presuntamente una relación con una menor de edad durante su mandato y de haber tenido un hijo con ella en 2016.

    Debido a ese proceso, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba desde octubre de 2024, mientras sus seguidores mantienen una vigilia para impedir su captura. Las nuevas acusaciones del Gobierno se suman a los procesos judiciales que enfrenta el exmandatario.

     

     

  • Saqueos en protestas en Francia dejan pérdidas millonarias en comercios

    Saqueos en protestas en Francia dejan pérdidas millonarias en comercios

    Los saqueos y actos de vandalismo registrados durante las protestas sociales del sábado en Francia dejaron daños estimados en cientos de millones de euros, según informó el domingo Alexandre Bompard, consejero delegado de Carrefour y presidente de la Federación del Comercio y de la Distribución (FCD).

    Bompard explicó en una entrevista con el canal BFMTV que al menos 1,500 establecimientos comerciales resultaron afectados por los disturbios. En el caso de Carrefour, la principal cadena de supermercados del país, unas 50 tiendas sufrieron daños y alrededor de 20 fueron «saqueadas y vandalizadas» durante las manifestaciones que se extendieron por el país.

    El representante del sector comercial pidió al Gobierno francés agilizar los mecanismos de compensación económica para los negocios perjudicados, al advertir que algunos comerciantes podrían enfrentar dificultades para continuar sus operaciones si no reciben ayuda oportuna.

    Bompard reclamó «una aceleración de los procedimientos de indemnización» y sostuvo que también es necesario garantizar que «el comercio esté protegido».

    El empresario cuestionó la magnitud de los ataques contra los establecimientos y advirtió que las autoridades deben evitar que se repitan situaciones similares. Al referirse a los daños registrados durante la jornada, señaló que lo ocurrido con «1.500 comercios destruidos, saqueados, eso no puede ocurrir otra vez».

    Las protestas también estuvieron marcadas por una participación considerablemente superior a las previsiones oficiales. El Gobierno francés contabilizó alrededor de 550,000 manifestantes, mientras que los organizadores elevaron la cifra a más de 800,000 personas. La movilización estuvo acompañada de episodios de violencia que provocaron daños tanto en establecimientos privados como en edificios públicos.

    La destrucción de comercios abrió un debate sobre la capacidad de respuesta de las fuerzas de seguridad y las medidas adoptadas para proteger los inmuebles durante las manifestaciones. Desde el Ejecutivo francés se defendió que la principal prioridad de los agentes desplegados fue evitar víctimas personales ante posibles enfrentamientos con los manifestantes.

    Sin embargo, los daños registrados provocaron cuestionamientos sobre si esa estrategia redujo la protección de negocios y edificios públicos, así como sobre la cantidad de efectivos destinados a controlar las protestas. Hasta un día antes de las movilizaciones, el Ministerio del Interior calculaba una participación de aproximadamente 150,000 personas, una previsión ampliamente superada por la asistencia registrada.

    Las autoridades francesas también informaron que policías y gendarmes realizaron más de 2,400 detenciones durante los disturbios. La cifra, divulgada este domingo por el ministro del Interior, todavía es provisional, mientras el sector comercial reclama respuestas para atender las pérdidas económicas y reforzar la seguridad ante futuras movilizaciones.

     

  •  Macron anuncia medidas de seguridad tras disturbios en Francia

     Macron anuncia medidas de seguridad tras disturbios en Francia

    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este domingo nuevas medidas de seguridad para contener los disturbios que afectan a varias ciudades del país, después de una jornada de protestas masivas contra el elevado costo de la vida. En un discurso televisado de diez minutos, el mandatario condenó los saqueos y ataques contra establecimientos comerciales y edificios públicos.

    «Esta noche todos sentimos ira y vergüenza», afirmó.

    Macron atribuyó los episodios violentos a grupos de extrema izquierda y delincuentes, aunque pidió distinguir entre quienes participaron en los ataques y los ciudadanos que salieron a manifestarse por demandas legítimas. Las protestas del sábado reunieron a 550,000 personas, según el Gobierno, mientras los organizadores calcularon una participación superior a 800,000 manifestantes.

    El mandatario solicitó al ministro del Interior, Laurent Nuñez, revisar la gestión de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones y garantizar transparencia sobre sus actuaciones.

    «Espero respuestas claras», manifestó. También anunció que los prefectos podrán prohibir determinadas concentraciones para proteger edificios públicos, establecimientos comerciales y otras zonas de las ciudades afectadas.

    Los daños provocados por los saqueos y actos vandálicos se estiman en cientos de millones de euros, aunque todavía no existe una evaluación definitiva.

    Macron también reclamó a los partidos políticos condenar «sin ambigüedad» los actos violentos y advirtió que «el país necesita orden y calma, no una escalada». El mandatario insistió en que las diferencias políticas deben resolverse mediante el diálogo y las instituciones democráticas.

    Para atender las demandas ciudadanas, Macron anunció que el primer ministro, Sébastien Lecornu, convocará durante los próximos días a representantes de los partidos políticos. Posteriormente, el Gobierno sostendrá reuniones con sindicatos, organizaciones estudiantiles, autoridades locales y parlamentarios para elaborar propuestas relacionadas con las preocupaciones sociales y económicas que motivaron las manifestaciones.

    El discurso recibió críticas de distintos sectores de la oposición. Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional, lo calificó de «lamentable» y escribió: «Este poder cobarde y desorientado no tiene nada qué decir a los franceses y nada más que proponerles. Ni siquiera tiene fuerza para protegerles».

    Marine Le Pen también cuestionó al mandatario, a quien describió como «un presidente sin crédito ni autoridad» que «ha perdido todo contacto con la realidad».

    Desde la izquierda radical, Manuel Bompard, coordinador de La Francia Insumisa, consideró «irresponsable tomar la palabra para no decir nada» y exigió «una verdadera respuesta política a las reivindicaciones» de los manifestantes.

    La dirigente ecologista Marine Tondelier también cuestionó el discurso y afirmó que, si participa en las reuniones convocadas por el primer ministro, será para «trabajar en soluciones a las crisis sociales, medioambientales y democráticas» y no para asistir a un «consejo de disciplina».

    Pese al llamado presidencial a recuperar la calma, los enfrentamientos continuaron este domingo en París, especialmente en la plaza de la República, donde manifestantes convocados mediante redes sociales se enfrentaron con la policía. También se registraron saqueos en al menos tres establecimientos, incluidos los grandes almacenes BHV, cerca del Ayuntamiento, y un mínimo de 25 detenciones.

    Hasta la tarde del domingo, el Ministerio del Interior contabilizaba 2,397 personas detenidas y 997 policías y gendarmes heridos en todo el país. La crisis ocurre cuando faltan aproximadamente seis meses para las elecciones presidenciales francesas, en medio de una creciente tensión social y política.

     

  • Bukele asegura que Francia puede superar su crisis rápidamente

    Bukele asegura que Francia puede superar su crisis rápidamente

    El presidente Nayib Bukele se pronunció la mañana del domingo sobre la crisis social que atraviesa Francia y aseguró que el país europeo cuenta con los recursos necesarios para recuperar la estabilidad. Sus comentarios en redes sociales se producen después de las manifestaciones multitudinarias del sábado 17, que derivaron en enfrentamientos, saqueos y daños a establecimientos comerciales y edificios públicos.

    «He oído decir que Francia está acabada, que es demasiado tarde para salvarla. Pero Francia sigue siendo igual de hermosa, incluso envidiable. Su grandeza no ha desaparecido; solo espera renacer», expresó Bukele, quien manifestó una visión favorable sobre las posibilidades de recuperación del país europeo, pese a la gravedad de los disturbios registrados durante las protestas.

    El mandatario salvadoreño también comparó la situación francesa con la experiencia de El Salvador para enfrentar sus propios problemas.

    «En un año, hemos superado un problema cien veces más grave, sin contar con los medios de los que dispone Francia. Francia podría lograrlo en una semana», afirmó Bukele, al sostener que el país europeo dispone de mayores recursos para responder a la crisis.

    Las declaraciones ocurren después de una jornada de movilizaciones convocadas mediante redes sociales por grupos de distintas tendencias. Los manifestantes protestaron contra el elevado costo de la vida, las condiciones de la educación pública y las actuaciones policiales de las últimas semanas. Según la Confederación General del Trabajo (CGT), más de 500,000 personas participaron en las manifestaciones contra el Gobierno francés.

    Las protestas estuvieron acompañadas de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, ataques contra edificios públicos y saqueos de establecimientos comerciales.

    El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, atribuyó parte de los incidentes a «varios miles de alborotadores», entre ellos integrantes de grupos de ultraizquierda y «delincuentes oportunistas». El Gobierno y sectores de la ultraderecha responsabilizaron a la izquierda radical por los episodios de violencia.

    Las autoridades francesas informaron que, hasta el momento del reporte, 2,000 personas habían sido detenidas por su presunta participación en actos violentos. La magnitud de las manifestaciones también generó diferencias entre las cifras oficiales y las de los organizadores: mientras el Gobierno contabilizó 550,000 participantes, los convocantes estimaron una asistencia superior a 800,000 personas.

    Los daños económicos ocasionados por los saqueos y actos vandálicos podrían alcanzar cifras millonarias. Alexandre Bompard, consejero delegado de Carrefour y presidente de la Federación del Comercio y de la Distribución (FCD), estimó que las pérdidas en establecimientos comerciales ascenderán a «cientos de millones de euros». Las afectaciones también provocaron cuestionamientos sobre las medidas de protección destinadas a comercios e inmuebles públicos durante las protestas.

    La crisis ocurre en un momento de debilidad política para el presidente francés, Emmanuel Macron, quien enfrenta elevados niveles de impopularidad y la posibilidad de una moción de censura contra su Gobierno durante el debate de los presupuestos de 2027.

     

  • Más de medio millón de franceses protestan contra el Gobierno

    Más de medio millón de franceses protestan contra el Gobierno

    Más de 500,000 personas participaron este sábado en manifestaciones contra el Gobierno de Francia, en rechazo al elevado costo de la vida, la situación de la educación pública y las actuaciones policiales de las últimas semanas, según cifras de la Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los principales sindicatos franceses.

    Las protestas se desarrollaron en París y otras ciudades del país bajo el lema «Salarios, carestía de la vida, servicios públicos: nos unimos todos». La convocatoria surgió después de varias semanas de movilizaciones estudiantiles para denunciar la falta de recursos, docentes e instalaciones adecuadas en los centros educativos públicos.

    En París, la marcha comenzó en la plaza de la República, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales desde horas de la mañana. Las fuerzas de seguridad desplegaron un cañón de agua y la movilización inició con retraso respecto a las 2:00 de la tarde, aunque posteriormente avanzó con relativa tranquilidad hasta la plaza de Clichy.

    Las autoridades reportaron al menos 272 detenidos en todo el país, de los cuales 195 fueron arrestados en París, incluidos 13 menores de edad. La Fiscalía señaló que las capturas estuvieron relacionadas principalmente con presunta participación en grupos destinados a cometer actos violentos, portación de armas, posesión de explosivos y daños materiales. Sin embargo, las autoridades reconocieron que «la gran mayoría de los manifestantes se están manifestando pacíficamente».

    Disturbios y saqueos durante las manifestaciones

    Las protestas también reunieron a unas 20,000 personas en Lyon y una cantidad similar en Nantes, mientras que en Rennes participaron aproximadamente 10,000 manifestantes. En Marsella, un grupo ingresó violentamente al Ayuntamiento, derribó un busto de Marianne, símbolo de la República francesa, realizó pintadas y destruyó varias pantallas. El alcalde Benoit Payan condenó el incidente y afirmó: «Esto es inaceptable».

    En Lyon, individuos encapuchados atacaron la oficina de turismo de la plaza Bellecour, donde rompieron cristales y provocaron un incendio. También se reportaron saqueos en comercios del centro de Marsella, incluidos establecimientos de ropa, electrodomésticos, joyería y alimentación. En Saint-Étienne, un manifestante sufrió heridas graves y perdió una mano, según fuentes policiales citadas por BFMTV, mientras que en Lille otro grupo irrumpió en el Ayuntamiento.

    Gobierno francés advierte que no tolerará actos violentos

    El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, condenó los disturbios y relacionó los episodios violentos con el ambiente político previo a las elecciones presidenciales del próximo año.

    «A quienes claramente pretenden utilizar esta violencia como un ‘calentamiento’ antes de las elecciones presidenciales, les digo claramente: no nos dejaremos intimidar. Nadie impondrá su agenda política mediante la violencia», manifestó.

    Además, aseguró que las fuerzas de seguridad recibieron instrucciones para proteger a las personas, impedir daños y detener a los responsables.

    Las manifestaciones también provocaron enfrentamientos políticos entre la oposición de extrema derecha y la izquierda. Jordan Bardella responsabilizó de los disturbios a los «profesionales del caos» y criticó a Jean-Luc Mélenchon, quien cuestionó la actuación policial y sostuvo que «donde no hay policía, hay calma y buen ánimo».

    Según una encuesta citada en la información, casi siete de cada diez franceses respaldan las movilizaciones contra el encarecimiento de la vida, en un contexto de inflación que alcanzó su nivel más alto desde enero de 2024.

     

     

  • Arévalo propone limitar precio del diésel en Guatemala en medio de ola de protestas

    Arévalo propone limitar precio del diésel en Guatemala en medio de ola de protestas

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, presentó este lunes ante el Congreso una iniciativa para establecer un precio límite al diésel, después de que el incremento de los combustibles durante el último semestre provocara protestas en diferentes puntos del país.

    La propuesta establece un precio máximo de 39 quetzales, equivalentes a $5.11, por galón de diésel, combustible utilizado principalmente por el transporte público y de carga. Actualmente, su precio supera los $6 por galón, según las fuentes citadas en la información.

    Arévalo explicó que, cuando el precio del combustible supere el límite establecido de $5.11, el Estado cubrirá con fondos públicos la diferencia correspondiente y trasladará esos recursos a los importadores para mantener el precio fijado al consumidor.

    «Nosotros creemos que es una buena propuesta porque protege al consumidor final», aseguró el mandatario, quien espera que el Congreso apruebe la iniciativa y permita mantener el mecanismo vigente durante el resto de 2026.

    El Ejecutivo remitió el planteamiento al Órgano Legislativo, donde el Gobierno de Arévalo no cuenta con mayoría. La propuesta deberá ser discutida por los diputados antes de una eventual aprobación y entrada en vigor.

    La nueva iniciativa surge después de que el mandatario propusiera sin éxito otro subsidio para contener los precios. El Congreso ya había aprobado dos meses atrás una medida de apoyo a los combustibles, pero diferentes sectores sostienen que esta no logró aliviar el incremento registrado en el mercado.

    El encarecimiento de la gasolina y el diésel provocó durante los últimos días movilizaciones de transportistas, quienes bloquearon distintos puntos de Guatemala la semana pasada para exigir medidas destinadas a reducir los precios. De acuerdo con la información proporcionada, los combustibles acumulan un incremento cercano a 50 % durante el último semestre.

    Las protestas continuarán este martes, cuando la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán tiene programada una marcha pacífica para reclamar al Gobierno y al Congreso medidas frente al encarecimiento. La discusión legislativa sobre el límite al precio del diésel se produce así bajo una creciente presión de transportistas y organizaciones sociales.

     

     

  • Protestas en Cuba aumentan cinco años después del estallido social del 11 de julio

    Protestas en Cuba aumentan cinco años después del estallido social del 11 de julio

    La crisis económica y social que enfrenta Cuba ha provocado un crecimiento sostenido de las protestas ciudadanas desde las manifestaciones del 11 de julio de 2021, consideradas las mayores movilizaciones antigubernamentales registradas en la isla en varias décadas, afirmó la socióloga cubana Cecilia Bobes.

    La investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en México, explicó en una entrevista con EFE que el deterioro económico, las deficiencias del modelo cubano y, más recientemente, la presión ejercida por Estados Unidos, han incrementado las tensiones sociales y políticas en el país.

    “La combinación entre precarización social, erosión de derechos sociales, debilitamiento del consenso y cierre político genera tensiones crecientes de gobernabilidad. Y la protesta aparece entonces como la expresión visible de tensiones más profundas”, señaló la especialista.

    De acuerdo con el registro elaborado por Bobes, durante 2026 se han contabilizado al menos 342 protestas en Cuba, una cifra que supera el total registrado durante los tres años anteriores. La investigadora sostuvo que, tras el 11J, las manifestaciones dejaron de ser hechos aislados para convertirse en una forma recurrente de expresión ciudadana.

    Entre los acontecimientos más relevantes mencionó la movilización de estudiantes universitarios contra el incremento de las tarifas de la empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA y las protestas registradas en la ciudad de Morón, donde manifestantes marcharon hasta una sede del Partido Comunista, provocaron daños en el edificio y prendieron fuego a parte del mobiliario.

    Según Bobes, las manifestaciones también han cambiado de naturaleza. Aunque muchas continúan originándose por problemas relacionados con la falta de electricidad, agua potable, alimentos o servicios públicos, cada vez incorporan con mayor frecuencia consignas políticas, críticas directas contra el Gobierno e insultos dirigidos a altos funcionarios.

    Pese al aumento del descontento, la socióloga considera que resulta complejo anticipar un nuevo estallido similar al ocurrido en julio de 2021. Entre los factores que dificultan una movilización de esa magnitud mencionó la represión preventiva de las autoridades, la criminalización de la disidencia, la ausencia de estructuras organizadas dentro de la sociedad civil y la migración masiva de jóvenes durante los últimos años.

    No obstante, advirtió que persisten elementos que alimentan el malestar social, como la pérdida del poder adquisitivo, la desconfianza en las instituciones, la precariedad de las condiciones de vida y el acceso a internet, que facilita la circulación de información y la organización de manifestaciones. Aun así, concluyó que la crisis cubana podría derivar en escenarios de inestabilidad prolongada sin que ello implique necesariamente un cambio político inmediato.

     

  • El Mundial empezó en México entre protestas y reclamos sociales

    El Mundial empezó en México entre protestas y reclamos sociales

    La Copa Mundial de 2026 inició ayer en México en medio de una intensa expectativa deportiva, pero también acompañada de diversas tensiones sociales que han encontrado en el torneo una oportunidad para proyectar sus reclamos ante la comunidad internacional.

    Mientras miles de aficionados se preparaban para asistir al partido inaugural en el Estadio Azteca, organizaciones sociales, colectivos ciudadanos y grupos de víctimas desarrollaban actividades para llamar la atención sobre problemáticas que consideran pendientes en el país.

    La capital mexicana ha experimentado una transformación visible con motivo del Mundial. Zonas para aficionados, conciertos, actividades culturales y espacios recreativos vinculados al torneo han extendido el ambiente futbolístico más allá de los estadios y plazas tradicionales.

    Sin embargo, el entusiasmo deportivo convive con una creciente agenda de movilizaciones sociales. Diversos sectores han organizado protestas para aprovechar la presencia de medios internacionales y visitantes extranjeros durante el desarrollo del campeonato.

    Entre los grupos más activos se encuentra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos integrantes mantienen desde finales de mayo un plantón en el centro de Ciudad de México para exigir mejoras salariales, cambios al sistema de pensiones y modificaciones en diversas políticas educativas.

    Los maestro protagonizaron nuevas acciones durante la jornada inaugural y buscaron acercar sus manifestaciones a las inmediaciones del Estadio Azteca para aumentar la visibilidad de sus demandas.

    Otro de los temas que ha cobrado protagonismo es la crisis de desapariciones que enfrenta México. Colectivos de familiares de personas desaparecidas han impulsado actividades para sensibilizar a la opinión pública internacional sobre una problemática que supera los 133,000 casos registrados en el país.

    Las acciones incluyen concentraciones, exhibición de fotografías, distribución de fichas de búsqueda y actos simbólicos cerca de la sede mundialista. Entre los participantes figuran familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, uno de los casos más emblemáticos de la historia reciente mexicana.

    A estas demandas se suman reclamos relacionados con vivienda, espacio público y desarrollo urbano. Vecinos, comerciantes y otros sectores han expresado preocupación por proyectos de infraestructura, procesos de gentrificación y desplazamientos que atribuyen a las obras vinculadas con la organización del torneo.

    Gran parte de estas tensiones se concentran en las zonas cercanas al Estadio Azteca, donde residentes han denunciado afectaciones derivadas de los preparativos y de las modificaciones realizadas para adecuar el entorno a los estándares exigidos por la FIFA.

    Frente a este escenario, las autoridades desplegaron amplios operativos de seguridad alrededor de los principales puntos relacionados con el Mundial. Miles de agentes policiales, controles de acceso y cercos de seguridad forman parte del dispositivo implementado para la inauguración.

    El sur de Ciudad de México se ha convertido en el principal punto de convergencia entre la celebración deportiva y las demandas sociales. Mientras las autoridades buscan garantizar el desarrollo normal del evento, distintos colectivos intentan acercar sus reclamos al escenario más visible de la jornada.

    De esta manera, la inauguración del Mundial 2026 no solo marcó el inicio de la mayor fiesta del fútbol, sino también un momento en el que diversos sectores de la sociedad mexicana buscan aprovechar el foco global para exponer problemáticas que consideran urgentes y pendientes de resolver.

     

     

  • Sheinbaum promete una inauguración mundialista tranquila en México

    Sheinbaum promete una inauguración mundialista tranquila en México

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que la inauguración de la Copa Mundial de 2026 se realizará de forma pacífica y ordenada, pese a las movilizaciones sociales convocadas en Ciudad de México en los días previos al inicio del torneo.

    Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que el Gobierno federal trabaja para garantizar el normal desarrollo de los actos relacionados con la Copa del Mundo y reiteró que no recurrirá a medidas represivas frente a las protestas anunciadas por diversos sectores.

    «También vamos a garantizar al mismo tiempo que la celebración de la inauguración de la Copa Mundial se lleve bien en paz y tranquila», afirmó Sheinbaum.

    Las declaraciones surgen mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene manifestaciones y un plantón en el centro de la capital mexicana para exigir mejoras salariales, reformas al sistema de pensiones y mejores condiciones laborales.

    A estas protestas se suman convocatorias realizadas por colectivos de familiares de personas desaparecidas, transportistas, jubilados, campesinos y trabajadores del sector salud, quienes han anunciado una mega-manifestación para el próximo 11 de junio en las cercanías del Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural entre México y Sudáfrica.

    La presidenta señaló que existen grupos interesados en provocar enfrentamientos con las autoridades y generar una imagen negativa del país ante la comunidad internacional durante el evento deportivo.

    «Hay grupos que nos quieren provocar. Y no necesariamente son de maestros. O sea que lo que buscan es que haya represión (…) Lo que están buscando es que antes de la inauguración del mundial, la nota internacional sea que el gobierno de México reprime a maestros», expresó.

    Sheinbaum insistió en que su administración mantendrá el diálogo como principal herramienta para atender las demandas sociales y evitar escenarios de confrontación.

    «No vamos a caer en provocaciones, no vamos a caer. Y vamos a buscar los mejores esquemas para garantizar tranquilidad», aseguró.

    México compartirá la organización del Mundial 2026 con Estados Unidos y Canadá, en un torneo que el Gobierno mexicano considera una oportunidad para fortalecer la imagen internacional del país y promover su capacidad organizativa ante millones de espectadores alrededor del mundo.

    La mandataria también recordó la conmemoración del 10 de junio, fecha que rememora la represión estudiantil de 1971, y advirtió que algunos grupos podrían aprovechar ese contexto para incrementar la tensión social. Sin embargo, reiteró que las autoridades continuarán monitoreando la situación antes de definir ajustes en los operativos de seguridad previstos para la inauguración y el desarrollo de la Copa del Mundo.

     

     

  • Irán restablece parcialmente Internet tras casi tres meses de apagón

    Irán restablece parcialmente Internet tras casi tres meses de apagón

    Irán restableció parcialmente este martes el acceso a Internet después de 88 días de severas restricciones impuestas por el Gobierno, en medio de tensiones políticas y protestas que dejaron miles de fallecidos en el país.

    El vicepresidente iraní, Mohamed Rezá Aref, confirmó la reapertura parcial del servicio y aseguró que la medida responde a una instrucción directa del presidente Masud Pezeshkian para avanzar hacia un acceso “libre y regulado” al ciberespacio.

    «Siguiendo la misión encomendada por el presidente y en línea con la promesa del gobierno, se dio el primer paso hacia un acceso libre y regulado al ciberespacio», manifestó Aref en redes sociales.

    El funcionario agregó que el restablecimiento de Internet permitirá mejorar los servicios digitales y responder a las demandas de la población. «Con la reapertura de Internet, se facilitarán los servicios inteligentes y se cumplirán las demandas populares de quienes han apoyado firmemente al sistema y a Irán», sostuvo.

    Las autoridades iraníes habían restringido el acceso a Internet desde enero de 2026 bajo el argumento de proteger infraestructuras críticas ante posibles ciberataques y frenar actividades de espionaje, además de mantener operativos los servicios públicos durante las protestas.

    La organización no gubernamental NetBlocks, dedicada al monitoreo de conectividad y gobernanza digital, confirmó el “restablecimiento parcial” de Internet luego de 2,093 horas de aislamiento casi total de las redes internacionales.

    Según NetBlocks, el bloqueo representó “el corte de Internet a nivel nacional más prolongado de la historia moderna”. Sin embargo, el organismo advirtió que todavía no existe certeza sobre la permanencia de la medida.

    Pese al anuncio gubernamental, el acceso a Internet podría volver a ser restringido en las próximas horas debido a una decisión judicial emitida por el Tribunal de Justicia Administrativa de Irán.

    La corte admitió una demanda presentada contra la reapertura y ordenó suspender temporalmente la implementación de la resolución mientras analiza el fondo del caso, según informó la agencia iraní Mizan.

    El tribunal explicó que puede emitir medidas cautelares cuando considere que existe urgencia y necesidad, especialmente en procesos relacionados con la anulación de reglamentos ejecutivos.

    Las restricciones impuestas por el Gobierno coincidieron con un periodo de fuerte represión contra protestas registradas en enero pasado, las cuales dejaron más de 3,100 fallecidos, de acuerdo con reportes divulgados por organizaciones internacionales.

    El debate sobre el control estatal de Internet y la libertad digital volvió a tomar fuerza en Irán, donde activistas y sectores opositores denuncian desde hace años censura, vigilancia y bloqueos sistemáticos a plataformas internacionales.