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Etiqueta: régimen de excepción

  • Condenan a 242 pandilleros incluyendo los asesinos de hermanos Guerrero-Toledo

    Condenan a 242 pandilleros incluyendo los asesinos de hermanos Guerrero-Toledo

    Una jueza del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó hasta 1,393 años de cárcel a 242 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) por delitos cometidos entre 2014 y 2022, entre los que figuran homicidio agravado, feminicidio, desaparición de personas y tráfico ilícito.

    Las sentencias también incluyeron cargos como conspiración en homicidio, tenencia ilegal de armas, uso indebido de inmuebles y agrupaciones ilícitas.

    El pandillero que recibió la pena más elevada fue Marvin Abel Hernández Palacios, alias Nocturno de Teclas, sentenciado a 1,393 años de prisión por más de 20 asesinatos agravados y extorsión, incluyendo los crímenes de Karen Ivett y Henry Eduardo Guerrero Toledo, así como el de la exfutbolista Jimena Granados.

    Los hermanos Guerrero Toledo, de 18 y 20 años, desaparecieron el 18 de septiembre de 2021 tras abordar un taxi pirata en Santa Tecla. Iban rumbo a la residencial Bosques de Santa Teresa desde la colonia Quezaltepec. Días después, sus cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina en la finca Suiza, en Nuevo Cuscatlán, donde también se hallaron restos de otras víctimas.

    Por este crimen, 17 pandilleros fueron condenados a 130 años de prisión cada uno. La Fiscalía señaló que el caso Guerrero Toledo fue clave dentro del juicio, ya que reveló el grado de organización y brutalidad con que operaban estas estructuras. En el mismo juicio, 11 pandilleros fueron sentenciados a 75 años por el asesinato de la futbolista Jimena Granados, ocurrido en octubre de 2021.

    Karen Ivett y Henry Eduardo Guerrero Toledo, de 18 y 20 años, fueron asesinados en 2021.

    La resolución judicial también incluyó condenas contra 13 líderes de la MS13, identificados como corredores de clica y programa. Tres de ellos fueron sancionados con 45 años de prisión bajo la reforma reciente al Código Penal por su rol de mando dentro de la estructura.

    El proceso judicial resolvió casos emblemáticos ocurridos en el departamento de La Libertad, donde operaban 14 bases de la MS13 con control territorial. Uno de los crímenes que también fue esclarecido fue el de Luis Alberto Menjívar Vides, estudiante universitario de la UCA, por el que se les impuso una pena de 30 años.

    La Fiscalía General de la República indicó que los pandilleros fueron procesados por 43 homicidios agravados, 42 desapariciones, 3 feminicidios, 86 casos de extorsión, 29 conspiraciones en homicidio y 32 delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas. No se aclaró si los detenidos fueron capturados bajo el régimen de excepción.

    El régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 tras una ola de más de 80 homicidios en un fin de semana, ha dejado más de 90,000 capturas y se mantiene como la principal estrategia del Gobierno de Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas. Esta política, que fue clave en su reelección inmediata, continúa teniendo amplio respaldo popular, pese a cuestionamientos de organismos internacionales.

     

  • Movimiento demanda, por tercera vez, se declare inconstitucional el régimen de excepción

    Movimiento demanda, por tercera vez, se declare inconstitucional el régimen de excepción

    Miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir) interpusieron este miércoles su tercera demanda de inconstitucionalidad contra el régimen de excepción ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

    «Lo que pedimos es la inconstitucionalidad del régimen de excepción. Este régimen no es para los pandilleros, este régimen es mantener a la gente oprimida. Nosotros no defendemos pandilleros, pedimos libertad para los inocentes, pedimos que se investigue, que haya un debido proceso, juicios justos, pero no es así, mucha gente inocente detenida arbitrariamente ya lleva más de tres años presa desde que se implementó el régimen, otras han muerto y siguen capturando arbitrariamente», indicó Samuel Ramírez, vocero del Movir.

    El movimiento interpuso las primeras demandas de inconstitucionalidad el 16 de agosto y el 11 de noviembre.

    «Esta es la tercera demanda que interponemos. La trampa de este gobierno es ir prorrogando mes a mes el régimen de excepción y los diputados no analizan nada, no piden informe, no piden investigación, a los diputados les vale, solo ‘pushan’ el botón y hacen lo que este gobierno les dice, mientras, cientos de inocentes están muriéndose en las cárceles», aseveró el líder del movimiento.

    Al consultarle a Ramírez sobre si han tenido alguna respuesta de la Sala de lo Constitucional por las otras dos demandas interpuestas, respondió que no, pero que tampoco han sido resueltas inadmisibles.

    «No hemos tenido ninguna respuesta de las otras dos demandas, pero lo positivo es que tampoco nos las han denegado, entonces, eso significa que las están analizando, porque el documento está bien sustentado», detalló.

    Como medidas cautelares, el movimiento pide a la Sala que suspenda el régimen de excepción y que analice que el régimen «ya no es necesario» porque se cometen «atrocidades» contra personas inocentes.

    El grupo de Movir, conformado en su mayoría por mujeres que piden la libertad de sus hijos capturados bajo esta medida, se concentró en el Redondel José Martí de San Salvador y caminó hacia la Alameda Juan Pablo II para dirigirse a la sede de la CSJ en San Salvador.

    El documento de demanda de inconstitucionalidad fue llevado a la ventanilla de la Órgano Judicial en donde se los recibieron.

    Actualmente, El Salvador vive bajo la 45 prórroga del régimen de excepción, la que finaliza el 31 de diciembre, por lo que lo más probable es que los diputados aprueben una nueva prórroga en la plenaria ordinaria del 23 o en una sesión extraordinaria.

    Miembros de MOVIR llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia para interponer su tercera demanda contra el régimen de excepción/Foto Jessica Guzmán.
  • ¿Qué tienen pendiente los diputados de la Asamblea Legislativa, antes que finalice 2025?

    ¿Qué tienen pendiente los diputados de la Asamblea Legislativa, antes que finalice 2025?

    Con solo 16 días para que finalice el 2025, la Asamblea Legislativa aún tiene temas pendientes en su agenda, entre ellos la aprobación del presupuesto general del Estado para 2026 y la incorporación de fondos del BCIE al Instituto Nacional de los Deportes (Indes). Aunque restan dos sesiones plenarias ordinarias en el calendario, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, puede convocar a una extraordinaria si lo considera necesario.

    Uno de los asuntos sin resolver es la incorporación de $680,756.15 provenientes de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar obras de mejora en el Complejo Ecuestre de San Juan Opico, en La Libertad. Aunque esta asignación fue aprobada en el pleno el pasado 10 de septiembre, el mismo día fue retirada y devuelta a la Comisión de Hacienda, a solicitud del diputado Adolfo Rivas, de Nuevas Ideas.

    “Solicito que el dictamen número 132 favorable de esta Comisión de Hacienda que ha sido aprobado en esta misma sesión plenaria sea reconsiderado por este pleno en el sentido regrese a estudio de la referida Comisión a efecto de que el mismo pueda ser objeto de un mayor estudio”, dijo Rivas durante la sesión. Desde entonces, el tema no ha sido retomado.

    Otro tema que sigue en espera es la aprobación del presupuesto del Órgano Legislativo, que, según un documento de Junta Directiva, será igual al de este año: $46.9 millones. No obstante, aún no se ha hecho público el desglose del gasto, ni se ha detallado la distribución entre remuneraciones, bienes y servicios, ni otros rubros como gastos de capital o corrientes.

    También está pendiente la aprobación del presupuesto general de la nación para el ejercicio fiscal 2026, que asciende a $10,555.6 millones. Funcionarios del Ejecutivo y del Órgano Judicial ya acudieron a justificar sus partidas ante la Comisión de Hacienda. Sin embargo, el pleno legislativo aún no ha sometido el proyecto a votación. La Constitución establece que el presupuesto debe ser aprobado a más tardar el 31 de diciembre.

    A ello se suma otra decisión clave: la Asamblea deberá también resolver si aprueba una nueva prórroga del régimen de excepción, cuya actual vigencia —la número 45— vence el mismo 31 de diciembre. Tanto el presupuesto como la prórroga podrían ser aprobados en la última sesión ordinaria del año o en una sesión extraordinaria convocada antes del cierre de 2025.

  • Bukele asegura que El Salvador se liberó de "la dictadura de las pandillas”

    Bukele asegura que El Salvador se liberó de «la dictadura de las pandillas”

    El presidente Nayib Bukele aseguró el jueves que El Salvador vivió por años bajo una “dictadura de pandillas”, superada con el apoyo de la población y una estrategia de combate frontal a la criminalidad.

    “Nosotros vivíamos en una dictadura, no ahora, donde hay total democracia, sino una dictadura impuesta por las pandillas”, aseguró Bukele, en alusión al control territorial, extorsiones y asesinatos cometidos por estructuras criminales.

    Bukele hizo la afirmación durante la firma de la alianza «Escudo de Las Américas con su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves. El mandatario salvadoreño ofreció su respaldo a Costa Rica en temas de seguridad, reconociendo que, aunque El Salvador está “atrás” en otros ámbitos, puede ser un referente regional en la lucha contra el crimen.

    “Tenemos mucho que aprender de Costa Rica, pero en seguridad creo que podemos ayudarles”, afirmó.

    “Un Estado paralelo”

    Bukele relató que durante años las pandillas operaban como una estructura paralela al Estado salvadoreño, imponiendo extorsiones y tomando decisiones sobre la vida o muerte de la ciudadanía. El mandatario detalló cómo el acoso de las estructuras delincuenciales de pandilleros cometían sus crímenes y delitos manteniendo el control en la población.

    «En la dictadura de las pandillas los pandilleros decidían quién vivía, quién moría, eran jueces, recogían impuestos, ellos le llamaban renta, extorsión diaria y sistemática a todos los negocios del país. Y ellos se volvieron un Estado paralelo que era el que de verdad mandaba en este país, que era un Estado fallido», condenó Bukele.

    Bukele dijo en su discurso que el control de la criminalidad, no se logró de un día para otro, ya que requirió tiempo, pero además dijo que fue gracias a la unión de la sociedad salvadoreña, refiriéndose a quienes lo han apoyado.

    «El Salvador vivió algo que Costa Rica nunca ha vivido, y primero Dios nunca viva, y es una criminalidad tan alta para ser catalogada la capital mundial de los homicidios como éramos nosotros, y creo que sentir ese dolor tan fuerte y ese dolor constante de vivir en un lugar que en ese momento era dos veces más peligroso que Haití ahorita, hizo que la sociedad salvadoreña se uniera, prácticamente en un 100% o noventa y pico por ciento en contra de la criminalidad», agregó el gobernante salvadoreño.

    Aseguró que revertir esa situación no fue inmediato, sino resultado de reformas legales, apoyo ciudadano y decisiones firmes por parte del Ejecutivo y otras instituciones del Estado.

    Experiencia para compartir

    Bukele ofreció al gobierno de Costa Rica compartir su experiencia en seguridad, penitenciaría y reformas legales.

    “No podemos darles diputados ni fiscales, eso lo decide el pueblo costarricense. Pero sí podemos ofrecerles nuestra experiencia en desmantelar estructuras criminales”, declaró el mandatario.

    Bukele relató que «nosotros vivimos en pleitos políticos durante 30 años hasta que ya no aguantamos más, hasta que decidimos unirnos y buscar las soluciones».

    «Yo espero que Costa Rica pueda ver nuestro ejemplo y diga no queremos ser como El Salvador llegó a ser, sino que nos vamos a unir antes, para destruir el crimen, así, ahora, que todavía no es ni por cerca lo que nosotros llegamos a tener», expresó en el marco de la firma de la Declaración de Coatepeque.

    El presidente costarricense, Rodrigo Chaves, agradeció el gesto y tiene previsto visitar este viernes 12 de diciembre el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el penal de máxima seguridad donde el gobierno salvadoreño asegura haber recluido a miles de pandilleros.

    Régimen de excepción continúa

    El Salvador continúa bajo el régimen de excepción, prorrogado por 45ª vez y vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Según cifras oficiales, más de 90,200 personas han sido capturadas por supuestos vínculos con estructuras criminales desde su implementación en marzo de 2022.

    “Nos falta mucho en muchos temas, pero en seguridad nos falta poco o nada”, sentenció Bukele.

  • Bukele defiende fuerza policial y cárceles firmes como base de una sociedad segura

    Bukele defiende fuerza policial y cárceles firmes como base de una sociedad segura

    El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este domingo que el pilar para construir una sociedad segura es contar con una “fuerza policial fuerte” y un sistema penitenciario sólido y bien administrado.

    “Dicen que no se puede escapar del delito encarcelando. Pero, de hecho, una fuerza policial fuerte y un sistema penitenciario sólido y bien gestionado son los primeros pasos necesarios para transformar un infierno en una sociedad segura y de alta confianza”, escribió Bukele en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

    Tras su comentario, el magnate estadounidense, Elon Musk, propietario de Tesla y la red social X, escribió: «Es la única forma».

    El mensaje fue acompañado de un video de casi tres minutos de duración, que muestra a reos con tatuajes alusivos a pandillas siendo trasladados, descalzos y en ropa interior, desde un centro penitenciario no identificado hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), ubicado en Tecoluca, San Vicente.

    En las imágenes se observa a los privados de libertad siendo bajados de autobuses bajo fuerte custodia policial. Luego son llevados en fila al interior del CECOT, donde son registrados e ingresados finalmente a sus celdas.

    La mayoría de los internos trasladados forman parte de estructuras criminales y tienen antecedentes vinculados con organizaciones como la MS-13 y el Barrio 18, según información difundida por las autoridades salvadoreñas.

    Bukele ha hecho de la política de “mano dura” contra las pandillas uno de los ejes centrales de su Gobierno. Desde que se decretó el régimen de excepción en marzo de 2022, más de 90,000 personas han sido capturadas, según cifras oficiales.

    Aunque la medida ha sido respaldada por una amplia mayoría de salvadoreños, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han cuestionado los métodos utilizados, incluyendo detenciones arbitrarias y condiciones carcelarias extremas.

    El CECOT, considerado una de las cárceles más grandes y seguras de América Latina, fue inaugurado en febrero de 2023 y tiene capacidad para albergar a 40,000 reos. El complejo penitenciario ha sido parte clave de la estrategia gubernamental para reducir los niveles de violencia e inseguridad en el país.

     

  • PNC capturó a un presunto pandillero y lo señala de ocultar su tatuaje

    PNC capturó a un presunto pandillero y lo señala de ocultar su tatuaje

    La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un presunto  miembro de la pandilla, Barrio 18, facción Revolucionarios, que quiso ocultar su tatuaje alusivo al grupo delincuencial.

    El pandillero fue identificado como Irving Omar Cruz Bairez, alias «Cabra o Calamardo» y tiene antecedentes penales desde el año 2002, «enfrentará la justicia por agrupaciones ilícitas», indicó la PNC.

    La corporación señaló que desde el año 2002 posee antecedentes por: acoso sexual, extorsión, conducción peligrosa, amenazas y resistencia.

    «Intentó ocultarse de la guerra contra las pandillas, se cubrió los tatuajes alusivos a la 18R, sin embargo, ya estaba fichado en nuestro sistema ONI», informó la corporación policial.

    El hombre fue capturado en la avenida Narciso Monterrey y 7ª calle Oriente, barrio Los Remedios, en Zacatecoluca, La Paz Este.

    Desde que se implementó el régimen de excepción, la PNC ha capturado a 89,975 «terroristas» indicó el gobierno en la petición de la prórroga 44 del régimen que inició el 2 de noviembre y finaliza el 1 de diciembre próximo.

     

     

  • Procuradora admite que "hay hacinamiento" en centros penitenciarios, pero asegura hay aseo

    Procuradora admite que «hay hacinamiento» en centros penitenciarios, pero asegura hay aseo

    La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel de Guevara asegura que las situaciones sobre el aseo en bartolinas y centros penitenciarios actualmente no son las mismas que encontró cuando realizó su primer período (2016-2019), ya que no hay enfermedades de la piel en  privados de libertad».

    «En mi primer período, cuando uno iba a verificar en las bartolinas, el problema era que todos los privados de libertad, en bartolinas, tenían problemas de piel, psoriasis y un montón de cosas por el hacinamiento que había en las bartolinas. ¿Por qué ahora no encuentro eso en los penales, si supuestamente hay saturación? Ahora cuando uno habla con los médicos y se pide el perfil epidemiológico nos dice que afecciones de bronquios, catarro, aveces problemas de diarrea, nunca, nunca me han dicho del tema de la piel, cuando en bartolinas encontrábamos eso y ahora no lo encontramos», expuso la funcionaria en una entrevista para Romeo Lemus News.

    Sin embargo, de Guevara sí admite que aún existe hacinamiento en centros penitenciario, pero recalca que sí hay aseo, porque ella misma lo ha verificado, asegura.

    «En los centros penitenciarios que hay hacinamiento, porque sí hay hacinamiento, porque no voy a negar esa realidad, pero no hay ese problema, quiere decir, que ha habido control, hay aseo, es lo que yo he visto, hay aseo, lo que yo he constatado, hay aseo, he visto la ropa de ellos tendida y lavada. En los centros de máxima se las lavan, porque ellos no salen», aseguró.

    la funcionaria asegura que los cambios que hay en todo el sistema penitenciario «son innegables», ya que las condiciones y la dinámica son distintas.

    «Ahora los cambios en el sistema penitenciario son innegables, innegables y no solo es una cárcel, sino en todo el sistema penitenciario, incluso el de máxima seguridad, las condiciones son diferentes y la dinámica es diferente… entonces también es necesario tener la capacidad de reconocer cuando algo está bien y es lo que he hecho», comentó.

    La procuradora comentó a manera de contexto, sobre el “Informe sobre la situación de los Derechos Humanos de las Mujeres Privadas de Libertad y las niñas y los niños que viven con sus madres en los centros penales de El Salvador” que coordinó, cuando era Procuradora Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Mujer y la Familia, en mayo 2009 y el procurador era Oscar Luna y dijo que en ese entonces los centros penales estaba plagados de parásitos.

    «Quiero mencionar este informe que yo presenté sobre la situación de las mujeres privadas de libertad viviendo con sus niños y niñas en los centros penales. Esta es una prueba fidedigna. En los penales, los hoyitos que se hacen en las paredes, estaban con garrapatas, chinches y de todo y en el informe está registrado eso, las condiciones en las que vivían las mujeres con sus niños niñas. Las recomendaciones que dimos es lo que hoy es la granja en Izalco. Yo conozco el antes y el hoy del sistema penitenciario», aseguró la funcionaria.

    Sobre el tema del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) dijo que también ha ingresado y ha podido verificar las condiciones, «que sean mínimas, pero, el peso de la ley debe caer también».

    En octubre de 2023, un informe sobre el régimen de excepción de siete organizaciones no gubernamentales, sostenía que hasta septiembre de esse año, se calculó que el hacinamiento carcelario alcanzaba un 236.57 % en el país, a pesar de la construcción del CECOT en Tecoluca.

    Desde el 27 de marzo de 2022, el gobierno ha capturado 89,975 «terroristas», bajo el régimen de exepción.

  • PDDH espera respuesta de 81 órdenes de libertad de presos del régimen

    PDDH espera respuesta de 81 órdenes de libertad de presos del régimen

    La titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH),  en El Salvador, Raquel Guevara de Caballero, admitió que hay capturados bajo el régimen de excepción que tienen carta de libertad, pero que no han sido liberados y que espera respuesta de la Dirección General de Centros Penales.

    «Sí es cierto, no llegan ni a 100, serán 80, 81 casos de personas que tienen cartas de libertad, pero de esos hay recapturas, porque tienen otras acusaciones por otros delitos que han sido cometidos. Pero la mayoría, yo creo más de 3,000, quizá más, de lo que  yo me acuerdo, han sido liberados. Pero de 82,000 capturados con el régimen, son 81 casos que estoy esperando la respuesta de la Dirección General, que algunos son recapturas y los que no son recapturas, esos salen inmediatamente. Es muy probable que de esos 81, ya haya un porcentaje que a estas alturas ya haya sido liberado», dijo la funcionaria en una entrevista con Romeo Lemus.

    Aunque la funcionaria habla de 82,000 capturados, el último dato que envió el Gabinete de Seguridad en la última petición de prórroga aprobada el 29 de octubre van 89,875 capturados.

    En agosto de 2023, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, dijo que a esa fecha llevaban el registro de más de 7,000 personas capturadas bajo el régimen de excepción, habían sido liberadas.

    En la entrevista, emitida la semana pasada, la procuradora aseguró que en la Procuraduría reciben toda la información de las personas liberadas y capturadas.

    «La Dirección General de Centros Penales me contesta cada oficio, hemos tenido una comunicación muy fluida. De los 82,000 que yo tenía registrados, de ellos 16, 292 familiares ha venido a preguntarme dónde está, el tema de ubicación, y cuando hay enfermedad leve o enfermedad crónica. Entonces si uno de ellos tiene problema de diabetes, quiere saber qué tratamiento se le da, entonces de Centros Penales me mandan la ficha técnica con el tratamiento que se le da. Y a través de la red del Ministerio de Salud, con telemedicina hacen las consultas».
    Raquel Guevara de Caballero, Procuradora de Derechos Humanos.

    Como ejemplo de atención médica en centros penitenciarios puso el del Centro Occidental de Santa Ana en donde dijo que hay 1,603 personas privadas de libertad y que en el plazo de dos meses y medio les dan consulta a todos «entonces los que requieren atención con especialistas hacen la conexión con el Ministerio de Salud, para que el especialista lo vea a través de telemedicina».

    La prórroga actual número 44 del régimen de excepción inició el pasado 2 de noviembre y finaliza el 1 de diciembre de 2025.

    Hasta septiembre de este año, el Socorro Jurídico Humanitario denunció que habían más de 450 reos que murieron en prisión, bajo custodia del Estado, debido a falta de atención médica y otros con señales de tortura y desnutrición. El gobierno ha negado estos señalamientos.

     

  • Congresista EEUU recuerda a sacerdotes jesuitas en 36 aniversario de masacre

    Congresista EEUU recuerda a sacerdotes jesuitas en 36 aniversario de masacre

    El congresista demócrata James P. McGovern, recordó este domingo el 36° aniversario del asesinato de seis sacerdotes jesuitas, y dos colaboradoras en la Universidad Centroamericana (UCA), en San Salvador y destacó su legado.

    “Hoy conmemoramos la brutalidad de un crimen cometido por el Ejército salvadoreño con armas suministradas por Estados Unidos”, expresó McGovern.

    McGovern, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos y miembro de alto rango en el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes, fue parte de una comisión investigadora de la masacre antes de ser congresista.

    “Los padres Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Amando López y Joaquín López y López trabajaron incansablemente por la paz y la justicia. Elba y Celina Ramos los acompañaban en esa misión”, dijo el congresista en una declaración.

    El congresista, quien mantiene una relación de décadas con El Salvador, lamentó que, tras más de tres décadas, no haya existido una rendición de cuentas real contra los autores intelectuales de la masacre.

    “Muchos de ellos siguen libres”, denunció.

    En su mensaje, criticó al Gobierno de Estados Unidos por financiar nuevamente a fuerzas de seguridad salvadoreñas, en este caso durante el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele.

    También reprochó que el actual Departamento de Estado haya cerrado la oficina encargada de supervisar si la ayuda militar estadounidense es utilizada para cometer abusos a los derechos humanos.

    “Estados Unidos ha abandonado los derechos humanos como prioridad de política exterior. Esto está mal”, subrayó.

    McGovern pidió que la memoria de los mártires de la UCA inspire a los estadounidenses a “resistir los llamados autoritarios a la brutalidad” y a luchar por una sociedad justa, en la que “los fuertes actúen con justicia y los débiles estén protegidos”.

     

     

  • IDHUCA documenta 6,889 capturas arbitrarias en régimen de excepción, dice rector de la UCA

    IDHUCA documenta 6,889 capturas arbitrarias en régimen de excepción, dice rector de la UCA

    El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) ha registrado al menos 6,889 denuncias por capturas arbitrarias durante el régimen de excepción, informó este sábado el rector de la UCA, Mario Cornejo.

    El pronunciamiento se realizó en el marco del 36 aniversario de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en 1989, perpetrada por el Ejército salvadoreño durante la guerra civil.

    “Aunque la mayoría percibe una mejora en la seguridad, también sabemos que numerosas personas están siendo detenidas sin debido proceso ni con posibilidad de defensa”, declaró Cornejo durante el acto conmemorativo.

    Agregó que estas detenciones, amparadas en el régimen, “no están apegadas al respeto de la dignidad de toda persona humana y a un estado de derecho”.

    Cornejo subrayó que muchas de las personas encarceladas o exiliadas por luchar por la justicia enfrentan procedimientos «aparentemente legales», pero que en realidad son injustos.

    El rector reiteró que estas prácticas no pueden normalizarse ni justificarse, incluso bajo el argumento del combate a la criminalidad.

    El régimen de excepción fue aprobado por el Congreso salvadoreño en marzo de 2022 tras una ola de homicidios que dejó más de 80 muertos en un fin de semana. Desde entonces, se han registrado más de 89,900 detenciones sin una sola condena hasta la fecha.

    Pese a los cuestionamientos, el Gobierno ha mantenido su defensa del régimen como parte de su estrategia de seguridad.

    El propio Ejecutivo ha admitido que al menos 8,000 personas inocentes fueron detenidas durante la aplicación del régimen. Aunque muchas ya han sido liberadas, continúan bajo proceso penal, sin una resolución definitiva.

    La cifra refleja el alto margen de error en la ejecución de detenciones masivas bajo este esquema.

    El pasado 30 de octubre, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó la 44ª prórroga del régimen. Según el decreto, aún persisten grupos terroristas cuya eliminación completa es necesaria para evitar un retroceso en los resultados obtenidos en seguridad.

    Si bien las estadísticas oficiales reportan una disminución drástica de homicidios y extorsiones, organizaciones de derechos humanos denuncian violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales. Entre las denuncias destacan torturas, detenciones arbitrarias y más de 450 muertes bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.

    Cornejo concluyó que el país no puede construir una paz auténtica sin justicia ni respeto a la dignidad humana. “Todas estas personas, incluyendo a quienes hoy están presas o exiliadas por luchar en favor de la justicia, cargan con el peso de procedimientos aparentemente legales”, sentenció.