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  • Ochenta organizaciones de EEUU y otros países piden liberar a capturados sin pruebas en régimen de excepción

    Ochenta organizaciones de EEUU y otros países piden liberar a capturados sin pruebas en régimen de excepción

    Unas 80 organizaciones sociales, entre migrantes, ambientales, de derechos humanos, de solidaridad, religiosas y de la diáspora en Estados Unidos y a nivel internacional, pidieron públicamente este viernes que El Salvador libere personas capturadas sin pruebas durante el régimen de excepción, aprobado desde el 27 de marzo de 2022.

    En el comunicado también rechazan las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado que alargan la detención y permite procesos judiciales en grupos de personas.

    «Nos unimos a las familias de las víctimas de captura arbitraria en El Salvador para denunciar las recientes reformas a la Ley Especial contra el Crimen Organizado que prolongarán aún más la detención preventiva. Estas reformas se aplicarán a las casi 90,000 personas que han sido arrestadas sin órdenes judiciales bajo el Régimen de Excepción, bajo la llamada “guerra contra las pandillas”, consolidando a El Salvador como el país con la población carcelaria per cápita más alta del mundo», expresan en un comunicado.

    Las organizaciones cuestionan que la suspensión de garantías constitucionales del régimen de excepción «ha facilitado arrestos masivos sin órdenes judiciales y la prolongada privación de libertad sin juicio y sin pruebas».

    Señalan que las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado aprobadas en agosto recién pasado para establecer un nuevo plazo dos años de detención sin juicios, y un año más si es necesario, es «una continua y flagrante violación al derecho al debido proceso». «Institucionalizan un modelo de justicia basado en el castigo colectivo, condenas anticipadas y criminalización por asociación. Estas medidas violan tratados internacionales de derechos humanos de los que El Salvador es firmante», aseveran.

    Creen que esa reforma provocará que «muchas de las personas arrestadas bajo el régimen de excepción ahora podrán pasar más de cinco años en prisión sin siquiera tener una segunda audiencia».

    Para los denunciantes, los juicios masivos otorgarían «amplia discrecionalidad para clasificar y tratar a cualquier persona como miembro de una organización criminal».

    «Si estos juicios masivos llegaran a celebrarse, constituirán graves violaciones a los derechos humanos, generando condenas colectivas de personas que no han cometido un crimen. Incluso el propio gobierno ha reconocido que personas inocentes han sido arrestadas y se refiere a ellas como daños colaterales». Comunicado suscrito por 80 organizaciones.

    El pronunciamiento de las organizaciones rechaza la figura de juicios abiertos y el juicio de menores como adultos.

    Actualmente, está vigente la 42a. prórroga del régimen de excepción, aprobada por la Asamblea Legislativa el 27 de agosto pasado; inició el 3 de septiembre y finaliza el 2 de octubre. El gobierno aseguró en esa petición que ha capturado 88,800 «terroristas» y que es necesario mantener el régimen de excepción ya que se siguen capturando pandilleros en diferentes zonas del país.

    Las organizaciones mantienen su postura en defensa de personas inocentes capturadas de forma arbitraria y «exigen la liberación inmediata de las personas cuya culpabilidad no ha sido probada», además, piden el fin del régimen de excepción.

    Las organizaciones firmantes

    America Latina
    1. Albergue Tochan-Nuestra Casa, Mexico
    2. Articulación Centroamericanista O Istmo, Centroamérica
    3. Asociacion Americana de Juristas
    4. Center for Justice and International Law (CEJIL), Regional
    5. Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM), Ecuador
    6. Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – COMOSOC, Colombia
    7. Comité de Solidaridad con El Salvador en México, México
    8. Diálogos por la paz, México
    9. Ética en los Bosques, Chile
    10. Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña ac (IDEMO), México
    11. Tadamun Antimili, Colombia

    Estados Unidos
    12. Alma de Izote
    13. Arlington Sister City Project
    14. Arlington Teosinte Sister City Project
    15. Austin Tan Cerca de la Frontera
    16. Baltimore, MD Phil Berrigan Memorial Chapter Veterans For Peace
    17. BAYAN USA
    18. Cambridge Sister City Committee
    19. Cambridge United for Justice with Peace
    20. Capybara Colectia
    21. CASA
    22. Center Porch Ministries
    23. Centro Latino Cuscatlán
    24. Centro San Bonifacio
    25. Chicago Religious Leadership Network on Latin America (CRLN)
    26. Chicago Sister City Committee
    27. Comité de Solidaridad con El Salvador en Carolina del Norte
    28. Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES)
    29. Comité por la defensa de los derechos humanos y de la tierra en El Salvador
    30. Comunidad sin fronteras
    31. Crystal Lake Sister City Project
    32. CSUN’s SOAR Coalition – Students Organizing Against Repression
    33. Denver Justice and Peace Committee
    34. Dorothy Day Catholic Worker
    35. Fuerza Mundial / Maria ‘Lenchita’ Guardado Archive Collection (Cal State LA Library)
    36. Global Labor Justice
    37. Grupo primero de abril
    38. Holy Spirit Missionary Sisters, USA-JPIC
    39. Hope House of Prayer
    40. Interfaith Communities United for Justice and Peace
    41. International Migrants Alliance
    42. InterReligious Task Force on Central America

    43. JB Foundation
    44. Latin America Working Group (LAWG)
    45. Maine Organic Farmers and Gardeners Association
    46. Massachusetts Peace Action
    47. Midnight Books
    48. Migrant Roots Media
    49. Missionary Oblates of Mary Immaculate
    50. National Lawyers Guild, International Committee
    51. National Lawyers Guild, Mesoamérica Subcommittee
    52.Oakland Committee for Human Rights in the Philippines (OakCHRP)
    53.Olympia Movement for Justice and Peace

    54. PAX CHRISTI METRO NEW YORK
    55. Portland Central America Solidarity Committee
    56.Provincial Council /Clerics of St. Viator
    57. Resistencia Comunitaria
    58.San Francisco Committee for Human Rights in the Philippines
    59. St Vincent de Paul Parish, Philadelphia, PA
    60. Task Force on the Americas (Marin Interfaith Task Force on the Americas)
    61. TECUS de CSUN
    62. The Sisters of Mercy of the Americas
    63. Unite North Metro Denver
    64. Veterans For Peace
    65. Veterans For Peace, Chapter 69
    66. Washington Office on Latin America (WOLA)
    67. West Burke Unitarian Universalist Society

    Canadá
    68. Acción Salvadoreña en Montreal – Contra la minería
    69. FMLN-ALCADES
    70. Common Frontiers

    Europa
    71. Asociación Zehar-Errefuxiatuekin, Euskadi
    72. Campana Café Mesoamericana, Alemania
    73. Comité Monseñor Óscar Romero De Valladolid, España
    74. Comité Monseñor Óscar Romero De Vigo, España
    75. Informationsgruppe Lateinamerika, IGLA (Grupo de Información sobre América Latina),

    Austria
    76. Oficina Ecumenica por la Paz y la Justicia, Múnich, Alemania
    77. Secretariado de C.A., Suiza
    78. Solidaridad con Guatemala de Austria, Austria
    79. Stichting Michaël De Witte, Belgica Global

    Global

    80. Nación Salvadoreña en el Exterior

  • Exdiputada española de Vox destaca el "milagro" en seguridad de Bukele en El Salvador

    Exdiputada española de Vox destaca el «milagro» en seguridad de Bukele en El Salvador

    La exdiputada española de Vox, Macarena Olona, destacó este miércoles en un foro de derechos humanos en San Salvador los avances en seguridad durante el Gobierno del presidente Nayib Bukele, calificándolos como un “milagro” y criticando a quienes señalan violaciones de derechos humanos o hablan de dictadura en el país.

    Olona, quien participó como presidenta de la Fundación Igualdad Iberoamericana, afirmó que “en El Salvador se ha producido un auténtico milagro a través del modelo Bukele de seguridad”, al que describió como “el plan más efectivo del mundo”.

    La dirigente española cuestionó la visión de los críticos: “Los medios de desinformación nos trasladan una imagen de represión de derechos y libertades. Afirman que bajo el régimen de excepción el pueblo salvadoreño no puede vivir en libertad”.

    También arremetió contra quienes califican al país como dictadura: “Supongo que son los mismos que hablaban de democracia cuando más de 100 salvadoreños eran asesinados cada día”.

    El Salvador vive bajo régimen de excepción desde marzo de 2022, medida que suspende garantías constitucionales y ha dejado más de 6,400 denuncias de abusos y al menos 400 muertes bajo custodia estatal, según organizaciones humanitarias. El Gobierno ha reconocido la detención de 8,000 inocentes entre los más de 88,000 arrestos realizados.

    Pese a las críticas, las cifras oficiales destacan una drástica caída en homicidios. En 2024 se registraron 114 asesinatos, un 26 % menos que en 2023, lo que equivale a una tasa de 1.9 por cada 100,000 habitantes, una de las más bajas de América Latina. La reducción de muertes violentas se ha intensificado desde 2019, con la llegada de Bukele, tras el pico de violencia en 2015 con 103 homicidios por cada 100,000 habitantes.

    Según datos oficiales, entre 2019 y 2024 se reportaron 5,688 homicidios y 2,548 desapariciones. En contraste, durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén (2015-2018) hubo 19,244 homicidios y 6,917 desaparecidos.

  • Diputado Lira acusa al gobierno de usar el régimen de excepción para reprimir opositores

    Diputado Lira acusa al gobierno de usar el régimen de excepción para reprimir opositores

    El diputado de Arena, Francisco Lira, denunció este sábado que el régimen de excepción es utilizado como una herramienta para la represión de quienes piensan diferente, y no como una política de seguridad integral.

    Lira insistió hoy en la necesidad de transitar hacia un estado de derecho para evitar la detención injusta de personas inocentes, a pesar de que sus seis iniciativas presentadas en la Asamblea Legislativa han sido rechazadas.

    Lira cuestionó así la prórroga número 42 del régimen de excepción, aprobada el pasado 27 de agosto por Nuevas Ideas y sus aliados, PDC y PCN.

    «El régimen de excepción lo están utilizando como una herramienta para la represión de todas las personas que piensan diferente a ellos y hablan con la verdad de todos los abusos del poder que están haciendo».
    Francisco Lira, diputado de Arena.

    Previo a la aprobación de la nueva prórroga del régimen de excepción, la Asamblea también aprobó reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, que otorgan a la Fiscalía un plazo de hasta tres años para investigar a detenidos bajo el régimen, el diputado advirtió que esto «solo está condenando a los inocentes y que fueron capturados injustamente a pasar en las cárceles seis años».

    “Informe real”

    Respecto a los supuestos «1,000 días sin homicidios», Lira exige al Ministerio de Seguridad un informe «real» que incluya las muertes de reclusos bajo custodia estatal.

    Además, pide juicios justos para los inocentes y critica que personas con cartas de libertad sigan detenidas por «capricho de directores de centros penitenciarios».

    Este sábado, el presidente salvadoreño Nayib Bukele celebró que el país llegó a los 1,000 días sin homicidios desde que él asumió el poder en 2019 e invitó a “reflexionar” sobre lo vivido. Hasta la fecha se desconoce cuántos homicidios han ocurrido en el país dado que no hay un informe consolidado hasta hoy.

    Finalmente, el diputado opositor hizo un llamado a la bancada de Nuevas Ideas para que «se toquen el corazón» y vean el sufrimiento del pueblo, advirtiendo que «el pueblo salvadoreño no va a olvidar lo que ustedes están haciendo con las personas inocentes que están pagando un pecado que no han cometido».

     

  • Gobierno asegura que ya suman 1,000 días sin homicidios durante administración Bukele

    Gobierno asegura que ya suman 1,000 días sin homicidios durante administración Bukele

    La administración  del presidente Nayib Bukele alcanzó los 1,000 días sin homicidios en El Salvador desde 2019, aseguró este viernes la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

    En una publicación en la red social X, la Secretaría destacó que “la visión y compromiso del mandatario con la seguridad de la población lo ha llevado a la toma de decisiones firmes y acertadas para el combate de la criminalidad”.

    Dicha publicación atribuye esta situación a las decisiones y el compromiso de seguridad tomadas por Bukele.

    El pasado miércoles, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, anticipó que la administración actual podría alcanzar esa cifra durante la presente semana.

    En su momento, Villatoro calificó los homicidios de las pandillas como un «monopolio criminal».

    “Para ahora analizamos 999, o sea que primero Dios esta semana alcanzamos los 1,000; esto hay que verlo desde una óptica de seguridad, es que efectivamente el monopolio criminal de este país, lo tenía estas organizaciones terroristas”, aseguró Villatoro en un programa Frente a Frente.

    Asimismo, el funcionario Villatoro aseguró que más de 850 días sin homicidios reportados se lograron gracias a la implementación del régimen de excepción desde marzo de 2022.

    Esta semana, específicamente el miércoles, se registró un homicidio en Santa Cruz, distrito de La Libertad, La Libertad Costa. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la víctima presentaba heridas causadas por arma blanca.

     

     

  • Asamblea aprobó la prórroga 42a. del régimen de excepción

    Asamblea aprobó la prórroga 42a. del régimen de excepción

    Con 57 votos a favor y uno en contra, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción que permite mantener suspendidas las garantías constitucionales contenidas en los artículos 12 y 13, incisos segundos, y 24 de la Constitución, relacionados al derecho de defensa, plazo de detención y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

    La vigencia de esta 42ª prórroga iniciará el 3 de septiembre y finalizará el 2 de octubre de 2025. Esta medida cumplirá tres años y medio el próximo 24 de septiembre.

    El gobierno argumentó que el régimen de excepción ha sido prorrogado continuamente debido a los resultados obtenidos, considerados “un logro sin precedentes”.

    Sin embargo, informó que “actualmente las autoridades siguen ejecutando un número considerable” de capturas de pandilleros en distintas zonas y que han detectado delitos de tráfico de drogas y portación de armas cometidos por sus estructuras y cabecillas “de forma independiente”, con “disputas por el control territorial y rutas ilícitas”, además de personas menores de edad asociadas a dichos grupos delictivos.

    Agregó que esto refleja la necesidad de “medidas firmes y sostenidas” y de una “acción estatal decidida”, y representa “una amenaza actual”.

    Así mismo, el gobierno señaló que integrantes de estructuras de crimen organizado desarrollan “mecanismos sofisticados” para “mantener una comunicación con sus líderes”, lo que incluye “transmisión de instrucciones”, según el proyecto de prórroga enviado al Legislativo.

    800 capturas más en un mes

    Según el reporte oficial, el régimen de excepción acumuló 800 capturas adicionales en agosto.

    En su solicitud del 1 de agosto, el gobierno informó que llevaba capturados 88,000 “terroristas”.

    En la solicitud enviada el 27 de agosto, registra la captura “de más de 88,800 terroristas” y 990 días sin homicidios durante la gestión de Nayib Bukele, presidente de El Salvador desde 2019.

    Nuevas Ideas critica ausencia de Arena, que pide prisión para negociadores de pandillas

    El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, criticó la ausencia de diputados de oposición en la votación y aseguró que cada mes hay oportunidad de “rectificar” y que por “orgullo, ego” o “cálculo politico” no respaldan el régimen de excepción. “Defínanse, sí o no, a favor o en contra”, retó.

    Marcela Villatoro y Francisco Lira, de Arena, no se encontraban en la sesión plenaria, debido a que rechazan que Nuevas Ideas registre como votos en contra sus abstenciones.

    Temprano, en la misma sesión plenaria, Lira señaló al gobierno actual de haber negociado con pandillas y criticó que Nuevas Ideas rechazó las propuestas de este partido de oposición como un registro de pandillas. «Metamos presos a los funcionarios que negociaron con pandillas en este gobierno, ¿quién sacó el Crook?, ¿quién sacó el Charlie?», cuestionó.

    El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, destacó que falta un día para cumplir 1,000 días sin homicidios en el país. La estadística del gobierno no incluye cifras de desaparecidos y pandilleros. Por su parte, el diputado Walter Alemán, también de Nuevas Ideas, mostró noticias de crímenes cometidos por las pandillas en 2011, 2016 y 2018 contra estudiantes.

    Más muertes que la guerra, señores. Si la guerra nos dejó 55,000 muertos, ¿y las pandillas?, más de 120,000 y continuaban matando y matando, ¿cuál es el argumento de venir, entonces? Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

    En medio de la aprobación, el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, saludó a Joaquín Benítez, desde Houston, Texas, quien se encontraba en el pleno.

    “Hace poco me reuní con unos amigos de la diáspora y ellos mismos daban fe de los cambios en este país, solo aquel que es ciego o se hace el ciego no quiere ver la realidad de los cambios”. Walter Alemán, diputado por Nuevas Ideas.

    La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, recordó que el expresidente Mauricio Funes argumentaba que los homicidios cometidos por las pandillas eran producto de un “ajuste de cuentas” por el control del narcomenudeo. Rivas citó que 340 de más de 5,000 escuelas en el país eran consideradas peligrosas.

    “Es decir, el expresidente de esa época estaba aceptando que en las escuelas las pandillas estaban infiltradas y estaban tomando el control de los jóvenes a través de otro núcleo de fenómenos delictivos”. Alexia Rivas (Nuevas Ideas).

    Por su parte, el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, destacó que los gobiernos eran “incapaces” ante el control de las pandillas e incluso estas amenazaron con un paro al transporte público. “Estamos a punto de llegar a mil días sin homicidios”, destacó.

  • Cristosal: detenidos podrán permanecer por más de cinco años en prisión sin condena

    Cristosal: detenidos podrán permanecer por más de cinco años en prisión sin condena

    La asociación Cristosal aseveró que las personas detenidas bajo el régimen de excepción en El Salvador podrían permanecer en prisión por más de cinco años sin una condena, con la nueva reforma a la Ley especial contra el crimen organizado que extendió por dos años más el plazo máximo para que la Fiscalía los acuse formalmente.

    En un comunicado divulgado la noche del lunes, la organización explicó que estas reformas permitirán que “la fase de instrucción se prolongue por más de cinco años” sin que sean llevados a una audiencia ante un juez.

    Las reformas permiten que haya una “audiencia única” y que esta quede abierta hasta por dos años adicionales, algo que Cristosal consideró una “condena anticipada”, un “plazo irracional e injustificable”, una apertura a “condenas injustas masivas” y una “política de terror de Estado”.

    Según la asociación, la reforma “disminuye aún más las garantías judiciales para adolescentes detenidos”, ya que serán procesados con adultos.

    Cristosal dice que esta reforma viola los artículos 1, 2, 11, 12 y 13 de la Constitución de la República, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Insistió en que “la gran mayoría de detenciones durante el régimen de excepción han sido arbitrarias”.

    Las autoridades salvadoreñas han reportado más de 88,000 personas capturadas y al menos 860 días sin homicidios durante el régimen de excepción aplicado desde el 27 de marzo de 2022 para combatir a las pandillas.

    Mientras, Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario, organizaciones cuyos directores se retiraron de El Salvador, han reportado más de 6,500 violaciones a derechos humanos, torturas y la muerte de más de 400 detenidos bajo custodia estatal durante el régimen de excepción. La medida, que es prorrogada cada mes por la Asamblea Legislativa, suspende derechos constitucionales de defensa, plazo máximo de 72 horas de detención sin audiencia y privacidad de las telecomunicaciones.

  • El 62 % de las empresas turísticas se dedican a la alimentación en El Salvador

    El 62 % de las empresas turísticas se dedican a la alimentación en El Salvador

    Aproximadamente un 62.5 % de las empresas turísticas ofrecen servicios de alimentación en El Salvador, según reportes de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur).

    La directora ejecutiva de la institución, Alejandra Durán, recordó que en el país hay 3,996 empresas en diversos rubros, pero seis de cada 10 de estos negocios se concentran en ofrecer servicios relacionados con alimentación.

    “Esas 3,996 empresas esperamos que sigan creciendo. Las que más hay son de alimentación, de esas casi 4,000, más de 2,500 son de alimentación”, indicó Durán en una entrevista web.

    La funcionaria identificó un desafío en el sector de alojamiento, pues ocupa cerca de un 12.5 % de todos los negocios turísticos que operan en El Salvador. Según Corsatur, en el país hay más de 500 hotel boutique, hoteles, hostales y otro tipo de infraestructura similar.

    El objetivo, puntualizó Durán, es una ampliación en la cantidad de habitaciones disponibles en El Salvador, con el fin de que las personas puedan dormir en lugar turísticos y visitarlos al día siguiente.

    La directora ejecutiva de Corsatur aseguró que se trabaja junto con el sector privado para sensibilizar y garantizar la calidad y la cantidad de pago que se cobra por los servicios para que estos sean correspondientes.

    En lo que queda de 2025, la Corsatur prevé recorrer los 14 departamentos del país para indagar con las empresas sobre la necesidad de inscribirse en el Registro Nacional de Turismo (RNT).

    A finales de julio, la Corporación confirmó que del total de empresas que operan en el rubro turístico solo 956 estaban registradas.

    Aumento de patronos

    La funcionaria aseguró que desde la implementación del régimen de excepción, en marzo de 2022, se ha incrementado el número de patronos en el mercado, al pasar de 2,000 a más de 3,000 a nivel nacional.

    La mejora en los niveles de seguridad también habría facilitado que los empleos pasaran de 50,000 a 65,000 durante el mismo período solo en el sector de turismo.

    De la misma forma, el gobierno indicó que la seguridad facilita que los turistas pernocten más, generen mayor gasto turístico y las divisas en este sector incrementen.

  • Fiscalía tendrá dos años más de plazo para procesar a capturados del régimen de excepción, tras reformas a Ley contra Crimen Organizado

    Fiscalía tendrá dos años más de plazo para procesar a capturados del régimen de excepción, tras reformas a Ley contra Crimen Organizado

    La Fiscalía de El Salvador contará con un plazo adicional de dos años para presentar casos contra detenidos bajo el régimen de excepción, tras las reformas a la Ley Especial contra el Crimen Organizado aprobadas este jueves por diputados de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa.

    Con esta modificación, la FGR tendrá hasta cuatro años en total para concluir las investigaciones y llevar a juicio a los procesados vinculados a pandillas y delitos contemplados en esta legislación. La ampliación del plazo responde al alto volumen de detenciones efectuadas desde marzo de 2022, cuando entró en vigor el régimen de excepción.

    El fiscal general Rodolfo Delgado  argumentó que esta extensión permitirá realizar investigaciones más completas, recabar pruebas sólidas y garantizar condenas contra estructuras del crimen organizado.

    “Respecto al tiempo que ha transcurrido durante la vigencia del Decreto 803, este tiempo transcurrido guarda relación directa con el artículo 8 del Código procesal Penal que se refiere a la detención provisional. Estos son denominados tiempos muertos, porque no hay una actividad procesal ante los tribunales de justicia. Para lo que nos ha servido es para ordenar a todas las personas que han sido detenidas de una forma desordenada porque se encontraban huyendo de la acción de nuestros policías y nuestros soldados”, aseguró Delgado.

    Dijo que en estos 24 meses han podido solicitar los agrupamientos de los pandilleros de la “Mara Salvatrucha” y de la “Pandilla 18”.

    “Entonces en este tiempo transcurrido nos ha permitido solicitar los agrupamientos de todos los pandilleros de la Mara Salvatrucha en 230 organizaciones criminales y organizar todos los pandilleros de la pandilla 18 en 295 organizaciones y de esa manera que se vayan iniciando los juicios correspondientes”, explicó el fiscal.

    Según Delgado, con estas reformas, lo que está sucediendo es que un mismo juez es el que va a conocer de la acusación e inmediatamente instala la vista pública y empieza el juzgamiento de todas estas personas.

    “Claro está, esa gran cantidad de gente no se va a juzgar en una o dos semanas, tiene que pasar un tiempo considerable para que los jueces reciban las pruebas que atañen a cada uno de ellos y que posteriormente emita las sentencias que conforme a la ley corresponden”, afirmó el fiscal general.

    Delgado detalló que a la fecha son 88,750 personas detenidas bajo el régimen de excepción, que serán vinculados a 600 procesos judiciales.

    Y que en los dos años que han pasado desde la aprobación del Decreto 803 el 26 de julio de 2023, le ha servido a la FGR para ordenar a los pandilleros en las organizaciones criminales a las que pertenecen.

    Si no hay acusación, serán liberados

    Dentro de las reformas también se establece en el Art. 17 de la Ley que si la Fiscalía General de la República no presenta dictamen de acusación en el plazo legalmente dispuesto (los 24 meses), el juez intimará al fiscal superior, y si este no contesta, sin más trámite dictará sobreseimiento definitivo a favor de los imputados y dejará sin efecto la medida cautelar. Ante esto, el diputado presidente de la Comisión, Caleb Navarro dijo que esa parte le parece “una válvula de escape, porque qué pasará si pasan los 24 meses, ¿la Fiscalía podrá solicitar más tiempo?”, consultó.

    El fiscal general dijo que es responsabilidad del Estado presentar la acusación en el plazo establecido y “al contrario a lo que dicen algunos que andan movilizando gente, sí se respeta el debido proceso y los derechos humanos de las personas que están siendo acusadas en este país”.

    También explicó que con esa herramienta se evita que los fiscales no presenten acusación por motivos de negligencia u “otros intereses de cualquier naturaleza o de naturaleza económica el fiscal auxiliar no presente acusación en el tiempo establecido, entonces se da la opción que el juez debe notificar al fiscal superior para determinar si el fiscal ha actuado de manera correcta o no. Esto es trasladar una garantía para el procesado también”, aseguró Delgado.

    Agregó que los 24 meses le parecen un “plazo razonable, pero si me preguntan a mí, me sentiría más tranquilo que este plazo sea sujeto a una solicitud de prórroga justificada y valorada adecuadamente por la autoridad judicial competente”, dijo Delgado.

    El diputado Navarro pidió entonces si tenían alguna propuesta de reforma sobre este tema y Delgado propuso agregar otro inciso en el artículo 17 de esta manera “en aquellos casos en las que el fiscal considere que es necesario ampliar la investigación, solicitará al juez de manera motivada, diez días antes de la finalización del plazo inicial dispuesto, su ampliación, la cual será por un período de 12 meses”, propuso el fiscal.

    Navarro pidió al equipo técnico hacer la modificación en las reformas.

    Los diputados de la Comisión aprobaron dictamen favorable para las reformas a la Ley contra el crimen organizado, que podrían ser aprobadas en la plenaria de este viernes 15 de agosto.

  • Socorro Jurídico critica informe de EE.UU. sobre derechos humanos en El Salvador

    Socorro Jurídico critica informe de EE.UU. sobre derechos humanos en El Salvador

    La abogada Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, cuestionó que el informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de EE.UU. correspondiente a 2024 “omite una enorme cantidad de denuncias” sobre abusos cometidos en El Salvador.

    El documento, publicado con varios meses de retraso por la Administración de Donald Trump, eliminó críticas dirigidas a El Salvador, Israel y Rusia, mientras aumentó los señalamientos contra Brasil y Sudáfrica.

    En el caso salvadoreño, el reporte sostiene que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de derechos humanos”, en contraste con el informe de 2023, que sí documentó casos de tortura y malas condiciones en las cárceles.

    Para Escobar, este cambio “matiza” la situación penitenciaria en el país y pasa por alto la existencia de más de 1.000 muertes en centros penales, de las cuales el SJH ha confirmado 433, muchas ocurridas antes de que los reclusos tuvieran derecho a una segunda audiencia. “No se le da la importancia debida a las muertes extrajudiciales en las cárceles”, advirtió.

    La directora del SJH también denunció que EE.UU. envió a más de 200 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acusados de integrar el Tren de Aragua, y señaló que este penal funciona “como un campo de concentración” donde se han documentado torturas y tratos crueles.

    Escobar sostuvo que Washington evita reflejar la magnitud de las violaciones de derechos humanos en El Salvador debido a su alianza coyuntural con el gobierno salvadoreño en materia de control migratorio. “Poner la verdad en el informe sería aceptar una culpa”, concluyó.

     

  • EEUU no ve "informes creíbles" de violaciones significativas de derechos humanos en El Salvador

    EEUU no ve «informes creíbles» de violaciones significativas de derechos humanos en El Salvador

    Estados Unidos sostuvo el martes en su informe anual sobre derechos humanos que en El Salvador «no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos» , asegura que la violencia de pandillas se mantuvo en un mínimo histórico durante el estado de excepción y que el Gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos.

    «No se registraron cambios significativos en la situación de los derechos humanos en El Salvador durante el año. Los informes de violencia de pandillas se mantuvieron en un mínimo histórico durante el estado de excepción, ya que las detenciones masivas reprimieron la actividad de las pandillas. No hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos. El Gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos», dice el informe del Departamento de Estado.

    Según el informe, el régimen de excepción, declarado en marzo de 2022 y renovado mensualmente, ha mantenido los niveles de violencia de pandillas en mínimos históricos, con una drástica reducción de homicidios y extorsiones.

    Aunque el Informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE.UU. 2024 destaca la reducción de la violencia de pandillas como un logro significativo, también subraya que persisten desafíos en derechos fundamentales como las garantías judiciales, la libertad de prensa y las condiciones laborales.

    Sin embargo, el documento advierte que esta política ha implicado miles de detenciones masivas, incluyendo casos de arrestos arbitrarios y muertes en prisión.

    «Algunos sospechosos murieron en prisión antes de ser condenados o cumplir sus condenas. El 8 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública declaró que se habían producido 115 muertes en prisión desde que comenzó el estado de excepción en marzo de 2022. Al 16 de agosto, la Procuraduría para los Derechos Humanos informó que estaba investigando ocho muertes en prisión», destaca el reporte.

    Denuncias contra la PNC y Fuerza Armada

    El informe detalla denuncias de tortura, tratos crueles e inhumanos atribuidas a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.

    Hasta agosto, la PNC registró dos denuncias de tortura, 47 denuncias de «integridad corporal violada», 53 denuncias de malos tratos, 34 denuncias de abuso físico y tres denuncias de agresión y discriminación cometidas por agentes de policía.

    El informe menciona que la PNC remitió 171 denuncias a la Fiscalía General de la República, disciplinó a 14 agentes de policía y destituyó a 12 agentes de policía. Diez víctimas registraron denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, alegando tortura o castigos crueles e inhumanos a manos de agentes de la PNC, y una víctima registró una denuncia del mismo trato cometido por miembros de las fuerzas armadas.

    Hasta agosto, el Consejo Nacional para la Primera Infancia, la Niñez y la Adolescencia recibió una denuncia de abuso cometido por policías o guardias penitenciarios en sus centros de detención juvenil e informó que el caso estaba bajo investigación.

    El informe dice que al 16 de agosto, la PNC registró 23 denuncias de abuso sexual, 19 denuncias de violencia contra la mujer y cuatro denuncias de abuso infantil presuntamente cometidos por la policía.

    Según el Departamento de Estado, en junio, el gobierno salvadoreño informó que la Inspectoría General de Seguridad Pública investigaba 66 casos de presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad pública durante el estado de excepción, incluyendo tres violaciones del derecho a la vida, 11 violaciones de la libertad personal y nueve violaciones de la seguridad personal. El mismo informe indicó que la Fiscalía General de la República inició 19 investigaciones por presuntos abusos de fuerza durante el estado de excepción.

    Ataques a periodistas y denuncias laborales

    Si bien la Constitución salvadoreña garantiza la libertad de expresión y de prensa, el informe advierte que persisten tensiones entre el gobierno y medios de comunicación críticos.

    La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó en 2024 cinco casos de intimidación en línea y tres amenazas legales contra periodistas presuntamente realizadas por funcionarios públicos.

    En materia laboral, el documento subraya demoras en la acreditación de sindicatos por parte del Ministerio de Trabajo, lo que impide su participación en negociaciones colectivas.

    El derecho a huelga sigue restringido en el sector público y en servicios considerados esenciales, mientras que en sectores como el agrícola y textil se mantienen violaciones a las leyes salariales y de seguridad laboral. También documenta acoso sexual y malos tratos contra trabajadoras domésticas.

    El gobierno aplicó menos sanciones por violaciones de los derechos de negociación colectiva que en otras áreas, como las violaciones de los derechos civiles. Los procedimientos judiciales sufrieron demoras y apelaciones.

    El informe recuerda que hasta junio, el país enfrentaba seis quejas activas ante la Organización Internacional del Trabajo por presuntas violaciones a la libertad sindical.

    Protección a grupos vulnerables y refugiados

    El Departamento de Estado reconoce avances como la aplicación de la ley contra el matrimonio infantil y la naturalización de siete refugiados, primera vez que ocurre en el país.

    No se reportaron incidentes de antisemitismo, pero el organismo advirtió sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de protección a solicitantes de asilo y personas con estatus de refugio.