Etiqueta: régimen de excepción

  • 66 acusados de ser pandilleros de la MS-13 enfrentan audiencia por diversos delitos en Cuscatlán

    66 acusados de ser pandilleros de la MS-13 enfrentan audiencia por diversos delitos en Cuscatlán

    El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de Soyapango instaló el lunes una audiencia única en contra de 66 acusados de ser pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) capturados en el marco del régimen de excepción y que además son señalados de cometer diversos delitos en el departamento de Cuscatlán.

    Según detalló la Fiscalía General de la República (FGR), los 66 pandilleros se dividen entre un corredor de clica, 29 paros (miembros activos de menor rango), 28 homeboys (miembros oficiales), seis chequeos (vigía) y dos colaboradores.

    Los acusados, miembros de pandillas, fueron detenidos en distintas operaciones de seguridad llevadas a cabo desde 2023 por el delito de agrupaciones ilícitas en los distritos de San Rafael Cedros, El Carmen y El Rosario, municipio de Cuscatlán Sur, departamento de Cuscatlán, informó la FGR por medio de un comunicado de prensa.

    Según la notificación del fiscal del caso, los individuos poseen tatuajes de la mara y tienen un historial delictivo que incluye extorsión, homicidio y desaparición de personas.

    La Fiscalía ha solicitado al juez imponer la pena máxima de 45 años de cárcel a los acusados por el delito de agrupaciones ilícitas. Se espera que la audiencia relacionada con este caso se extienda por cinco días, según se detalla en el escrito.

    El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, anunció a inicios de 2026 que la FGR proyecta presentar cerca de 3,000 acusaciones relacionadas con el régimen de excepción ante los tribunales de crimen organizado.

     

     

  • Mujeres marchan para exigir garantía de derechos y alto a la violencia

    Mujeres marchan para exigir garantía de derechos y alto a la violencia

    Alrededor de 200 salvadoreñas y activistas feministas se movilizaron este domingo en San Salvador para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir la garantía de sus derechos, así como el fin de la violencia machista y los feminicidios.

    La marcha inició en la plaza Salvador del Mundo y finalizó en la plaza Beethoven, en un recorrido de menos de un kilómetro en el que las participantes realizaron una caminata pacífica con pancartas, telas y consignas contra la violencia de género.

    Durante la movilización, las manifestantes también recordaron a mujeres detenidas en el contexto del régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022, así como a personas desaparecidas y a madres que continúan buscando a sus hijos.

    “Este día lo dedicamos a las mujeres capturas injustamente por el régimen de excepción”, señaló la salvadoreña Keyla Cáceres durante una conferencia de prensa.

    Cáceres añadió que la conmemoración también estuvo dedicada a las madres que buscan a familiares desaparecidos y a mujeres detenidas como la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López, quien fue capturada en mayo de 2025.

    La antropóloga feminista Mariana Moisa expresó su preocupación por la situación de los derechos de las mujeres en el país y advirtió sobre lo que calificó como retrocesos en las garantías para vivir una vida libre de violencia.

    Según datos citados por las activistas, al menos 26 feminicidios se registraron en 2025 en El Salvador. Además, denunciaron que las autoridades no publican estadísticas específicas sobre estos casos ni clasifican oficialmente los asesinatos de mujeres como feminicidios.

    Las manifestantes también señalaron su preocupación por la situación de niñas víctimas de violencia sexual y por la salida del país de varias organizaciones de derechos humanos, así como la disolución legal de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.

     

  • Una sentencia de la Corte Suprema habilita penas centenarias a pandilleros, asegura Ulloa

    Una sentencia de la Corte Suprema habilita penas centenarias a pandilleros, asegura Ulloa

    El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, aseguró este martes que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) habilita la imposición de penas centenarias contra pandilleros, pese a que la Constitución prohíbe la cárcel perpetua.

    “Muchos de los que están ahí (presos) no van a salir, y no van a salir porque el Gobierno no quiera, sino porque ha habido una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que en el caso de los condenados por delitos de terrorismo vinculados a las estructuras criminales hay alguna acumulación de la pena”, indicó Ulloa durante un acto público en San Salvador.

    El funcionario sostuvo que en el país “está prohibida por Constitución la prisión perpetua” y que “nadie puede pasar más de 30 años en prisión por los delitos que ha cometido”, pero afirmó que, tratándose de “estructuras criminales”, se aplica la “acumulación de la pena”, lo que deriva en condenas “para 300 años, para 400 años”.

    “Esas personas no van a salir”, agregó, sin precisar a qué resoluciones o casos concretos se refería.

    Pese a ese señalamiento de un límite de 30 años, el Código Penal contempla penas de hasta 60 años por homicidio agravado.

    El Salvador permanece desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción que suspende garantías constitucionales, aprobado por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele tras registrarse el asesinato de más de 80 personas en tres días, según el reporte oficial.

    En ese contexto, el Órgano Legislativo aprobó reformas para incrementar penas y modificar el proceso penal contra supuestos líderes de pandillas y colaboradores, mientras tribunales han impuesto condenas de más de 1,000 años y otras de varios cientos.

    La medida suma más de 91,300 detenciones, recibió apoyo de buena parte de la población y fue señalada por violaciones a derechos humanos: organizaciones humanitarias reportan más de 6,400 denuncias —principalmente por detenciones arbitrarias y torturas— y la muerte de 480 detenidos bajo custodia estatal.

     

  • Tribunal de Santa Ana condena a pandilleros de la MS-13 hasta a 30 años de cárcel

    Tribunal de Santa Ana condena a pandilleros de la MS-13 hasta a 30 años de cárcel

    El Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó a penas que van desde 12 hasta 30 años de prisión a varios integrantes de las clicas Victoria Locos Salvatruchos, Vatos Locos Salvatruchos y Hollywood Locos Salvatruchos, pertenecientes a la Mara Salvatrucha (MS-13), tras encontrarlos culpables de diversos delitos.

    La condena más alta recayó sobre Jesús Esteban Funes Girón, alias Black Danger, quien recibió 30 años de cárcel, distribuidos en 15 años por el delito de organizaciones terroristas y 15 más por tráfico ilícito. Según la resolución judicial, el imputado tenía rango de homeboy dentro de la estructura criminal.

    También fueron sentenciados a 15 años de prisión por organizaciones terroristas Erick Alexander Flores, alias Liro Crazy; Edgar Antonio de los Reyes, alias El Solitario; Víctor Rafael Ramos, alias Cholo; Kevin Eduardo Mancía, alias Dreamer; Rodrigo Antonio Martínez, alias Suri; Edwin Alexander Grijalva, alias Lito Bat; Roberto Enrique Mendoza, alias Lito Blacky; Darwin Fabricio Ascencio, alias El Gato; Saúl Alfredo García; Daniel Humberto Escobar, alias El Dani; y Kevin Eduardo Cabrera, este último declarado en rebeldía. Todos ostentaban el rango de homeboy dentro de las mencionadas clicas.

    Asimismo, otros diez colaboradores de la misma estructura, entre ellos tres mujeres, fueron condenados a 12 años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, tras comprobarse su participación en actividades vinculadas a la pandilla.

    Los procesados fueron capturados el 26 de marzo de 2022 en una cancha de fútbol ubicada en la residencial Valladolid, en Ciudad Real, distrito de San Sebastián Salitrillo. Durante el procedimiento, a Jesús Esteban Funes Girón se le incautaron 24 porciones pequeñas de material vegetal que, tras la prueba de campo, dio positivo a marihuana.

     

  • Vicepresidente Ulloa defiende régimen de excepción en Madrid por tener respaldo popular

    Vicepresidente Ulloa defiende régimen de excepción en Madrid por tener respaldo popular

    El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió el martes en Madrid la continuidad del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, al asegurar que el “96 % del pueblo salvadoreño pide que continúe”.

    Durante una conferencia organizada por la World Law Foundation, sostuvo que la medida responde al clamor ciudadano y negó afectaciones a libertades públicas.

    Ulloa aseguró que bajo el régimen “no hay ninguna libertad pública que se haya afectado” y reiteró que, aunque las medidas excepcionales no deben ser permanentes, su mantenimiento responde a la necesidad de consolidar la seguridad.

    La normativa fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 27 de marzo de 2022, a solicitud del presidente Nayib Bukele, inicialmente por 30 días, pero ha sido prorrogada de forma mensual. Según cifras citadas por el funcionario, 91,000 personas han sido enviadas a prisión bajo esta disposición.

    En su intervención, el vicepresidente cuestionó los llamados de organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para levantar la medida. “¿Cuándo vamos a quitarlo? ¿Cuando lo pida la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales o cuando lo pida el pueblo salvadoreño?”, expresó, al referirse a una encuesta que respalda su continuidad con un 96 %.

    Ulloa defendió lo que calificó como “el milagro de la seguridad” alcanzado por el gobierno salvadoreño, aunque admitió fallos en la aplicación del régimen.

    “No hay una obra humana que sea perfecta, se han cometido errores, se han capturado inocentes, pero cuando se han capturado inocentes han sido liberados”, afirmó, destacando que 8,000 personas ya recuperaron su libertad.

    Además, justificó que “absolutamente todas las acciones, decisiones, medidas” implementadas “en esta guerra han tenido como base la ley, la norma y la disposición legal”: “No estamos haciendo nada que no tenga un respaldo legal”.

    Por su parte, la CIDH ha documentado 7,000 denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, torturas, la muerte de más de 400 personas bajo custodia estatal y limitaciones en el acceso a la justicia. Ulloa desestimó estos señalamientos, aseguró que los informes no son verificados en el terreno y afirmó que algunas denuncias buscan “recibir fondos”.

    Asimismo, respaldó las políticas migratorias de Estados Unidos y negó reportes de torturas o malos tratos a migrantes deportados hacia El Salvador.

     

  • Diputados alemanes piden liberar a Ruth López y detenidos bajo régimen de excepción

    Diputados alemanes piden liberar a Ruth López y detenidos bajo régimen de excepción

    Los diputados alemanes Gökay Akbulut y Max Lucks, miembros del Parlamento Federal, solicitaron este martes la liberación de la activista salvadoreña Ruth López, así como de otras personas que —según denunciaron— han sido detenidas injustamente bajo el régimen de excepción vigente en El Salvador desde marzo de 2022.

    Ambos parlamentarios llegaron hasta el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas La Occidental, ubicado en el departamento de Santa Ana, más de 50 kilómetros al occidente de San Salvador, donde expresaron su preocupación por lo que consideran un deterioro del Estado de derecho.

    “Vemos con lástima el desarrollo autoritario en El Salvador. Para nosotros es muy importante que la democracia funcione en el país, así como el respeto al Estado de derecho y el fin del régimen de excepción”, declaró Akbulut a medios de comunicación.

    El régimen ha permitido la detención de más de 90,000 personas, la mayoría acusadas de pertenecer a pandillas, tras una ola de violencia que dejó más de 80 muertos en marzo de 2022. El gobierno del presidente Nayib Bukele defiende la medida como clave en su política de seguridad y cuenta con el respaldo de la Asamblea Legislativa, controlada por su partido, Nuevas Ideas.

    El diputado Max Lucks calificó a Ruth López como una “presa política” y denunció las condiciones en las que permanece detenida desde mayo de 2023, tras ser acusada inicialmente por peculado durante su trabajo como asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) durante el mandato del expresidente Salvador Sánchez Cerén.

    Posteriormente, la Fiscalía reformuló el delito a enriquecimiento ilícito. No obstante, Lucks afirmó que López permanece incomunicada y sin acceso adecuado a su defensa, lo cual —dijo— contradice los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

    “Ruth representa valentía y esperanza, y simboliza a muchas personas perseguidas injustamente. Querida Ruth, no estás sola, estamos a tu lado”, afirmó el legislador alemán.

    Los diputados también sostuvieron encuentros con el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), una organización que acompaña a familias de personas detenidas bajo la medida excepcional. Además, se reunirán con otras entidades defensoras de derechos humanos para documentar abusos y elevar sus denuncias a instancias internacionales.

    “Las familias viven una situación muy difícil. Les deseamos fortaleza para que continúen en esta resistencia”, expresó Akbulut, quien reiteró que nadie debería estar preso por pensar distinto o ejercer oposición política.

     

  • Presidente electo de Chile destaca modelo carcelario de El Salvador como referencia para reformas penitenciarias

    Presidente electo de Chile destaca modelo carcelario de El Salvador como referencia para reformas penitenciarias

    El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, afirmó este jueves que su futuro gobierno prepara reformas a la legislación penitenciaria con el objetivo de “recuperar el control en las cárceles”, y puso como uno de sus referentes el modelo impulsado en El Salvador, país que visitó recientemente.

    Tras reunirse en Roma con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, Kast explicó que ha conocido diversas estrategias penitenciarias en sus viajes a El Salvador, Hungría e Italia, enfocadas en el combate al crimen organizado desde el sistema carcelario.

    «Una condición que es distinta a la que pudimos apreciar en El Salvador pero que apunta en el mismo sentido, que es aislar a los líderes de las organizaciones criminales que no puedan tener ningún contacto tanto con sus organizaciones como con sus familias», declaró Kast, al referirse también al régimen italiano del 41 Bis, que impone aislamiento total a líderes mafiosos.

    El presidente electo, quien asumirá el cargo el 11 de marzo, valoró el enfoque implementado por el gobierno salvadoreño para restringir la comunicación de líderes criminales detenidos, una de las principales características del Régimen de Excepción que ha sido clave en la política de seguridad pública en El Salvador.

    Aunque evitó comprometerse con una aplicación exacta del modelo salvadoreño, Kast afirmó que su equipo analiza cambios a los decretos penitenciarios chilenos para mejorar la seguridad interna en los centros penales.

    “Necesitamos recuperar el control de las cárceles, evitar las amenazas de las mafias y del crimen organizado a nuestros gendarmes, y también ir cortando y vigilando las rutas del dinero”, dijo el líder chileno, quien representa a la derecha política y ha promovido una política de seguridad más estricta.

    Cooperación internacional contra el crimen

    Kast hizo un llamado a la cooperación regional e internacional para enfrentar al crimen organizado de manera coordinada, advirtiendo que si no existe una estrategia compartida, las organizaciones criminales simplemente se desplazan entre países.

    «Si se combate en Chile es preciso que los otros países, tanto de nuestro continente como de otros, avancen en la misma línea», dijo. «Porque si no, el crimen organizado se retira de un país, se fortalece en otro y cuando ve la oportunidad vuelve con más fuerza. Ellos no respetan fronteras, ni leyes ni banderas», subrayó.

    En cuanto a la inmigración, otro de los ejes de su campaña electoral, Kast adelantó que en su gobierno entrar al país de forma irregular dejará de ser una falta administrativa y pasará a ser un delito penal, reforzando así su postura de línea dura en materia migratoria.

     

  • Movimiento «Mesa del exilio» pide a Shakira que «no permita que su imagen sea utilizada» con fines políticos

    Movimiento «Mesa del exilio» pide a Shakira que «no permita que su imagen sea utilizada» con fines políticos

    La organización «Mesa del Exilio Salvadoreño» publicó el martes una «Carta abierta a Shakira Isabel Mebarak Ripoll» en la que piden a la artista que no permita que su imagen sea utilizada con fines políticos y no ceda ante presiones para «elogiar» al Gobierno salvadoreño o al «clima de seguridad».

    «No te escribimos para que canceles tus conciertos. Te escribimos para pedirte que no permitas que tu imagen sea utilizada para legitimar una dictadura que ha causado dolor a miles de familias. El gobierno ha construido un relato centrado únicamente en la seguridad, mientras oculta las detenciones arbitrarias, las torturas en las cárceles y la persecución sistemáticas de toda voz crítica», exponen en el comunicado.

    La carta fue respaldada por Alicia Miranda, quien fue jefa del Departamento de Estudios del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y candidata a comisionada del IAIP.

    La Mesa del Exilio, que también es integrada por Ingrid Escobar, vocera del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), está compuesta por personas “exiliadas en México, Estados Unidos y España” y fue lanzada en diciembre de 2025.

    En el comunicado solicitan a. la cantante que, ante cualquier presión para elogiar al Gobierno o al clima de seguridad, «no avales con tu voz una realidad que no puede conocerse en una visita breve y que limites tus mensajes al cariño genuino del pueblo salvadoreño».

    En el documento, le comparten a la cantante datos que la organización de derechos humanos Human Rights Watch ha recopilado y divulgado sobre niñez afectada por el régimen de excepción que vive El Salvador desde el 27 de marzo de 2022.

    «Sabemos que la niñez es una causa central para ti. Por eso compartimos un dato alarmante: según Human Rights Watch, al menos 3,000 menores fueron detenidos bajo el régimen de excepción hasta 2024; y organizaciones como Cristosal estiman que más de 68,000 niñas y niños han quedado en situación de abandono tras la captura de uno o ambos padres. Esta también es la realidad de El Salvador», indican en la carta.

    Al inicio de la carta, le expresan a Shakira que valoran que, a lo largo de su carrera, «históricamente ha mantenido distancia de la política que su compromiso ha estado con las causas sociales y de la niñez»

    Señalan que actualmente, El Salvador vive un «grave proceso democrático», y que «el poder se ha concentrado en una sola persona. Admiten que el régimen de excepción sí redujo la violencia pandilleril, sin embargo, cuestionan que también es una herramienta que utiliza el gobierno para «reprimir la disidencia, perseguir periodistas, defensores de derechos humanos y criminalizar voces críticas».

    El 17 de diciembre, inició la venta de los boletos del tour mundial de Shakira «Las mujeres ya no lloran», que ofrecía tres conciertos los próximos 12, 14 y 15 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional Jorge «Mágico» González. En 24 horas los boletos se agotaron.

    El 20 de diciembre, a las 7:11 p.m., Bukele aprovechó la venta total de los boletos para emitir un mensaje en su perfil de X: «El Salvador está cambiando, y Centroamérica también. Shakira agotó todos los boletos de sus 3 fechas en menos de 24 horas. Sé del enorme esfuerzo que están haciendo los productores para extender esta impresionante residencia centroamericana, con sede en nuestro país».

    El 21 de diciembre, a las 6:29 p.m. la propia Shakira respondió a ese post de Bukele: «Gracias, El Salvador y Centroamérica. ¡Vamos con dos fechas más!».

    Los cinco conciertos de Shakira se celebrarán los días 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero.

     

     

     

  • Oposición descarta que quiera liberar a pandilleros y plantea ley contra pandillas, no aplicable a toda la población

    Oposición descarta que quiera liberar a pandilleros y plantea ley contra pandillas, no aplicable a toda la población

    Las diputadas de Arena y Vamos señalaron que no es cierto que como oposición quieran que salgan los pandilleros en libertad, sino que buscan que se implemente una ley específicamente contra pandilleros y no contra todos los salvadoreños.

    La afirmación la hicieron el martes antes de la sesión plenaria en la cual la Asamblea Legislativa aprobó la prórroga 46a. del régimen de excepción.

    «No es cierto que nosotros queramos dejar en libertad a los pandilleros. Al contrario, queremos que les caiga todo el peso de la ley, por todo el daño que le hicieron a este país, pero creemos que debe hacerse una ley especial que regule especialmente a las pandillas y que no se aplique a toda la población en general, sino especialmente para ellos», dijo la diputada Marcela Villatoro, de Arena.

    Villatoro agregó que se debe respetar los derechos de todos los ciudadanos y el debido proceso.

    Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, dijo que, luego de tres años de estar bajo régimen de excepción con tres derechos constitucionales suspendidos, lo que quiere decir que «si el Estado violenta sus derechos es legal».

    «Lo que se mantiene es el chantaje del gobierno, de que, si no tienen todo el poder, no pueden dar seguridad y el hecho de seguirlo prorrogando demuestra la incapacidad de tener seguridad en condiciones de normalidad», expuso Ortiz.

    La diputada de Arena señaló que el gobierno debe trabajar en un programa para dar atención a los hijos menores de edad de padres capturados con el régimen.

    «Se debería estar trabajando ya en eso, ver la forma de apoyar a estos niños, por la separación familiar por incluso llamadas anónimas de algún vecino. Se debe buscar brindar ese apoyo emocional y psicológicos a estas familias». Marcela Villatoro (Arena).

    La diputada de Vamos dijo que con respecto a los niños, deben ser responsabilidad de todos y no les corresponde cargar con las consecuencias de las decisiones de sus padres.

    «Es importante, para romper el ciclo de violencia, de exclusión y de criminalidad, que haya una atención integral para niños, que hemos conocido casos que han quedado sin papá, sin mamá y han quedado a cargo de una abuela, que apenas puede llevar el paso de sus años», dijo Ortiz.

    Definitivamente si el Estado ha creado este problema de los niños en abandono con el régimen, pues también debe asumir porque, si no, estamos generando una bomba de tiempo para el futuro y eso no le conviene al país para su seguridad, ni para la economía, ni para la convivencia social, es muy importante que existan programas para atenderlos». Claudia Ortiz (Vamos).

    Según el Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), organizaciones internacionales aseguran que son más de 60,000 menores afectados. El Movimiento en sus datos contabiliza 360.

    En la votación por la nueva prórroga que inicia el 1 de enero, por 30 días más, Arena no estuvo presente en el pleno y Vamos votó en contra.

  • Condenan a 242 pandilleros incluyendo los asesinos de hermanos Guerrero-Toledo

    Condenan a 242 pandilleros incluyendo los asesinos de hermanos Guerrero-Toledo

    Una jueza del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó hasta 1,393 años de cárcel a 242 pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) por delitos cometidos entre 2014 y 2022, entre los que figuran homicidio agravado, feminicidio, desaparición de personas y tráfico ilícito.

    Las sentencias también incluyeron cargos como conspiración en homicidio, tenencia ilegal de armas, uso indebido de inmuebles y agrupaciones ilícitas.

    El pandillero que recibió la pena más elevada fue Marvin Abel Hernández Palacios, alias Nocturno de Teclas, sentenciado a 1,393 años de prisión por más de 20 asesinatos agravados y extorsión, incluyendo los crímenes de Karen Ivett y Henry Eduardo Guerrero Toledo, así como el de la exfutbolista Jimena Granados.

    Los hermanos Guerrero Toledo, de 18 y 20 años, desaparecieron el 18 de septiembre de 2021 tras abordar un taxi pirata en Santa Tecla. Iban rumbo a la residencial Bosques de Santa Teresa desde la colonia Quezaltepec. Días después, sus cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina en la finca Suiza, en Nuevo Cuscatlán, donde también se hallaron restos de otras víctimas.

    Por este crimen, 17 pandilleros fueron condenados a 130 años de prisión cada uno. La Fiscalía señaló que el caso Guerrero Toledo fue clave dentro del juicio, ya que reveló el grado de organización y brutalidad con que operaban estas estructuras. En el mismo juicio, 11 pandilleros fueron sentenciados a 75 años por el asesinato de la futbolista Jimena Granados, ocurrido en octubre de 2021.

    Karen Ivett y Henry Eduardo Guerrero Toledo, de 18 y 20 años, fueron asesinados en 2021.

    La resolución judicial también incluyó condenas contra 13 líderes de la MS13, identificados como corredores de clica y programa. Tres de ellos fueron sancionados con 45 años de prisión bajo la reforma reciente al Código Penal por su rol de mando dentro de la estructura.

    El proceso judicial resolvió casos emblemáticos ocurridos en el departamento de La Libertad, donde operaban 14 bases de la MS13 con control territorial. Uno de los crímenes que también fue esclarecido fue el de Luis Alberto Menjívar Vides, estudiante universitario de la UCA, por el que se les impuso una pena de 30 años.

    La Fiscalía General de la República indicó que los pandilleros fueron procesados por 43 homicidios agravados, 42 desapariciones, 3 feminicidios, 86 casos de extorsión, 29 conspiraciones en homicidio y 32 delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas. No se aclaró si los detenidos fueron capturados bajo el régimen de excepción.

    El régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 tras una ola de más de 80 homicidios en un fin de semana, ha dejado más de 90,000 capturas y se mantiene como la principal estrategia del Gobierno de Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas. Esta política, que fue clave en su reelección inmediata, continúa teniendo amplio respaldo popular, pese a cuestionamientos de organismos internacionales.