Etiqueta: régimen de excepción

  • Gobierno asegura que ya suman 1,000 días sin homicidios durante administración Bukele

    Gobierno asegura que ya suman 1,000 días sin homicidios durante administración Bukele

    La administración  del presidente Nayib Bukele alcanzó los 1,000 días sin homicidios en El Salvador desde 2019, aseguró este viernes la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

    En una publicación en la red social X, la Secretaría destacó que “la visión y compromiso del mandatario con la seguridad de la población lo ha llevado a la toma de decisiones firmes y acertadas para el combate de la criminalidad”.

    Dicha publicación atribuye esta situación a las decisiones y el compromiso de seguridad tomadas por Bukele.

    El pasado miércoles, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, anticipó que la administración actual podría alcanzar esa cifra durante la presente semana.

    En su momento, Villatoro calificó los homicidios de las pandillas como un «monopolio criminal».

    “Para ahora analizamos 999, o sea que primero Dios esta semana alcanzamos los 1,000; esto hay que verlo desde una óptica de seguridad, es que efectivamente el monopolio criminal de este país, lo tenía estas organizaciones terroristas”, aseguró Villatoro en un programa Frente a Frente.

    Asimismo, el funcionario Villatoro aseguró que más de 850 días sin homicidios reportados se lograron gracias a la implementación del régimen de excepción desde marzo de 2022.

    Esta semana, específicamente el miércoles, se registró un homicidio en Santa Cruz, distrito de La Libertad, La Libertad Costa. La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la víctima presentaba heridas causadas por arma blanca.

     

     

  • Asamblea aprobó la prórroga 42a. del régimen de excepción

    Asamblea aprobó la prórroga 42a. del régimen de excepción

    Con 57 votos a favor y uno en contra, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción que permite mantener suspendidas las garantías constitucionales contenidas en los artículos 12 y 13, incisos segundos, y 24 de la Constitución, relacionados al derecho de defensa, plazo de detención y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

    La vigencia de esta 42ª prórroga iniciará el 3 de septiembre y finalizará el 2 de octubre de 2025. Esta medida cumplirá tres años y medio el próximo 24 de septiembre.

    El gobierno argumentó que el régimen de excepción ha sido prorrogado continuamente debido a los resultados obtenidos, considerados “un logro sin precedentes”.

    Sin embargo, informó que “actualmente las autoridades siguen ejecutando un número considerable” de capturas de pandilleros en distintas zonas y que han detectado delitos de tráfico de drogas y portación de armas cometidos por sus estructuras y cabecillas “de forma independiente”, con “disputas por el control territorial y rutas ilícitas”, además de personas menores de edad asociadas a dichos grupos delictivos.

    Agregó que esto refleja la necesidad de “medidas firmes y sostenidas” y de una “acción estatal decidida”, y representa “una amenaza actual”.

    Así mismo, el gobierno señaló que integrantes de estructuras de crimen organizado desarrollan “mecanismos sofisticados” para “mantener una comunicación con sus líderes”, lo que incluye “transmisión de instrucciones”, según el proyecto de prórroga enviado al Legislativo.

    800 capturas más en un mes

    Según el reporte oficial, el régimen de excepción acumuló 800 capturas adicionales en agosto.

    En su solicitud del 1 de agosto, el gobierno informó que llevaba capturados 88,000 “terroristas”.

    En la solicitud enviada el 27 de agosto, registra la captura “de más de 88,800 terroristas” y 990 días sin homicidios durante la gestión de Nayib Bukele, presidente de El Salvador desde 2019.

    Nuevas Ideas critica ausencia de Arena, que pide prisión para negociadores de pandillas

    El diputado William Soriano, de Nuevas Ideas, criticó la ausencia de diputados de oposición en la votación y aseguró que cada mes hay oportunidad de “rectificar” y que por “orgullo, ego” o “cálculo politico” no respaldan el régimen de excepción. “Defínanse, sí o no, a favor o en contra”, retó.

    Marcela Villatoro y Francisco Lira, de Arena, no se encontraban en la sesión plenaria, debido a que rechazan que Nuevas Ideas registre como votos en contra sus abstenciones.

    Temprano, en la misma sesión plenaria, Lira señaló al gobierno actual de haber negociado con pandillas y criticó que Nuevas Ideas rechazó las propuestas de este partido de oposición como un registro de pandillas. «Metamos presos a los funcionarios que negociaron con pandillas en este gobierno, ¿quién sacó el Crook?, ¿quién sacó el Charlie?», cuestionó.

    El diputado Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas, destacó que falta un día para cumplir 1,000 días sin homicidios en el país. La estadística del gobierno no incluye cifras de desaparecidos y pandilleros. Por su parte, el diputado Walter Alemán, también de Nuevas Ideas, mostró noticias de crímenes cometidos por las pandillas en 2011, 2016 y 2018 contra estudiantes.

    Más muertes que la guerra, señores. Si la guerra nos dejó 55,000 muertos, ¿y las pandillas?, más de 120,000 y continuaban matando y matando, ¿cuál es el argumento de venir, entonces? Caleb Navarro, subjefe de fracción de Nuevas Ideas.

    En medio de la aprobación, el diputado Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, saludó a Joaquín Benítez, desde Houston, Texas, quien se encontraba en el pleno.

    “Hace poco me reuní con unos amigos de la diáspora y ellos mismos daban fe de los cambios en este país, solo aquel que es ciego o se hace el ciego no quiere ver la realidad de los cambios”. Walter Alemán, diputado por Nuevas Ideas.

    La diputada Alexia Rivas, de Nuevas Ideas, recordó que el expresidente Mauricio Funes argumentaba que los homicidios cometidos por las pandillas eran producto de un “ajuste de cuentas” por el control del narcomenudeo. Rivas citó que 340 de más de 5,000 escuelas en el país eran consideradas peligrosas.

    “Es decir, el expresidente de esa época estaba aceptando que en las escuelas las pandillas estaban infiltradas y estaban tomando el control de los jóvenes a través de otro núcleo de fenómenos delictivos”. Alexia Rivas (Nuevas Ideas).

    Por su parte, el diputado Raúl Chamagua, de Nuevas Ideas, destacó que los gobiernos eran “incapaces” ante el control de las pandillas e incluso estas amenazaron con un paro al transporte público. “Estamos a punto de llegar a mil días sin homicidios”, destacó.

  • Cristosal: detenidos podrán permanecer por más de cinco años en prisión sin condena

    Cristosal: detenidos podrán permanecer por más de cinco años en prisión sin condena

    La asociación Cristosal aseveró que las personas detenidas bajo el régimen de excepción en El Salvador podrían permanecer en prisión por más de cinco años sin una condena, con la nueva reforma a la Ley especial contra el crimen organizado que extendió por dos años más el plazo máximo para que la Fiscalía los acuse formalmente.

    En un comunicado divulgado la noche del lunes, la organización explicó que estas reformas permitirán que “la fase de instrucción se prolongue por más de cinco años” sin que sean llevados a una audiencia ante un juez.

    Las reformas permiten que haya una “audiencia única” y que esta quede abierta hasta por dos años adicionales, algo que Cristosal consideró una “condena anticipada”, un “plazo irracional e injustificable”, una apertura a “condenas injustas masivas” y una “política de terror de Estado”.

    Según la asociación, la reforma “disminuye aún más las garantías judiciales para adolescentes detenidos”, ya que serán procesados con adultos.

    Cristosal dice que esta reforma viola los artículos 1, 2, 11, 12 y 13 de la Constitución de la República, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Insistió en que “la gran mayoría de detenciones durante el régimen de excepción han sido arbitrarias”.

    Las autoridades salvadoreñas han reportado más de 88,000 personas capturadas y al menos 860 días sin homicidios durante el régimen de excepción aplicado desde el 27 de marzo de 2022 para combatir a las pandillas.

    Mientras, Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario, organizaciones cuyos directores se retiraron de El Salvador, han reportado más de 6,500 violaciones a derechos humanos, torturas y la muerte de más de 400 detenidos bajo custodia estatal durante el régimen de excepción. La medida, que es prorrogada cada mes por la Asamblea Legislativa, suspende derechos constitucionales de defensa, plazo máximo de 72 horas de detención sin audiencia y privacidad de las telecomunicaciones.

  • El 62 % de las empresas turísticas se dedican a la alimentación en El Salvador

    El 62 % de las empresas turísticas se dedican a la alimentación en El Salvador

    Aproximadamente un 62.5 % de las empresas turísticas ofrecen servicios de alimentación en El Salvador, según reportes de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur).

    La directora ejecutiva de la institución, Alejandra Durán, recordó que en el país hay 3,996 empresas en diversos rubros, pero seis de cada 10 de estos negocios se concentran en ofrecer servicios relacionados con alimentación.

    “Esas 3,996 empresas esperamos que sigan creciendo. Las que más hay son de alimentación, de esas casi 4,000, más de 2,500 son de alimentación”, indicó Durán en una entrevista web.

    La funcionaria identificó un desafío en el sector de alojamiento, pues ocupa cerca de un 12.5 % de todos los negocios turísticos que operan en El Salvador. Según Corsatur, en el país hay más de 500 hotel boutique, hoteles, hostales y otro tipo de infraestructura similar.

    El objetivo, puntualizó Durán, es una ampliación en la cantidad de habitaciones disponibles en El Salvador, con el fin de que las personas puedan dormir en lugar turísticos y visitarlos al día siguiente.

    La directora ejecutiva de Corsatur aseguró que se trabaja junto con el sector privado para sensibilizar y garantizar la calidad y la cantidad de pago que se cobra por los servicios para que estos sean correspondientes.

    En lo que queda de 2025, la Corsatur prevé recorrer los 14 departamentos del país para indagar con las empresas sobre la necesidad de inscribirse en el Registro Nacional de Turismo (RNT).

    A finales de julio, la Corporación confirmó que del total de empresas que operan en el rubro turístico solo 956 estaban registradas.

    Aumento de patronos

    La funcionaria aseguró que desde la implementación del régimen de excepción, en marzo de 2022, se ha incrementado el número de patronos en el mercado, al pasar de 2,000 a más de 3,000 a nivel nacional.

    La mejora en los niveles de seguridad también habría facilitado que los empleos pasaran de 50,000 a 65,000 durante el mismo período solo en el sector de turismo.

    De la misma forma, el gobierno indicó que la seguridad facilita que los turistas pernocten más, generen mayor gasto turístico y las divisas en este sector incrementen.

  • Fiscalía tendrá dos años más de plazo para procesar a capturados del régimen de excepción, tras reformas a Ley contra Crimen Organizado

    Fiscalía tendrá dos años más de plazo para procesar a capturados del régimen de excepción, tras reformas a Ley contra Crimen Organizado

    La Fiscalía de El Salvador contará con un plazo adicional de dos años para presentar casos contra detenidos bajo el régimen de excepción, tras las reformas a la Ley Especial contra el Crimen Organizado aprobadas este jueves por diputados de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa.

    Con esta modificación, la FGR tendrá hasta cuatro años en total para concluir las investigaciones y llevar a juicio a los procesados vinculados a pandillas y delitos contemplados en esta legislación. La ampliación del plazo responde al alto volumen de detenciones efectuadas desde marzo de 2022, cuando entró en vigor el régimen de excepción.

    El fiscal general Rodolfo Delgado  argumentó que esta extensión permitirá realizar investigaciones más completas, recabar pruebas sólidas y garantizar condenas contra estructuras del crimen organizado.

    “Respecto al tiempo que ha transcurrido durante la vigencia del Decreto 803, este tiempo transcurrido guarda relación directa con el artículo 8 del Código procesal Penal que se refiere a la detención provisional. Estos son denominados tiempos muertos, porque no hay una actividad procesal ante los tribunales de justicia. Para lo que nos ha servido es para ordenar a todas las personas que han sido detenidas de una forma desordenada porque se encontraban huyendo de la acción de nuestros policías y nuestros soldados”, aseguró Delgado.

    Dijo que en estos 24 meses han podido solicitar los agrupamientos de los pandilleros de la “Mara Salvatrucha” y de la “Pandilla 18”.

    “Entonces en este tiempo transcurrido nos ha permitido solicitar los agrupamientos de todos los pandilleros de la Mara Salvatrucha en 230 organizaciones criminales y organizar todos los pandilleros de la pandilla 18 en 295 organizaciones y de esa manera que se vayan iniciando los juicios correspondientes”, explicó el fiscal.

    Según Delgado, con estas reformas, lo que está sucediendo es que un mismo juez es el que va a conocer de la acusación e inmediatamente instala la vista pública y empieza el juzgamiento de todas estas personas.

    “Claro está, esa gran cantidad de gente no se va a juzgar en una o dos semanas, tiene que pasar un tiempo considerable para que los jueces reciban las pruebas que atañen a cada uno de ellos y que posteriormente emita las sentencias que conforme a la ley corresponden”, afirmó el fiscal general.

    Delgado detalló que a la fecha son 88,750 personas detenidas bajo el régimen de excepción, que serán vinculados a 600 procesos judiciales.

    Y que en los dos años que han pasado desde la aprobación del Decreto 803 el 26 de julio de 2023, le ha servido a la FGR para ordenar a los pandilleros en las organizaciones criminales a las que pertenecen.

    Si no hay acusación, serán liberados

    Dentro de las reformas también se establece en el Art. 17 de la Ley que si la Fiscalía General de la República no presenta dictamen de acusación en el plazo legalmente dispuesto (los 24 meses), el juez intimará al fiscal superior, y si este no contesta, sin más trámite dictará sobreseimiento definitivo a favor de los imputados y dejará sin efecto la medida cautelar. Ante esto, el diputado presidente de la Comisión, Caleb Navarro dijo que esa parte le parece “una válvula de escape, porque qué pasará si pasan los 24 meses, ¿la Fiscalía podrá solicitar más tiempo?”, consultó.

    El fiscal general dijo que es responsabilidad del Estado presentar la acusación en el plazo establecido y “al contrario a lo que dicen algunos que andan movilizando gente, sí se respeta el debido proceso y los derechos humanos de las personas que están siendo acusadas en este país”.

    También explicó que con esa herramienta se evita que los fiscales no presenten acusación por motivos de negligencia u “otros intereses de cualquier naturaleza o de naturaleza económica el fiscal auxiliar no presente acusación en el tiempo establecido, entonces se da la opción que el juez debe notificar al fiscal superior para determinar si el fiscal ha actuado de manera correcta o no. Esto es trasladar una garantía para el procesado también”, aseguró Delgado.

    Agregó que los 24 meses le parecen un “plazo razonable, pero si me preguntan a mí, me sentiría más tranquilo que este plazo sea sujeto a una solicitud de prórroga justificada y valorada adecuadamente por la autoridad judicial competente”, dijo Delgado.

    El diputado Navarro pidió entonces si tenían alguna propuesta de reforma sobre este tema y Delgado propuso agregar otro inciso en el artículo 17 de esta manera “en aquellos casos en las que el fiscal considere que es necesario ampliar la investigación, solicitará al juez de manera motivada, diez días antes de la finalización del plazo inicial dispuesto, su ampliación, la cual será por un período de 12 meses”, propuso el fiscal.

    Navarro pidió al equipo técnico hacer la modificación en las reformas.

    Los diputados de la Comisión aprobaron dictamen favorable para las reformas a la Ley contra el crimen organizado, que podrían ser aprobadas en la plenaria de este viernes 15 de agosto.

  • Socorro Jurídico critica informe de EE.UU. sobre derechos humanos en El Salvador

    Socorro Jurídico critica informe de EE.UU. sobre derechos humanos en El Salvador

    La abogada Ingrid Escobar, directora de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, cuestionó que el informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de EE.UU. correspondiente a 2024 “omite una enorme cantidad de denuncias” sobre abusos cometidos en El Salvador.

    El documento, publicado con varios meses de retraso por la Administración de Donald Trump, eliminó críticas dirigidas a El Salvador, Israel y Rusia, mientras aumentó los señalamientos contra Brasil y Sudáfrica.

    En el caso salvadoreño, el reporte sostiene que “no hubo informes creíbles de violaciones significativas de derechos humanos”, en contraste con el informe de 2023, que sí documentó casos de tortura y malas condiciones en las cárceles.

    Para Escobar, este cambio “matiza” la situación penitenciaria en el país y pasa por alto la existencia de más de 1.000 muertes en centros penales, de las cuales el SJH ha confirmado 433, muchas ocurridas antes de que los reclusos tuvieran derecho a una segunda audiencia. “No se le da la importancia debida a las muertes extrajudiciales en las cárceles”, advirtió.

    La directora del SJH también denunció que EE.UU. envió a más de 200 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), acusados de integrar el Tren de Aragua, y señaló que este penal funciona “como un campo de concentración” donde se han documentado torturas y tratos crueles.

    Escobar sostuvo que Washington evita reflejar la magnitud de las violaciones de derechos humanos en El Salvador debido a su alianza coyuntural con el gobierno salvadoreño en materia de control migratorio. “Poner la verdad en el informe sería aceptar una culpa”, concluyó.

     

  • EEUU no ve "informes creíbles" de violaciones significativas de derechos humanos en El Salvador

    EEUU no ve «informes creíbles» de violaciones significativas de derechos humanos en El Salvador

    Estados Unidos sostuvo el martes en su informe anual sobre derechos humanos que en El Salvador «no hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos» , asegura que la violencia de pandillas se mantuvo en un mínimo histórico durante el estado de excepción y que el Gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos.

    «No se registraron cambios significativos en la situación de los derechos humanos en El Salvador durante el año. Los informes de violencia de pandillas se mantuvieron en un mínimo histórico durante el estado de excepción, ya que las detenciones masivas reprimieron la actividad de las pandillas. No hubo informes creíbles de violaciones significativas de los derechos humanos. El Gobierno tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos», dice el informe del Departamento de Estado.

    Según el informe, el régimen de excepción, declarado en marzo de 2022 y renovado mensualmente, ha mantenido los niveles de violencia de pandillas en mínimos históricos, con una drástica reducción de homicidios y extorsiones.

    Aunque el Informe anual sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado de EE.UU. 2024 destaca la reducción de la violencia de pandillas como un logro significativo, también subraya que persisten desafíos en derechos fundamentales como las garantías judiciales, la libertad de prensa y las condiciones laborales.

    Sin embargo, el documento advierte que esta política ha implicado miles de detenciones masivas, incluyendo casos de arrestos arbitrarios y muertes en prisión.

    «Algunos sospechosos murieron en prisión antes de ser condenados o cumplir sus condenas. El 8 de julio, el ministro de Justicia y Seguridad Pública declaró que se habían producido 115 muertes en prisión desde que comenzó el estado de excepción en marzo de 2022. Al 16 de agosto, la Procuraduría para los Derechos Humanos informó que estaba investigando ocho muertes en prisión», destaca el reporte.

    Denuncias contra la PNC y Fuerza Armada

    El informe detalla denuncias de tortura, tratos crueles e inhumanos atribuidas a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.

    Hasta agosto, la PNC registró dos denuncias de tortura, 47 denuncias de «integridad corporal violada», 53 denuncias de malos tratos, 34 denuncias de abuso físico y tres denuncias de agresión y discriminación cometidas por agentes de policía.

    El informe menciona que la PNC remitió 171 denuncias a la Fiscalía General de la República, disciplinó a 14 agentes de policía y destituyó a 12 agentes de policía. Diez víctimas registraron denuncias ante la Procuraduría de los Derechos Humanos, alegando tortura o castigos crueles e inhumanos a manos de agentes de la PNC, y una víctima registró una denuncia del mismo trato cometido por miembros de las fuerzas armadas.

    Hasta agosto, el Consejo Nacional para la Primera Infancia, la Niñez y la Adolescencia recibió una denuncia de abuso cometido por policías o guardias penitenciarios en sus centros de detención juvenil e informó que el caso estaba bajo investigación.

    El informe dice que al 16 de agosto, la PNC registró 23 denuncias de abuso sexual, 19 denuncias de violencia contra la mujer y cuatro denuncias de abuso infantil presuntamente cometidos por la policía.

    Según el Departamento de Estado, en junio, el gobierno salvadoreño informó que la Inspectoría General de Seguridad Pública investigaba 66 casos de presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad pública durante el estado de excepción, incluyendo tres violaciones del derecho a la vida, 11 violaciones de la libertad personal y nueve violaciones de la seguridad personal. El mismo informe indicó que la Fiscalía General de la República inició 19 investigaciones por presuntos abusos de fuerza durante el estado de excepción.

    Ataques a periodistas y denuncias laborales

    Si bien la Constitución salvadoreña garantiza la libertad de expresión y de prensa, el informe advierte que persisten tensiones entre el gobierno y medios de comunicación críticos.

    La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó en 2024 cinco casos de intimidación en línea y tres amenazas legales contra periodistas presuntamente realizadas por funcionarios públicos.

    En materia laboral, el documento subraya demoras en la acreditación de sindicatos por parte del Ministerio de Trabajo, lo que impide su participación en negociaciones colectivas.

    El derecho a huelga sigue restringido en el sector público y en servicios considerados esenciales, mientras que en sectores como el agrícola y textil se mantienen violaciones a las leyes salariales y de seguridad laboral. También documenta acoso sexual y malos tratos contra trabajadoras domésticas.

    El gobierno aplicó menos sanciones por violaciones de los derechos de negociación colectiva que en otras áreas, como las violaciones de los derechos civiles. Los procedimientos judiciales sufrieron demoras y apelaciones.

    El informe recuerda que hasta junio, el país enfrentaba seis quejas activas ante la Organización Internacional del Trabajo por presuntas violaciones a la libertad sindical.

    Protección a grupos vulnerables y refugiados

    El Departamento de Estado reconoce avances como la aplicación de la ley contra el matrimonio infantil y la naturalización de siete refugiados, primera vez que ocurre en el país.

    No se reportaron incidentes de antisemitismo, pero el organismo advirtió sobre la necesidad de mejorar los mecanismos de protección a solicitantes de asilo y personas con estatus de refugio.

     

     

  • Diputados aprueban informe de labores de Justicia, que asegura rehabilitan a 1,000 internos en granja de Ilobasco

    Diputados aprueban informe de labores de Justicia, que asegura rehabilitan a 1,000 internos en granja de Ilobasco

    Los diputados de la Comisión de Seguridad Nacional y Justicia recibieron este viernes los informes del Ministerio de la Defensa Nacional y del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, ambos correspondientes al período 2024-2025, los cuales no fueron leídos detalladamente, pero sí aprobados.

    Dentro del informe de Justicia, el diputado Walter Coto solo destacó algunas cifras de atención integral a reos y asistencia social a menores.

    “En el informe que se ha presentado, se destaca la atención integral a más de 1,000 jóvenes internos en la granja de rehabilitación de Ilobasco, quienes participaron en procesos de tratamiento y formación vocacional, así mismo se proporcionó asistencia social a 580 personas víctimas de la violencia; por otra parte, 115 niñas, niños y adolescentes fueron beneficiados con talleres de clubes de aprendizaje, desarrollándose a través de la Dirección de Reconstrucción y Tejido Social”, mencionó Coto.

    En este sentido, el diputado señaló que no es cierto que el Estado solo actúa con represión por medio del régimen de excepción, cuestionando a medios y organizaciones internacionales, sino que también se trabaja en rehabilitación, asegura.

    “Es importante hacer mención que no solo es la parte coercitiva del Estado la que está funcionando, es decir, ya se capturaron, se están siguiendo capturando todas aquellas personas involucradas dentro de las maras o pandillas, pero el Ministerio está haciendo una parte muy importante, que es dando oportunidades, dentro del sistema penitenciario del país se está permitiendo la rehabilitación, y no es como lo dicen los periódicos internacionales, las organizaciones internacionales, que aquí solo estamos generando represión, sino también se dé la parte de rehabilitación”, defendió el diputado.

    Coto leyó que el informe de Justicia registra una disminución del 99% de homicidios y una disminución del 37% de incidencia delictiva.

    El 31 de julio pasado, la Asamblea Legislativa aprobó la 41 prórroga del régimen de excepción, con el cual desde el 27 de marzo de 2022 se han capturado a “88,000 terroristas” según la solicitud del gobierno.

    Sin embargo, el mismo gobierno ha aceptado que dentro del régimen sí hay un margen de error, es decir, que han capturado a personas inocentes.

    A inicios de mayo de este año, el vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, reconoció en una entrevista a una revista francesa que el gobierno se enfrenta con «menos de un 10 % de margen de error» en la aplicación del régimen de excepción, pero que lo consideran un éxito y que buscan disminuirlo.

    Ulloa aseveró, en esa ocasión, que se han liberado más de 7,000 personas de las más de 80,000 arrestadas, desde el 27 de marzo de 2022 mayo de 2025.

    En la comisión, el diputado Coto, antes de someter a votación los informes de Defensa y Seguridad, aseveró que “la implementación del régimen no puede parar”.

  • Aprueban 41a. prórroga del régimen de excepción, gobierno reporta 88,000 capturados

    Aprueban 41a. prórroga del régimen de excepción, gobierno reporta 88,000 capturados

    La Asamblea Legislativa aprobó, la noche del jueves, la prórroga 41 del régimen de excepción que vencía el domingo 3 de agosto, suspendiendo tres derechos constitucionales que tienen que ver con la privacidad de las telecomunicaciones, el periodo máximo de 72 horas de detención administrativa y el derecho de la defensa.

    Los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron el decreto de prórroga en la segunda sesión plenaria del jueves 31 de julio, luego de ratificar el acuerdo de reforma constitucional para permitir la reelección presidencial indefinida y para eliminar el Parlamento Centroamericano (Parlacen) de la Constitución.

    Al solicitar este nuevo decreto, el gobierno informó que ha capturado «88,000 terroristas», personas acusados de pertenecer a pandillas, motivo de la creación del régimen de excepción. «Es necesario adoptar medidas de carácter excepcional para su desarticulación total», indica en las consideraciones del decreto.

    El gobierno sostuvo que el trabajo de inteligencia indica que hay «persistencia activa a nivel nacional de esos grupos criminales», que cometen delitos de «tráfico ilícito, robo y extorsiones», y que es necesario «evitar el retorno de su operatividad».

    Señaló que hay pandilleros organizados y criminales en posiciones de mando están «desplazándose y realizando actividades criminales en zonas con alta concentración de personas», como lugares de esparcimiento, calles y mercados.

    En la solicitud también informa que ha capturado «cabecillas de estructurales criminales» en el Aeropuerto Internacional El Salvador y que ello les confirma su presencia y capacidad de operación «en otros países afectados».

    «Los resultados son más que suficiente prueba para afirmar que el régimen de excepción continúa sosteniendo una etapa histórica y emblemática del país», dijo el diputado Caleb Navarro, subjefe de la fracción de Nuevas Ideas. Agregó que julio ya es catalogado como posible mes más seguro del año.

    Por su parte, el diputado Francisco Lira, de Arena, dijo que el régimen de excepción «se ha convertido en una herramienta de represión» contra ambientalistas y defensores de derechos humanos.

    «Su servidor no está en contra de la seguridad, su servidor ha votado a la par de ustedes para aumentar las penas de cárcel a los pandilleros. Estamos a favor de la seguridad, pero no a costa de la dignidad, justicia y derechos humanos de los salvadoreños. Quizás ustedes no me puedan comprender, pero sí el pueblo que tiene un familiar pagando una pena que no ha cometido, con una carta de libertad», indicó Lira.

    El legislador citó la encuesta más reciente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca) en donde el 39 % de la población considera que se deben buscar otras medidas. «Esta nueva prórroga es desproporcional», indicó.

    Durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022, según cifras oficiales ha habido 861 días sin homicidios y 976 días sin homicidios durante la gestión de Nayib Bukele, según Navarro. El gobierno no cuenta los homicidios contra pandilleros.

    Mientras, organizaciones como asociación Cristosal y Socorro Jurídico Humanitario reportan más de 6,500 violaciones a derechos humanos, torturas y la muerte de más de 400 detenidos bajo custodia estatal, durante el régimen de excepción.

  • Movir denuncia muerte de reos por altas temperaturas y hacinamiento en penal de Izalco

    Movir denuncia muerte de reos por altas temperaturas y hacinamiento en penal de Izalco

    El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) denunció este lunes la muerte de al menos dos personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario de Izalco, en Sonsonate, a causa de las altas temperaturas y el hacinamiento que se vive en el interior del penal.

    Samuel Ramírez, vocero de la organización, señaló que se trata de dos adultos mayores, quienes fueron llevados al Hospital Nacional de Sonsonate «Dr. Jorge Mazzini Villacorta», luego que fueran ingresados desde dicho recinto penitenciario.

    «El fin de semana pasado se dio un incidente, privados de libertad que fueron trasladados al hospital Mazzini, donde se confirmó que han fallecido dos personas producto del calor y de la falta de oxígeno. Murieron dos adultos mayores», declaró Ramírez en una conferencia de prensa este lunes.

    De acuerdo con los reportes de Movir también fueron trasladados otros 25 reos, que resultaron afectados por las altas temperaturas que azotan al territorio salvadoreño. El vocero de la organización dijo que se trató de jóvenes recién trasladados al penal que reportaron problemas de salud.

    Ramírez lamentó que no exista pronunciamiento oficial del Estado sobre el fallecimiento de reos, por lo que hace el llamado a que se informe de manera transparente sobre la situación que se vive al interior de los centros penitenciarios del país.

    «Eso es a lo que las madres les angustia porque no saben la verdad de cuantos son los muertos en realidad, cuántas son las personas que han salido con problemas y quienes son, con sus nombres».
    Samuel Ramírez, vocero de Movir.

    El penal de Izalco ha sido señalado por organizaciones nacionales e internacionales de presentar altos niveles de hacinamiento, agravados tras las capturas realizadas bajo el régimen de excepción. «Hay un hacinamiento desbordante y eso va a colapsar dentro de poco, más el calor que sentimos nosotros que llevamos una vida normal, ya no digamos esas celdas con este calor, eso es terrible», expresó el vocero de Movir.

    Más de 400 muertes

    Hasta el 20 de julio de 2025, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) reportó la muerte de 430 privados de libertad desde que se aprobó el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022.

    «Lamentamos informar que la cifra de víctimas mortales sube a 430 salvadoreños sin derecho a una segunda audiencia, antes de dicha audiencia les llegó la muerte», publicó la organización en su cuenta de X.

    La organización sostiene que el 94 % de los reos no tenían un perfil de pandillero y fallecieron sin haber sido presentados ante un juez tras su captura.