El abogado Daniel Olmedo sostiene en un análisis de los informes del Grupo de expertas y expertos para la investigación de violaciones de derechos humanos en el marco del estado de excepción en El Salvador (GIPES) y de Amnistía Internacional que ambos reportes no son contradictorios y, por tanto, “fortalecen la base para acciones ante la Corte Penal Internacional”.
En el análisis “Dos caminos, una conclusión. GIPES y Amnistía Internacional frente a los crímenes de lesa humanidad en El Salvador”, publicado el 23 de julio, Olmedo compara el informe del GIPES presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de 2026 y el de Amnistía Internacional publicado en julio de 2026.
Ambos, dice, ven una posible comisión de delitos de lesa humanidad durante el régimen de excepción en El Salvador, pero con diferente población afectada: GIPES identifica grupos de pandillas y personas percibidas como pandilleros, además de opositores y personas recibidas como tales; y Amnistí Internacional se enfoca en personas de comunidades empobrecidas y estigmatizadas identificadas por zonas o apariencia física.
El abogado aseguró en su análisis de acciones ante la CPI o mediante los mecanismos de jurisdicción universal, que pueden ser ejercicios por los Estados.
Ambos señalan diferentes hechos que posiblemente se han cometido y que coinciden en encarcelación, tortura y desapariciones forzadas; además de otros actos inhumanos, uno menciona la desnudez forzada, falta de atención médica a embarazadas y obligación de presenciar actos de agresión a otros reos; y otro imposición de condiciones de detención incompatibles con la dignidad humana.
También son mencionados el asesinato y la violación sexual pero únicamente por el reporte del GIPES.
El Salvador se adhirió al Estatuto de Roma el 3 de marzo de 2016. El Estatuto de Roma dio paso a la fundación de la Corte Penal Internacional para juzgar a personas responsables de cuatro categorías de crímenes: genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión, definiendo el de lesa humanidad cuando es un ataque sistemático contra una población civil.
Según Olmedo, un elemento para que se cometa el crimen de lesa humanidad “es que el o los ataques que lo conforman se dirijan contra una población civil”.
En marzo de 2026, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, negó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en El Salvador haya una persecución a los defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas.
En esa ocasión, el procurador general de la República, René Escobar Álvarez, aseguró que «el Estado rechaza cualquier intento de atribuirle una política o práctica orientada a la comisión, tolerancia o promisión de actos como desaparición forzada, tortura, violencia sexual o ejecuciones arbitrarias«.
En la misma audiencia, el GIPES sostuvo que hay «base razonable» que indican la posible perpetración de delitos de lesa humanidad durante el régimen de excepción.
El informe del GIPES fue rechazado y criticado por el gobierno salvadoreño. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, señaló en ese entonces a «todas las ONG, tanques de pensamiento, medios y periodistas tarifados de Soros atacando al unísono y de manera evidentemente coordinada» e insistió en que el Estado «prioriza» los derechos humanos de la «gente honrada» y «trabajadora» y acusó a «estos organismos supuestamente de derechos humanos que más parecen un bufete de los delincuentes».
