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Economistas y analistas políticos nicaragüenses alertaron sobre un impacto “devastador” en la economía del país si el Gobierno de Estados Unidos impone aranceles del 100 % a sus productos o decide expulsar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-Cafta).

La advertencia surge tras un informe publicado por la Oficina del Representante Comercial de EE.UU. (USTR), que plantea sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo por violaciones a derechos laborales, humanos y al Estado de Derecho. Las medidas, que serán evaluadas por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyen la aplicación de aranceles adicionales de forma inmediata o gradual durante los próximos 12 meses.

“El informe es sumamente serio y las consecuencias podrían ser devastadoras para la economía nicaragüense”, valoró el economista Juan Sebastián Chamorro, desnacionalizado y exiliado en Washington, en un audio enviado a medios.

La USTR también contempla suspender o retirar los beneficios del DR-Cafta, tratado que ha sido clave para el crecimiento de las exportaciones nicaragüenses desde su entrada en vigor en 2006. En ese periodo, las ventas al mercado estadounidense, incluido el oro en bruto y productos del sector textil, se han cuadruplicado.

Chamorro señaló que las sanciones no solo afectarán a las exportaciones, sino también a la atracción de inversiones extranjeras, ya que “cualquier empresa lo pensará dos veces antes de instalarse en un país sin acceso preferencial al mercado estadounidense”.

Riesgo de aislamiento comercial

El politólogo Manuel Orozco coincidió en que una confrontación con EE.UU., principal socio comercial de Nicaragua, llevaría al país al colapso.

En un análisis publicado por Confidencial, advirtió que “muchos negocios optarán por retirarse del país” ante la posibilidad de enfrentar tarifas de hasta el 100 %, como ocurrió inicialmente con China.

Entre las pocas opciones que tiene el régimen sandinista estaría solicitar una moratoria para aplicar cambios democráticos y levantar el perfil represivo que ha caracterizado su mandato, según Orozco. Eso incluiría una hoja de ruta que conduzca a una transición política.

“La respuesta debería incluir medidas como la liberación de presos políticos, devolución de bienes confiscados, eliminación de la desnacionalización y acusaciones falsas, así como facilitar el retorno de nicaragüenses en el exilio sin temor a represalias”, planteó Orozco.

También mencionó reformas profundas: la derogación de leyes represivas impuestas desde 2019, reestructuración de la Policía, reforma judicial, y adelanto de elecciones bajo garantías democráticas.

“Los Ortega-Murillo se están arrinconando solos, y la única alternativa viable es una respuesta madura y convincente”, afirmó el analista. La otra opción sería continuar con la represión y alinear al país con China, aunque ese mercado no podría reemplazar el volumen comercial que representa Estados Unidos, advirtió.

Plazo para comentarios y decisión final

La USTR mantendrá abierto un periodo de comentarios públicos hasta el 19 de noviembre. Posteriormente, decidirá si ejecuta las sanciones propuestas, que tendrían efectos inmediatos sobre el comercio nicaragüense.

En febrero pasado, el secretario de Estado, Marco Rubio, ya había adelantado que Washington evaluaba la salida de Nicaragua del DR-Cafta, como parte de las presiones internacionales contra el régimen de Ortega.

Desde su adhesión al tratado, Nicaragua ha multiplicado sus exportaciones a EE.UU., por lo que su exclusión significaría un fuerte retroceso económico y un posible aislamiento comercial del país centroamericano.