Bolivia inició el jueves el periodo de silencio electoral previo a la segunda vuelta presidencial del domingo 19 de octubre, que definirá al nuevo mandatario entre Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge Quiroga, de la alianza Libre. Ambos aspirantes lideraron los comicios generales del pasado 17 de agosto sin alcanzar la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta.
Este jueves también comenzó el traslado del material electoral a las zonas rurales de las nueve regiones del país. Las maletas electorales, bajo custodia militar y policial, contienen papeletas, actas, listas de votantes, certificados de sufragio, señalética, mamparas y otros insumos necesarios para los jurados y notarios.
Será la primera vez en la historia de Bolivia que un presidente se elige mediante balotaje, un mecanismo introducido en la Constitución de 2009. El nuevo mandatario asumirá el 8 de noviembre, cerrando casi dos décadas de gobiernos liderados por el Movimiento al Socialismo (MAS).
Rodrigo Paz cerró su campaña en Tarija, mientras que Jorge Quiroga lo hizo en La Paz. Paz va acompañado en la fórmula por el expolicía Edman Lara, mientras Quiroga postula junto al emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco.
Contexto económico crítico
La segunda vuelta se desarrolla en un contexto de crisis económica marcado por la escasez de dólares, combustibles y el aumento de precios en productos básicos. Esta situación ha sido central en los discursos de campaña de ambos candidatos, que prometen reformas estructurales para estabilizar la economía nacional.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó que, según la Ley del Régimen Electoral, la propaganda política debe cesar 72 horas antes de la jornada de votación, bajo sanción de multas de hasta 55.000 bolivianos (7.902 dólares) por infringir esta normativa.
Las organizaciones políticas están obligadas a retirar o cubrir la propaganda difundida durante la campaña electoral. El periodo de silencio se mantendrá hasta que finalice la jornada de votación, informó el TSE.
La guerra contra las drogas se ha convertido en el último epicentro de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, que acusa al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, de albergar y liderar una «organización terrorista» vinculada al narcotráfico: el Cártel de los Soles.
La supuesta banda criminal, que el Departamento de Estado introdujo a finales de julio en su lista de sanciones, ha sido acusada de apoyar a otros grupos de este tipo, como Tren de Aragua y el mexicano Cártel de Sinaloa, y sirve ahora de pretexto a Washington para introducir restricciones y perpetrar ataques contra embarcaciones en el Caribe.
La Administración de Donald Trump acusa a esta red venezolana de «proporcionar apoyo a otras organizaciones terroristas extranjeras que amenazan «gravemente» la paz y la seguridad de Estados Unidos». Para el mandatario republicano, se trata de un «peligro» que está «corrompiendo las instituciones venezolanas».
Así, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defiende su introducción en la lista de sanciones; considera que esta designación permite poner de manifiesto la «vinculación del cártel con el narcotráfico» y destaca que la medida responde a las «promesas de Trump» de dar prioridad a cuestiones de vital importancia para Estados Unidos.
El magnate neoyorquino, que afirma que son tres las «narcolanchas» destruidas en el mar Caribe por las fuerzas estadounidenses como parte de las operaciones puestas en marcha para frenar el flujo de drogas, insiste en que estos narcotraficantes «serán cazados» en su empeño por introducir estupefacientes en el país norteamericano.
Personas observan una valla con la imagen del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, y del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, en Villa del Rosario, Colombia. EFE
Red de corrupción
A pesar de que algunos expertos defienden que se trata de una red de corrupción conformada por altos cargos de las Fuerzas Armadas y no una banda dedicada al tráfico de drogas, la Administración Trump ha impuesto una recompensa de 50 millones de dólares sobre Maduro, al que responsabiliza directamente de las acciones de este grupo y de fomentar la entrada de drogas en territorio estadounidense con el fin último de financiar su Gobierno.
El ‘think tank’ Insight Crime apunta precisamente a que esta organización, que carece a priori de organización jerárquica –como sí señala Estados Unidos–, se asemeja más a «una red de corrupción en la que altos cargos militares y políticos se benefician de los acuerdos establecidos con narcotraficantes».
«El paquete de sanciones de Estados Unidos refuerza una visión equivocada de esta red, (…) cuando en realidad se trata de un sistema de corrupción estatal», indica el grupo de expertos.
Es decir, estos funcionarios harían la «vista gorda» ante el tráfico de drogas por parte de terceros, en vez de formar parte o estar al frente de una organización criminal ilícita y mafiosa estructurada en torno a un líder.
Las sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses recaen además sobre individuos que ya hacían frente en su mayoría a restricciones impuestas anteriormente.
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela. / EFE
¿Pretexto estadounidense?
Sin embargo, esto ha permitido a la Administración Trump contar con una mayor aprobación a la hora de realizar operaciones en el Caribe, las cuales han sido duramente criticadas por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, que advierten de un «precedente peligroso» en la zona.
Entre estas ONG se encuentra Amnistía Internacional, que ve una «dudosa legalidad» y se muestra «profundamente alarmada» por este suceso, en el que ve una «clara violación del derecho a la vida». «El uso de la fuerza letal en este contexto no tiene ninguna justificación», incide.
Estados Unidos derribó una primera lancha el pasado 2 de septiembre, cuando aseguró que el barco era utilizado para transportar drogas por parte del Tren de Aragua y a pesar de que previamente había llegado a un acuerdo con Caracas para el intercambio de cientos de presos y la reanudación de operaciones por parte de la petrolera estadounidense Chevron.
Aunque Trump sostiene que el propio Maduro lidera también algunas actividades de esta banda, la Inteligencia estadounidense no cuenta con pruebas al respecto y niega, a todas luces, esta supuesta vinculación.
Desde Insight Crime insisten en que la organización, cuyo nombre hace referencia a las insignias colocadas en los uniformes de los militares venezolanos, no cuenta con motivos ideológicos sino puramente económicos y no respalda realmente al Tren de Aragua, al que es vinculado de forma errónea.
La situación, que se ha repetido en otras dos ocasiones, ha llevado a diferentes países de la región, como Colombia, Paraguay, República Dominicana, Ecuador y Argentina, entre otros, a declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista a pesar de que el Gobierno venezolano sostiene que se trata de un «invento».
El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó recientemente que «cada vez que alguien molesta, es colocado como jefe del Cártel de los Soles», algo que algunos países, como Estados Unidos, «llevan años inventando».
Además, el Parlamento Europeo ha solicitado una resolución parecida por el conjunto del bloque comunitario contra la supuesta red criminal, a la que señalan por «dar cobertura a grupos armados», una iniciativa que ha sido puesta también sobre la mesa a nivel nacional a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, que aprobó el lunes una iniciativa impulsada con Vox y pactada con el PP para instar al Gobierno a promover la inclusión del supuesto cártel en la lista de organizaciones terroristas de la UE.
Desde Caracas siguen mostrándose cautelosos: esta semana, Maduro dijo ejercer el «legítimo derecho a la defensa» ante las «agresiones» de Estados Unidos y amenazó con la «lucha armada» si Venezuela es «agredida».
Todo apunta a que Estados Unidos, que no parece contar de momento con preceptos legales suficientes para perpetrar este tipo de ataques en el Caribe, busca poner a Caracas contra las cuerdas a medida que amplía su presencia militar en la región, tal y como aseguran los expertos.
El dirigente opositor venezolano Leopoldo López defendió este sábado una intervención militar por parte de Estados Unidos en Venezuela, al considerarla “absolutamente legítima”.
A juicio del líder de Voluntad Popular, dicha acción sería válida tras lo que calificó como un “golpe de Estado” cometido por el presidente Nicolás Maduro en las elecciones celebradas en julio de 2024.
En entrevista con Europa Press, López manifestó que la salida de Maduro “representa el mayor punto de encuentro entre los venezolanos” y que todo escenario que conduzca hacia una transición democrática debe ser respaldado. También aplaudió el endurecimiento de la presión de Washington desde el retorno del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.
López dio su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y no dudó al afirmar que también apoyaría una intervención directa.
“Tendría una respuesta masiva de los venezolanos”, sostuvo, recordando que “así se conquistó la independencia en América Latina”.
Rechazó que la muerte de ciudadanos venezolanos durante operativos contra narcotraficantes recaiga en las fuerzas estadounidenses, responsabilizando en cambio al Gobierno de Maduro.
El opositor también vinculó directamente al Ejecutivo con el Cártel de los Soles, afirmando que esta estructura “no es paralela, es el Estado mismo”.
Celebró que el Parlamento Europeo haya instado a clasificar esta red como organización terrorista, una postura que ya ha adoptado Estados Unidos. Asimismo, pidió al Gobierno de España y a sus empresas, incluidas las petroleras, romper relaciones políticas y económicas con Caracas.
Finalmente, López reiteró su respaldo al excandidato Edmundo González, a quien calificó como “el presidente constitucional de Venezuela”, y a María Corina Machado como principal referente de la oposición. Criticó a otros líderes opositores como Henrique Capriles por, según él, aceptar las condiciones del régimen. “Conformarse con las migajas del Gobierno no tiene ningún impacto en la aspiración colectiva de la mayoría de venezolanos”, afirmó.
La decisión de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) de abrir un procedimiento disciplinario contra El Salvador por actos racistas de la afición salvadoreña contra jugadores de Surinam, por la segunda jornada de grupos de la fase final de la eliminatoria de Concacaf, podría traer sanciones internacionales a la Selección Nacional de El Salvador y al fútbol salvadoreño en general.
La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) emitió un comunicado en el que rechazó cualquier tipo de racismo, discriminación u ofensa homofóbica dentro y fuera de los estadios.
“Compartimos la política de tolerancia cero de la FIFA y reiteramos nuestro compromiso con el respeto, inclusión y los valores del fair play”, expresó la institución.
“La afición nos gritaba negros, monos… Estoy enojado por esto. El Salvador es muy bonito, pero aquí nos gritaron cosas que no están bien”, declaró el jugador en conferencia de prensa.
Según explicó Pinas, este tipo de agresiones no son nuevas: “Esta noche nos han gritado ‘negros’ y ‘monos’. Su goleador también es una persona de tez oscura, no deberían decirnos eso. Lo disfrutamos, pero estoy enojado porque es ofensivo”.
La Fesfut respondió que el Cuscatlán y el fútbol salvadoreño deben ser espacios de respeto y unidad, anunciando campañas de sensibilización y refuerzos de seguridad en próximos partidos para evitar hechos similares.
Shaquille Pinas, jugador de Surinam, denunció insultos racistas en el Estadio Cuscatlán./ Foto Ariel Olivares.
Posibles sanciones de la FIFA
De acuerdo con el código disciplinario de la FIFA, las sanciones por actos racistas pueden incluir:
Suspensión de partidos bajo el protocolo de tres pasos, reducción de puntos o descalificación de competiciones oficiales, multas de hasta $30,000 a federaciones y hasta $10,000 a jugadores u oficiales y suspensiones de hasta dos meses a asociaciones miembro o personas involucradas.
Antecedentes recientes
En junio de 2025, La FIFA multó a seis federaciones nacionales, incluida la campeona defensora Argentina, por abusos racistas por parte de los aficionados en las eliminatorias del Mundial en junio.
Las seis naciones acusadas de «discriminación y abuso racista» fueron Albania, Argentina, Chile, Colombia, Serbia y Bosnia-Herzegovina, según la lista de sanciones publicada por la FIFA de su comité disciplinario.
La federación albanesa recibió la mayor multa de 161.500 francos suizos ($200 mil) impuesta por una serie de cargos en un partido en casa el siete de junio contra Serbia, que también incluyó perturbar un himno nacional y transmitir «un mensaje que no es apropiado para un evento deportivo».
Argentina fue multada con 120.000 francos suizos ($149 mil) por la FIFA por un solo cargo de discriminación o abuso racista en un partido el diez de junio contra Colombia en Buenos Aires.
La federación de fútbol de Chile fue multada con 115.000 francos suizos ($143 mil) por racismo de los aficionados en una derrota en casa 1-0 contra Argentina el cinco de junio. Colombia recibió una multa de 70.000 francos suizos ($87 mil) después de recibir a Perú el seis de junio.
La FIFA propuso en 2024 que las 211 federaciones que la conforman tipifiquen como falta disciplinaria el racismo en el futbol y designen un gesto de manos cruzadas por parte de las víctimas para señalar el abuso que reciben.
La posición favorable a una mayor presión sobre Israel, puesta de manifiesto el lunes por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene lugar mientras en Europa hay quien tiene una similar postura crítica, como Suecia, Noruega y Eslovenia, mientras otros son más permisivos, como Alemania y otros Estados del este.
Sánchez anunció este lunes nuevas medidas contra Israel por la destrucción de Gaza y de los palestinos que se aplicarán de forma inmediata y que incluyen la consolidación jurídica del embargo de armas, prohibir la entrada en España a los implicados en el genocidio y más ayuda humanitaria.
La actitud del Ejecutivo español fue duramente criticada por el de Israel, que le acusó de antisemita y negó la entrada en el país de la vicepresidenta Yolanda Diaz y de la ministra Sira Rego.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. EFE
Los críticos contra Israel
Un país con una postura crítica frente a Israel es Eslovenia, que el año pasado se unió a España e Irlanda para reconocer el Estado de Palestina.
A comienzos de agosto la pequeña exrepública yugoslava, gobernada por una coalición entre liberales y la izquierda, se convirtió en el primer país de la UE en declarar un embargo de armas contra Israel.
Suecia, que en 2014 reconoció oficialmente los territorios palestinos como un Estado, aboga por congelar el capítulo comercial del Acuerdo de Asociación entre el bloque comunitario e Israel y la suspensión parcial de Israel en el programa de investigación Horizonte Europa.
Además, defiende sanciones selectivas contra los ministros extremistas israelíes que promueven actividades de asentamiento ilegales y trabajan activamente en contra de una solución negociada de dos Estados, así como sanciones adicionales contra los colonos violentos.
Noruega reconoció el Estado palestino en mayo de 2024. A finales de agosto pasado, el Fondo de Pensiones Global del Estado noruego, el mayor fondo soberano del mundo, anunció la venta de sus acciones en cinco bancos israelíes, después de que ya hiciera lo propio con sus participaciones en varias empresas israelíes, debido a la situación humanitaria en Gaza.
En esa línea crítica se sitúa Francia, cuyo presidente, Emmanuel Macron, anunció en julio que su país reconocería el Estado palestino este septiembre en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU, en una operación condicionada en particular al compromiso de las autoridades palestinas al desarme de Hamás y a la renuncia expresa al terrorismo, que pretende arrastrar a otros países occidentales para que hagan lo mismo.
La reacción de Israel fue acusar a Macron de alimentar así el antisemitismo en Francia, donde vive la comunidad judía más importante de Europa.
Caso aparte es el de Turquía, uno de los países más duros ante el Gobierno de Israel, con el presidente, el islamista Recep Tayyip Erdogan, llamando en los dos últimos años una y otra vez a Netanyahu asesino, criminal de guerra o incluso «nuevo Hitler».
El Gobierno turco, que en el pasado mantenía importantes relaciones diplomáticas, militares y comerciales con Israel, fue congelando esos contactos desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2022.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán. EFE
Los más favorables a Israel
Varios países de Europa central están entre los más favorables a Israel en Europa, como Hungría y la República Checa, cuyos Gobiernos rechazan tajantemente la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel.
El Gobierno ultraderechista de Hungría, liderado por Viktor Orbán, incluso recibió en abril pasado a Netanyahu, pese a la orden de búsqueda y captura emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de guerra.
En la vecina Austria, el Gobierno tripartito, formado por democristianos, socialdemócratas y liberales, también tiene una posición favorable a Israel, aunque en los últimos meses expresó alguna crítica contra las acciones israelíes en el conflicto de Gaza.
Para Alemania, la seguridad y existencia de Israel son, por motivos de responsabilidad histórica, «razón de Estado». Se descarta un reconocimiento en breve de un Estado palestino, al considerar que este paso hacia una solución de dos Estados debe tener lugar al final de un proceso negociado.
En términos generales, Alemania se ha limitado a recordar a Israel que debe actuar dentro del marco del derecho internacional y a pedir un pronto inicio de negociaciones sobre un alto el fuego en Gaza, además de advertir de la grave situación humanitaria en la Franja.
Por lo demás, Alemania rechaza un embargo comercial y otro tipo de sanciones contra Israel.
En Italia, el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni es un aliado de Israel que, sin embargo, apoya la solución de los dos estados y ha condenado en las últimas semanas la reacción «desproporcionada» del Ejecutivo israelí ante el terrorismo de Hamás, y en particular tras el ataque en julio pasado a la única parroquia católica de Gaza.
También ha mostrado su disposición a reconocer el Estado de Palestina, pero cuando pueda ser «efectivo» y «no contraproducente», según el vicepresidente del Ejecutivo y ministro de Exteriores, Antonio Tajani.
En Portugal, el Gobierno anunció a finales de julio que iba a iniciar consultas con el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, y los partidos políticos para evaluar un posible reconocimiento del Estado de Palestina.
El objetivo es que el proceso quede concluido en septiembre, con motivo de la Asamblea de la ONU, el mismo plazo que se han marcado Francia, el Reino Unido, Canadá y Malta para adoptar un paso similar, que ya han dado países como España, Irlanda o Noruega.
El Gobierno suizo mantiene su posición de neutralidad y no tiene planes para reconocer al Estado Palestino. Su actitud ha sido cada vez criticada internamente según pasan los meses y la crisis humanitaria, y ahora la hambruna, han diezmado a la población en el enclave.
Un grupo de 72 exembajadores suizos pidieron que reconsidere su posición de no reconocer a Palestina y refuerce su apoyo a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), que está dirigida por un suizo.
Rusia condena pero no ve genocidio
Rusia ha condenado enérgicamente las acciones de Israel en Gaza, pero pese a su apoyo a la causa palestina y su relación con Hamas, se ha abstenido de calificar de genocidio la actuación del Ejército israelí. No obstante, ha denunciado la catástrofe humanitaria que amenaza la vida de unos 132.000 niños menores de cinco años.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo que su administración está lista para impulsar una nueva serie de sanciones económicas contra Rusia en respuesta a la ofensiva militar de Moscú en Ucrania. Desde la Casa Blanca, el mandatario fue consultado sobre una posible “segunda fase” de sanciones y respondió de forma contundente: “sí”.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que las medidas buscarán golpear directamente a los países que continúan comprando petróleo ruso, con el objetivo de “colapsar” la economía rusa.
“Estamos dispuestos a aumentar la presión sobre Rusia, pero necesitamos que nuestros socios europeos nos sigan”, declaró en una entrevista con NBC.
Bessent destacó que la efectividad de las sanciones dependerá de la coordinación con la Unión Europea (UE). “Ahora estamos en una carrera entre lo que puede resistir el Ejército ucraniano y lo que puede resistir la economía rusa”, advirtió, subrayando que el tiempo es un factor decisivo en la estrategia de Washington.
Según el funcionario, una intervención más fuerte de Estados Unidos, incluyendo aranceles secundarios a los países que mantengan relaciones comerciales con Rusia, podría hundir totalmente la economía de Moscú y obligar al presidente Vladimir Putin a negociar. “Si imponemos más sanciones y aranceles, la economía rusa se hundirá totalmente y eso llevará a Putin a la mesa”, reiteró.
En agosto, Estados Unidos ya había castigado a India con aranceles del 50 % en represalia por sus compras de petróleo ruso, una medida que marca el rumbo de las presiones que Trump busca intensificar en los próximos meses.
El gobierno de Irán anunció el sábado que está dispuesto a reanudar las negociaciones nucleares con Estados Unidos, pero bajo “nuevas condiciones” que reflejen el escenario posterior a la guerra de 12 días con Israel.
“Las negociaciones no pueden tener la misma forma que antes de la guerra. No es posible volver a la mesa de diálogo en las mismas condiciones previas”, declaró el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, en un acto en Teherán, según la agencia oficial IRNA.
El jefe de la diplomacia iraní recalcó que las conversaciones nucleares siguen en la agenda, aunque con un formato distinto. “Irán está dispuesto a dialogar, pero el respeto a nuestra soberanía y el levantamiento de las sanciones son elementos imprescindibles”, enfatizó Araqchí.
El funcionario explicó que el país mantiene contacto con Washington a través de intermediarios y que solo retomará el diálogo directo “cuando los estadounidenses lleguen a la conclusión de que están listos para una negociación basada en intereses comunes y en el respeto mutuo”.
Araqchí subrayó que Irán “no cederá a presiones ni chantajes”, en referencia a la exigencia de Estados Unidos de frenar el enriquecimiento de uranio, algo que Teherán considera innegociable.
Antes del estallido del conflicto con Israel, ambos países habían celebrado cinco rondas de conversaciones y planeaban una sexta, suspendida tras los bombardeos israelíes del 20 de junio. Dos días después, Estados Unidos atacó tres instalaciones nucleares iraníes, lo que precipitó la entrada en vigor de la tregua.
Cooperación con el OIEA
El canciller iraní también adelantó avances en las conversaciones con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para definir un nuevo marco de cooperación. “Se han celebrado buenas negociaciones y estamos muy cerca de lograr un acuerdo”, dijo Araqchí.
Irán y el OIEA retomarán reuniones en Viena para establecer un esquema de trabajo adaptado a los cambios recientes y a la ley aprobada por el Parlamento iraní tras el conflicto de junio.
Las declaraciones llegan tras la decisión de Reino Unido, Francia y Alemania (E3) de activar el mecanismo de restauración automática de sanciones de la ONU contra Irán por su programa nuclear.
Los países europeos han instado a Teherán a cooperar con la agencia nuclear, retomar el diálogo con Estados Unidos y aclarar el destino de 400 kilos de uranio enriquecido al 60 %, en un intento de evitar nuevas sanciones internacionales.
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este sábado que Rusia ha lanzado desde principios de septiembre más de 1,300 drones suicidas, cerca de 900 bombas aéreas guiadas y hasta 50 misiles contra distintas regiones del país.
En un mensaje publicado en la red social X, Zelenski aseguró que la infraestructura civil ucraniana volvió a ser blanco de ataques en las últimas horas y que las explosiones se registraron en prácticamente todo el territorio. Las regiones más golpeadas fueron Cherníguiv, Járkov, Odesa, Jersón, Kiev, Zaporiyia, Dnipró, Kirovogrado, Jmelnitski, Zhitómir, Volinia, Ivano-Frankivsk, Rivne y Leópolis.
“Las explosiones resonaron prácticamente en todas las regiones de Ucrania. Rusia sigue prolongando esta guerra y busca convertir la diplomacia en una farsa absoluta. Y esto debe afrontarse con una respuesta unida”, afirmó Zelenski, quien reclamó a la comunidad internacional reforzar la presión sobre Moscú.
El mandatario ucraniano coincidió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la necesidad de imponer restricciones efectivas al comercio de petróleo y gas ruso, al considerar que solo así la diplomacia podrá encarrilarse nuevamente.
“Debemos reforzar las sanciones, aumentar el suministro de armas a Ucrania y garantizar que invasiones como esta no se repitan. Una paz duradera requiere garantías de seguridad reales y funcionales”, subrayó Zelenski, en referencia a las negociaciones que mantiene con sus aliados occidentales para aprobar un nuevo paquete de sanciones y un eventual mecanismo de verificación tras un alto al fuego.
Los bombardeos de septiembre confirman la estrategia del Kremlin de intensificar la presión militar mientras asegura en público estar dispuesto a negociar la paz, algo que Kiev califica de contradicción y de maniobra para debilitar la respuesta internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva que faculta al país a imponer sanciones contra naciones que realicen detenciones injustas de ciudadanos estadounidenses.
La medida también contempla la creación de una lista de países designados como “estado patrocinador de una detención injusta”, similar a la clasificación existente para los patrocinadores del terrorismo.
“Estados Unidos debe redoblar los esfuerzos para proteger a los ciudadanos estadounidenses de la detención injusta en el extranjero. Ningún estadounidense debe temer ser tomado como un peón político por estados delincuentes”, señala la disposición oficial.
El secretario de Estado será el encargado de identificar a los países responsables de estas prácticas, aplicando los criterios de la Ley Levinson, que establece parámetros para determinar cuándo un arresto puede considerarse injusto.
Las sanciones podrán incluir la imposición de aranceles, restricciones de entrada de ciudadanos de los países señalados a Estados Unidos, limitaciones de exportaciones, suspensión de asistencia económica y advertencias de viaje para ciudadanos estadounidenses.
“La detención injusta es una afrenta al estado de derecho y busca socavar el liderazgo de Estados Unidos en el escenario internacional. No toleraremos ataques a nuestra soberanía ni a nuestros ciudadanos”, sostiene la orden ejecutiva.
La Casa Blanca destacó que, desde el inicio de la segunda legislatura de Trump, 72 estadounidenses han sido liberados tras haber sido detenidos en el extranjero. Además, criticó al expresidente Joe Biden, señalando que durante su gestión hubo un saldo negativo de 24 detenciones más que liberaciones.
Con esta medida, Estados Unidos busca reforzar su postura frente a gobiernos que utilicen la detención de ciudadanos estadounidenses como herramienta de presión política.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes que podría desatar una “guerra económica” contra Rusia si su homólogo Vladimir Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania. El mandatario señaló que tiene en mente consecuencias “muy graves” si el conflicto bélico continúa sin avances hacia la paz.
“No será una guerra mundial, pero sí una guerra económica, y una guerra económica va a ser perjudicial. Va a ser perjudicial para Rusia, y no quiero eso”, declaró Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, en respuesta a preguntas de la prensa.
El presidente fue consultado sobre si existe un plazo para que Putin acepte un cara a cara con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, antes de imponer las sanciones anunciadas. “Es muy serio lo que tengo en mente, si llega a ser necesario”, advirtió, citando las miles de muertes semanales que deja el conflicto.
Trump también matizó su relación con los líderes enfrentados. Sobre Zelenski dijo que “ahora” mantiene una buena relación, aunque subrayó que “no es inocente”.
Al mismo tiempo, destacó que con Putin tiene “muy buena relación”, lo que considera un factor positivo en medio de la crisis.
El mandatario había prometido poner fin a la guerra en Ucrania en su primer día de gobierno, sin embargo, el conflicto sigue activo incluso después de la cumbre histórica entre Trump y Putin celebrada el 15 de agosto en Anchorage, Alaska, considerada en su momento como un posible punto de inflexión.
La advertencia de Trump aumenta la presión sobre Moscú, en un escenario donde la diplomacia internacional busca alternativas para frenar la guerra que lleva más de dos años y ha dejado devastación en Ucrania, además de tensiones globales en los mercados energéticos y de seguridad.
