La Unión Europea (UE) endureció progresivamente su política migratoria durante la última década, pasando de reclamar alternativas a las concertinas instaladas en las fronteras españolas de Ceuta y Melilla a debatir centros de retorno de migrantes en terceros países y el fortalecimiento de sus fronteras exteriores con medios físicos, tecnológicos y humanos.
El cambio estuvo marcado por la crisis de refugiados de 2015, las diferencias entre los Estados miembro sobre la gestión de solicitantes de asilo, el cuestionamiento del espacio Schengen y episodios en los que terceros países utilizaron los movimientos migratorios como instrumentos de presión.
«Europa nunca ha tenido tanto control sobre la migración irregular como ahora», afirmó el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, tras la reciente entrada de decenas de miles de personas en Ceuta, una crisis que dejó hasta 141 fallecidos, según ONG citadas en la información.
La investigadora del Real Instituto Elcano Carmen González explicó que desde 2015 surgieron «conflictos interestatales» por la gestión de los solicitantes de asilo, que evidenciaron «profundas diferencias» entre los países europeos y representaron una «amenaza existencial» para la libre circulación.
A esto se sumaron «dos importantes shocks»: la entrada de miles de personas a Ceuta alentada por Marruecos en 2021 y la llegada de migrantes a Polonia, Lituania y Letonia facilitada por Bielorrusia.
La respuesta comunitaria culminó en 2024 con la aprobación del Pacto de Migración y Asilo, que entró en aplicación este junio y establece controles y procedimientos acelerados en las fronteras exteriores, además de un mecanismo de solidaridad entre los países. Bruselas también apuesta por acelerar las devoluciones, ampliar las funciones de Frontex y reforzar la cooperación con países de origen y tránsito.
Uno de los principales cambios está relacionado con los retornos. Una normativa avalada por el Parlamento Europeo en junio permite trasladar a personas con una orden firme de expulsión hacia centros ubicados en terceros países, incluso cuando no tengan vínculos con esos Estados, siempre que exista un acuerdo y se respeten determinadas garantías.
«La legalización de estos centros fuera de la UE hace que nuestra política de retorno esté más deshumanizada que nunca. Allí, las personas no tienen nombre: se las identifica mediante números y se denuncian regularmente intentos de suicidio. No tienen noción del día ni de la hora y tampoco saben cuándo podrán irse», afirmó la eurodiputada de Los Verdes Mélissa Camara.
El eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE) Javier Zarzalejos rechaza que estos centros representen una externalización de la política migratoria y los considera «un instrumento más» que deberá respetar el Derecho comunitario y los derechos fundamentales.
El dirigente también niega que su grupo «haya asumido la agenda de la ultraderecha» y sostiene que las nuevas medidas buscan responder a preocupaciones ciudadanas y evitar la percepción de que los gobiernos están «siendo desbordados» por los flujos migratorios.
La transformación de las políticas coincidió con cambios en el escenario político europeo. González identifica las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024 como un punto importante debido al avance de fuerzas conservadoras y de extrema derecha.
«La inmigración ha pasado de ser un asunto relativamente marginal en la vida política de algunos Estados europeos a convertirse en un tema central», explicó la investigadora, quien considera que existe un «espíritu de los tiempos crecientemente restrictivo».
Camara sostiene, por su parte, que durante las negociaciones del Reglamento de Retorno la extrema derecha «participó directamente en la negociación de los compromisos».
El endurecimiento también afecta al espacio Schengen. Francia, Alemania y Austria, entre otros países, recuperaron controles internos pese a que la normativa los contempla como excepcionales y temporales.
En junio, la Comisión Europea pidió a nueve Estados avanzar hacia su «eliminación progresiva y el levantamiento gradual». La reciente crisis de Ceuta volvió a tensionar el sistema después de que Italia estableciera controles a viajeros procedentes de España, pese a que Madrid sostiene que prácticamente todos los migrantes retornaron a Marruecos y Bruselas señala que no hubo desplazamientos hacia el resto de Europa.
