Etiqueta: violencia

  • Violencia en México subió 70 % en una década, según informe

    Violencia en México subió 70 % en una década, según informe

    La violencia en México ha aumentado un 70 % en los últimos diez años si se consideran no solo los homicidios dolosos, sino también feminicidios, desapariciones y otros delitos contra la vida. Así lo reveló este lunes la organización México Evalúa, al presentar un informe que cuestiona la narrativa oficial sobre la supuesta reducción significativa de la criminalidad.

    El documento, titulado “Violencia en México, 2015-2025: análisis de los datos y propuestas para la paz”, fue presentado por Mariana Campos, directora de México Evalúa, quien explicó que el análisis incorpora cinco indicadores clave de “violencia letal”: homicidio doloso, homicidio culposo, feminicidio, desapariciones y otros delitos contra la vida.

    “Cómo se mide un problema determina cómo se atiende”, afirmó Campos, quien aclaró que el propósito del estudio no es desestimar la estrategia del Gobierno federal, sino ofrecer una visión más amplia de los fenómenos de violencia.

    Según el informe, en 2025 se registraron más de 72,000 hechos relacionados con violencia letal, un aumento del 68.2 % respecto a 2015. Aunque las cifras oficiales reportan una caída del 40 % en homicidios dolosos desde septiembre de 2024 —cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia—, el análisis de la organización indica que la reducción general fue de apenas 8 % en todos los indicadores.

    Armando Vargas, coordinador del programa de Seguridad de México Evalúa, explicó que el enfoque del estudio busca visibilizar todas las formas de violencia mortal. “Aunque el homicidio doloso muestra una reducción reciente, otros delitos mantienen trayectorias altas e incluso crecientes”, advirtió.

    En detalle, el estudio señala que los homicidios dolosos bajaron un 22.2 % desde 2024, pero siguen un 30.7 % por encima de los niveles de 2015. En contraste, el homicidio culposo —normalmente relacionado con accidentes— aumentó 7.7 % desde 2015 y presenta “crecimientos anómalos” que podrían reflejar fallos en la clasificación de muertes violentas.

    Los llamados “otros delitos contra la vida”, que incluyen hechos difíciles de clasificar, se dispararon un 370 % en la última década, con incrementos alarmantes en estados como Baja California Sur (6,606 %), Baja California (916 %), Tabasco (694 %) y Sinaloa (88 %). Según Vargas, estas cifras podrían indicar “reclasificaciones estadísticas” más que una disminución real de la violencia.

    El feminicidio bajó un 15.5 % desde 2024, pero aún se encuentra un 68.5 % por encima del nivel de 2015, especialmente en zonas marcadas por impunidad y presencia del crimen organizado, como Sinaloa y Morelos.

    En cuanto a las desapariciones, el informe subraya su relevancia como método de ocultamiento de crímenes. Aunque la cifra bajó un 0.5 % desde 2024, el incremento desde 2015 es del 213 %, con focos críticos en Sinaloa (150 %), Sonora (168 %) y Baja California (5,728 %).

    “La desaparición parece confirmar que una parte de la violencia letal podría no estar reduciéndose sino volviéndose menos visible, lo que exige diagnósticos más integrales. Y abandonar el análisis aislado del homicidio doloso”, concluyó el especialista.

     

  • Denuncian 220 muertes violentas de abogados en Honduras desde 2004, un 90% en la impunidad

    Denuncian 220 muertes violentas de abogados en Honduras desde 2004, un 90% en la impunidad

    Al menos 220 abogados han muerto violentamente en Honduras desde 2004 y cerca del 90 % de esos crímenes permanece en la impunidad, denunció este domingo la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Blanca Izaguirre.

    En un comunicado, Izaguirre alertó sobre el “alto riesgo” que enfrentan los profesionales del derecho en el país, tras el asesinato del abogado René Altamirano, ocurrido el pasado viernes en San Pedro Sula, en el norte del país. El jurista fue atacado presuntamente por dos sujetos que se conducían en una motocicleta.

    Altamirano fue regidor municipal de San Pedro Sula, apoderado legal del exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri y candidato a diputado en las elecciones generales de 2013 por el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre).

    La titular del Conadeh expresó su solidaridad con la familia de la víctima e instó a las autoridades a “actuar con prontitud, firmeza y diligencia” para identificar y capturar a los responsables del crimen.

    Izaguirre recordó que Honduras cuenta desde 2015 con un Mecanismo de Protección para defensores de derechos humanos y operadores de justicia, pero advirtió que “no ha funcionado” de manera efectiva.

    “En un mundo ideal no debería haber un mecanismo de protección porque no deberíamos sentirnos ni los abogados, ni los comunicadores sociales, ni los defensores de derechos humanos expuestos a este tipo de situaciones”, enfatizó.

    El Conadeh señaló que la falta de investigaciones y sanciones impide esclarecer las causas reales de las muertes y priva a las familias del derecho a la verdad. Por ello, pidió al Estado implementar mecanismos de seguridad eficaces para proteger la vida e integridad de los abogados y sus familias.

    Según el organismo, el ejercicio de la abogacía se volvió especialmente peligroso en departamentos como Francisco Morazán, Cortés, Yoro, Atlántida y Olancho, aunque no se detallaron cifras por región.

    Entre las víctimas figuran especialistas en derecho penal y mercantil, jueces, defensores públicos, fiscales y asesores legales de diversas instituciones. La mayoría de los ataques ocurrió en vehículos, viviendas, bufetes o en la vía pública, lo que evidencia que las condiciones de seguridad “no han sido las más propicias” para salvaguardar la vida de estos profesionales, concluyó el Conadeh.

     

  • Acusan a joven de intento de homicidio tras atacar a hombre con navaja en Colón

    Acusan a joven de intento de homicidio tras atacar a hombre con navaja en Colón

    Un joven de 18 años lesionó gravemente a otro hombre tras atacarlo con una hoja de afeitar en el cuello, provocándole una herida profunda, según el informe preliminar de las autoridades.

    El agresor fue identificado como Erick Alexander Ramírez Vásquez, quien se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas con la víctima, un hombre de 48 años, cuando se produjo una discusión que escaló hasta el ataque.

    De acuerdo con el reporte, el hecho ocurrió en el caserío El Pital, cantón Entre Ríos, municipio de Colón, en el departamento de La Libertad Oeste, donde ambos compartían antes del altercado.

    Tras la agresión, la víctima resultó con una lesión de consideración en el cuello, por lo que fue auxiliada, mientras que el joven fue detenido en el lugar.

    Las autoridades informaron que Ramírez Vásquez será remitido por el delito de homicidio en grado de tentativa, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del ataque.

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  • Condenan hasta 124 años de cárcel a pandilleros que asesinaron a madre y bebé

    Condenan hasta 124 años de cárcel a pandilleros que asesinaron a madre y bebé

    El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a penas de hasta 124 años de prisión a varios pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), responsables del asesinato de una mujer embarazada y de su bebé, además de otros delitos vinculados a la estructura criminal.

    La pena más alta fue impuesta a Alexis Omar González Rodríguez, alias Little Trucha, sentenciado a 124 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa, aborto sin consentimiento, privación de libertad, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

    En el mismo proceso, Mauricio Antonio Moreno, alias Druppy, recibió una condena de 63 años de prisión por extorsión agravada, proposición y conspiración para cometer homicidio agravado y agrupaciones ilícitas.

    Asimismo, Moris Omar Castellón Santamaría, alias Spanky, fue condenado a 34 años de cárcel por proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y por agrupaciones ilícitas. Según la sentencia, Spanky ostentaba el rango de corredor de clica dentro de la estructura delincuencial.

    El tribunal también impuso penas que oscilan entre 15 y 23 años de prisión a otros cinco pandilleros, todos identificados como miembros activos de la MS-13 y con base de operaciones en distintas zonas de San Salvador.

    Entre los hechos probados se encuentra el homicidio agravado de una mujer en estado de gestación, así como la planificación para asesinar a un sacerdote, a quien los pandilleros consideraban que mantenía comunicación con una estructura rival.

     

  • El estado de sitio permite a autoridades guatemaltecas ingresar a El Gallito, un barrio dominado por pandillas

    El estado de sitio permite a autoridades guatemaltecas ingresar a El Gallito, un barrio dominado por pandillas

    Al barrio El Gallito, ubicado a dos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, solo se puede ingresar con el permiso de las estructuras criminales que lo controlan o bajo el acompañamiento de fuerzas de seguridad. De lo contrario, el riesgo es no salir con vida, como ocurrió hace tres días con dos jóvenes atacados a balazos tras ingresar por error al sector.

    El hecho ocurrió el martes por la mañana, cuando los jóvenes entraron aparentemente por equivocación al barrio. Ambos fueron tiroteados y uno de ellos, de 22 años, murió a causa de las heridas, según confirmaron las autoridades.

    Ese mismo día ya estaba vigente el estado de sitio nacional, decretado por el Gobierno luego de que el domingo anterior 10 policías fueran asesinados en distintos puntos de la capital por supuestos pandilleros. La situación llevó al despliegue del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC) en El Gallito, donde se ejecutan patrullajes permanentes, algo impensable sin respaldo de las fuerzas de seguridad.

    Históricamente, El Gallito ha sido considerado un territorio vedado para personas ajenas a la comunidad debido a la fuerte presencia de grupos criminales. Para circular por sus zonas más conflictivas se requiere autorización de los jefes locales y cumplir reglas estrictas, como transitar con las ventanas del vehículo abajo.

    Los patrullajes actuales se realizan bajo el amparo del estado de sitio, que permite la detención de personas sospechosas de terrorismo sin orden judicial, una medida aplicada también en otras denominadas “zonas rojas”.

    “Se están haciendo patrullajes para evitar más hechos en contra de los compañeros y poder así dar persecución a los pandilleros terroristas que han causado estragos en la institución”, explicó a EFE el oficial tercero de la PNC, Édgar Lainez.

    Las autoridades atribuyen los asesinatos de los agentes a presuntos miembros de la pandilla Barrio 18, quienes habrían actuado en represalia luego de que las fuerzas de seguridad retomaran el control de tres cárceles, donde el sábado se registraron motines y toma de rehenes.

    “Los patrullajes no se han visto afectados, pero sí se han visto reforzados con más elementos para tener más apoyo y poder enfrentar cualquier situación con estos delincuentes”, agregó Lainez.

    Integrantes de la Policía Nacional Civil (PNC) custodian una calle en el barrio El Gallito en Ciudad de Guatemala. Al barrio El Gallito, situado a dos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, se puede entrar con el permiso de las estructuras criminales que dominan el área o con las fuerzas de seguridad, de lo contrario, te arriesgas a no salir con vida, como le sucedió hace tres días a dos jóvenes tiroteados. EFE/ Alex Cruz

    La alerta continúa

    Entre los 10 policías asesinados se encuentran dos mujeres, un hecho que mantiene en alerta a la institución. “La alerta sigue. No nos descuidamos ni bajamos la guardia en ningún momento”, afirmó a EFE Élida Chavajay, agente de la PNC con casi cinco años de servicio.

    Chavajay señaló que, aunque la sociedad suele ver a las mujeres policías como vulnerables, ellas no se perciben de esa forma. “Tomamos nuestras medidas de autoprotección y no nos confiamos”, sostuvo.

    Los operativos se han extendido a otras zonas de la capital, así como a los municipios de Villa Nueva y Mixco. Hasta el miércoles, las autoridades reportaron la captura de casi 300 personas, incluidos 23 pandilleros vinculados directamente con los ataques contra los agentes.

    Solo el jueves, el Gobierno informó que ejecutaba más de 20 allanamientos en áreas priorizadas por su alta incidencia delictiva, con la captura de más de un centenar de personas, entre ellas “cuatro presuntos terroristas” identificados con los alias Killer, Negro, Gatica y Maco.

     

  • Presidente guatemalteco promete justicia por asesinato de policías y refuerza ofensiva contra pandillas

    Presidente guatemalteco promete justicia por asesinato de policías y refuerza ofensiva contra pandillas

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró el lunes que no descansará hasta capturar a los responsables del asesinato de nueve agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrido el domingo en una serie de ataques coordinados atribuidos a pandilleros.

    “No vamos a descansar hasta encontrarlos. Su sacrificio no será en vano”, afirmó durante un acto en memoria de las víctimas.

    Los agentes fueron atacados a tiros en distintos puntos de la capital guatemalteca como represalia tras la toma de control de tres cárceles donde, el sábado, se registraron motines impulsados por estructuras criminales. La ofensiva dejó además varios heridos, uno de los cuales falleció en las últimas horas, elevando la cifra oficial de agentes asesinados a nueve.

    Los policías caídos son: José Efraín Revolorio (25 años), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26).

    Frente a sus féretros, el mandatario entregó banderas a las familias y expresó: “Hoy me duele entregarles esta bandera, símbolo de una patria que no olvidará el compromiso de sus policías caídos en cumplimiento del deber”.

    En respuesta a la arremetida, Arévalo declaró el domingo por la noche un estado de sitio por 30 días, lo que faculta al Gobierno a realizar detenciones sin orden judicial. La medida, contemplada por la Constitución para enfrentar amenazas como el terrorismo y la sedición, deberá ser ratificada por el Congreso en los próximos tres días.

    La pugna entre el Gobierno y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha se intensificó en 2024, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de ambas estructuras a la prisión de máxima seguridad ‘Renovación I’, donde se les retiraron privilegios como aire acondicionado y comida a domicilio. Entre los líderes detenidos figura Aldo Ochoa, alias “El Lobo”, condenado a 80 años por asesinato y señalado como instigador del motín más reciente.

    Movilidad disminuyó

    La violencia también afectó la rutina del país. Las clases fueron suspendidas este lunes en instituciones públicas y privadas. Aunque las actividades se mantienen activas, se reportó una disminución en la movilidad y en la afluencia de compradores en mercados, mientras algunas empresas optaron por el trabajo remoto.

    “No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala”, declaró Arévalo en un mensaje a la nación. Aseguró que los criminales están “desesperados” ante el avance de la estrategia gubernamental.

    El ministro de Gobernación, Marco Villeda, participó en el homenaje a los agentes y visiblemente conmovido afirmó: “Pronunciar sus nombres es reconocer que existieron, que entregaron y que nos importan. No se van al olvido, se van con honor”.

    Hasta el momento, al menos nueve presuntos sicarios han sido detenidos en relación con los ataques. Las autoridades han reiterado que intensificarán las acciones para desarticular a las estructuras responsables.

     

     

  • Guatemala suspende clases tras ola de ataques de pandilleros a policías

    Guatemala suspende clases tras ola de ataques de pandilleros a policías

    El Ministerio de Educación de Guatemala anunció este domingo la suspensión de clases a nivel nacional para este lunes 19 de enero, como medida preventiva ante una ola de ataques armados perpetrados por pandilleros contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

    El director general de la PNC, comisario David Estuardo Custodio Boteo, confirmó que los ataques dejaron un saldo de siete policías asesinados y 10 agentes heridos por arma de fuego. Además, informó sobre la muerte de un pandillero en el municipio de Chinautla y la captura de otros cinco presuntos integrantes de estructuras criminales.

    Los bomberos han confirmado que han existido atentados contra las fuerzas de seguridad en otras tres zonas, siempre en el perímetro de la urbe metropolitana.

    “Es doloroso. Causa un sentimiento muy fuerte. Detrás del uniforme hay familias, pero es un riesgo que todos corremos, vamos a seguir trabajando en beneficio de los guatemaltecos”, declaró Custodio durante una conferencia de prensa.

    Ante el incremento de la violencia, la ministra de Educación, Anabella Giracca, explicó que la decisión se tomó tras recomendaciones de expertos en seguridad. “En atención a las recomendaciones de expertos en seguridad, he decidido suspender las clases a nivel nacional el día de mañana. En este momento, lo más importante es la seguridad de estudiantes y docentes”, afirmó.

    Guatemala ha registrado durante la última semana una escalada de violencia vinculada a motines en centros penitenciarios y ataques directos contra fuerzas de seguridad, atribuidos a la pandilla Barrio 18.

    El sábado, reclusos de las cárceles Renovación I, en Escuintla; Fraijanes II, en Fraijanes; y el sector 11 del centro preventivo de la zona 18 de la capital se amotinaron y tomaron como rehenes a varios custodios del Sistema Penitenciario.

    De acuerdo con las autoridades, estas acciones buscaban presionar para la restitución de privilegios que los pandilleros han perdido tras el endurecimiento de controles y requisas en los centros carcelarios.

    La Policía Nacional Civil retomó este domingo el control de la cárcel Renovación I y logró liberar a los guardias retenidos. Horas después, miembros de la misma estructura criminal perpetraron nuevos ataques armados contra agentes policiales en distintos puntos del país.

     

     

     

  • El fútbol resiste en Haití entre bandas armadas y abandono estatal

    El fútbol resiste en Haití entre bandas armadas y abandono estatal

    En medio de un país devastado por la violencia, sin competiciones oficiales desde 2020 y con al menos el 90 % de la capital controlada por bandas armadas, Haití logró el mes pasado una proeza histórica: clasificar al Mundial de Fútbol 2026 tras más de medio siglo de ausencia.

    La hazaña deportiva contrasta con la grave crisis de seguridad y el colapso institucional que enfrenta la nación caribeña desde hace años. Pese a la falta de un marco legal, inversión estatal o instalaciones adecuadas, el fútbol sigue vivo gracias a la resistencia de sus jugadores, técnicos y una afición que se aferra al balón como vía de esperanza.

    “El Estado nunca ha tenido un interés real en el desarrollo del deporte”, afirma el Dr. Yves Jean Bart, quien presidió la Federación Haitiana de Fútbol (FHF) entre 1993 y 2020. Según él, el Ministerio de Deportes ha sido utilizado como instrumento político más que como motor de desarrollo deportivo.

    La infraestructura deportiva haitiana es prácticamente inexistente. Solo quedan ruinas de proyectos como la Academia Nacional de Desarrollo Deportivo (Anasport) y la de Fútbol (Anafoot), hoy cerradas. Algunas canchas prometidas con fondos del programa PetroCaribe nunca se concretaron. “Las construcciones, donde existen, son pura chatarra”, denuncia Jean Bart.

    En barrios marginales o zonas rurales, los partidos se juegan sobre tierra, en calles o terrenos baldíos. Muchos jugadores entrenan descalzos o con sandalias; otros improvisan balones con calcetines o botellas. Aun así, el fútbol se mantiene como el único espacio colectivo que une a ricos y pobres, sin distinción cultural o religiosa.

    En ese contexto, la clasificación al Mundial 2026 cobra un valor simbólico. Fue el resultado de años de trabajo de dirigentes, entrenadores, médicos y jugadores que han sostenido al fútbol haitiano con recursos propios y contra todas las adversidades. “Es fruto de más de 50 años de esfuerzo”, enfatiza Jean Bart.

    La histórica victoria ante Nicaragua el pasado 18 de noviembre, que selló el pase al Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, desató una oleada de júbilo nacional. Miles salieron a las calles a celebrar en un país donde pocas noticias provocan alegría colectiva.

    Antes del partido, el capitán Duckens Nazon motivó al equipo con un discurso emotivo.

    “No tienen nada, chicos. No tienen nada en los bolsillos. Cuentan con nuestros pies”, dijo en los vestuarios. Su mensaje resumió la crudeza del entorno y la oportunidad única de regalar esperanza a una nación quebrada.

    El contraste es brutal: más de 16.000 personas han muerto por la violencia de pandillas desde 2022, y los terremotos han dejado a millones sin hogar. Y sin embargo, Haití estará en el Mundial. En el país donde no se juega una liga desde hace casi cinco años, el fútbol ha logrado sobrevivir al colapso total del Estado.

     

  • Guatemala establece «estado de prevención» en dos comunidades tras enfrentamiento

    Guatemala establece «estado de prevención» en dos comunidades tras enfrentamiento

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, estableció este domingo el «estado de prevención» en dos municipios del oeste del país históricamente enfrentados por disputas territoriales, después de que en la víspera una nueva confrontación dejara al menos cinco fallecidos con la presencia, según el Gobierno, de paramilitares.

    «En Consejo de Ministros hemos decidido implementar medidas extraordinarias para entender esta situación crítica. Hemos emitido el decreto (…) para declarar Estado de Prevención en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, departamento de Sololá», dijo Arévalo de León en rueda de prensa.

    En la víspera, un enfrentamiento en los municipios Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, en departamento occidental de Sololá, dejó al menos cinco fallecidos, según detalló el Gobierno guatemalteco que asegura la presencia de «grupos armados ilegales».

    «Desde el día jueves ocurrieron hechos que evidencian que grupos del crimen organizado fuertemente armados se aprovecharon maliciosamente de un conflicto comunitario, que inició hace décadas entre Ixtahuacán y Nahualá, para desarrollar sus operaciones delictivas, poniendo en gran peligro a la población local y a todos aquellos que transitan en el territorio», detalló el mandatario.

    Medios locales informaron que el enfrentamiento fue entre miembros de ambas comunidades mientras que el Gobierno señala que fue «ataque deliberado» contra el Ejército de Guatemala por parte de esos grupos armados ilegales, sin detallar más detalles, que habrían aprovechado esa disputa histórica.

    El Gobierno guatemalteco mostró vídeos que muestran a personas armadas movilizándose por zonas montañosas y los «impactos» contra aeronaves del Ejército.

    En la noche del pasado sábado, el Gobierno de Guatemala informó en un comunicado que «grupos paramilitares, ilegales, altamente armados atacaron el destacamento militar ubicado en Nahualá» y que «adicionalmente, tomaron la estación de policía y secuestraron a 15 agentes».

    Las comunidades de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, unos 150 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala, mantienen un histórico enfrentamiento por disputas territoriales pese a los intentos de los gobiernos para encontrar una solución. En diciembre de 2021, hubo una matanza de 13 personas que elevó la constante tensión durante meses.

  • Ecuador cerrará 2025 con la mayor tasa de homicidios de América Latina por tercer año consecutivo

    Ecuador cerrará 2025 con la mayor tasa de homicidios de América Latina por tercer año consecutivo

    La violencia en Ecuador alcanzará niveles históricos al cierre de 2025, con la tasa de homicidios más alta de América Latina por tercer año consecutivo, según reveló este jueves la organización internacional ACLED (Datos de Ubicación y Eventos de Conflictos Armados).

    El informe advierte que la criminalidad no solo persiste, sino que podría agudizarse en 2026.

    De acuerdo con cifras oficiales, hasta octubre se contabilizaban 7,553 asesinatos, superando los 7,063 registrados durante todo 2024. La organización estima que el 71 % de la población estuvo expuesta a hechos de violencia este año, pese a que el presidente Daniel Noboa declaró un “conflicto armado interno” en un intento por enfrentar a las bandas del crimen organizado.

    ACLED atribuye el deterioro de la seguridad a varios factores, entre ellos la disputa territorial entre Los Choneros y Los Lobos, las dos bandas criminales más poderosas del país; la fragmentación de otras estructuras tras la caída de sus líderes; y el rol creciente de Ecuador como plataforma estratégica para el narcotráfico regional.

    Desde 2021, la violencia ha provocado el desplazamiento interno de unas 132,000 personas, mientras que más de 400,000 ecuatorianos han abandonado el país, lo que equivale al 2 % de la población. Solo entre enero y noviembre de este año, las muertes violentas aumentaron un 42 %, impulsadas por masacres carcelarias y enfrentamientos entre bandas.

    El informe advierte que la situación podría empeorar. Ecuador fue incluido en la Lista de Seguimiento de Conflictos 2026 de ACLED, que identifica regiones donde se prevé una escalada de violencia. La expansión de grupos armados colombianos como disidencias de las FARC y el ELN, la debilidad estatal, y un posible redireccionamiento de rutas del narcotráfico desde el Caribe hacia el Pacífico, agudizan el panorama.

    “El presidente se enfrenta a una ola de violencia que no da señales de ceder”, advierte el informe.