Las cárceles en Guatemala se han convertido en el principal centro de operaciones de las pandillas, que desde hace años organizan desde sus celdas un lucrativo esquema de extorsiones a comerciantes, transportistas y pequeñas empresas, según denunció este jueves Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.
De acuerdo con Manfredo Marroquín, director ejecutivo de la organización, el sistema penitenciario guatemalteco ha sido penetrado históricamente por la corrupción, permitiendo a estructuras criminales operar con total impunidad.
“Las cárceles no son centros de rehabilitación, sino de dirección criminal”, afirmó.
La situación se agravó tras los disturbios recientes, donde diez policías fueron asesinados luego de que autoridades retomaran el control de tres prisiones dominadas por pandilleros.
El fenómeno de las extorsiones alcanza niveles críticos. Solo en 2025, se interpusieron 25,961 denuncias, un aumento del 3.9 % respecto a las 24,978 de 2024, según el Centro de Estudios Económicos Nacionales (CIEN). Estas cifras reflejan una tasa de 142.7 casos por cada 100,000 habitantes, concentrándose casi la mitad en el departamento de Guatemala.
El sistema carcelario es considerado una “bomba de tiempo permanente” por el mismo Gobierno. El país cuenta con 23 centros penales, diseñados para 6,000 reclusos, pero actualmente albergan a más de 23,000, superando un 300 % de ocupación. A ello se suma una custodia insuficiente, con apenas 3,997 guardias, lo que facilita el acceso a teléfonos celulares, armas y otras herramientas para coordinar crímenes desde el encierro.
Aunque el Gobierno trasladó a cabecillas pandilleros a la cárcel de máxima seguridad Renovación I, en Escuintla, el CIEN advierte que persisten fallas graves. En cada requisa se siguen encontrando teléfonos y dispositivos electrónicos, lo que evidencia que el combate a la corrupción sigue siendo la mayor deuda institucional.
Casos como el de Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias “Lobo”, líder de Barrio 18, revelan cómo los reclusos exigen comodidades como aire acondicionado, alimentos de restaurantes y camas tipo ‘king size’, evidenciando el deterioro del control estatal.
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