Representantes del Bloque de Resistencia Popular (BRP) y habitantes de la comunidad San Francisco Angulo, en el departamento de San Vicente, presentaron este lunes una demanda de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para detener la construcción de un basurero que consideran ilegal y lesivo para sus derechos fundamentales.
“Hemos presentado una demanda de amparo y en esta demanda estamos describiendo una serie de hechos que están violentando los derechos fundamentales de las personas habitantes de San Francisco Angulo”, expresó Francisco Parada, representante del BRP.
Parada recordó que en 2018, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) concluyó que el sitio no era apto para la construcción de un relleno sanitario. A pesar de ello, las obras del llamado «Relleno Sanitario de Los Nonualcos» continúan, lo cual, según Parada, representa un acto de irrespeto a la ley y a la Constitución.
El dirigente comunal denunció también que los habitantes han sido víctimas de “amenazas e intimidaciones”, al señalar que recientemente aparecieron carteles en maquinaria de construcción con mensajes que advertían que “iban a meter presos” a quienes se opusieran al proyecto.
En su momento, la PDDH emitió medidas cautelares para detener las obras, con el objetivo de evitar que obstaculizaran diligencias de la Fiscalía relacionadas con exhumaciones pendientes por una masacre atribuida al Ejército durante el conflicto armado salvadoreño (1980-1992).
Según consta en el expediente público, los habitantes advierten que el proyecto amenaza con destruir 24 manzanas de bosque natural, impactar la fauna silvestre y contaminar el río Salamar, fuente hídrica que abastece a los cantones San Francisco Angulo, Canta Rana y la colonia El Milagro. Además, podría poner en riesgo la salud de al menos 86 familias.
También alertan que la obra entorpece la recuperación de restos humanos vinculados a crímenes de guerra. De acuerdo con la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), en septiembre de 2018 se realizaron exhumaciones por petición de familiares de víctimas, pero para diciembre de 2021 no se habían recuperado todas las osamentas.
La comunidad exige la suspensión inmediata del proyecto y respeto a los derechos ambientales, históricos y humanos de los habitantes.
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