El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó el jueves el dictamen de peligro aprobado en 2009 que establecía que seis gases de efecto invernadero son nocivos para la salud pública, una decisión que marca un nuevo giro contra las políticas destinadas a frenar el cambio climático en el país norteamericano.
La medida, aprobada hoy, busca ahorrar “billones de dólares” en costos a fabricantes de automóviles y conductores estadounidenses, según argumentó el mandatario, al eliminar regulaciones que desde 2009 limitaban emisiones contaminantes.
La decisión forma parte de una treintena de “acciones históricas” que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) pretende ejecutar para revisar normas sobre hidrocarburos y generación eléctrica.
En su primer día de regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para retirar por segunda ocasión a su país del Acuerdo de París, tratado internacional suscrito por casi todas las naciones para evitar que la temperatura global supere los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Ese mismo día desmanteló el Grupo de Trabajo Nacional sobre el Clima (NCTF), creado en 2021 durante la Administración de Joe Biden, así como la Oficina de Cambio Global del Departamento de Estado.
Bajo el lema “drill, baby, drill” (“perfora, bebé, perfora”), el mandatario impulsó proyectos de hidrocarburos convencionales y de esquisto para consolidar a Estados Unidos como mayor productor mundial. Además, defendió la minería del carbón —al que llamó “carbón limpio y hermoso”— y firmó órdenes ejecutivas rodeado de mineros, incluso instruyendo al Departamento de Guerra a adquirir electricidad generada en plantas termoeléctricas de carbón.
Desde el año pasado también anunció la cancelación de ayudas por más de $7,500 millones destinadas a más de 220 proyectos energéticos en 16 estados gobernados por demócratas, en su mayoría enfocados en energías renovables. Entre los proyectos afectados figura Vineyard Wind 1, impulsado por Iberdrola frente a la costa de Massachusetts, con una financiación comprometida de aproximadamente $3,500 millones y una capacidad proyectada superior a 800 megavatios, suficiente para abastecer a casi medio millón de hogares y negocios. Asimismo, el Gobierno desvió fondos para cargadores de vehículos eléctricos y eliminó incentivos para su compra, lo que abre nuevas disputas judiciales y redefine la política energética estadounidense.
Deja una respuesta