El Gobierno de Bolivia denunció este lunes la presencia de supuestos grupos armados en las movilizaciones encabezadas por seguidores del expresidente Evo Morales, quienes marchan hacia La Paz para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que las autoridades identificaron a personas vinculadas con el uso de armas dentro de las protestas, situación que calificó como preocupante para la seguridad del país.
“Denunciar que lamentablemente se ha identificado que hay grupos que han pasado al uso de las armas. Eso nos tiene preocupados”, declaró Gálvez ante medios bolivianos.
El funcionario señaló directamente a Bernabé G.P., un exfuncionario del Ministerio de Defensa que actualmente figura como “presidente del comité de conflicto” de los llamados ‘Ponchos Rojos’, un grupo de campesinos aimaras conocido por mantener una estructura de estilo militar y exhibir armas antiguas durante sus protestas.
Gálvez mostró un video difundido en redes sociales donde se observa a un grupo de supuestos integrantes de los ‘Ponchos Rojos’ portando armas en una carretera andina mientras gritaban “ahora sí, guerra civil”.
Según el portavoz presidencial, el exfuncionario también habría convocado a los manifestantes “que se adhieran a la marcha evista y cocalera y que vinieran con todas las armas posibles”.
Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, sostuvo que la movilización constituye un intento de desestabilización promovido por Evo Morales contra el Gobierno de Rodrigo Paz, quien asumió la presidencia hace seis meses.
“Es una movilización con fines conspirativos, que está en el límite de la legalidad”, manifestó Paredes al referirse a la marcha que llegó el domingo a la ciudad de El Alto tras recorrer durante seis días distintas zonas del altiplano boliviano.
El funcionario estimó que más de 10,000 personas participan en la movilización y aseguró que los sectores afines a Morales “están jugando una especie de batalla final” para intentar recuperar el poder “de la manera más antidemocrática que uno puede imaginar”.
Las autoridades advirtieron que se procederá con arrestos y sanciones contra quienes provoquen daños a edificios públicos o instituciones estatales durante el ingreso de los manifestantes a La Paz.
Mientras tanto, la plaza Murillo, donde se encuentran la sede presidencial y el Parlamento boliviano, amaneció fuertemente resguardada por policías y barricadas, en medio del incremento de la tensión política y social en el país.
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