Un total de 1,288 declaraciones patrimoniales de funcionarios y empleados han sido analizadas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con un informe oficial actualizado hasta el 11 de mayo pasado y publicado por la entidad judicial.
Un 80 % de del análisis de las declaraciones patrimoniales se han realizado sobre las declaraciones patrimoniales de funcionarios o empleados de alcaldías antiguas, equivalentes a 1,032 declaraciones analizadas.
A estas se suman 180 declaraciones analizadas de funcionarios o empleados de ministerios, 38 de autónomas, 12 declaraciones analizadas de alcaldías nuevas y 10 de otras instituciones.
De acuerdo el informe, un total de 455 funcionarios y empleados fueron reportados como obligados a presentar el estado de su patrimonio durante el periodo del 1 de abril al 30 de abril de 2026: 170 de alcaldías nuevas, 30 por toma de posesión del cargo y 170 por cese de funciones; así mismo, 278 por toma de posesión de sus cargos en autónomas; y 91 por cese de funciones.
En ministerios, la Sección de Probidad identificó solo 26 obligados de declarar su patrimonio al tomar posesión de sus cargos y 17 al cesar sus funciones.
La Ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos obliga a los funcionarios y empleados obligados a rendir una declaración jurada del estado de su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia, en su Sección de Probidad.
La normativa ordena a presumir enriquecimiento ilícito “cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido tener en virtud de sueldos y emlolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa”.
Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios o exfuncionarios fueron públicas en 2015, pero posteriormente fueron reservadas. En enero de 2023, la CSJ negó información estadística sobre funcionarios o exfuncionarios que no habían presentado su declaración de patrimonio.
Ahora, la nueva Ley Anticorrupción obliga a declarar un informe similar, de activos y pasivos, por parte de funcionarios y empleados públicos ante el Ministerio de Hacienda.
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