El gobierno salvadoreño elabora una normativa específica para la extracción aurífera, mientras un acuerdo ejecutivo compromete al país a permitir la exploración y extracción de minerales por parte de inversionistas de Estados Unidos, según la abogada e investigadora, Alma Sánchez.
Durante un foro sobre los impactos del extractivismo, la investigadora y abogada Alma Sánchez reveló que el gobierno está diseñando normativas específicas que aún no son públicas. «Están elaborando un reglamento para la extracción aurífera, solo para oro», el cual será aplicable a la actividad minera industrial en el país, aseguró Sánchez.
La especialista advirtió sobre el vacío técnico actual para manejar las consecuencias ambientales, señalando que «tendría que hablar un reglamento del manejo del cianuro» y contemplar «la restauración de esas áreas afectadas» por los proyectos extractivos.
Además, indicó que la legislación salvadoreña carece de normativas para «el manejo del agua, de las colas de jale, es decir, de esos lodos que salen de la actividad minera».
Esto contrasta con la Ley General de Minería Metálica, vigente desde enero de 2025, que «prohíbe expresamente el uso de mercurio, aunque no del cianuro», dejando la autorización de otras sustancias a cargo de la Dirección de Minas.
De forma paralela, el Diario Oficial del 8 de febrero de 2026 publicó un acuerdo comercial entre El Salvador y Estados Unidos. El artículo 6.2 del documento detalla textualmente la obligación estatal de facilitar estas operaciones: «El Salvador permitirá y facilitará la inversión de los Estados Unidos en su territorio para explorar, minar, extraer, refinar, procesar, transportar, distribuir y exportar minerales críticos y recursos energéticos».
El economista José Luis Magaña explicó, en ese foro, que la firma de este convenio se dio como mecanismo para evadir amenazas arancelarias de la administración estadounidense.
Según Magaña, el acuerdo no solo incluye menciones a metales como el oro, la plata y el platino, sino que cataloga a estos elementos «como críticos y los pone como parte de la seguridad nacional de Estados Unidos».
Este escenario se desarrolla bajo el marco de la nueva Ley General de Minería Metálica, aprobada en diciembre de 2024, la cual determinó que «la exploración, explotación y extracción de minerales no requerirá concesión de la asamblea legislativa».
Aunque la ley estipula que la explotación minera es facultad exclusiva del Estado, aclara que «podrá realizarlo a través de instituciones creadas» para tal fin, así como de «sociedades en las que posea participación accionaria y de economía mixta»
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