El Gobierno de Nicaragua informó este sábado que el obispo emérito Juan Abelardo Mata, de 80 años, regresó a su residencia luego de permanecer retenido por las autoridades, pocas horas después de que Estados Unidos exigiera su liberación «inmediata e incondicional» y denunciara la persecución contra la Iglesia católica en ese país.
En un comunicado, el Ministerio del Interior explicó que el religioso fue sometido a una investigación relacionada con el origen de sus bienes y vínculos familiares. «Luego de una necesaria indagación sobre origen de propiedades y vínculos familiares que no coinciden con la condición sacerdotal del señor obispo emérito Abelardo Mata, este ha retornado a su vivienda, donde permanece en perfectas condiciones», indicó la institución.
La cartera de Estado también afirmó que el obispo proporcionó información durante las investigaciones. Según el comunicado, «ha brindado declaraciones sobre distintos episodios violatorios de las leyes nacionales, que el pueblo nicaragüense ha conocido en diferentes momentos y tiempos», aunque no precisó cuáles serían esos hechos. Además, sostuvo que «Al retornar a su lugar de residencia, el obispo Mata ha reconocido que en todo momento ha sido tratado con respeto y la consideración que caracteriza a los organismos de investigación de nuestra Nicaragua».
Horas antes, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos había exigido la liberación del religioso y condenó «la continua y cruel persecución y represión religiosa por parte de la dictadura Murillo-Ortega». Washington también instó al Gobierno nicaragüense a poner fin a «los ataques contra la libertad religiosa».
El obispo Mata fue detenido el lunes pasado, según fuentes religiosas y organismos humanitarios, después de celebrar una misa el 25 de junio en la iglesia Cruz del Calvario, en Estelí. Durante la homilía pidió a los fieles rezar por la Iglesia católica perseguida y mencionó al obispo Rolando Álvarez, actualmente exiliado y desnacionalizado, así como al sacerdote Frutos Valle.
De acuerdo con esas versiones, el religioso fue trasladado inicialmente bajo el argumento de que era objeto de una investigación. Tras varias horas de interrogatorio permaneció bajo vigilancia policial en su residencia de Tisma, en el departamento de Masaya, pero posteriormente agentes regresaron al inmueble y lo condujeron nuevamente a un destino desconocido antes de que el Gobierno confirmara su retorno al hogar.
La detención ocurre en medio del deterioro de las relaciones entre el Vaticano y Managua, suspendidas oficialmente desde marzo de 2023. Ese mismo año, el fallecido papa Francisco calificó al Gobierno de Daniel Ortega como una «dictadura grosera», luego de la condena impuesta al obispo Rolando Álvarez por el supuesto delito de «traición a la patria», sentencia que derivó en su exilio y desnacionalización.
La confrontación entre el Ejecutivo nicaragüense y la Iglesia católica se ha intensificado en los últimos años. Ortega ordenó la disolución y expropiación de la Compañía de Jesús y ha calificado a la Iglesia de «mafia» y antidemocrática. Según el informe «Fe bajo fuego», elaborado por la organización Colectivo Nicaragua Nunca Más, al menos 261 religiosos, incluido el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, han sido expulsados del país como parte de la persecución contra la Iglesia católica.
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