El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este martes como política pública de aplicación nacional el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, una estrategia con la que el Gobierno busca orientar las acciones del Estado en materia de seguridad durante los próximos cuatro años.
La decisión fue oficializada mediante un decreto ejecutivo que pone en marcha el plan aprobado el pasado 9 de marzo por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) y deja sin efecto el Plan Nacional de Seguridad Integral 2019-2030, que había sido declarado política pública en 2021.
El decreto establece que la ejecución del nuevo plan estará a cargo de los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, además del Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, instituciones que deberán coordinar acciones de acuerdo con sus competencias.
Según el documento oficial, la nueva estrategia adopta un enfoque de seguridad multidimensional e integral, con una visión de largo plazo basada en los intereses nacionales y en la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado frente a las amenazas actuales.
El Gobierno ecuatoriano indicó que el plan también busca articular el trabajo de las distintas instituciones públicas en el contexto del «conflicto armado interno», declarado por Noboa en 2024 para combatir a las organizaciones criminales que operan en el país.
Asimismo, la estrategia contempla fortalecer la cooperación internacional para enfrentar al crimen organizado transnacional, considerado por las autoridades como una de las principales amenazas para la seguridad nacional debido a su relación con el narcotráfico y la minería ilegal.
El Ejecutivo señaló que el documento servirá como una hoja de ruta para las acciones de prevención, protección, respuesta y recuperación frente a los riesgos que afectan al país, mediante una actuación coordinada entre las diferentes entidades estatales.
Ecuador permanece bajo la declaratoria de conflicto armado interno desde 2024, medida con la que el Gobierno intensificó la ofensiva contra las bandas criminales, a las que calificó de organizaciones terroristas. Pese a ello, el país registró durante 2025 alrededor de 9,300 homicidios, la cifra más alta de su historia, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior.
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