La Asamblea Nacional de Nicaragua informó este martes que inició el análisis de las reformas necesarias para cumplir las orientaciones del dictador Daniel Ortega, quien anunció que el país dejará de celebrar elecciones generales.
En un pronunciamiento, el Parlamento, controlado por el oficialismo, explicó que comenzó a elaborar un plan de trabajo para implementar las directrices del mandatario, con el argumento de preservar la paz, la estabilidad y la continuidad de las políticas impulsadas por su Gobierno.
La decisión surge después de que Ortega afirmara, durante el acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, que no permitirá procesos electorales que puedan poner en riesgo la permanencia del oficialismo en el poder.
Como parte del proceso, la Asamblea indicó que sostendrá sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE) para definir las reformas constitucionales y legales que respalden las nuevas disposiciones sobre el sistema político y electoral del país.
«La soberanía de nuestro pueblo, y de nuestro país, es asunto propio de los nicaragüenses», sostuvo el Parlamento, al asegurar que trabaja para cumplir los lineamientos recibidos del Ejecutivo.
Las declaraciones de Ortega generaron una nueva ola de reacciones internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que el mandatario nicaragüense dejó al descubierto «su verdadera naturaleza autoritaria» y aseguró que él y la copresidenta Rosario Murillo «han abandonado incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular».
Por su parte, el Gobierno de Costa Rica reiteró su preocupación por el deterioro de la democracia en Nicaragua y denunció el cierre de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes. A esas críticas se sumó la oposición nicaragüense, que pidió a la comunidad internacional incrementar la presión política y diplomática para restablecer la ruta democrática en el país.
Daniel Ortega, de 80 años, gobierna Nicaragua desde 2007 y, desde febrero de 2025, comparte la jefatura del Ejecutivo con su esposa, Rosario Murillo, nombrada copresidenta tras una reforma constitucional que amplió las facultades del Gobierno y consolidó el control del oficialismo sobre las instituciones del Estado.
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