La acusación popular en el caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, redujo la pena de prisión que solicita para ella, al pasar de 24 a 13 años, de cara al juicio que se celebrará con un jurado popular por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de patrimonio público.
En el nuevo escrito presentado este lunes, la acusación modificó su petición inicial y ahora solicita dos años de prisión por el delito de tráfico de influencias, tres años por un delito continuado de malversación de patrimonio público y otros ocho años por un delito de malversación no continuado.
La causa judicial investiga la gestión de una cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. Según la acusación popular, Gómez asumió esa responsabilidad «sin que conste proceso de selección ni la titulación que habilitara su nombramiento».
Respecto a Cristina Álvarez, asesora de Gómez, la acusación también rebajó la solicitud de condena, que pasó de 22 a seis años de prisión. Además, sostiene que incurrió en un delito de malversación por el presunto «destino a usos privados» del trabajo desempeñado por la asesora, cuyo salario era financiado con recursos públicos.
El escrito fue presentado por las acusaciones populares, encabezadas por la asociación Hazte Oír, después de que el juez les notificara la resolución de la Audiencia de Madrid que avaló que Begoña Gómez sea juzgada con un jurado popular por los delitos de tráfico de influencias y malversación.
La acusación también solicitó la comparecencia de cerca de un centenar de testigos durante el juicio, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar relevante «la utilización de la Moncloa -sede de la Presidencia del Gobierno y residencia del jefe del Ejecutivo- como ámbito relacional del proyecto» impulsado por Gómez. Asimismo, pidió que declare el actual ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.
El pasado 16 de julio, el juez resolvió enviar a juicio a la esposa del jefe del Ejecutivo español por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de patrimonio público. En esa misma resolución archivó las investigaciones relacionadas con los supuestos delitos de apropiación indebida y corrupción en los negocios.
Además, la autoridad judicial dejó sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre Gómez, entre ellas la prohibición de salir de España, la entrega del pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días ante el juzgado. Como consecuencia de esa decisión, la esposa del presidente recuperará su pasaporte mientras continúa el proceso judicial.
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