El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador notificó el pasado 20 de mayo de 2026 la denuncia del Convenio de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), mediante una nota verbal dirigida a la institución, confirmaron fuentes diplomáticas.
La decisión se produjo después de los retiros previamente anunciados por Nicaragua y Honduras, dejando al tribunal regional sin el instrumento jurídico que sustentaba su funcionamiento.
Con la salida de los tres Estados parte, la Corte Centroamericana de Justicia quedó sin personalidad jurídica internacional y cesó formalmente sus funciones. Nicaragua notificó su retiro el 18 de marzo de 2025, Honduras formalizó la denuncia el 29 de abril de 2026 y El Salvador completó el proceso el 20 de mayo de 2026.
La CCJ tenía su sede en Managua, Nicaragua, y funcionaba como el órgano jurisdiccional del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Entre sus atribuciones figuraban resolver controversias entre Estados miembros, emitir opiniones consultivas y contribuir al desarrollo jurídico del proceso de integración centroamericana.
Pero la CCJ tuvo un historia de desacatos de los países de la región que veían sus resoluciones como no aplicables.
Uno de los episodios más relevantes en la relación entre El Salvador y la Corte ocurrió durante la crisis institucional de 2012. En ese momento, la CCJ intervino en medio del conflicto entre la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una actuación que generó un amplio debate sobre el alcance de las competencias del tribunal regional.
El entonces presidente de la Asamblea Legislativa, el efemelenista Sigfrido Reyes, pretendió utilizar a la CCJ para desconocer las resoluciones de la Sala de lo Constitucional.
Durante la última década, la CCJ enfrentó cuestionamientos sobre su efectividad, el alcance de sus resoluciones y las dificultades para mantener consensos entre los gobiernos centroamericanos. Esas críticas se sumaron a las diferencias políticas entre los países de la región y al reducido número de Estados que permanecían vinculados al convenio constitutivo.
Tras el retiro de Nicaragua, Honduras y El Salvador, el portal oficial de la Corte dejó de estar operativo y sus cuentas en redes sociales permanecen sin actualizaciones desde hace varios meses, reflejando el cese de actividades del organismo.
Especialistas en integración regional consideran que el cierre de la CCJ evidencia el debilitamiento de algunos mecanismos jurídicos del SICA y plantea nuevos desafíos para la resolución de controversias entre los Estados centroamericanos. También sostienen que la desaparición del tribunal obliga a replantear los instrumentos institucionales disponibles para fortalecer la cooperación regional.
El cese de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia representa uno de los cambios más relevantes en la arquitectura jurídica de Centroamérica en los últimos años. Su desaparición abre interrogantes sobre el futuro del proceso de integración regional y sobre los mecanismos que podrían sustituir al tribunal en la solución de conflictos entre los países miembros del SICA.
La Asamblea Legislativa ratificó en 2025 una reforma constitucional para separarse del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y en mayo de 2026 completó la supresión de la institución en sus leyes secundarias, argumentando que representaba un gasto innecesario.
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