Los tres actuales magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) que buscan la reelección en la institución impulsan que la entidad tenga un rol preventivo en su función de control sobre el Estado en el uso de los fondos públicos.
El presidente de la Corte de Cuentas, magistrado Walter Sosa Funes, aseguró que buscan “no hacer auditorías reactivas” sino apoyar a las instituciones que reciben fondos públicos a “ordenarse”.
“El resultado es tener a estas instituciones al día, porque lo que buscamos como Corte de Cuentas no es hacer auditorías reactivas, sino apoyarles a todas las instituciones, a todos aquellos que reciban fondos públicos, es importante que estas auditorías estén al día, porque les ayudamos a ordenarse, ayudamos a que las auditorías no se hagan cinco años atrás como era la costumbre, como sucedió cuando yo asumí la presidencia de la CCR”, afirmó en la primera jornada de entrevistas desarrollada por la Comisión Política, el lunes 10 de agosto.
Por su parte, el primer magistrado de la CCR, Julio Guillermo Bendek Panameño, también enfatizó en que la institución debe realizar una labor preventiva. “El control preventivo es la piedra angular para una buena gestión”, dijo.
Según el funcionario, actualmente la CCR tiene “un modelo de control posterior” por lo que tienen que esperar a que “termine la ejecución de un proyecto” y no tienen un control “concurrente”. Así mismo, destacó que el “control preventivo permite tener una forma congruente, uniforme, de evaluación de cada caso”.
“Actualmente tenemos la oportunidad de ponerlos a la altura de los cambios y las transformaciones de este país, el paradigma de la auditoría está cambiando. Esa parte detectivesca se está cambiando por una parte preventiva, la formación de los funcionarios se vuelve el pilar fundamental”, indicó Bendek.
Según el funcionario, la institución debe ser “dejar de ser un instrumento de sanciones arbitrarias o de cualquier tipo de escudo legal para aquellos que no hicieron bien las cosas”. Afirmó también que la mayoría de “situaciones que se dan” se dan “por desconocimiento”.
“El centro de la actividad del Estado no es la fiscalización, es la resolución de los problemas de la gente, la fiscalización es la herramienta que tienen los ciudadanos, primero, para ver cómo están sus recursos y el Estado para que esos recursos sean puestos de forma consecuente a los fines por el cual fueron asignados. Y es el control preventivo, es ese acompañamiento no al funcionario malo, es que la Corte de Cuentas no puede estar con los funcionarios malos, es con los funcionarios buenos, o aquellos que al final somos todos los salvadoreños”, afirmó el primer magistrado que también busca que lo reelijan.
Así mismo, José Rodrigo Flores Ramos, segundo magistrado de la Corte de Cuentas, argumentó que, con un enfoque preventivo, habrá “mejores obras, más recursos y menos incumplimiento normativo”.
“Las auditorías tienen que ser enfocadas en una prevención, siempre estamos acostumbrados a que el auditor llega cuando la gestión ya terminó, pero internacionalmente esto está cambiando y nacional, también debe cambiar. Tenemos que seguir la línea”, sostuvo.
A esto agregó la implementación de un sistema de seguimiento de recomendaciones para, según el funcionario, evitar que se genere un hallazgo.
“Los administradores de fondos y los titulares de las instituciones tienen acceso a la CCR. Me he encontrado que las personas no saben que esa función existe. Si las instituciones consultaran ante una duda, los errores no se cometieran. Si nos enfocamos en auditorías orientadas a riesgos y a prevención, la función de la CCR pasará a no estar enfocada en cantidades sino en el impacto de la fiscalización”, indicó Flores Ramos.
La Corte de Cuentas de la República es la institución encargada de vigilar el uso de los fondos públicos por parte de los funcionarios y empleados públicos. Es dirigida por tres magistrados que conforman la Cámara Segunda Instancia, que revisar las apelaciones o solicitudes de revisión interpuestas ante la institución por funcionarios involucrados en resoluciones judiciales de primera instancia a raíz de auditorias.
Actualmente, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa desarrolla un proceso de entrevistas a 18 candidatos a la CCR, entre los cuales están los tres magistrados, jueces de cuentas, el director Anticorrupción de la institución y un juez contra el crimen organizado, entre otros.
En el proceso de entrevistas, los funcionarios han sido cuestionados, por diputados y candidatos, debido a la mora en la Cámara de Segunda Instancia, que ha resuelto solo 48 casos de un total de 2,147 recursos recibidos. El titular de la CCR se defendió diciendo que son siete cámaras de primera instancia y una sola de segunda instancia.
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