Luego de entrevistar a 17 abogados, la Asamblea Legislativa elegirá en la sesión plenaria de este miércoles a tres magistrados de la Corte de Cuentas de la República (CCR), presidente, primer y segundo magistrados, que deben asumir sus cargos el viernes 28 de agosto de 2026 hasta el 27 de agosto de 2029.
El pleno recibirá un dictamen favorable de la Comisión Política, que ayer aprobó presentarlo ante el pleno, aunque este no fue leído.
Durante las cuatro jornadas de entrevistas, algunos candidatos criticaron la mora de expedientes en la Cámara de Segunda Instancia de la Corte de Cuentas, conformada por los tres magistrados actuales, los cuales buscan ser reelectos.
Esto dijeron los candidatos a magistrados de la CCR durante las cuatro jornadas de entrevistas:
Edgar Eliseo Alvarenga Funes, actual presidente del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), propuso una revisión profunda de la estructura de la CCR, evaluación de la contratación de plazas, la fiscalización en la institución y comprobación de «rumores sobre la institución», la modernización tecnológica, el trabajo de la mano del área de Auditoría Forense y la Fiscalía General de la República. Propuso la Inteligencia Artificial con participación humana en las decisiones, y no auditorías en Word y Excel. Dijo que la Corte de Cuentas es responsable del control posterior pero señaló que puede actuar de manera “previa” de oficio o a petición de parte, evaluando la calidad de la Dirección de Auditoría Forense y ponerlo a disposición de la Fiscalía. “Debe ser totalmente independiente”, indicó.
Walter Salvador Sosa Funes, actual presidente de la CCR desde el 7 de febrero de 2025, dijo que su meta es auditar al final de 2026 el año 2025 y no “cinco años atrás”, ya que cuando ingresó estaban auditando la gestión fiscal 2020. Sosa Funes aseguró que tienen al día todas las alcaldías y los 16 ministerios y las cuatro autónomas hasta la gestión fiscal 2024. Agregó que capacitaron a 6,176 servidores públicos de todas las instituciones en 2025 y han capacitado a jueces para identificar indicios en auditorías. Aseveró que la CCR no realizaba un plan de fiscalización de vehículos nacionales de vacaciones desde 2021 y que lo reanudaron en su gestión. Señaló que harán una acción fiscalizadora “más preventiva que reactiva”. Justificó la falta de publicación de las auditorías en la «información sensible» al confrontar las leyes de la información pública, protección de datos personales y de la Corte de Cuentas.
Karla Gabriela Siliézar Liévano, auditora gubernamental en la Corte de Cuentas, propuso la creación de un repositorio inteligente como herramienta en auditorías y juicios de cuentas, con asesoría de la Secretaría de Innovación de la Presidencia de la República y alianzas la Agencia de Ciberseguridad del Estado y la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) y universidades. Propuso unificación de criterios de auditoría y alianzas estratégicas con el Ministerio de Hacienda.
Julio Guillermo Bendek Panameño, primer magistrado de la CCR, aseguró que el control preventivo que realiza la Corte de Cuentas «es la piedra angular». Sostuvo que su plan de trabajo incluye la modernización y digitalización de todos los procesos, la Inteligencia Artificial para permitir la automatización de los procesos y estar apegados a normas internacionales que generan independencia. Señaló que la lucha contra la corrupción también debe ser interna y que en la ejecución presupuestaria es «donde está la verdadera prevención y el uso óptimo de los recursos». Propuso procesos orales en la Cámara de Segunda Instancia.
Sigfredo Alexis Ventura Bonilla, jefe de equipo de auditores gubernamentales de la CCR, advirtió que la auditoría y el juicio de cuentas es «un proceso muy delicado que no se puede dejar a la Inteligencia Artificial sino “que ayude a decidir qué criterio tomar» para «hacer un mejor hallazgo o una mejor sentencia». Sugirió «reforzar el sistema de auditoría automatizado», «resolver la mora histórica», «certificar a los auditores»; y empezar a resolver los procesos más antiguos.
José Rodrigo Flores Ramos, segundo magistrado de la Corte de Cuentas, hizo énfasis en el enfoque preventivo del trabajo de la Corte de Cuentas. Propuso enfocar las auditorías en prevención, crear un Centro de Analítica de Datos, implementar un sistema de seguimiento de recomendaciones antes de los hallazgos, “un sistema inteligente de gestión jurisdiccional” que alerte a los magistrados de segunda instancia y el uso de la Inteligencia Artificial para disminuir tiempos a los juzgadores y colaboradores.
Julio Alberto Jule Herrera, juez propietario del tribunal tercero contra el crimen organizado, dijo que iniciaría un programa de depuración de procesos y capacitar ese personal en motivación de resoluciones judiciales, indicó que la Unidad Anticorrupción de la Corte de Cuentas tiene acceso a las declaraciones patrimoniales y a 12 instituciones que forman parte del Sistema Integrado Nacional Anticorrupción: Ministerio de Hacienda, Registro Nacional de las Personas Naturales, Policía Nacional Civil, Dirección de Activos Digitales y Corte Suprema de Justicia, y que un funcionario o empleado público puede responder por acción y omisión.
Carlos Aníbal Cruz Flores, juez de cuentas de la Cámara Segunda de Primera Instancia de la CCR, afirmó que quiere formar parte de un «proceso de transformación”. El candidato señaló que él haría un diagnóstico y diseñaría un plan con posibles “giros de timón”.
José Arnoldo Gaitán Castro, quien fue juez de cuentas, afirmó que se enfocará en el enriquecimiento ilícito de servidores públicos a costa del Estado y presentó un plan que promete un modelo basado en resultados y en las demandas de los salvadoreños, criticó la gestión de dos de los tres magistrados actuales de la CCR, señaló que en la CCR había una “bodega de la corrupción”. También, denunció que en el año 2016 fue presionado para que «le ayudara a limpiar» auditorías y que aún existe corrupción en la CCR.
Arnoldo José Parada Pineda, actual director Anticorrupción de la CCR, aseguró que ha dado las herramientas necesarias a la población para tener transparencia y rendición de cuentas más cercana a la ciudadanía, tener una Corte de Cuentas más moderna y una estrategia formal de optimizar los recursos de la institución.
Gonzalo Octavio Ayala López, quien labora en la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte de Cuentas, propuso la digitalización, usar la Inteligencia Artificial para hacer auditorías y “formatos de los autos en los juicios de cuentas”, enfoque preventivo y de gestión de riesgo, reformas legales y administrativas. Sugirió reformar la Ley de la Corte de Cuentas para establecer un plazo para la resolución de procesos en la Cámara de Segunda Instancia; y “echar a andar” la Ley Anticorrupción, “transparencia y participación de la sociedad”. Propuso nombrar defensa técnica a funcionarios ausentes y herederos para que ciertos casos avancen.
Boris Romeo García Alvarado, asesor externo de la Corte de Cuentas, aseguró que su visión sería “tener una CCR justa e independiente» con auditorías técnicas y oportunidad de defensa y señaló que el fortalecimiento de la fiscalización con auditorías más expeditas y oportunas, así como el uso de tecnologías en el juicio de cuentas.
Luis Humberto Santos Guardado sugirió legislar plazos máximos para reducir la mora de la Cámara de Segunda Instancia de la CCR, propuso el uso de la Inteligencia Artificial para combatir la corrupción, un nuevo reglamento orgánico y crear la Unidad de Depuración de Mora con especialistas en tecnología. Santos Guardado aseguró que faltaría “coordinar acciones entre la Fiscalía y la Corte de Cuentas para detectar aquellas áreas falibles o que puedan tener una alerta de corrupción, pero debe realizarse de una forma técnica”. Señaló que, si fuera electo, coordinaría “reuniones con la Fiscalía para evaluar constamentemente la evolución de la aplicación de la Ley Anticorrupción”.
Raúl Pareja Méndez, actual secretario de actuaciones de la Cámara de Segunda Instancia de la CCR, propuso fortalecer la fiscalización con eje preventivo y gestión de riesgos, el uso de la Inteligencia Artificial con un ecosistema útil, digitalizar los procesos, tener expedientes electrónicos, limpiar los procesos, tenerlos bien depurados. Planteó que ha propuesto la oralidad en los juicios de cuentas. El candidato propuso “resolver el doble o el triple de lo que va ingresando” y crear una base de datos para incorporar los criterios jurisprudenciales para las cámaras de primera instancia y los auditores.
Carlos Orlando Lozano Hernández, defensor en la Procuraduría General de la República, indicó que será prioridad enfrentar la mora en la Cámara de Segunda Instancia, sugirió digitalizar documentación y guardar resoluciones emitidas y retomar precedentes.
José Luis Montalván Martínez, auditor gubernamental de la Corte de Cuentas, sugirió análisis de datos, Inteligencia Artificial bajo supervisión humana y auditorías basadas en riesgos para reconocer patrones, concentrar la fiscalización en los asuntos de mayor exposición, detectar posibles irregularidades y verificar las correcciones”, propuso tomar de ejemplos referentes de fiscalización que aplican Inteligencia Artificial generativa y un laboratorio de cuentas. Destacó la creación de la Agencia de Inteligencia Artificial (ANIA).
Salvador Alexander Segovia Robles, auditor de la Corte de Cuentas, propuso ordenar una evaluación independiente de la gestión de la Corte de Cuentas con un organismo internacional o una institución homóloga, crearía protocolos operativos de intercambio entre la Dirección Anticorrupción, el Sistema Anticorrupción y la Fiscalía General de la República, para integrar alertas tempranas y estudiar patrones de riesgos; en el área jurisdiccional, ordenaría un diagnóstico inmediato de los expedientes en mora y lanzaría un plan extraordinario de reducción de mora. Propuso aplicar nuevas tecnologías, digitalización de los procesos y actualizaría el software de auditorías, por ejemplo, con el tribunal de Brasil, con módulos de análisis de datos y de Inteligencia Artificial.
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