La Procuraduría General de la República (PGR) reportó un total de 31,527 personas usuarias beneficiadas de la Unidad de Defensa Pública Penal para garantizar el “derecho a la defensa y el acceso a la justicia” según la memoria de labores de la institución correspondiente al periodo 2025-2026.
De acuerdo con el informe, la Procuraduría Especializada de Defensa Pública Penal da «asistencia legal a personas de escasos recursos económicos», representándolas judicialmente en la defensa de su libertad individual, y la “garantía del derecho a la defensa bajo estándares técnicos y representación legal oportuna”.
“La atención se desarrolla bajo criterios técnicos que aseguran la defensa efectiva y el acceso oportuno a la justicia penal”, indica el informe, que detalla que fueron 204,296 servicios brindados a estas personas, sin realizar un mayor desglose de los datos.
Estas personas que habrían tenido asignado un defensor público se sumarían a un grupo de jóvenes adolescentes que también están dentro del reporte de asistencia legal de la Procuraduría Especializada de Niñez y Adolescencia. Esta unidad indica que otorga «defensa técnica a adolescentes vinculados a responsabilidad penal».
Sin embargo, en la rendición de cuentas, informó una cifra global de 11,864 personas usuarias beneficiadas de la unidad que recibieron 43,307 servicios, pero incluye también otro tipo de asistencias jurídicas, como autorizaciones de salida, establecimientos subsidiarios de nacimiento de adolescentes y cuidado personal en sede judicial de niñas, niños y adolescentes. En este caso, la PGR tampoco hace un desglose para detallar la defensa técnica a los adolescentes procesados.
La Unidad de Defensa Pública Penal de la PGR representó a 27,178 personas adultas en 2025 y a 33,979 en 2024, según el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
Cada defensor representó un promedio de aproximadamente 76 personas según este observatorio, que calculó que la PGR tenía 165 defensores luego de recortes de personal.
Un estudio citado en marzo de 2025 por la procuradora general adjunta indicó que los defensores públicos penales destinan el 60 % de su tiempo a audiencias, el 20 % de su tiempo en atender a familiares de las personas imputadas y el otro 20 % en la preparación técnica de sus casos.
De acuerdo con Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario, una organización que acompaña a familiares de detenidos que considera inocentes, el acompañamiento de los defensores públicos a los familiares es limitado.
“Nosotros tenemos representantes, abogados, en los casos, no todos, los poquísimos casos. Tenemos casos muy importantes. Lo que la gente nos manifiesta es que no los reciben, en los juicios no les dan mayor información, les dicen que esperen y así”, indicó.
En abril de 2025, el procurador general, René Gustavo Escobar, cuando aspiró a la reelección, aseguró que dan “la garantía de los derechos de la defensa técnica a todas las personas privadas de la libertad, incluyendo quienes han estado en contexto de régimen de excepción». En esa ocasión, detalló que gestionaron medidas sustitutivas de la prisión para más de 6,000 personas pero aclaró que ello no implicaba que fueran inocentes.
El régimen de excepción contabiliza según cifras oficiales 92,959 personas capturadas hasta agosto pasado, de los cuales 2,359 han si arrestados en lo que va del año 2026.
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