El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a ocho años de prisión al exalcalde de Apopa José Elías Hernández Hernández por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública. La sentencia también le impuso el pago de $36,626.18 en concepto de responsabilidad civil.
Durante el juicio se estableció que entre 2012 y 2016, período en el que Hernández estuvo al frente de la Alcaldía Municipal de Apopa, se realizaron procesos irregulares de adquisición de bienes y servicios mediante la modalidad de libre gestión.
Las compras municipales incluyeron uniformes deportivos, refrigerios, juguetes, piñatas, herramientas, materiales de construcción y repuestos, entre otros productos. Según lo demostrado en el proceso, las adquisiciones incumplieron disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), vigente cuando ocurrieron los hechos.
El tribunal acreditó que el exalcalde dio instrucciones a empleados municipales para orientar las adquisiciones en beneficio de su esposa, María Evelinda Serrano de Hernández, pese a las restricciones legales existentes para contratar con familiares del alcalde y de integrantes del concejo municipal.
Para evadir esa prohibición se utilizaron prestanombres que aparecían formalmente como proveedores de la comuna. Los cheques eran emitidos a nombre de estas personas, quienes posteriormente los cobraban en instituciones bancarias y entregaban el dinero a la esposa del entonces alcalde.
Serrano de Hernández ya fue condenada por los mismos hechos. El esquema permitió que las adquisiciones municipales fueran canalizadas hacia ella pese a la prohibición contemplada en la legislación de contrataciones públicas aplicable durante el período investigado.
Miguel Arsenio Alfaro Tobar y Juan Carlos Flores Chávez confesaron haber participado como prestanombres y se sometieron a un procedimiento abreviado autorizado por el tribunal. Ambos recibieron condenas de tres años de prisión, aunque las penas fueron reemplazadas.
Alfaro Tobar fue condenado por peculado, mientras Flores Chávez recibió sentencia por negociaciones ilícitas. Con la resolución contra Hernández, el tribunal estableció además la responsabilidad económica del exfuncionario por $36,626.18 debido a las irregularidades cometidas durante su administración municipal.
Hernández, quien fue elegido por el partido Arena, ya había sido condenado en 2018 por una serie de delitos derivados de su relación con la pandilla Barrio 18. Entonces fue condenado a 12 años de cárcel.
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