Los datos recopilados por el Censo de Población y Vivienda de El Salvador de 2024 y procesados en el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) indican que un 3.8% de las adolescentes salvadoreñas de entre 15 y 17 años vive actualmente en una unión libre o de hecho, esto pese a que desde el año 2018, El Salvador prohibió los matrimonios formales con menores de edad.
Los estudios indicaron que El Salvador registra un 0.0% de matrimonios formales en menores de 18 años tras las reformas legales que prohibieron esta práctica. Esto indica que en la práctica, las uniones informales han reemplazado al matrimonio formal ante las restricciones de la ley.
El fenómeno presenta además un patrón territorial. Al analizar la población general, no perteneciente a grupos indígenas o afrodescendientes, el Censo de 2024 revela que las uniones de hecho se concentran con mayor intensidad en los departamentos de La Unión, Usulután y Sonsonate.
Mientras que en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y el departamento de Chalatenango registran las prevalencias más bajas de convivencia informal en menores de edad.
La brecha entre la norma legal y la realidad de las adolescentes no es un escenario nuevo en el país. En diciembre de 2018, un estudio de Plan Internacional titulado Matrimonio y Uniones Forzadas de Niñas en El Salvador ya advertía que las uniones libres en menores de edad representaban un problema social agudo y escasamente registrado.
Dicha investigación, publicada un año después de la reforma de agosto de 2017 que prohibió por completo el matrimonio de menores en el Código de Familia, apuntaba vacíos jurídicos clave.
En declaraciones a Diario El Mundo, Yesenia Segovia, entonces asesora de género de Plan Internacional, explicó que el artículo 118 del Código de Familia aún dejaba abierta la posibilidad para el reconocimiento legal de las uniones no matrimoniales con menores de 18 años.
Asimismo, Segovia enfatizó en esa época la necesidad de reformar y armonizar el Código Penal —en particular los artículos sobre violación, agresión sexual en menor o incapaz y estupro— para adaptarlo a las protecciones del Código de Familia. Desde aquel estudio, se identificó que la violencia intrafamiliar, el abuso sexual en los hogares, la falta de oportunidades para continuar estudiando y las condiciones de pobreza extrema actúan como los detonantes que conducen a las adolescentes hacia uniones libres, frecuentemente con hombres adultos.
Maternidad y separación temprana: el ciclo de exclusión social
La inserción en una unión de hecho altera de forma directa la trayectoria de vida de las menores, con un impacto inmediato en el inicio de su vida reproductiva. Las estadísticas recopiladas por la CEPAL y el UNFPA confirman una correlación estrecha entre el estado conyugal y la maternidad adolescente en el país.
La maternidad tiene una incidencia baja entre las adolescentes menores de 18 años que permanecen solteras, afectando únicamente al 1.3% de ellas. Sin embargo, la proporción se eleva drásticamente al 35.5% entre las adolescentes que viven en unión libre.
El escenario más crítico se concentra en las menores que ya se encuentran separadas. En El Salvador, el 77.4% de las adolescentes menores de 18 años que están separadas ya son madres.
De acuerdo con el análisis de los organismos de Naciones Unidas, este tránsito acelerado por la unión, el embarazo y la posterior separación temprana perpetúa la transmisión intergeneracional de la pobreza. Esta secuencia expone a las jóvenes salvadoreñas a altos índices de deserción escolar, sobrecarga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, dependencia económica y un marcado debilitamiento de sus redes de apoyo familiar y comunitario
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