Uno de los acuerdos de las autoridades de El Salvador y el personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), revelados por este último, fue una reforma de pensiones en el año 2027 que incluya cambios paramétricos, es decir, modificaciones en variables como la edad de jubilación y la tasa de cotización de los trabajadores al Fondo de Pensiones.
«Continuará el fortalecimiento del sistema de pensiones mediante el reconocimiento de las obligaciones asociadas al vencimiento del período de gracia para el pago de intereses adeudados a los fondos privados de pensiones, así como mediante la aprobación de una reforma paramétrica de pensiones en línea con las recomendaciones del FMI el próximo año», informó el FMI, como uno de los acuerdos asumidos por el Gobierno de El Salvador.
La diputada Marcela Villatoro, jefa de fracción de Alianza Republicana Nacionalista (Arena), rechazó los cambios paramétricos ya que considera que es el Estado el que debe resolver el problema de la deuda.
«Nosotros como fracción estamos totalmente en contra en reformas que vayan en contra o en detrimento del trabajador (aumentar edad y cotizaciones), es el Estado quien debe resolver el problema de la deuda de pensiones ya que ellos la reconvirtieron en 2022», respondió la legisladora.
Villatoro reclamó que se haya aprobado un periodo de gracia de cuatro años para que el Estado pagara intereses que generaría durante ese lapso la deuda que tiene el Estado con el ahorro de los cotizantes de las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP).
«El Gobierno tomó más de 8 mil millones y los reconvirtieron a una tasa del 7 % y esa tasa la dejaron de pagar por 4 años y hoy quieren que el pueblo pague lo que ellos no han pagado. La culpa es de ellos no tiene por qué los trabajadores ahora cargar con eso». Marcela Villatoro, jefa de fracción de Arena.
El diputado Francisco Lira, también de Arena, cree que si hay una reforma paramétrica que contemple el aumento de la edad de jubilación y el incremento de las cotizaciones deben conocer antes «los estudios técnicos que la sustentan y, sobre todo, el impacto real que tendrá en los trabajadores».
«No podemos dar un cheque en blanco a una reforma que todavía no conocemos», indicó.
Lira recordó que, en abril de 2026, presentó una propuesta para crear una Comisión Especial que realice un análisis integral del sistema de pensiones con información financiera y actuarial oficial y la participación de expertos, trabajadores y empleadores, pero lamenta que Nuevas Ideas no les haya dado sus votos para crearla.
El legislador de derecha está de acuerdo en buscar la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero señaló que no pueden no aceptan «que la solución sea trasladar el costo del ajuste fiscal a los trabajadores salvadoreños».
Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, de Vamos, ha propuesto cambios al sistema de pensiones cargando restricciones al Estado, sin contemplar un aumento de años de trabajo o tasas de cotización a los trabajadores.
La propuesta de Ortiz, por ejemplo, limitaría al 25 % de la deuda estatal con el Fondo de Pensiones, permitiría a los trabajadores retirar el 25 % de sus ahorros para pensiones y obligaría a Hacienda a restituir la deuda del Estado con el ahorro de las pensiones en un plazo de 18 meses.
Diario El Mundo consultó la posición de Vamos con las diputadas Claudia Ortiz y Cesia Rivas, así como a su encargada de comunicaciones, pero ninguna respondió. En declaraciones a YSKL, Ortiz sostuvo que los fondos de pensiones son insuficientes no porque los trabajadores aporten insuficientes cotizaciones sino porque el gobierno ha metido mano del ahorro de pensiones.
En enero de 2026, Vamos propuso una “Ley de protección, transparencia y rendimiento justo del ahorro previsional” para prohibirle al Estado endeudarse con el Fondo de Pensiones de manera indefinida y establecer que un plazo de un año a dicha deuda. En ese momento la legisladora cuestionó por qué, si el Estado puede acceder al Fondo de Pensiones, “¿por qué no puede acceder el trabajador también?».
Con la reforma de pensiones de diciembre de 2022, el nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) tenía 120 días –cuatro meses– para sustituir los Certificados de Inversión Previsionales (CIP), los Certificados de Traspaso (CT) y los Certificados de Traspaso Complementario (CTC), en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) bajo nuevas condiciones que no fueron especificadas en la reforma ni fueron divulgados por las AFP ni por el Gobierno.
El informe de la calificadora S&P Global Ratings del 9 de mayo de 2023 informó que las nuevas condiciones aceptadas por las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) fue un periodo de gracia de cuatro años para pagar la deuda estatal de pensiones, capital e intereses; y que después de este periodo amortizaría un 7 % de interés anual a un plazo de 50 años al Fondo de Pensiones. Ese periodo de gracia se vence en abril de 2027.
Precisamente, uno de los compromisos del Gobierno con el FMI es saldar esa deuda, que asciende a $2,400 millones.
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