Amnistía Internacional denunció que las políticas de represión continúan en Venezuela pese a la captura del presidente Nicolás Maduro durante una operación militar de Estados Unidos en enero de este año, y advirtió que algunos señalados como responsables de violaciones de Derechos Humanos incluso fueron ascendidos dentro de las estructuras de poder.
La representante de Amnistía Internacional para Venezuela, Clara del Campo, señaló en una entrevista con Europa Press que se han producido algunos “alivios”, entre ellos una mayor flexibilidad para los medios de comunicación y liberaciones mediante la ley de amnistía.
Sin embargo, sostuvo que persisten las detenciones por razones políticas, las torturas y “la criminalización de miles de personas”.
“El velo de impunidad no se ha tocado ni un poco”, advirtió.
Del Campo afirmó que cientos de venezolanos continúan bajo arrestos arbitrarios por motivos políticos y cuestionó la falta de información oficial sobre estas personas. “No hay un registro de personas en custodia del Estado, en qué condiciones están, en qué centros de reclusión, bajo qué procesos penales (…) Hay un nivel de opacidad total”, dijo. La representante agregó que resulta difícil verificar la cantidad de afectados y destacó “la labor titánica” de organizaciones de la sociedad civil que intentan mantener registros.
Cuestionan aplicación de ley de amnistía
La Asamblea Nacional de Venezuela promulgó en febrero una ley de amnistía que, según datos oficiales, benefició a más de 8,000 personas, entre encarceladas y personas que estaban en libertad bajo medidas cautelares. Organizaciones de Derechos Humanos y sectores de la oposición sostienen que la mayoría corresponde al segundo grupo y que cientos todavía permanecen en prisión.
Del Campo afirmó que Amnistía celebrará cualquier liberación o cierre de procesos, aunque aseguró que observan “un uso bastante arbitrario y discrecional de esa ley (…), que ha sido la marca del Gobierno durante tantos años”.
La representante también denunció “opacidad” y “falta de transparencia” en estos procedimientos y aseguró que existen personas liberadas cuyos expedientes continúan abiertos.
“La gente sigue sometida a medidas cautelares que igualmente restringen su derecho de libertad, incluso a la integridad, y enfrentan una amenaza y un temor constantes de que en cualquier momento les vuelven a detener”, explicó Del Campo, quien mencionó el caso del exalcalde Javier Oropeza, que regresó al país después de dos años de exilio creyendo que su causa había sido sobreseída.
Delcy Rodríguez ante Naciones Unidas
Del Campo también se refirió a la intervención prevista este miércoles de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ante el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas, durante la apertura de su 81 edición en Nueva York.
“Esperamos que por lo menos la comunidad internacional lo escuche con oídos críticos y haga una verificación y constatación detallada y minuciosa de las declaraciones que haga, porque lo más probable es que estén plagadas o de imprecisiones o abiertamente mentiras”, expuso.
La representante consideró que algunos de los cambios adoptados por las autoridades venezolanas responden principalmente a la presión internacional y a la divulgación de información sobre la situación del país.
“Creemos que la presión internacional influye mucho, la cantidad de información que se ha ido haciendo pública de forma exhaustiva, rigurosa y contrastable, sobre todo a través de la ONU, pero a través de la sociedad civil, permite dejar testigo al mundo de lo que pasa y da herramientas a actores, terceros estados, mecanismos multilaterales, Naciones Unidas, para exigir cambios muy concretos”, dijo.
Sobre una eventual celebración de elecciones libres, Del Campo sostuvo que serían necesarios cambios más profundos en las estructuras del Estado y mencionó aspectos como la libertad de expresión y prensa, la participación en asuntos públicos, la libertad de asociación y reunión pacífica, la separación de poderes y la independencia del sistema judicial.
“Quienes sostienen el poder del Gobierno venezolano y del Estado venezolano son las autoridades venezolanas y no deberíamos restarles ese poder y bajar el nivel de exigencia de lo que ellos pueden y deben hacer”, remarcó. Finalmente, destacó que parte de la sociedad venezolana continúa reclamando cambios: “No hemos visto a gente bajar las manos (…) la gente venezolana sigue exigiendo sus derechos contra viento y marea y con un nivel de resiliencia que nos genera mucha admiración”.
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