El Estado entregará un nuevo certificado a las Administradoras de Fondos para Pensiones (AFP) en abril de 2027 para pagar la mayoría de los intereses dejados de pagar durante un periodo de gracia, a lo largo de 46 años en cuotas semestrales a partir de octubre de 2027 a una tasa de 7 % anual y, esta vez, sin periodo de gracia.
Las AFP adquirirán este certificado en donde quedarán invertidos la mayor parte de los intereses devengados por los ahorros de los cotizantes invertidos en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) tipo C negociados luego de la reforma de 2022, y que gozaron un periodo de gracia de cuatro años luego de la reforma de 2022.
El gobierno salvadoreño, que solo ha previsto $250 millones de gasto previsional para 2027, se comprometió a pagar los intereses acumulados pero no pagados a los fondos privados de pensiones devengados de abril de 2023 a abril de 2027, de acuerdo con el informe del personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las revisiones segunda y tercera del acuerdo con El Salvador del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), publicado el 1 de octubre.
Según el FMI, a finales de octubre de 2027, con la emisión de más Certificados de Obligación de Pensiones (COP) se transferirá «progresivamente» la responsabilidad del pago de la deuda de pensiones del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) al Tesoro.
El FMI explicó, en su informe, que la reforma de pensiones aprobada en diciembre de 2022 suspendió por cuatro años –hasta abril de 2027– el pago de intereses de la deuda estatal de pensiones originada de 1998 con la privatización de las pensiones para financiar subsidios a las pensiones.
El periodo de gracia fue una de las nuevas condiciones que se establecieron luego de la reforma de 2022 que reestructuró la deuda de pensiones que había hasta esa fecha, por $8,400 millones, en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT). Según el FMI, la mayor parte de la deuda «se convirtió en CFT-C», que se amortizan mediante pagos semestrales iguales de capital e intereses durante 50 años con una tasa de interés del 7% y tienen un período de gracia de cuatro años para el pago de intereses y la amortización (de capital), que finaliza en abril de 2027.
El gobierno salvadoreño se ha comprometido con el FMI a impulsar una reforma de pensiones con el fin de disminuir la dependencia estatal de estos recursos para sus obligaciones previsionales y también para aumentar la liquidez de dichos fondos, y así disminuir las vulnerabilidades del sistema de pensiones y fortalecer la sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Ello se debe a que las AFP están obligadas por la Ley integral del sistema de pensiones de 2022 a adquirir los Certificados de Obligación de Pensiones (COP) emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) para financiar las pensiones del sistema público, que constituyen el 1.6 % del Producto Interno Bruto (PIB) según el FMI.
Aunado a ello, el FMI suma a las vulnerabilidades del sistema es que el gobierno financia sus obligaciones previsionales con nuevos COP y cubre subsidios no financiados con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) del sistema privado. La CGS es financiada con cotizaciones de los trabajadores que guardan sus ahorros para sus pensiones en las AFP.
«Las contribuciones de los trabajadores a las AFP y los rendimientos de los activos de las AFP —que se están volviendo cada vez más ilíquidos— apenas son suficientes para financiar las pensiones tanto en el sistema privado como en el sistema público heredado. Para salvaguardar la liquidez, el gobierno debería reducir la emisión de COP (estableciendo límites máximos a las emisiones) y realizar progresivamente pagos en efectivo de la deuda de pensiones, con el objetivo de que, hacia 2040, las COP solo se emitan para financiar las pensiones restantes del sistema público heredado», recomienda el FMI en su informe del 1 de octubre.
El Fondo sugiere una reforma paramétrica, «que reduzca gradualmente los subsidios a las pensiones no financiados y fortalezca el vínculo entre las cotizaciones y las prestaciones» para «contener» la deuda de pensiones, «mejorar la liquidez del sistema» y «reducir los pasivos fiscales contingentes a medio y largo plazo».
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