La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) apoyó la capacitación de los 800 oficiales de la Dirección General de Aduanas de El Salvador para aplicar un Código de Ética e Integridad como parte de las acciones regionales contra la corrupción y los delitos financieros.
La iniciativa forma parte de la Plataforma Regional para Acelerar la Implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en Centroamérica, establecida en 2023 e integrada por autoridades de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.
La plataforma busca que los países identifiquen vacíos, desafíos y prioridades comunes para convertir el diálogo regional en acciones concretas a escala nacional. También permite intercambiar experiencias, lecciones y buenas prácticas que puedan ser adaptadas y replicadas entre los países participantes.
En El Salvador, la UNODC apoyó específicamente el desarrollo y la implementación del Código de Ética e Integridad para la Dirección General de Aduanas. La organización considera a las autoridades aduaneras y fronterizas sectores particularmente vulnerables a la corrupción debido a su función para prevenir el comercio ilícito transfronterizo.
“Un elemento clave es la cooperación interinstitucional, la capacidad de las instituciones para compartir y conectar información entre agencias”, señaló Rocío Cañas, analista de Asuntos Internacionales y Cooperación para el Desarrollo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Además de las acciones realizadas en El Salvador, desde 2023 la UNODC apoyó la revisión de cuatro proyectos legislativos en República Dominicana, Honduras y Guatemala relacionados con la tipificación de delitos de corrupción, transparencia de beneficiarios finales, protección de denunciantes y regulación de conflictos de interés. También colaboró con Costa Rica para fortalecer su marco legislativo contra represalias laborales hacia personas que denuncien actos de corrupción.
La cooperación permitió además establecer canales directos de comunicación y una red de puntos de contacto entre autoridades investigativas, fiscales y aduaneras. El objetivo es facilitar la detección y respuesta ante actividades vinculadas con el lavado de dinero basado en el comercio y otros delitos financieros que trascienden las fronteras nacionales.
La plataforma adoptó en julio de 2026 una nueva hoja de ruta para el período 2026-2028, que contempla fortalecer la investigación y persecución de la corrupción y los delitos financieros mediante datos, inteligencia artificial y otras herramientas para detectar esquemas que involucren activos virtuales. Las autoridades centroamericanas también se comprometieron a priorizar la recuperación de activos en las investigaciones y procesos por corrupción y lavado de dinero.
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