El juez de la Audiencia Nacional de España, Antonio Piña, admitió a trámite una querella presentada por dos exempleadas contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, relacionados con hechos que habrían ocurrido en 2021 en propiedades del artista en República Dominicana y Bahamas.
La decisión judicial permite iniciar la investigación contra el intérprete español, después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional considerara inicialmente que los tribunales españoles no tenían competencia para conocer los hechos denunciados. Ante esta postura, las dos mujeres decidieron presentar directamente una querella ante el juzgado.
El magistrado consideró que la denuncia contiene suficientes elementos para abrir el procedimiento judicial, aunque aclaró que esto no implica que las acusaciones hayan sido comprobadas. Según el auto, el relato detallado de las denunciantes y los indicios presentados «son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad».
Entre las pruebas aportadas figuran fotografías que muestran un hematoma en un brazo y dos marcas en los muslos que, según el documento judicial, «pueden corresponderse con la mordedura de una persona». La querella también incorpora conversaciones que serán parte de la investigación.
Las denunciantes, una exempleada doméstica y una fisioterapeuta, aseguran que fueron sometidas a «situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas», además de presuntas lesiones y vejaciones durante 2021, cuando Julio Iglesias tenía 77 años. Una de las mujeres también afirmó que estaban obligadas a someterse a revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH.
Juez advierte omisiones en la querella contra Julio Iglesias
Aunque el magistrado aceptó investigar los presuntos delitos sexuales, lesiones y trato degradante, rechazó tramitar las acusaciones relacionadas con trata de personas y delitos contra los derechos de los trabajadores.
Piña también señaló posibles inconsistencias en la denuncia, al considerar que podría presentar «un relato mutilado» porque concentra las acusaciones en Julio Iglesias y omite la presunta participación de dos administradoras de sus residencias, a quienes también se atribuyen «actos sexuales» contra las denunciantes. El juez sostuvo que estas «importantes lagunas» y «omisiones» «difícilmente pueden considerarse casuales» y podrían responder «al propósito deliberado de favorecer» la intervención de la justicia española.
El magistrado advirtió que esta situación plantea dificultades procesales porque las administradoras no figuran como querelladas y la Audiencia Nacional carece de competencia para investigar delitos atribuidos a personas extranjeras, cometidos fuera de España contra víctimas extranjeras. Por ello, únicamente podrían declarar como testigos, una circunstancia que «podría interferir con el derecho de defensa del que podrían disponer en un posterior proceso dirigido frente a ellas». Pese a estas dificultades, el juez concluyó que los «problemas procesales que se mencionan» no impiden que la querella sea admitida a trámite, por lo que la investigación contra Julio Iglesias continuará.

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