El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles la sentencia de diez años de prisión dictada contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, quien gobernó entre 2019 y 2020. Además, ordenó su liberación inmediata tras identificar irregularidades en el proceso judicial conocido como Golpe de Estado II.
“Se ha dispuesto la nulidad que ella tenía, la sentencia ejecutoriada de diez años, y en consecuencia se dispone la libertad en el día, a través del juez de ejecución penal que está en La Paz”, informó el presidente del TSJ, Romer Saucedo, en declaraciones a medios bolivianos.
Según Saucedo, durante la revisión del caso se encontraron “vulneraciones al ordenamiento legal vigente” que afectaron el debido proceso y los derechos fundamentales de Áñez. “Se ha corregido todo eso y por eso se ha determinado la nulidad de la sentencia”, sostuvo.
Áñez permanecía detenida desde marzo de 2021, por lo que había cumplido ya cuatro años y ocho meses en prisión. Su defensa presentó un recurso de revisión extraordinaria, argumentando que el juicio debía haberse llevado a cabo mediante la vía del juicio de responsabilidades, reservada por ley a los altos funcionarios del Estado.
El fallo anulado había sido emitido en diciembre de 2023 y la condenaba por haber asumido la Presidencia de forma irregular, tras la renuncia del entonces mandatario Evo Morales, en noviembre de 2019. En ese momento, Áñez era segunda vicepresidenta del Senado y, tras una serie de dimisiones en la línea de sucesión, asumió el poder en medio de una crisis política e institucional.
El expresidente Morales denunció en su momento que fue víctima de un “golpe de Estado”, luego de que se desataran protestas y disturbios en todo el país tras las denuncias de fraude electoral en los comicios de 2019.
Además de este proceso, Áñez enfrentaba otros cargos por las muertes de civiles durante intervenciones militares en su mandato interino, específicamente en los casos Senkata y Sacaba. Sin embargo, en agosto pasado, tribunales departamentales también anularon esos juicios ordinarios, trasladándolos al Legislativo para ser abordados como juicios de responsabilidades.
La Constitución boliviana establece que un juicio de responsabilidades contra expresidentes, vicepresidentes y magistrados debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa y luego enviado al Tribunal Supremo de Justicia, única instancia facultada para emitir sentencia en esos casos.
Este fallo del TSJ representa un giro importante en uno de los casos más emblemáticos y polarizantes de la política boliviana en los últimos años, que ha enfrentado a simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) y sectores opositores.