La organización Acción Ciudadana percibe que hay temor dentro de partidos políticos de oposición para que sus miembros se postulen como candidatos o para la publicación de donantes en el marco de las elecciones generales que se celebrarán en El Salvador el 28 de febrero de 2027.
“Los partidos políticos señalan el temor persistente en una parte de la población a ser perseguida políticamente, sobre todo en el contexto del régimen de excepción, lo que les impide incluso candidatearse, por temor a represalias”, reza uno de los hallazgos del informe de “Monitoreo del Estado de la integridad electoral en El Salvador” del periodo abril junio de 2026 divulgado este viernes.
Según la organización la falta de transparencia por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la posible incidencia de actores externos en el proceso, ambas preocupaciones de los partidos, «podrían tener impacto en el desarrollo del evento electoral».
El informe retoma la denuncia de un dirigente partidario de que «empresarios no pueden candidatearse por temor a ser perseguidos políticamente a través de auditorías o señalamientos de Hacienda» y habla de un «ambiente de temor de la instrumentalización jurídica de la política».
«Estos temores se suman a la idea ya mencionada por Acción Ciudadana que algunos partidos no estarían publicando el listado de donantes, como lo manda la ley, debido a temor por posibles represalias», agrega el reporte.
El informe señala diversas debilidades de la integridad del proceso electoral 2027 por diversas modificaciones. Señaló que se distorsionó el sistema electoral y la proporcionalidad de circunscripciones al quitar escaños a las circunscripciones de San Salvador y La Libertad, falta de idoneidad y experiencia del personal nuevo del Tribunal Supremo Electoral, aumento del control del oficialismo en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una Junta de Vigilancia Electoral débil y la falta de transparencia del órgano electoral.
Además, señala una competencia electoral desequilibrada ante un papel inoperante del TSE, la desigualdad entre partidos por la eliminación de la deuda política y el atraso en la contratación de la empresa que administrará el voto electrónico que ejercerán los salvadoreños en el extranjero.

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