Alianza TPS pide al gobierno buscar una solución ante posible terminación de programa migratorio

El coordinador nacional principal de la Alianza Nacional por el TPS, José Palma, hizo un llamado al gobierno salvadoreño y a las organizaciones no gubernamentales a «unirse» para buscar una solución ante la posible terminación del programa de Estatus de Protección Migratoria (TPS) que vence el próximo 9 de septiembre de 2026 y cuya renovación no ha sido anunciada por la administración Trump.

«El llamado es al presidente (Nayib) Bukele, a la administración, a la embajadora (Milena Mayorga), a la canciller (Alexandra Hill) y a todas esas organizaciones que dicen trabajar por la comunidad tepesiana, el llamado es buscar una solución, ya sea una renovación del TPS o buscar una solución para que los salvadoreños bajo TPS puedan seguir viviendo en los Estados Unidos», expresó, en una entrevista con Diario El Mundo.

El secretario de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos informó que el anuncio sobre la continuidad o no del TPS para El Salvador se realizará en un aviso en el Registro Federal pero en una carta detalló al menos cinco alternativas para que los salvadoreños bajo TPS puedan buscar su permanencia legal en los Estados Unidos.

Para el coordinador de la Alianza TPS, estas alternativas no son posibles. «Eso simplemente no funciona, no es cierto, aplicar para una residencia… El salvadoreño que no tiene residencia es porque no califica», explicó.

La abogada especialista en migración, Cynthia Grande, advierte que el riesgo de una terminación del programa migratorio, que ampara a unos 200,000 salvadoreños, sería grande especialmente porque muchos de ellos «ya tienen orden de deportación de hace años».

Si se concretan esas deportaciones, advierte un escenario de separación familiar y de consecuencias económicas graves para las familias de los tepesianos tanto de Estados Unidos como de El Salvador. «No van a tener permiso de trabajo, van a despedir a esas personas, porque no estará vigente el permiso del trabajo», indicó.

La abogada no cree en la posibilidad de que surja un programa migratorio que venga a sustituir el TPS «porque han cancelado todos los otros programas de TPS» incluso en países donde las pandillas han tomado el control. «Un país así que se ve que hay un daño, han cancelado ese programa», indicó.

Es el momento de unirnos, no descarto la posibilidad de que se nos pueda proveer tiempo, no sé si va a ser la extensión completa o algo, pero aquí, si no trabajamos unidos y si no empujamos fuerte, el peligro está ahí. A nadie le conviene que la comunidad TPS se quede sin protección. José Palma, coordinador de Alianza por el TPS.

El coordinador de la Alianza por el TPS ve pocas posibilidades de una prórroga al programa TPS pero no han perdido las esperanzas.

Ve pocas posibilidades porque asegura que, desde el inicio de su segundo término, en enero de 2025, la administración «ha sido bien claro y agresivo en que él quiere terminar el programa TPS» y, además, «todos los países que han ido llegando a la fecha de terminación se los han cancelado» sin excepción.

«Algunos países todavía tienen protecciones por medio de demandas que, aunque estamos perdiendo en las cortes, todavía sigue teniendo cierto impacto», afirmó.

Según el representante de la alianza, la terminación del TPS sería grave no solo para las familias sino para El Salvador porque implicaría el retorno de miles de tepesianos con sus hijos ciudadanos estadounidenses al territorio salvadoreño.

«Creo que va a impactar demasiado a la comunidad tepesiana salvadoreña que vive en los Estados Unidos como también las familias salvadoreñas que reciben el apoyo de estas personas, yo creo que es más allá de las familias, sino el país completo», consideró.

Palma cree que «lo triste y lamentable desde el punto de vista legal» es que salvadoreños que han estado viviendo 25 años con un estatus migratorio en los Estados Unidos tendrían que regresar después haber creado familias, negocios y haberse enraízado en la economía estadounidense.

Advirtió que más de 200,000 niños ciudadanos estadounidenses «serían forzados a regresar a un lugar que no conocen» y prevé que «en el futuro van a regresar a su tierra» en referencia a Estados Unidos, «posiblemente con menos oportunidades».

Sin embargo, cree posible la búsqueda de una solución que respete las leyes estadounidenses y a la vez la dignidad de la comunidad tepesiana: «Vamos a seguir luchando, las posibilidades están abiertas hasta que no salga una noticia pública de que lo han cancelado».

Estados Unidos otorgó el TPS a los salvadoreños en 2001, tras los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero, lo que permitió trabajar legalmente mientras El Salvador enfrentó un proceso de reconstrucción. Desde entonces, ha sido renovado de forma continua por distintas administraciones.

En enero de 2018, la administración del presidente Donald Trump anunció el fin del TPS. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) argumentó que las condiciones derivadas de los terremotos de 2001 habían sido superadas y otorgó un plazo de 18 meses para que los beneficiarios abandonaran el país o buscaran otra vía migratoria; tras demandas judiciales, el programa siguió. Luego de la cancelación efectiva en 2023, el programa fue prorrogado.

En enero de 2025, antes del inicio del segundo mandato de Trump, el DHS extendió el programa por 18 meses, hasta el 9 de septiembre de 2026. Desde entonces, la actual administración no ha realizado anuncios sobre su continuidad.

La administración Trump ha cancelado el TPS para Venezuela, Haití, Honduras, Nicaragua, Nepal, Afganistán y Camerún, pero no para El Salvador. Algunas decisiones de cancelación han sido declaradas ilegales por jueces.

En marzo de 2025, el subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos afirmó que no habría un trato preferencial para los salvadoreños indocumentados y que el acuerdo entre ambos países «no fue una negociación» ni «un intercambio de favores». En junio de 2025, el presidente Donald Trump dijo que echarían «un vistazo» al TPS para El Salvador, al ser consultado sobre por qué no había sido cancelado si consideraba al país uno de los más seguros del hemisferio occidental y si su permanencia estaba relacionada con el acuerdo para recluir extranjeros en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).

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