La Asociación Nacional de Trabajadores Agropecuarios (ANTA) y la Mesa Agropecuaria exigieron este miércoles que se otorgue seguridad jurídica a los productores que actualmente desarrollan labores de cultivo en zonas declaradas protegidas, luego de la reforma al artículo 12 de la Ley Forestal aprobada por la Asamblea Legislativa.
Ante las inquietudes sobre el alcance de la normativa, voceros de ANTA enfatizaron que la disposición no debe interpretarse como una vía para destruir recursos naturales, bosques, flora o fauna, ni para permitir urbanizaciones desmedidas que perjudiquen el patrimonio ecológico del país.
«Nosotros estamos hablando de proteger, de legalizar y dar seguridad jurídica a las propiedades donde ya hay campesinos establecidos que tienen 30, 40 años de estar trabajando», puntualizó Carlos Rodríguez, secretario de ANTA.
En octubre, la Asamblea Legislativa aprobó una modificación legal que establece una excepción a la prohibición del cambio de uso de suelos destinados a vegetación permanente y cubiertos de árboles. Esto aplica cuando se han registrado alteraciones en el entorno, cuando dichas condiciones ya no existen en el inmueble o cuando media un proyecto de interés público.
Las organizaciones señalaron que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) excluyeron de los procesos de transferencia a los suelos clasificados en las categorías VI, VII y VIII, los cuales teóricamente no se consideran aptos para el cultivo.
Pese a esta limitante, Rodríguez aseguró que miles de familias campesinas han trabajado estas tierras de manera sostenida en propiedades como la Hacienda El Pimental (en San Luis Talpa), Rancho Grande (en Ahuachapán) y La Joya (en San Vicente). Tan solo ANTA reporta a unas 3,000 familias bajo esta condición.
Para ordenar este proceso, ANTA solicitó la creación de una comisión especial —con la participación activa de las organizaciones campesinas— encargada de delimitar técnicamente las áreas agrícolas y forestales dentro de las zonas bajo categoría de protección.
Por su parte, las gremiales agrarias reafirmaron su compromiso con la conservación y advirtieron sobre el delicado balance ecológico nacional. «Somos, después de Haití, el país más deforestado de toda América», alertaron, descartando categóricamente que la reforma sea aprovechada por terceros o actores con grandes recursos económicos para depredar los ecosistemas al amparo de la ley.
De esta manera, ANTA y la Mesa Agropecuaria insistieron en que los mecanismos de transferencias especiales, comodatos o concesiones habilitados por la ley deben centrarse de forma exclusiva en respaldar a las comunidades campesinas de arraigo histórico.
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